NOTA DE MAXIMO KINAST. Los 48 parlamentarios momios (UDI + RN) se mantienen firme en su interés de  tener un Instituto de Derechos Humanos retorcido, que les facilite la eliminación de los Derchos Humanos en el país y les permita ocultar la Historia y sustraer de la justicia a los inductores (que son ellos mismos), a los cómplices (que son ellos mismos), a los encubridores (que son ellos mismos) y a los autores materiales de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Dictadura. Y quizás, también quieran que sirva para tapar los crímenes contra la Humanidad cometidos en democracia, como los que a diario se perpetran contra el pueblo mapuche, contra los estudiantes y contra los pobres de Chile. En fin, es de esperar que este gesto de decencia de los parlamentarios de la Concertación no se quede en un saludo a la bandera y que no venga un Viera Gallo a enmendarles la plana.

Enviado por Pedro Alejandro Matta

Texto irá a comisión mixta

Cámara rechaza cambios del Senado

a ley que crea Instituto de DDHH


Parlamentarios de la Concertación estimaron que el resultado demuestra que el Gobierno debe ''sacar una lección'', luego de que el Senado ''tergiversara'' el espíritu de la instancia. Oficialismo acogió objeciones de familiares de las víctimas, que cuestionan que la entidad no tenga atribuciones para representarlos en tribunales.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, por lo que una comisión mixta deberá resolver las discrepancias.

La decisión se adoptó con los votos de 56 parlamentarios de la Concertación, que se oponían a las restricciones impuestas al organismo, mientras que 48 representantes de la Alianza estuvieron por respaldar el texto aprobado en la cámara alta.

Uno de los principales cuestionamientos formulados por organizaciones de familiares de víctimas es que en el Senado la iniciativa perdió su “espíritu original”, tras un acuerdo entre el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN).

La cámara alta eliminó funciones "esenciales" del proyecto aprobado por la Cámara, tales como las atribuciones en materia internacional (informes a la ONU, promover la suscripción y ratificación de tratados, entre otras), la facultad de querellarse y la posibilidad de hacer presente a las autoridades los actos de discriminación.

Al respecto, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Sergio Aguiló (PS), indicó que "se acogió la solicitud de las diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos del país, que pedían mejorar el proyecto".

"Las indicaciones realizadas en el Senado a este proyecto convertían al Instituto en una entidad incompatible con los acuerdos firmados por Chile en esta materia", agregó.

Explicó que de "acuerdo a lo aprobado en el senado este organismo no habría tenido ninguna capacidad autónoma, dependiendo del gobierno de turno y tampoco tendría la capacidad de poner abogados querellantes los tribunales de justicia. En conclusión sería un instituto totalmente castrado".

Aguiló puntualizó que "nosotros no rechazamos la creación del Instituto, sino que ratificamos nuestra intención de crear una entidad que defienda efectiva y realmente a las victimas de violaciones a los derechos humanos".

Por su parte, Juan Bustos (PS) calificó como un "oprobio para el país" el proyecto emanado del Senado. "Tal como venía desde el senado, el instituto de derechos humanos carecía de toda legitimidad Internacional, a diferencia de la idea original que despachamos en la Cámara, que cumplía contadas las normas internacionales en materia de derechos humanos", concluyó.

DC: Queremos que ofrezca garantías

En tanto, el subjefe de la bancada (S) de la DC, diputado Gonzalo Duarte, “lo lógico y legítimo es que si el Senado modificó gran parte de lo que aprobamos aquí en la Cámara, sea a través de una Comisión Mixta donde resolvamos las diferencias”.

“Lo que nosotros buscamos es un Instituto que realmente tenga no sólo un reconocimiento internacional, sino que ofrezca garantías de que efectivamente podrá colaborar en la aplicación de la justicia, persiguiendo las responsabilidades de quienes violen los derechos humanos”, indicó.

Duarte recordó que fue en el Senado donde se produjo un acuerdo político entre gobierno y derecha para avanzar en la tramitación, pero donde se restó al organismo las facultades de interponer querellas ante los tribunales.

PPD: Gobierno tiene que sacar una lección

A su vez, el jefe de la bancada PPD, Jaime Quintana afirmó que a “nadie debiera sorprender lo que ocurrió hoy día, porque obedece por un lado al compromiso irrestricto de las bancadas de la Concertación con los derechos humanos, y también es consecuencia de la descoordinación existente en el Ejecutivo al no recoger lo que originalmente se aprobó en la Sala”.

Quintana agregó que “lo que nosotros queremos es un Instituto con autonomía, con capacidad de representar a las víctimas, con capacidad de hacerse parte en los juicios y no un departamento de derechos humanos”.

En tanto, el diputado Antonio Leal, aseguró que “esta es una lección que el gobierno tiene que sacar. La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría enorme un Instituto de Derechos Humanos que tiene que ver con el espíritu de la presidenta en materia de derechos humanos, desgraciadamente esto fue tergiversado en el Senado”.

Asimismo, la diputada Ximena Vidal señaló que “votamos en contra porque no queremos un saludo a la bandera, queremos un espacio que sea coherente con los mandatos de las Naciones Unidas y su carta fundamental, queremos ser considerados como un país serio. No podemos crear instituciones para la foto, sin consistencia real”.

Jueves 4 de octubre de 2007

Fuente: http://www.lanacion.cl

Juez procesa y ordena arresto de círculo cercano de Augusto Pinochet

Los cinco hijos de Pinochet, además de su viuda y ex uniformados como Jorge Ballerino y Guillermo Garin, figuran en la lista de 23 procesados dictada por el magistrado quien los investiga por el delito de malversación de caudales público. Las pesquisas del juez Cerda revelan el uso y abuso de los recursos de la Casa Militar y gastos reservados en favor de Pinochet y los suyos.

A través de 60 páginas, el ministro Carlos Cerda asestó un duro golpe al círculo de hierro del fallecido general (r) Augusto Pinochet, procesando a 23 personas, entre ellos sus familiares por el delito de malversación de caudales públicos.

La lista de procesados incluye a sus cinco hijos, su viuda y connotados ex militares que tienen en común su proximidad con Pinochet ya sea como asesores, jefes de la Casa Militar o bien por civiles como juristas y su secretaria.

Las pesquisas del magistrado surgieron de la investigación que se inició por el hallazgo de una cuenta secreta del ex uniformado en el banco Riggs de Estados Unidos. A raíz de este dato el juez Cerda comenzó a verificar el origen de la fortuna del clan Pinochet y también el eventual uso irregular de recursos desde la Casa Militar.

En el dictamen señala que “un grupo de personas que durante años tuvo a su cargo fondos de gastos reservados pertenecientes al erario nacional, en depósito, los sustrajo, conducta sancionada por los artículos 233 N 3 y 238 inciso segundo del Código Penal, con la pena de presidio mayor en su grado medio, multa, inhabilitación absoluta temporal e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”. Sobresee por muerte de este caso a Augusto Pinochet, pero no así a quienes incurrieron en estos ilícitos.

A través de las páginas del dictamen se observa como dinero provenientes de fondos reservados se van traspasando en distintas cuentas y comprando y vendiendo a la vez decenas de propiedades. Incluso el juez señala que “una vez más se constata la constante utilización en el tiempo de numerosas cuentas, para confundir dineros fiscales provenientes de gastos reservados, con haberes privados, mediante transferencias que se ocultan en identidades imperfectas, cuando no abiertamente falsas”.

Precisa así que: “el origen de US$ 20.199.753,03 no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”.

A modo de resumen el magistrado sostiene que: “las fuentes legítimas de ingresos de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fueron: sueldo del Ejército de Chile, dieta como senador de la República, pensión como ex Presidente de la República, pensiones, honorarios, intereses de capitales mobiliarios, dividendos, préstamos a él y cónyuge, ventas de bienes raíces, ventas de vehículos, devolución de impuesto y viáticos. Entre 1973 y 2003 tales fuentes arrojaron un total de ingresos de $ 2.146.473.111, en cifras nominales”.

Hasta ahí aparece todo sin mayor problema salvo que existen muchas otras cifras que no cuadran: “Augusto José Ramón Pinochet Ugarte e Inés Lucía Hiriart Rodríguez tuvieron entre 1973 y 2003 egresos por un total de $ 6.331.471.120, siempre en cifras nominales.

El saldo es negativo en $ 4.184.998.009, es decir, los egresos fueron superiores a los ingresos y/o rentas percibidas de fuentes conocidas y legales nacionales. Hasta 1982 el saldo favorable acumulado de años anteriores era capaz de sustentar los egresos. En 1989 el déficit sumó $ 869.892.026, progresando hasta alcanzar la cifra inicialmente indicada”.

De acuerdo al dictamen “la diferencia fue solventada con los dineros de los gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, los que fueron sacados del país y luego reingresados. Los fondos destinados a gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile eran anualmente determinados por el escalafón Presupuesto de la Comandancia en Jefe del Ejército y ascendían aproximadamente a US $ 1.320.000,00 en 1999”.

Entre los datos que aporta el magistrado se encuentra esta operación: “el 23 de noviembre de 1981 Jorge Ballerino Sandford y Ramón Castro Ivanovic abrieron la cuenta corriente N 35041-3 en el Riggs Bank Miami, siendo el primero jefe de la Casa Militar y el segundo edecán de quien oficiaba de Presidente de la República, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte”. Aclara que “los dineros depositados correspondían a gastos reservados, lo que significa que su destino o inversión no estaba sujeta a control y que eran justificados con un mero certificado de “buena inversión”.

Se observa que en el manejo de algunos recursos no sólo Augusto Pinochet utilizó chapas como Daniel López sino que Jorge Ballerino habría actuado bajo el nombre de John Long.

Cuadro con los ingresos de Pinochet y su familia.

Los 23 procesados

El magistrado ordenó la detención y procesamiento inmediato de:

1.- Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart, hijo de Pinochet.

2.- Inés Lucía Pinochet Hiriart, hija de Pinochet

3.- Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo de Pinochet.

4.- Jacqueline Marie Pinochet Hiriart, hija de Pinochet.

5.- María Verónica Pinochet Hiriart, hija de Pinochet.

6.- María Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Pinochet.

7.- Oscar Custodio Aitken Lavanchy, ex albacea de Pinochet.

8.- Mónica Victoria Ananías Kuncar, ex secretaria de Pinochet.

9.- Jorge Ballerino Sandford, general en retiro del Ejército.

10.- Ramón Castro Ivanovic.

11.- Guillermo Garín Aguirre, ex vicecomandante en jefe del Ejército.

12.- Gustavo Collao Mira.

13.- Gabriel Vergara Cifuentes.

14.- Juan Ricardo Mac-Lean Vergara.

15.- Eduardo Fernando Castillo Cádiz.

16.- Sergio Marcelo Moreno Saravia.

17.- Jaime Enrique Lepe Orellana.

18.- Patricio Salvador Madariaga Gutiérrez.

19.- Mortimer Humberto Jofré Azuaya.

20.- Héctor Guillermo Letelier Skinner.

21.- José Hernán Sobarzo Pobrete.

22.- Juan Fernando Romero Riquelme.

23.- Ambrosio Rodríguez Quirós

En el caso de los civiles fueron notificados del dictamen en el Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, mientras que los ex uniformados deberán arribar hasta cuarteles militares para conocer el fallo que considera su prisión inmediata.

El dictamen del magistrado puede ser apelado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y surge luego de una investigación de un año y medio que comenzó cuando el Senado de Estados Unidos descubrió la existencia de cuentas ocultas de Augusto Pinochet en el banco Riggs de ese país. Con el correr del tiempo se develó que no sólo ocupó este centro para su triangulación de recursos sino que además se valió de otras instituciones, entre ellos incluso el Banco de Chile. Además Pinochet se destacó por la creación de empresas ficticias destinadas a explicar el crecimiento de sus dineros.

INTELIGENTE COMENTARIO DEL DR. GERMÁN WESTPHAL DIFUNDIDO POR POLÍTICA CONO SUR:

AUGUSTO JOSE RAMON PINOCHET UGARTE,

CULPABLE POST MORTEM

Hace más de un año, la defensa de Augusto Pinochet Ugarte pidió la inhabilitación del juez Carlos Cerda como un subterfugio legal para demorar el caso Riggs que llevaba. Al respecto, es interesante

observar que la inhabilitación del juez Cerda permaneció sin resolverse mientras Augusto Pinochet estuvo vivo, en circunstancias que podría haberse resuelto de manera pronta y oportuna, caso en el
cual el juez lo habría podido incluir en el dictamen que recién pudo emitir hoy. Sin embargo, la Corte demoró su resolución sin motivo aparente, excepto el de librar a Pinochet de una eventual condena,
pues el juez ya lo había procesado en su oportunidad.

Con todo, aunque sobreseído por fallecimiento, la culpabilidad post mortem de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en el delito de malversación de caudales públicos fluye de manera natural y lógica
del dictamen del juez Carlos Cerda --una conclusión ineludible para la Historia de Chile, la escriba quien la escriba.

NOTA DE MÁXIMO KINAST: No queda duda de que la Corte Suprema de Chile ha sido (y podría seguir siendo) cómplice de encubrimiento. Como tampoco hay dudas de que el Estado de Chile, a través de los Gobiernos de la Concertación, con la complicidad de Clara Impronunciable, actuó como abogado defensor del Innombrable. Si usted lo duda, recuerde al Frei hijo yendo a llorar a Europa para que soltarán al Genocida Vitalicio por las razones que fueran, sin importarle saber que se trataba del asesino de su padre. Y de Ricardo Lagos la memoria es fresca. Dicto una ley de protección y secreto para los torturadores, maquilló la Constitución espúrea, he hizo todo lo que pudo, hasta poner a un momio pinochetista en la Suprema, con tal de que el Innombrable no fuese juzgado. Mi pregunta es ¿que secretos sabía el Viejo Genocida que le permitían chantajear a los Presidentes de Chile?

Y otra pregunta. ¿Si está claro que todos los acusados son culpables de robo y malversación, cabe alguna duda de la culpabilidad del Genocida Mayor?

Y una última: ¿No te da un poco de verguenza ser chileno?

* El título sensacionalista de este artículo es de mi cosecha y bajo mi responsabilidad.  

PARTE DE LA PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO

"LA MARCHA DE LOS QUE SOBRAN"

Movimiento Aquí la Gente dio a conocer llamamiento ciudadano (en el marco del aniversario del triunfo del NO) para caminar juntos el viernes 5 de octubre a las 12:00, desde el Km. 0 de Santiago (Odeón de la Plaza de Armas) hacia la Moneda, convocada por varias organizaciones ciudadanas, que culminará con la entrega a la presidenta Bachelet, del manifiesto contra la desigualdad.

CONVOCAN: Fuerza Social-Movimiento Aquí la Gente. La Surda - Defendamos la Ciudad - Federación Eléctrica - RENACE - Consejo de Defensa del Medio Ambiente de Maipú - Consejo de Defensa del Medio Ambiente del Alto Maipo - Colegio de Instaladores Eléctricos, Comité de Inmigrantes Peruanos - Comité de Retornados del Exilio - Asociación Metropolitana de Centros de Padres - FECH - Asociación de Usuarios de Salud - Deudores Habitacionales - Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales - Solidaridad Poblacional - Movimiento Social Independiente de Exonerados - Asociación de Cantores, Interpretes y Ejecutantes de Chile - Multisocial de Independencia - Asociación de Usuarios del Transantiago - Consejo de Defensa de la Salud - Adhiere: Senador Nelson Ávila

¡¡VAMOS A DECIR QUE NO, A LA DESIGUALDAD!!

Santiago, sábado 29 septiembre del 2007

CONVOCATORIA En el marco del mes de la Patria y de la conmemoración histórica del triunfo del NO, (5 de octubre) diversas organizaciones invitan a los dirigentes ciudadanos, a quienes aman su patria, la paz, la democracia y la justicia social, a decir NO A LA DESIGUALDAD, convocando en conjunto a una marcha representativa y pacifica, de los "que sobran" en nuestro país. (el 90% de los chilenos)

Consideramos que la base social debe hacerse eco del llamado del Cardenal Errazuriz a frenar la pobreza y la tremenda desigualdad, de este mórbido modelo, que esta haciendo escarnio en las barriadas populares, donde las políticas erradas elitistas de participación y seguridad ciudadana, arden en las fogatas oscuras de la miseria.

La magnificencia de la pobreza se abraza diariamente con la ignorancia para parir a "los vándalos" quienes se toman los estadios, los actos ciudadanos, las calles de nuestra ciudad e incluso el parlamento, los servicios públicos y algunas empresas, donde periódicamente echan mano al erario nacional.

La familia está en peligro y amenazada de muerte, que duda cabe.

Nuestra maniatada democracia esta repetidamente conociendo distintos "enjuagues":
MOPT-GATE; Chiledeportes; Ferrocarriles del Estado, Ministerio de Educación y el Transantiago, por decir algunos.

Los hechos lo demuestran: drogadicción. delincuencia, cesantía, servicios básicos en manos de privados, servicios de salud míseros, nuestros fondos de pensiones entregados al lucro de unos pocos, sueldos miserables, deudas hipotecarias sobredimensionadas, una educación de mercado que discrimina con los sectores en "riesgo social", como se denomina elegantemente la pobreza dura en nuestro país. Mientras tanto los bancos y financieras, las mineras privadas, los dueños de los Mall y de
las grandes tiendas, las empresas eléctricas, la Telefónica, Aguas Andinas, los supermercados, las Isapres, las constructoras, las AFP, los exportadores, los que negocian con nuestro medio ambiente, en fin, gozan de una excelente salud, con ganancias siderales en comparación al 90% de la población, que padece de un endeudamiento compulsivo, promovido por los dueños del capital y cuyos sueldos no son éticos, mas bien son "vandálicos".

Por tanto el Gobierno, los políticos y los empresarios deben sacar lección de los actos de VANDALISMO que agobian nuestra patria, donde la desigualdad está encapuchada...y la paciencia se acaba.

Por ello, invitamos a las organizaciones ciudadanas, a sus dirigentes y personas sensibilizadas con el tema, (que estén de acuerdo con el carácter pacifico y combativo de esta convocatoria) a plegarse a " LA MARCHA DE LOS QUE SOBRAN", donde conmemoraremos el 5 de octubre, con una caminata hacia la Moneda, exigiendo NO MÁS DESIGUALDAD, NO MÀS ABUSOS, dando vida al "CONSEJO SOCIAL CONTRA LA DESIGUALDAD" que estamos construyendo desde la base con sus principales actores: la ciudadanía.



Puesta en escena: (5 de octubre)
Desde las 11:00 nos reunimos e el Odeón de la Plaza de Armas, al son de los cantores populares, entregando saludos de los asistentes, con mística ciudadana.
La convocatoria es asistir con pancartas alusivas a la desigualdad, y camisas blancas, azules y rojas.
El escenario (odeón) tendrá una bandera nacional y un lienzo de 5x1 con el lema

¡¡QUE GANAMOS EL 5 DE OCTUBRE!! NO + DESIGUALDAD

que posteriormente encabezará la marcha con los asistentes que lleguen con camisas patrias. (de 5 en fondo) El recorrido de la MARCHA DE LOS QUE SOBRAN, se propone: estado, huérfanos, ahumada,
moneda y plaza constitución, culminando con la entrega de un manifiesto por la igualdad dirigida a la Presidenta Bachelet, firmada por todas las organizaciones covocantes.

Este es un acto cívico, ordenado, pacifico y con mucha mística, se propone por tanto que la marcha vaya en absoluto silencio, como símbolo de protesta por la falta de compromiso real de las autoridades para terminar con la DESIGUALDAD existente.

Como es una actividad ciudadana, se propone que las organizaciones y público participantes, se hagan presente con sus pancartas y lienzos alusivos a sus demandas.

El acto culmina con la lectura y entrega de la carta a la Presidenta, entonando el himno nacional por el presidente del Sindicato de los Trabajadores Municipales y asistentes, para retirarse posteriormente pacíficamente del lugar.

Del 29 de septiembre adelante, se masifica esta convocatoria por E mail.

El lunes 1 de octubre a las 11 horas, acompañados del Senador Ávila (con prensa) las organizaciones convocantes se hacen presente en la Intendencia, para solicitar el permiso correspondiente.

Mayor Información: 09 675 76 02


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http://aquilagente.blogspot.com
MOVIMIENTO CIUDADANO AQUÍ LA GENTE-CHILE

"En sintonía permanente"

Escuchenos todos loe sábados entre 11 y 14 horas en AM 1300 Radio Tierra y para el mundo en www.radiotierra.cl

Dirección: Alonso Ovalle Nº 726
Fono: 633 18 06

 NOTA DE MAXIMO KINAST: Parece que de esta no la salva Pablo con Hache ni el fantasma del Jaime Guzman. 

ESTA ES LA NOTICIA QUE CIRCULA POR INTERNET:

CHILE: DETENIDA FAMILIA DE EX DICTADOR AUGUSTO PINOCHET POR CASO RIGGS

Publicado el 04 Oct 2007

El ministro Carlos Cerda procesó a  cercanos al fallecido dictador Augusto Pinochet, entre familiares y asesores, en una reactivación de la investigación por malversación de caudales públicos conocida como el caso Riggs.

La viuda del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, Lucía Hiriart de Pinochet, fue detenida por Investigaciones, al ser encausada por el delito de malversación de caudales públicos, según determinó el magistrado Carlos Cerda, quien además incluyó a otras 22 personas, entre ellas los hijos del general (r), ex colaboradores del gobernante de facto y dos oficiales activos del Ejército.

Además, los cinco hijos del matrimonio -Augusto, Lucía, Marco Antonio, Jacqueline y Verónica- están en la misma condición, así como el ex albacea del dictador, Oscar Aitken, y quien fuera la secretaria personal del hombre que lideró la junta militar, Mónica Ananías.

Según informó el director de Investigaciones, Arturo Herrera, los procesamientos corresponden a 23 personas que en su momento estuvieron a cargo de la Casa Militar desde donde se desviaron fondos públicos para beneficio tanto de Pinochet como de sus familiares y cercanos.

Augusto Pinochet Hiriart ya fue notificado en dependencias de la Policía de Investigaciones.

Entre los procesados también aparecen los generales (r) Guillermo Garín, Sergio Moreno Saravia, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier Skinner; los coroneles (r) Juan MacLean, Eduardo Castillo, Gabriel Vergara y Ramón Castro Ivanovich; el capitán (r) Jaime Enrique Lepe; el ex diplomático Patricio Madariaga Gutiérrez; los abogados Ambrosio Rodríguez y Gustavo Collao; el albacea de Pinochet, Óscar Aitken; la ex secretaria personal del uniformado, Mónica Ananías.

La resolución es la primera que dicta el magistrado luego de recuperar el control de la causa después de un año y 7 meses que se mantuvo alejado por recursos que había presentado la defensa de Pinochet.

JUEZ CERDA

El juez  Carlos Cerda afirmó hoy que "en el tiempo durante el cual pude actuar se ha trabajado con toda intensidad (...) y a través de nuestra resolución, en este caso el procesamiento de esta fecha, decirle a la sociedad que lo que de esta investigación que tiene más de 300 mil páginas fluye. Lo que he dictado tiene toda la seriedad y toda la responsabilidad, y sobre todo, el apoyo y la conciencia que se ha hecho lo que era un deber para todo juez de la República hacer".

Agregó que "hay presunciones fundadas en el sentido que a esas personas que son parientes de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que en paz descanse, han debido participar en ese delito".

El director de Investigaciones, Arturo Herrera, descató que todos los familiares del fallecido militar han prestado colaboración en las diligencias.

PRESIDENTA BACHELET

La Presidenta Michelle Bachelet reaccionó a la decisión del juez a cargo del caso Riggs, Carlos Cerda, quien procesó y ordenó la detención de la viuda del general Augusto Pinochet, sus cinco hijos y 23 colaboradores cercanos por el delito de malversación de caudales públicos.

"Aquí ha habido una resolución judicial, donde las policías han cumplido la orden del juez de una manera ordenada y tranquila, y las personas están en este momento según yo entiendo, con órdenes de detención y van a encontrarse con el juez y ahí yo creo que no tenemos que especular sólo decir que ésta es una resolución judicial y que las policías han hecho su tarea", precisó.

Consultada si es que esta noticia podría crear cierta agitación política, la Presidenta afirmó que "este es un país donde nadie está por sobre la justicia y yo por lo tanto entiendo que no debiera haber ninguna agitación, en la medida en que no sabemos cual es el procedimiento y para qué es el procedimiento del juez. Nadie en Chile está por sobre la justicia, así que creo que hay que tener tranquilidad y esperar los sucesos, pero me parece que lo válido es que en un país donde hay estado de derecho la justicia tiene que cumplir su rol".

CRONOLOGÍA

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el 15 de septiembre un recurso que mantenía inhabilitado al juez Carlos Cerda en la investigación sobre el origen de la fortuna del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006) y autorizó que retomará el proceso.

El magistrado se encontraba marginado del denominado caso Riggs desde hacía un año y dos meses, cuando el defensor del ahora fallecido Pinochet, hizo una presentación en su contra.

Asimismo, el tribunal de alzada ordenó que los antecedentes pasen a manos del juez Cerda que es el afectado.

Se espera que Cerda rechace la causal de implicancia que alega la ex defensa de Pinochet, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez, que podría solicitar nuevamente la inhabilitación del juez, una vez que este se pronuncie.

El caso por el que Augusto Pinochet  fue procesado tiene su origen en una investigación del Senado de Estados Unidos que, en julio de 2004, reveló que el ex dictador chileno tenía cuentas secretas en el Banco Riggs.

Tras este hallazgo se descubrió que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y las precauciones que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares.

Según estableció la investigación, el Banco Riggs ocultó cuentas de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998, ordenada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos. Para impedir su localización, el banco cambió la titularidad de las cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a " A.P.Ugarte", entre otros nombres.

Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl Levin. Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.

21 julio de 2004. El Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) chileno interpudo una querella ante el juez Sergio Muñoz, entonces encargado del caso, que siguió su curso. La primera medida que supuso un paso capital fue el registro de las oficinas de Pinochet el 6 de enero de 2005, por orden judicial.

14 abril de 2005. El juez Muñoz pidió su desafuero y ordenó detener a su secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea, Oscar Aitken. Se estima en 8,6 millones de dólares la evasión tributaria en 1980-2004, además de delitos de negociación incompatible y falsificación de pasaportes.

7 de junio de 2005. Le retiran la inmunidad por presunta implicación en cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes.

10 de agosto de 2005. La esposa y el hijo menor del ex dictador fueron procesados por complicidad en fraude tributario y Pinochet emitió una declaración asumiendo "toda responsabilidad" por las cuentas.

9 de septiembre de 2005. El Consejo de Defensa del Estado afirma que existe una conexión entre las cuentas de Pinochet y supuestas comisiones por compras y ventas de armas.

6 de octubre de 2005. El juez Muñoz estima en un informe que las cuentas de Pinochet sumaron 28 millones de dólares.
19 de octubre de 2005. La Corte Suprema aprueba el desafuero de Pinochet y da curso a un juicio por fraude tributario y otros delitos.

21 de octubre de 2005. Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y procesado como encubridor de evasión tributaria, es fichado y tres días después, Lucía Hiriart, su madre, pasa por el mismo procedimiento, en calidad de procesada como cómplice del delito de fraude tributario que se imputa a su marido.

17 de noviembre de 2005. Pinochet es interrogado por cuarta vez, en nueve días, por el juez Carlos Cerda, encargado del caso al ser nombrado Muñoz integrante de la Corte Suprema.

23 de noviembre de 2005. El 'caso Riggs' lleva a Pinochet al banquillo, al ser procesado por evasión tributaria, falsificación de instrumento público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes en su declaración jurada.

Difundido por Dr. Germán Westphal

 EL CLAN PINOCHET EN LA CÁRCEL

¡Buenos días!

¡Cómo amanecieron?

¿Durmieron bien?

¿Quieren desayunito en la cama?

¿Les traigo "El Merculo" para que lean cómo los defiende?

"La Tercera" trae las últimas declaraciones de Pablito con "H", ese de Patria y Libertad...

Y "El Pasquín", una caricatura comiquísima de la mamá Lucía haciéndose la enferma en el Hospital Militar, pero como los enfermeros se lo tomaron en serio, no le retiran la chata hasta que no suelte toda la descomposición, perdón "la descompensación" que la afectó ayer...
 

Lonko Calfunao y su hermana en riesgo vital

--en curso otro tipo de femicidio

Tras más de 50 días de huelga de hambre,  la lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa, recluidas en la Cárcel de Mujeres de Temuco, presentan compromiso severo de salud y en el caso de Luisa, riesgo vital. El informe fue evacuado por la doctora Ociele Núñez, médica privada, que examinó a las huelguistas a petición de Carolina Landero Calfunao y Carlos Acosta, hijos de las presas políticas mapuche. Waikilaf, el hijo mayor de Juana, no puede visitarla: cumplirá sus 27 años el 1º de octubre en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.  El siguiente es el parte médico evacuado el 29 de septiembre sobre las comuneras, luego de ser sometidas a examen  clínico en una sala cualquiera del penal, por no estar disponibles las llaves que permitieran el acceso a la enfermería:

“La Sra Juana (51 años)  luce con gran pérdida de  peso, tos persistente, hemodinámicamente estable, pero con frialdad y palidez de su piel y mucosas. Presenta un cuadro de bronquitis obstructiva, que es imprescindible revertir a la brevedad. Se la ve agobiada y con irritabilidademocional, pero sin compromiso neurológico aún. ”

El informe describe como más comprometido  el estado de Luisa Calfunao (41 años), que no pudo llegar por sus propios medios al lugar del examen. Reporta la doctora Núñez:
 “Luce francamente comprometida de salud, muy enflaquecida, con disminución severa de su masa muscular, evidenciada por disminución del deltoides, y de ambos cuadriceps, destacando los huesos, ha bajado aproximadamente 10 Kg lo que representa una baja del 13% de su peso, con riesgo de desnutrición severa, palidez de piel muy acentuada, piel delgada, seca y fría, neurológicamente consciente, orientada, pero agotada y gran sobrecarga emocional. Temo por su vida. De permanecer en esta situación, el riesgo de su vida es inminente  por posibles alteraciones cardiorrespiratorias, renales, inmunológicas, gastrointestinales. Además, la disminución de la temperatura corporal, dado por el ayuno, contribuye frecuentemente a la muerte.”

Entre las demandas de Juana Calfunao y su hermana están el reconocimiento de la calidad de Prisioneros Políticos a todos los Mapuches encarcelados por defender su territorio, y que se les dé garantías de  seguridad física y psicológica.

Incumplimiento oficial

Estas demandas fueron extensamente discutidas con autoridades de la región, encabezadas por Christian Dulansky Araya, Secretario Regional Ministerial de Justicia hace más de un mes. En la oportunidad hubo un compromiso oficial de avanzar en el cumplimiento de estas demandas, lo que no se ha materializado.

Las demandas de las mujeres mapuche  incluyen el reconocimiento como autoridades ancestrales a los detenidos que tengan  esa calidad conferida por su comunidad, y el cese inmediato del maltrato, hostigamiento y amedrentamiento por parte de gendarmería de Chile.

Finalmente, la huelga de hambre busca poner término a la desarticulación,  desarraigo e incomunicación en que hoy está la familia Calfunao, y su comunidad Juan Paillalef, que tiene prohibición de visitar y ser visitados por los familiares libres, que son  la abuela e hijos y hermanos.

Una de las demandas de las huelguistas respecto de la situación de salud del werken Cadin ha sido cumplida parcialmente, ya que el próximo miércoles 3 de octubre, en el hospital penitenciario de Santiago, el werken Antonio Cadin será sometido a una intervención quirúrgica que venía requiriendo desde largo tiempo y para lo cual fue trasladado a la capital cinco días atrás. Su hijo Waikilaf tampoco podrá ver a su padre por estar recluido en otro recinto, la Cárcel de Alta Seguridad.

Denuncia de la Comisión Etica

A este informe médico se suma la denuncia realizada a comienzos de septiembre por Vicente Maniqueo y Enrique Pérez, Ricardo Frodden, Enrique Núñez y Nelson Aramburu,  dirigentes regionales y nacionales de la Comisión Etica Contra la Tortura, quienes luego de visitar a los presos mapuche en las cárceles de hombres y mujeres en Temuco, denunciaron las condiciones de inseguridad y hostigamiento que se viven en ambos recintos y la agresión sufrida por Ernesto Lincopan, agredido con arma blanca por un reo. Ellos constataron que son seis los integrantes de la familia Calfunao Cadín detenidos. Sólo quedan en libertad las hijas y la madre de Juana Calfunao. “Esta situación –dice la Comisión Etica- demuestra la existencia de un cuadro de amedentramiento y persecución contra la comunidad de esta familia y los luchadores mapuches en general, en que se utiliza todo el aparato del Estado para mantenerlos en prisión, separarlos de su entorno y negarles derechos básicos de todo ciudadano y procesado”.

Juana Calfunao y su hermana permanecen encarceladas a la espera de un nuevo juicio oral cuya fecha aún no se ha determinado. En el juicio anterior  el tribunal prácticamente la absolvió de todos los cargos más graves, y estaría en libertad si no se hubieran mantenido las medidas cautelares que impiden su libertad condicional. El fiscal está pidiendo cinco años de prisión no remitida para la lonko, y tres para su hermana. Ellas están presas desde el 15 de noviembre de 2006.

En una carta abierta, Juana Calfunao expresó el 28 de septiembre: “Preferimos morir de pie, firme en nuestros ideales, a vivir sin dignidad y al amparo de este gobierno corrupto y sin moral. La cárcel no encarcela los ideales y el espíritu de lucha. Por el contrario, nos fortalece, porque encarceladas, no se acaba nuestra lucha.”

PERIODISTA: LUCIA SEPULVEDA

http://periodismosanador.blogspot.com

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Associazione per i popoli minacciati / Comunicato stampa in

www.gfbv.it/2c-stampa/2007/071003it.html

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Cile / Mapuche

Le prigioniere mapuche Juana e Luisa Calfunao rischiano la vita dopo

50 giorni di sciopero della fame

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Bolzano, 3 ottobre 2007

Dopo oltre 50 giorni di sciopero della fame, la lonko (capo comunità) Juana Calfunao e sua sorella Luisa, richiuse nel carcere femminile di Temuco, presentano seri problemi di salute e in particolare Luisa sta rischiando la vita. Questa è la conclusione della dottoressa Ociele Núñez, che ha visitato le due donne su precisa richiesta dei figli delle detenute. Juana e Luisa Calfunao hanno dovuto essere visitate

dal medico in una sala qualsiasi del carcere perché apparentemente non si trovavano le chiavi dell'infermeria. Tra le richieste fatte dalle due prigioniere mapuche figurano il riconoscimento dello status di prigioniero politico per tutti i Mapuche incarcerati per aver difeso il proprio territorio e adeguate garanzie per la tutela fisica e psicologica dei detenuti politici. Le richieste erano state ampiamente discusse più di un mese fa con le autorità regionali, rappresentate dal Segretario regionale del Ministero di Giustizia Christian Dulansky Araya. Allora le autorità si erano ufficialmente impegnate a garantire le richieste avanzate, ma finora nulla è stato fatto.

Oltre a sottolineare l'impegno non mantenuto delle autorità, con questo sciopero della fame le sorelle Calfunao vogliono porre fine all'isolamento che subiscono e per il quale non possono ricevere

visite né dai familiari né da persone della propria comunità Juan Paillalef. Dopo essere già state assolte dalle accuse più gravi e avere quindi diritto alla libertà condizionale, Juana e Luisa Calfunao sono state poste in custodia cautelare e sono ora in carcere in attesa di un nuovo processo, la cui data non è però ancora stata fissata. Di fatto Juana e Luisa Calfunao sono in carcere dal 15 novembre 2006.

L'Associazione per i Popoli Minacciati (APM) chiede con urgenza che le autorità competenti rispettino gli impegni presi con le sorelle Calfunao, che abbia immediatamente fine lo stato di isolamento in cui esse versano e che il governo cileno compia finalmente i passi necessari per l'abrogazione della legge antiterrorismo (legge n. 18314), promulgata ancora durante la dittatura di Augusto Pinochet e tuttora regolarmente utilizzata per reprimere le legittime proteste del popolo Mapuche. Anche la presidente cilena Michelle Bachelet, eletta nel 2006, che aveva impostato la propria campagna elettorale sulla promessa di migliorare la situazione dei nativi del Cile, non ha fatto assolutamente nulla per cambiare questa situazione. La famigerata legge anti-terrorismo non è stata ancora abolita e tantomeno sono state riviste le condanne o riesaminati i processi.

Vedi anche:

* www.gfbv.it: www.gfbv.it/2c-stampa/2007/070524it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2007/070221it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2006/061012it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060529it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060516it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060509it.html |

www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060116it.html |

www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche07-it.html |

www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche-it.html |

www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/lota2003-it.html |

www.gfbv.it/3dossier/pinochet.html

* www: www.selvas.org | www.terremadri.it |

www.presospoliticosmapuche.org

| www.fidh.org/article.php3?id_article=3289 | www.mapuche-nation.org |

www.universidadmapuche.org | www.mapuche.info | www.mapuexpress.net |

www.nodo50.org/azkintuwe |

www.hrw.org/spanish/informes/2004/chile1004/ | www.koyaktumapuche.net

Por Ignacio  Vidaurrázaga Manríquez

Periodista

Aún niños-jóvenes lo conocimos en malas copias en blanco y negro, plagadas de cortes e imperfecciones. Se nos presento como gigante en una sala estrecha atestada de material propagandístico que oliendo a tinta fresca llegaba a raudales desde la naciente revolución. Iba arriba de camiones o cargaba sacos a pecho descubierto, estaba en la zafra con un machete en la mano o fustigaba a los yanquis en Naciones Unidas, tratándolos de bestias por sus intervenciones en Argelia y Vietnam. Él, fue para nosotros más que el Zorro y muchísimo más que el Llanero Solitario.

Esos eran tiempos en que la práctica era el motor más esencial de los aprendizajes y en medio de esos trabajos voluntarios al borde del Río Itata cuando bajo la entonces Federación de Estudiantes de Santiago nos movíamos a trabajar con esos campesinos pobres calzados con hojotas, nuestra boina representaba al Che que ya no estaba en alguna tarea urgente en cualquier lugar del mundo. Hay que volver a escribirlo: tuvimos poco tiempo al Che vivo. Por eso, con el transcurso de los años tendríamos que descubrirlo, él siempre gallardo y hermoso, mientras a nosotros se nos caía el pelo o ya comenzábamos a encanecer.

El Che de brazo en cabestrillo y un imprescindible librillo titulado “El socialismo y el hombre”, inspirando incentivos éticos e inmateriales, barbaridad para estos tiempos de endeudamiento y tarjeta plástica.

El Che de la comuna de San Miguel y su estatua descabezada. El mismo de la película de los rangers que salimos a boicotear de múltiples formas cuando un libretista gringo creyó posible caricaturizarlo en el origen de su leyenda. El Che, transformado en icono popular y luego en mercancía adaptable a cuanto objeto existiese. Sin embargo, la publicidad y el consumo fue quedando tensionado con el otro Che, el que dondequiera estuviese estaría significando rebeldía, opción por los desposeídos, y lucha radical contra los amos del mundo. Así, el Che comenzó una larga marcha por las calles y campos del mundo, significando la capacidad de sorprenderse, de sentir en carne propia cualquier indignidad. El Che fue Mandela, luego se hizo tupamaro y acompaño a Roberto Santucho y Miguel Enríquez. Fue Allende ese día. Hoy, posiblemente sería inmigrante y escucharía a Manu Chao, apoyaría a los okupas y estaría en la Intifada palestina reiterando quizás esa frase que torea a la muerte, dándole con desparpajo una sobria bienvenida.  

Más adelante, vendría Bolivia con todos sus detalles narrados por sus compañeros sobrevivientes. Los rescatados por Allende y los otros. Todo cruzado por sospechas y sinuosas dudas sobre su relación con Fidel y la calidad de la retaguardia desde la Cuba revolucionaria. Recordar al Che desde su carta de despedida, aquella que aprendimos a recitar de memoria al calor de nuestras fogatas de jóvenes estudiantes en medio de la reproducción incesante de la organización campesina de esos años. Ese texto último que recuerda la casa de María Antonia y toda la tensión de los preparativos. Esa despedida serena y dramática. Ese adiós a la familia inmediata y también a la grande. Esa confianza absoluta en no requerir heredar sino ejemplos y obras colectivas a sus hijos. Sus palabras todavía resuenan como eco infinito desde la excepcionalidad de la situación. Además, desde la vivencia de los rigores que luego plantearía la clandestinidad y la separación de los más nuestros.

El Che despedazado desde sus viajeras manos y su bitácora de guerrillero. El Che y la foto de Korda. También desde ese gigantesco Che colgado en la Plaza de la Revolución como tótem vigilando consecuencias. Y más que eso, verlo desde los testimonios directos de sus compañeros de guerra en África. Recordando que la anécdota del ministro cubano con los calcetines rotos previo a descender de un avión en Moscú era absolutamente real. Que este personaje de campamento permanente, que llevaba su casa como caracol en cada nueva misión era más que un retrato o una imagen de bandera, que había existido y que ellos daban fehaciente testimonio de ello. Que es mito entre otras cosas porque escapo a las conductas comunes y habituales respecto al poder y sus comodidades, a la acomodaticia lejanía entre lo que se dice y lo que se hace. Y por ello, esos ojos de cubanos combatientes de Angola hablando del Che ayudaban a fortalecer las particularidades de este asmático crónico, voluntarista y voluntarioso. De este hombre fraterno y duro. Asceta e invencible. Débil de salud y crítico de pluma.

Cuba lo venera en museos como el comandante de la Columna número cinco, el jefe del Vaquerito, el creador de esos toscos vehículos blindados con planchas metálicas. Pero, también lo guardan los cubanos y cubanas en estampitas puestas detrás de las puertas, confundiendo su rostro entre sus fotos caseras y familiares. Es San Ernesto, es el Comandante, es el guerrillero heroico, es simplemente el Che el de ayer y el de Jael García. El rostro en el brazo del dios-Maradona y la ruta turística en Bolivia.

El Che reproducido y portado en la pechera de miles de personas. El lector inagotable que Piglia reconoce. El poeta o el tímido enamorado, como muy recientemente revelara la mujer que amo y que lo hizo padre, por más ausente fuera.

El de tú querida presencia y tantas expresiones. Porque en tiempos planos y grises parecen ser más urgentes las vidas trascendentes. Porque antes de la globalización de los mercados, el Che ya unía continentes, transgrediendo fronteras y chovinismos primarios. Fue argentino y cubano, con la misma propiedad que africano y boliviano.

Luego, vendrían las múltiples biografías. Kilos de papeles y películas. Los textos de Anderson y Pacho O’ Donell, pero muy particularmente la hermosa obra de Paco Ignacio Taibo II (que alguien aún no me ha devuelto luego de un ya muy generoso y extendido préstamo, que insisto debe finalizar).

Los cuadernos de Praga y todo lo que de año en año se suma en torno a la vida del Che. El Che rescatado en sus aciertos y atenuado en sus errores y voluntarismos. El Che sin conocer el destino transitorio de los socialismos de Europa del este. El Che que no podía adivinar las mariposas de La Habana que canta Silvio Rodríguez, ni al turismo como salvavidas, mientras simultáneamente estaría orgulloso de los médicos del mundo formados en Cuba y de esos índices de educación y salud que silenciosos se imponen en tanta cita de expertos y tecnócratas.

Y Bolivia fue su último cielo.

Y tras todo ello y lo biográfico de este Che que tenemos repetido en postales y textos y que nos acompaña cotidianamente en nuestra mesa de trabajo recordándonos que esos niños pobres aún existen. Y que la hora de los hornos no ha pasado. Porque esos niños consumidos por hambre o droga aún pueblan América Latina y el mundo. Y urgente se requieren voluntades firmes y sabias, desprovistas del mareo y la comodidad del poder y que más allá del M1 o el Garand como instrumentos, este mundo no es más justo para este abuelo de mas de 70 años que posiblemente seguiría voluntariosamente activo.

Como invitado imperdible el Che-bandera también nos acompaño en el adiós de nuestra hija. Porque esencialmente es parte de esos pasos redentorios y progresivos de la Humanidad toda, más allá de todos sus errores y de las desafecciones y dudas acumuladas en la historia larga. Porque el Che es Serrat, la Violeta y Mafalda. Ese torrente de significados que se colaron en nuestras vidas, caminan con nosotros, los conocen nuestros hijos resignificándolos en un espiral de aliento y brisa fresca en el tiempo del capitalismo exitoso. Recordando a trocha y mocha que nunca el hombre (y la mujer) están vencidos y que la derrota es siempre breve, aunque les toque a otros ya no como hijos, sino como sus legítimos e inquietos nietos.

40 años después, otros jóvenes adolescentes vuelven a descubrir esas malas copias en blanco y negro. No nos sorprenda que mañana llegue a nuestra mesa un abuelo de barba blanca y rala, estacione su mula e ingrese a buscar abrigo con sus bototos embarrados. Luego con voz ronca nos recuerde la dignidad de la especie acicateando esa capacidad de ponerse en el lugar de los otros, de mirar para el lado, de salir del ensimismamiento de moda sobre lo bello, privado y joven. Porque al final y más allá de espejuelos, la marcha camino al futuro continua y este amigo reconocible ronda con ternura de hombre justo y pretensión de hombre nuevo.

Octubre 2007.

Difundido por Cosal Coruña

Martín Almada

Asunción (Paraguay), octubre de 2007.

En mi calidad de Victima del OPERATIVO CONDOR y Descubridor de sus Archivos Secretos en Asunción el 22 de diciembre de 1992, fui invitado por el POLO IZQUIERDO DE LA MEMORIA para dar un ciclo de Conferencia en Universidades y Colegios Secundarios en Santiago de Chile, NIDO DEL CONDOR, del 5 al 12 de septiembre pasado sobre LA OPERACIÓN CONDOR y TERRORISMO DE ESTADO.

El 9 de septiembre acompañe a víctimas y familiares de víctimas a la marcha pacífica hasta el Cementerio General para rendir homenaje al heroico Presidente Salvador Allende y a los caídos en defensa de la democracia. Además de las victimas estuvieron jóvenes parejas con sus hijos y delegaciones extranjeras invitadas también por el POLO IZQUIERDO DE LA MEMORIA.

Súbitamente, y sin ningún motivo los Carabineros comenzaron a tirotearnos con gases lacrimógenos y luego nos rociaron con agua con químicos lacrimógenos. Una abierta provocación de la fuerza del orden y seguridad, como en la época de Pinochet.

El hecho se repitió el 11 de septiembre cuando se intentó también rendir homenaje al presidente heroico, Salvador Allende.

La prensa, toda oficialista, evidentemente tergiversó la información.

Esta situación motivo mi interés en conocer la real situación que impera en Chile en materia de Derechos Humanos bajo el gobierno de la Concertación.

Llegué a las siguientes conclusiones:

1.      Las FF.AA y de Orden de Chile como en la época de Pinochet siguen considerando a su pueblo como su enemigo interno en vez de reintegrarse sin impunidad y con reconocimiento público de los actos cometidos en la reparación del país.

2.      En Chile incubaron el OPERATIVO CONDOR en 1975 pacto criminal entre los militares de la Región: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en Chile el CONDOR SIGUE VOLANDO impunemente y se sigue tratando de exportar a otros países de América Latina, estableciendo la ley antiterrorista (CRIMINALIZACION DE LAS LUCHAS SOCIALES) y destinando elevado presupuesto para la adquisición de armamento de última generación de los países del primer mundo. Chile es un país que está en estado de guerra.

3.      2. La policía (carabineros) como en la época de Pinochet sigue dependiendo de las FF.AA. y no del Ministerio del Interior, su dependencia natural. En consecuencia su formación no es ciudadana sino militar.

4.      3. Los detenidos/desaparecidos pasaron a la clandestinidad mientras que los represores viejos y nuevos siguen enquistados visiblemente en el aparato del Estado como en la época de Pinochet. Un poder que subsiste impunemente y que nunca desapareció en la llamada democracia de la Concertación.

5.      4. Lo más sorprendente fue descubrir que las propias víctimas terminan ayudando a financiar la reparación económica de las víctimas y que el gobierno socialista le concede a los ex Torturadores un plus de salario en merito de “haber sufrido en el momento de torturar un shock post traumático”.

6.      El gobierno de la concertación instaló en la opinión pública la teoría imperial de los dos demonios

7.      5. El golpe de Pinochet con el apoyo del entonces Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y la empresa multinacional ITT no derrotó a una generación sino que masacró, torturó, asesinó y saqueó al indefenso pueblo chileno. Muchos fueron expulsados del país. Muchos no pueden volver hasta la fecha por disposición judicial. Para más colmo siguen funcionando los Tribunales Militares como en la época de Pinochet quien dejo instalado hasta la fecha con su vergonzosa Ley antiterrorista y en la práctica rige la misma Constitución hecha a la medida de Pinochet a pesar del maquillaje hecho por el Presidente “socialista” Ricardo Lagos.

8.      6. Como en la época de Pinochet no se respetan los derechos humanos de los pueblos originarios a quienes se les trata con brutalidad y cualquier intento de protesta social es criminalizada y la solución son mas cuarteles, más policías, más armamento y más represión en beneficio de las empresas multinacionales.

9.      7. Sigue la hipocresía del Poder Judicial que avaló el golpe de Estado y hoy está avalando la actual democracia tutelada. Por eso Pinochet murió impune y es un peso vergonzoso con el cual el Estado de Chile deberá vivir siempre.

10.  8. El gobierno ''socialista neoliberal exitoso'' para legitimar la impunidad de los agentes de la represión estatal pretende crear un Instituto de Derechos Humanos pero sin facultades para accionar judicialmente. Agravando la situación colocando en su directorio a solamente a representantes del Estado, pero dóciles.

11.   9. Otra “perla” de la democracia de fachada de Chile se pone en evidencia con el caso del Senador Alejandro Navarro quien por haber interpelado a carabineros que agredían con golpes a los trabajadores que participaban pacíficamente en la movilización de la CUT, fue juzgado por la Comisión Ética del Senado en vez de felicitarlo.

12.   10. El desprestigio de la democracia chilena concertacionista es tal que ahora el pueblo lo identifica con la corrupción y las componendas con la misma derecha pinochetista, reaccionaria e implacable.

13.   11. Los ciudadanos chilenos por orden del imperio fueron todos privatizados en cuanto se les hizo perder la noción de lo público. Mediante el modelo concertacionista la educación en vez de ser un bien publico como en la época de Allende, hoy es una mercancía al servicio de la clase dominante y de las Empresas multinacionales. Como consecuencia de esta situación hoy reina en Chile una sociedad violenta, competitiva y autoritaria.

14.   En conclusión, el Estado “socialista neoliberal” de Chile no califica para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2008/2010 porque trasgrede abiertamente el estándar internacional de los Derechos Humanos. Es un país que esta AL MARGEN DE LA LEY.

Dr. Martin Almada

Premio Nóbel Alternativo de la Paz y Miembro de la Asociación Americana de Juristas (Aaj)

www.martinalmada.org

Por Germán Westphal

O si vives en Chile, es mejor que no parezcas "sospechos@" de nada... Si eres mujer, viste recatadamente pues podrías ser sospechosa de prostitución, según el parecer de cualquier policía...

También pueden revisar tus ropas, equipaje y vehículo sin orden judicial alguna y, si por algún motivo te tienen entre cejas y no encuentran nada, no hay nada que les impida "plantar" cualquier evidencia en tu contra...

Por ningún motivo uses peluca o te tiñas el pelo de manera que no sea absolutamente consistente con la foto de tus documentos de identidad pues te podrías pasar fácilmente hasta 12 horas detenid@...

Tu libertad depende de lo que la policía pueda pensar de tí sobre la base de la "evidencia" que se le ocurra y cuando logres aclarar todo te habrás pasado varias horas sin libertad, sin derecho a ningún reclamo.

Cámara vota hoy proyecto que restituye controles de identidad

Policías podrán detener a personas sospechosas sin necesidad de orden judicial. Texto será votado en sesión de Sala este martes a las 11 horas.

El proyecto del Gobierno, identificado con el boletín Nº 4321, será votado en tercer trámite constitucional, después que el Senado le introdujera cambios en el segundo trámite.

El texto está ubicado en primer lugar de la Tabla y forma parte de la agenda legislativa de seguridad ciudadana.

Atribuciones:

De acuerdo a la iniciativa legal, los policías podrán hacer controles de identidad, revisar las órdenes de detención pendientes de la persona controlada y, si del registro de sus ropas, equipaje o vehículo, aparecen indicios de haber cometido un delito, podrán proceder a su detención, sin necesidad de orden judicial.

En materia de flagrancia, el texto amplía de 6 a 12 horas el plazo para verificar la identidad del controlado que no coopera.

El proyecto introduce mejoras al sistema de enjuiciamiento criminal para permitir reprimir en forma más enérgica los actos delictivos.

En otra materia, el texto agrega la violación de menores entre los delitos graves que justifican la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal.

Asimismo, establece como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el haber sido condenado anteriormente por delitos de la misma especie o por aquellos que tengan señalada en la ley igual o mayor pena.

Detalle del articulado

El artículo relativo al control de identidad señala textualmente: "Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos".

Más adelante añade: "Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente".

NOTA DE MÁXIMO KINAST: Me asusta la idea de ir a Chile. Estoy seguro de que me detendrán con cualquier excusa. Y las pasaré canutas. Mi delito es pensar que Carabineros de Chile es una organización mafiosa que encubre a genocidas y degolladores. Además, Martín Almada ha dicho que Chile es un país fuera de la Ley. Y ahora los legisladores se inventan leyes para acabar con la poca libertad que iba quedando...

1. El reconocimiento de su calidad de Prisioneros Políticos encarcelados por el estado de Chile, a todos los Mapuches que se encuentran prisioneros, en las diversas cárceles de la región, por defender su territorio.
2. Garantizar la seguridad física y psicológica de todos los Presos Políticos Mapuches.
3. El reconocimiento, como Autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche.
4. Cese inmediato de los malos tratos, hostigamiento y amedrentamiento, por parte de gendarmería de Chile.
5. La negligencia médica en el tratamiento de la enfermedad que padece el Werken Antonio Cadin, su hospitalizació n y operación.
6. La desarticulació n desarraigo e incomunicació n en que hoy se encuentran como Comunidad y familia, todos encarcelados en diversas cárceles de Temuco y Santiago, con prohibición de visitar y ser visitados por sus familiares, como madre, hijas, abuela, hermanos. Por decreto de los tribunales de la novena región.

 www.avaaz.org/es/

www.avaaz.org/es/stand_with_burma/

Si no estas de acuerdo, ¿qué coño haces en este blog?

 Maximo

4ª PREGUNTA: PASOS QUE DA EL GOBIERNO PARA NO CRIMINALIZAR LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE POR SUS DERECHOS.
RESPUESTA: NINGUNO. El Gobierno de Chile es ágil para criminalizar al Pueblo Mapuche; pero nunca apoyará ni reconocerá sus legítimas reivindicaciones, porque el Gobierno de Chile apoya a los terratenientes, a las forestales y a los contaminadores de los lagos porque son ricos y Chile es una plutocracia.

5ª PREGUNTA: PASOS DEL GOBIERNO DE CHILE PARA SENTASE A NEGOCIAR CON LAS LEGITIMAS AUTORIDADES DEL PUEBLO MAPUCHE.
RESPUESTA: NINGUNA. El Gobierno de Chile es ágil para negociar con 'autoridades' fantasmas, elegidas por el propio Gobierno, que no representan al Pueblo Mapuche; pero es incapaz de reconocer a las verdaderas autoridades mapuches y mucho menos es capaz de negociar con ellas.

6ª PREGUNTA: LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA APROBAR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT.
RESPUESTA: NINGUNA. El Gobierno de Chile es ágil para reprimir las demandas de los trabajadores y para aprobar leyes en contra del pueblo; pero es incapaz de aprobar y ratificar los convenios de la OIT.

Y si Misia Bachelet o su Embajador les responden algo distinto, será mentira, PURA Y SIMPLE MENTIRA, porque ella es una mentirosa. Lo demostró en la ONU y en Viena con la promesa que les hizo a los chilenos residentes allí.

Santiago, 11 de octubre de 2007

Señor

Alfredo Taborga,

Presidente

Tribunal Regional de Etica y Disciplina (TRED)

Consejo Metropolitano

Colegio de Periodistas

Presente

Estimado presidente:

Me dirijo a usted y por su intermedio, a los integrantes de este Tribunal para pedir la instrucción de un sumario por las razones que explico a continuación:

El suscrito, inscrito en los registros del Colegio con el rol 1.965, concurre respetuosamente ante este Tribunal con el fin de entablar una denuncia por flagrante y grave atropello al Código de Etica del Colegio de Periodistas, perpetrado en mi contra, y al medio que represento, por el Presidente de la Orden, don Luis Conejeros Saavedra.

Dicha falta fue cometida el pasado 2 de octubre, durante una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con un grupo de colaboradores del semanario El Siglo, que dicen actuar en nombre de un pretendido sindicato.

En dicha conferencia, el Presidente de la Orden hizo suyas todas y cada una de una serie de imputaciones, carentes de prueba y fundamento, que estas personas viene formulando públicamente desde hace meses, en una campaña odiosa, sostenida y estridente.

Entre ellas, que el suscrito y la empresa Siglo XXI habríamos incurrido en “prácticas de acoso laboral insólitas en el Chile de hoy”; y que “desde hace meses venimos siendo testigos de la acción de un grupo de trabajadores muy responsables, que han seguido todos los cursos legales y han acudido a una muy seria inspección del trabajo, sin estridencias. Pero la empresa se ha comportado de una forma insólita, desoyendo todo llamado a buscar acuerdos, extremando las posturas y llevando a los colegas al camino único de la huelga y la denuncia pública”.

Remató su lamentable actuación con un llamado a boicotear un medio de comunicación, que no registra precedente ni parangón en la historia del gremio:

“Es insólito y nos duele en el alma que un grupo de colegas este siendo sometido a este acoso, a ser encerrados en una oficina sin teléfono ni Internet y sin que les den trabajo, asistiendo sólo a cumplir su horario, sobre todo porque son personas con un compromiso con la información. Entonces, esperamos que también se exprese el respaldo de nuestros públicos y que aquellos que sientan un compromiso con los trabajadores dejen de comprar este periódico”.

Comprenderán, señores del Tribunal, que acusar a un medio que se ha caracterizado por la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, de “reiteradas” e “insólitas” prácticas antisindicales, constituye una ofensa gravísima, constitutiva de delito, toda vez que buscan neutralizarlo por la vía de afectar su prestigio y credibilidad, más aún cuando las imputaciones carecen de fundamento en los hechos, y en todo caso obedecen a la subjetividad alterada de un grupo de personas que desde el día en que asumí la dirección del semanario, viene incurriendo en sistemáticas conductas de obstrucción. Peor aún, cuando el señor Conejeros llama a “quienes sientan un compromiso con los trabajadores”, a que “dejen de comprar” un periódico que sólo se mantiene con sus ventas en kioscos, lo que hace en la práctica es llamar a cerrarlo. Me pregunto por qué no ha hecho lo mismo con El Mercurio y La Tercera, cuando han despedido a promociones completas de periodistas; y por qué este mismo señor, tan severo Catón de El Siglo, no haya dicho una sola palabra ante el reciente despido, por evidentes razones políticas, del corresponsal de Televisión Nacional en la Quinta Región, Danilo Ahumada.

Con ese llamado y esas imputaciones, que lesionan mi honra, insultan una trayectoria de más de treinta años de ejercicio profesional, y agravian al medio que represento, el señor Conejeros ha vulnerado gravemente los siguientes artículos del Código de Etica del Colegio de Periodistas:

Artículo Segundo: “el periodista difundirá sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas”.

Artículo Séptimo: “el periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos”

Especialmente, el artículo decimotercero, que establece de modo taxativo: “al periodista le está especialmente vedado denigrar a otros periodistas, ya sea por la vía de la descalificación personal o por otro medio que conlleve un descrédito profesional”.

De los señores Julio Oliva y Raúl Blanchet no espero nada en cuanto a ética periodística, puesto que no son periodistas, ni son colegiados, pero me asombra el modo flagrante como el Presidente del gremio transgredió una normativa que, se supone, no puede desconocer.

Era su obligación recabar nuestra versión de los hechos: que el pretendido sindicato, el cual impugnamos, pues no tiene sustento ni en la legitimidad ni en la ley, pretende, a través del chantaje de la denuncia pública de una supuesta persecución sindical, primero, soslayar el conflicto con la dirección del medio, surgido como consecuencia del bajo rendimiento de algunos de sus integrantes, pero en lo fundamental, imponer una suerte de coadministración y codirección, si es que no terminar o neutralizar por medio del desprestigio, a un medio de comunicación cuya naturaleza y razón de ser es la defensa de los derechos de los trabajadores.

Los hechos

Hacia el mes de junio del año 2005, me llamó don Claudio Denegri Quintana, representante legal de la Empresa Siglo XXI, para ofrecerme la dirección del semanario El Siglo. Me manifestó que el ofrecimiento obedecía a mi trayectoria y experiencia en la dirección de otros medios, y que el objetivo consistía en revertir el déficit operacional que el semanario dejaba en forma mensual, escenario que de no cambiar en el mediano plazo, podría significar el cierre de la publicación. Solicito al tribunal citar a don Claudio Denegri, a objeto que ratifique o desmienta lo que estoy relatando.

Debo decir que a pesar de conocer la precaria condición económica de El Siglo, y lo que significa en términos de estigma profesional, o más bien por lo mismo, acepté con entusiasmo el desafío, dado que en el pasado trabajé en al menos cuatro medios desaparecidos por causas económicas (Fortín Mapocho, Cauce, Página Abierta y Pluma y Pincel) razón por la cual consideré motivador luchar con todo mi empeño para contribuir a que eso no sucediera con El Siglo.

Estudié la situación en todos sus aspectos, producto de lo cual es el documento Propuesta de Desarrollo para el Semanario El Siglo, que acompaño como prueba.

Solicito al Tribunal que se pronuncie sobre si se ajusta a las facultades del Director de un medio de comunicación. Como fuere, en la primera reunión con el equipo de trabajo de El Siglo, consistente en tres personas de planta, entre ellas una periodista, y cinco colaboradores a honorarios, les presenté esa propuesta como plan de trabajo.

Aparte del documento, en dicha reunión manifesté con mucha claridad, tres asuntos medulares:

-Primero, que venía a hacer un cambio, pero con las mismas personas.

-Segundo, que era imperioso mejorar el semanario es todos sus aspectos, porque de lo contrario, su situación se vería muy comprometida.

-Tercero, que para lograr ese cambio debíamos mejorar sustantivamente la productividad y el rendimiento de los periodistas, independiente de su vinculación contractual, pero que me comprometía personalmente a que cualquier excedente que lográramos sobre el punto de equilibrio, se distribuiría entre ellos.

A esta reunión, en septiembre de 2005, me acompañó Claudio Denegri.

Solicito a este Tribunal lo interrogue, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy afirmando.

Del documento en referencia, reproduzco parte del Título VI, denominado Problemas Metodológicos:

“El mejoramiento del servicio informativo de El Siglo exige un cambio en las metodologías de trabajo. Uno de los aspectos a mejorar es lo que podríamos denominar ritualización de la pauta. Es decir, los periodistas reciben uno o dos temas en la pauta del jueves, y eso es lo que se limitan a entregar el día del cierre, frecuentemente con atraso (…) Dicho de otra manera, necesitamos mejorar el contenido tanto cuantitativa como cualitativamente (…) También demandará un cambio en la carga de trabajo del equipo periodístico. En lugar de un tema o dos por semana, probablemente deberá asumir más, pero más breves, con una exigencia mejor distribuida, en función de una pauta flexible, sometida a revisión diaria”.

Traigo a colación este documento porque está en la base del conflicto con algunos de los periodistas y colaboradores de El Siglo, y establece con claridad temas recurrentes del mismo, tales como el tiempo dedicado al semanario, la disposición al trabajo y la naturaleza de la vinculación contractual con la empresa. Admito que mi llegada representó un cambio en la metodología de trabajo preexistente, pero sostengo que se trató de una exigencia legítima, y en último término, de una necesidad ineluctable.

Leeré ahora ante el tribunal la interpretación que de eso hizo Julio Oliva, en uno de los numerosos correos electrónicos difundidos por el pretendido sindicato, documento que también acompaño:

“fue puesto, sin consulta al CC ni ha toda la CP, el señor Herreros (quien hoy milita en una de esas células formadas para que se diga que algunos no militan, de esas varias que dependen del comunal Salvador Allende, y qué tú sabes que existen). Desde ese minuto se acabo el hermoso trabajo colectivo que por años pudimos hacer (…) Ese fue el aviso de que lo que se venía era un jefe sin ninguna gana de trabajar en colectivo, ese "defecto" tan apegado a nuestras vidas de comunistas. Se acabó la pauta colectiva, la portada colectiva, la discusión y el aporte del colectivo. Se nos informó que se debía funcionar como una empresa, ojalá en algunas cosas hubiese sido así, por que de gestión de empresa no hay nada de nada…”

Ese lenguaje odioso, esa beligerancia, esa insidia permanente, esa manía persecutoria, han sido la norma invariable de conducta de Oliva y el grupo que lidera, con un Director que propuso con franqueza y transparencia un cambio necesario.

Las motivaciones se desprenden fácilmente: se trataba de un grupo que funcionaba como dirección colectiva y que se había habituado por años a una práctica fundada en la ley del mínimo esfuerzo. Del mismo correo se desprende también que desde el primer día Oliva se negó a aceptar la dirección de un periodista profesional, lo que se tradujo en una conducta de obstrucción sistemática, fundado en una errónea concepción de dirección de medios. La explicación es fácil: ni Oliva ni ningún otro de los periodistas del pretendido sindicato ha trabajado nunca en otro lugar que no sea El Siglo, y por tanto desconocen el ordenamiento que regula el funcionamiento de los medios.

Oliva me ha imputado reiteradamente en sus confusas declaraciones, haber impuesto un “criterio de empresa”. Lo único que podría hacerme merecedor de tan curioso calificativo, es haber reiterado la necesidad de lograr el autofinanciamiento de la empresa, condición necesaria para garantizar su continuidad, cuestión de una lógica casi aristotélica. Por lo demás, el tema de la necesidad de mejorar El Siglo no obedece a una obsesión personal.

De hecho, fue un acuerdo adoptado por la unanimidad del directorio de Siglo XXI, y por los propietarios de la empresa. De hecho, se me eligió para llevar adelante esa tarea, precisamente lo que estamos haciendo con esfuerzo y sacrificio personal, y según creo, con transparencia y honestidad, otro sector de periodistas y trabajadores de El Siglo, sin por ello merecer calificativos de krumiros y rompehuelgas que Oliva y su grupo nos endosan

El Siglo no ha interrumpido su actividad ni en lo más negro de la noche pinochetista, y no va a lograrlo Oliva, con una huelga que no tiene sustento ni en la legitimidad ni en la ley.

La necesidad de mejorar su entrega nunca fue comprendida por los dos periodistas a honorarios que hoy aparecen dirigiendo el pretendido sindicato, y en los hechos se negaron sistemáticamente a cumplir con instrucciones muy precisas del Director.

En prueba de lo que afirmo, acompaño el texto de un memorando al equipo de trabajo, con fecha 22 de septiembre de 2006:

“Estimados colegas:

Por medio de la presente, me permito reiterar, por escrito, aquellas normas de procedimiento, expuestas verbalmente ante uds. en la reunión con la dirección, representada para los efectos por Claudio Denegri, las mismas que considero esenciales tanto para garantizar la actualidad, pertinencia y relevancia de nuestros contenidos, como para asegurar un funcionamiento eficiente del calendario de entrega y despacho.

1) Asumo que los contratos de trabajo son de jornada completa. En consecuencia, los jueves, viernes y lunes no son días libres.

No se trata de imponerles un horario ocioso en la redacción. Tampoco de impedirles que desempeñen otra actividad. El sentido de la medida apunta a) que cada periodista esté pendiente de la evolución de los hechos noticiosos de su sección asignada, b) que reportee en terreno y construya su red de fuentes y c) ordenar el flujo de entregas, de modo de evitar lo que sucede habitualmente, en el sentido de que los periodistas esperan hasta última hora para entregar todo su material, conducta que se traduce en un colapso en la mecánica de despacho, los días miércoles.

2) En directa relación con lo anterior, la pauta de cada sección debe quedar definida con el director y el editor general los días lunes. Idealmente, los editores de sección debieran interactuar a diario con el director o el editor general, en función de la evolución de la pauta sectorial. Lo que busca este criterio es garantizar actualidad y capacidad de reacción.

3) Debo insistir enfáticamente que los días de entrega de las secciones son los días martes. Los días miércoles sólo deben quedar reservados a temas cuya actualidad lo exige, estén o no dentro de las secciones, y que previamente hayan sido acordados con el director o el editor general, o bien los imponga la dinámica de los acontecimientos el mismo día miércoles. Las secciones que deben entregar el martes son: economía, internacional, cultura, batalla de ideas, verdad y justicia, hoz y martillo, laboral y movimiento social. Reitero que no se trata de un marco rígido o inmutable, sino del ordenamiento del flujo de entrega. Un eventual tema que exige cierre el miércoles, no debe inhibir la entrega del resto de la sección el martes.

4) No es mi intención imponer horarios de llegada. Pero considero indispensable iniciar las actividades los días de despacho, vale decir, martes y miércoles, a un horario razonable. La entrega oportuna de los trabajos en los días de despacho, torna innecesaria la permanencia de los periodistas. En consecuencia, las asignaciones para movilización nocturna sólo serán entregadas en casos justificados, previamente acordados con el director o el editor general.

5) La asistencia a la reunión de pauta de los jueves es obligatoria. Lo acordado en dicha pauta proporciona un marco general, pero no una especie de Constitución del 80, intangible e inmodificable. Lo que busca evitar esta medida, de modo explícito y concluyente, es la práctica de empezar a reportear el martes el tema asignado en la pauta del jueves anterior, y entregar el miércoles a última hora.

6) En líneas generales, cada periodista es responsable de una sección. Pero esto no excluye en modo alguno que no pueda asumir otros temas surgidos del intercambio en la pauta general del jueves, o cuando la dinámica de los hechos lo impone.

Estimados colegas:

Apelo a su conciencia y responsabilidad profesional para el cumplimiento de estas medidas, que en último término van en beneficio de todos. De lo contrario, me veré en la obligación de tomar medidas que están lejos de mi ánimo”.

Acompaño también las respuestas recibidas por dos de los integrantes del equipo del plantel profesional de El Siglo, que contribuyen a demostrar la naturaleza objetiva de esa fase del conflicto:

“Francisco, acuso recibo y me parecen las medidas. Ana”.

“Estimado Director:
Me parecen excelente las medidas de orden y disciplina, creo son indispensables para ser el mejor medio escrito de Chile. Es nuestra responsabilidad realizar el mejor trabajo, esmerarnos por ser los mejores, los mejores artículos, las mejores fotos, el mejor diseño, la mejor diagramación. En mi calidad de diagramador necesito tiempo para colaborar la mejor presentación para nuestros lectores. Como observación creo muy necesario correcciones más minuciosas pues se producen errores muy notorios que desprestigian nuestro medio. Sergio”.

Solicito del Tribunal un pronunciamiento sobre los siguientes puntos:

-Si es una comunicación a periodistas, sean de planta u honorarios, formulada en términos inapropiados, o que contenga agravio alguno a la dignidad profesional.

-Si establece exigencias desmedidas o abusivas, sea para los trabajadores con contrato o para colaboradores a honorarios.

-Si es legítimo adoptar medidas, que pueden ir hasta el despido, en caso de incumplimiento de una normativa tan clara, adoptada conforme a atribuciones de dirección.

Sin embargo, el sector liderado por Oliva, constituido como una fracción, continuó con su actitud de contumacia, ya a esa altura por más de un año. Antes de tomar cualquier medida, y para agotar todas las instancias de diálogo, le pedí a Claudio Denegri que me acompañara en una nueva ronda de conversaciones con algunos periodistas. Dos de ellas resultaron decisivas.

El periodista Iván Valdés manifestó que por el pago que recibía, no estaba dispuesto a hacer nada por encima de lo que estaba rindiendo, reducido a una crónica por semana.

El periodista Cristián Pavez adujo sentirse desmotivado, como consecuencia de diferencias políticas con la línea editorial, derivadas de la posición del Partido Comunista ante la segunda vuelta de la última elección presidencial, razón por la cual afirmó que tampoco estaba dispuesto a cambiar su disposición hacia el trabajo.

Esta nueva ronda de conversaciones se verificó entre los meses de octubre y noviembre de 2006, al cabo de la cual recomendé al directorio de la Empresa Siglo XXI, la separación del equipo de los dos periodistas referidos.

Solicito al Tribunal a) interrogar a Claudio Denegri, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy relatando y b) se pronuncie si esa medida se ajusta o no a las atribuciones de dirección de un medio; si se tomó sin agotar las instancias de diálogo, y si por trabajar en El Siglo los periodistas adquieren una suerte de fuero o inamovilidad, desde la cual pueden pretender coadministrar y codirigir el medio, bajo el chantaje de la denuncia pública de persecución sindical.

Las decisiones en Siglo XXI nunca se toman sin un exhaustivo análisis de los antecedentes, de forma que la notificación de que no se les renovaría el contrato a esos dos periodistas, lo mismo que a un colaborador administrativo, se produjo recién el día 9 de marzo de 2007.

Fue el intento de resistir esas notificaciones lo que llevó a un sector de trabajadores y colaboradores de El Siglo a formar un sindicato, con lo que pretendían dotarse del referido fuero, y no al revés, como plantea oblicuamente la declaración del Colegio de Periodistas:

“Los periodistas relataron que el sindicato se formó con 10 de los doce trabajadores contratados por el periódico oficial del Partido Comunista, pero que a poco andar tres de sus miembros fueron despedidos”.

Eso es simplemente mentira, proferida con el lenguaje deliberadamente ambiguo e impreciso. Quiero decirlo con claridad: la separación de esas personas obedeció en gran parte a las razones relatadas, como también a la reducción de costos; y no a una imaginaria persecución antisindical, que sólo existe en la exaltada mente de un grupo de personas que ha atropellado hasta las más elementales normas de respeto y lealtad con el medio que les ha dado oportunidad de trabajar como periodistas, no siéndolo la mayoría.

Solicito al Tribunal recabe antecedentes a la Dirección del Trabajo, tales como fecha de constitución del pretendido sindicato, listado de socios y calificación de los mismos, con el fin de verificar que los hechos ocurrieron tal como los relato, y no por consecuencia de una persecución antisindical, como mañosamente sugieren las declaraciones del pretendido sindicato.

Solicito al Tribunal que coteje las contradictorias versiones sobre los mismos hechos contenidas en las profusas declaraciones del pretendido sindicato y se pronuncie si sobre si de ellas se puede desprender mérito o valor probatorio alguno.

Los contratos a honorarios de la mayoría de los colaboradores, por tratarse de arrendamiento de servicios, facultan a la empresa a no renovarlos, sin pago de indemnización ni expresión de motivo. En contraposición a las oscuras intenciones que invariablemente nos atribuyen las declaraciones del pretendido sindicato, se les ofreció una compensación equivalente al estipendio que recibían al mes por cada año de contrato a honorarios, como lo demuestran los documentos que acompaño, consistentes en copia de las cartas de aceptación del finiquito, y por tanto de renuncia a toda acción legal, firmada por el periodista Iván Valdés y el administrativo Marcos Díaz. En sus contradictorias declaraciones, el pretendido sindicato afirma haber “contribuido a que los dos primeros compañeros despedidos negociaran y obtuvieran una mínima cobertura económica de parte de la empresa”. Otra falsedad. El sindicato no hizo ninguna gestión a favor de esas dos personas, simplemente porque no fue necesario.

Solicito al Tribunal citar a René Amigo, administrador de El Siglo, e Iván Valdés y Marcos Díaz, para que ratifiquen o desmientan lo que aquí estoy afirmando.

Distinto fue el caso de Cristián Pavez. Se le ofreció lo mismo que a esas dos personas, pero él rechazó la oferta, solicitando condiciones de finiquito equivalentes a las de un contrato laboral indefinido, que no correspondían, porque era colaborador a honorarios y no cumplía horario. Como la empresa no aceptó su contrapropuesta, él ejerció su derecho de recurrir a Tribunales.

Así de simple, así de claro. Nada oculto ni de persecución antisindical, como intentan confundir las mañosas declaraciones del pretendido sindicato.

Acompaño al Tribunal copia del contrato de honorarios del señor Pavez.

Voy a suministrar una nueva prueba que ilustra la real naturaleza del conflicto.

Se trata de una minuta elaborada por la Subdirectora en el mes de mayo pasado, que apuntaba al mismo objetivo del memorando citado anteriormente, vale decir, organizar el flujo de entregas de forma de evitar el cuello de botella que habitualmente se produce en los días de despacho. Se pidió a los periodistas que lo comentaran y agregaran observaciones y sugerencias. Reproduzco párrafos de la respuesta de Oliva:

“Buenas intenciones…pero lo veo difícil (…) PUF…todo esto conlleva mucho más trabajo, por lo que se hace urgente ver las condiciones materiales y salariales en que estamos, ya ves que estamos reventando de a poco y el ambiente sigue empeorando. La verdad es que yo creo, definitivamente, que esto sólo es posible en un espacio que recupere lo colectivo y discuta a fondo los objetivos estratégicos del semanario (incluido el económico, pues con la “gestión” actual difícilmente llegaremos a algún lado). Especialmente, me parece urgente la salida de Herreros, es una traba para muchas cosas y estamos perdiendo mucho más que lo que podríamos haber ganado”.

Como el Tribunal podrá apreciar la odiosidad que me profesa este ciudadano raya en la obsesión. En mi opinión, esa ofuscada subjetividad es una de las causas del conflicto, y creo posible atribuirla a que se sentía heredero natural de la dirección de El Siglo.

Entre otras cosas, dice que se sentía “reventando” de trabajo.

Acompaño como prueba la colección de El Siglo desde que asumí la dirección, en septiembre de 2005, hasta la fecha. Solicito del Tribunal que mida los centímetros columna, y contabilice el número de colaboraciones y el número de temas de portada, que lleven la firma de Julio Oliva y Raúl Blanchet.

Los integrantes del Tribunal son periodistas, y por tanto están capacitados para juzgar si estaban “reventando” de trabajo, y si esa cantidad de trabajo materializado justifica su alegato de ser trabajadores de tiempo completo.

Hasta aquí los hechos.

Ahora me propongo analizar, en ese orden, el tema de los contratos, la legalidad del pretendido sindicato, y las condiciones económicas de El Siglo.

Contratos

En primer lugar, debo decir que me parece un contrasentido que personas que participan de un medio que lucha por cambiar el injusto sistema imperante, se parapeten en las disposiciones de la legislación laboral vigente, como si El Siglo fuese un medio con propósito comercial, que genera utilidades, o donde se venga a hacer carrera, o a obtener condiciones laborales de mercado.

Pero puesto que lo hicieron, es necesario precisar que los contratos de trabajo no fueron tema en esta empresa, en el entendido de que El Siglo no es un medio de mercado, sino un instrumento político al servicio del cambio social, sobre la base de una identidad política y una concepción filosófica que se presumen compartidas, hasta el conflicto planteado por un periodista separado del equipo el año 2004.

Yo no estaba en la empresa en ese momento, pero por lo que entiendo, los señores Oliva y Blanchet eligieron la modalidad de contrato a honorarios, con el fin de evitar que los descuentos legales mermaran su renta líquida.

Solicito al Tribunal que interrogue a Claudio Denegri, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy afirmando, y en todo caso acompaño como prueba, copia legalizada de ambos contratos de honorarios.

Entonces, que ahora vengan a impetrar la condición de trabajadores a tiempo completo, más que un nuevo contrasentido, es simplemente faltar a la verdad.

Lo mismo puede decirse del resultado de una visita de la Inspección del Trabajo. Hay suficiente evidencia de que los trabajadores del pretendido sindicato no concurrían a su trabajo en forma regular, y nunca en la mañana, salvo en la ocasión en que “casualmente” se presentó una inspectora de la Dirección del Trabajo, a quien le declararon, faltando una vez más a la verdad, que cumplían horario completo, y que incluso se les hacía trabajar horas extras, sin remuneración.

De ambas situaciones, hay constancia documental, que acompaño.

En sus numerosas declaraciones Oliva afirma que la empresa pretende desconocerle su calidad de trabajador y sus años de servicio.

Falso, de falsedad absoluta. Lo desafío a que lo pruebe ante este Tribunal.

La empresa nunca ha declarado, a nadie, nada semejante, simplemente porque no lo necesita. Lo único que podría decir, y está en condiciones de probar, es que los señores Oliva y Blanchet tienen contrato a honorarios, que esa modalidad de contrato fue elegida por ellos, y que durante dos años han dado boleta de servicio, y recuperado su devolución de impuestos, lo que supone aceptación de ese régimen.

Eso lo admiten en uno de sus comunicados, aunque en su lenguaje típicamente elíptico y huidizo:

“La mayoría de nosotros no cuenta con contrato laboral. Sólo dos integrantes de nuestro sindicato tienen contrato indefinido y les imponen por el salario mínimo. Otros, aceptaron como favor a la empresa, firmar un contrato (ficticio) a honorarios hace un par de años, cuando la empresa corría el riesgo de ser multada por diversas infracciones a las leyes laborales”.

No entiendo cómo puede ser ficticio un contrato que lleva su firma.

Por lo demás, hace dos años Oliva opinaba exactamente lo contrario.

Con motivo del despido del periodista Arnaldo Pérez Guerra, en enero de 2005 envió una carta, que acompaño, a la página electrónica Liberación, la misma que hoy oficia de guaripola en la odiosa campaña contra El Siglo:

“Nosotros, como lo conversamos personalmente con el señor Pérez, asumimos un compromiso de trabajo leal con él desde el primer momento en que se acercó a solicitar la posibilidad de laborar con nosotros. El tuvo muy clara la situación económica de nuestro semanario y las fórmulas con que podíamos cumplir con el pago de sus remuneraciones. Siempre fueron considerados sus problemas personales y se le adjudicó incluso desde el primer año su derecho de tener vacaciones con el miso tiempo que los más antiguos. Cada vez que necesitó tiempo para desarrollar otras actividades no se puso ninguna dificultad para que las realizara, menos cuando por razones de salud o familiares tuvo que ausentarse temporalmente de nuestra redacción. Nunca se le pagó atrasado, nunca se le dejó de cancelar su salario y, al momento de finalizar su relación laboral, se le ofreció una forma de compensación económica que consideramos bastante justa (un mes por año, a pesar de no existir contrato alguno que lo ligara a nuestro periódico). (…) No somos nosotros los que juzgaremos el actuar actual del señor Pérez. Reiteramos que la finalización de su relación laboral con El Siglo no tiene que ver con "persecución ideológica" alguna, sino -como a él bien se explicó- con medidas de reestructuración de todo el equipo de El Siglo que están ligadas al minuto económico que pasa nuestra publicación”.

Sea cual fuere la razón, el hecho es que hoy Oliva usa los mismos argumentos de Pérez Guerra contra El Siglo. Por cierto no cuento, ni me interesa, que este personaje coloque esta defensa de El Siglo en su página.

En un conflicto de esta naturaleza, es irrelevante lo que dicen las partes.

Lo esencial es lo que puedan demostrar en tribunales.

Acompaño copia de sus boletas de servicios profesionales.

En una de sus declaraciones, que se contradice con otras, Oliva afirma que él y Blanchet fueron despedidos, y reintegrados por la Dirección del Trabajo.

Falso, de falsedad absoluta. Lo desafío a probarlo en este Tribunal.

La empresa no necesita despedirlos. Su contrato a honorarios, voluntariamente elegido, faculta a la empresa a no renovárselos, incluso sin indemnización ni expresión de motivos, a condición de que se cumplan ciertas formalidades, entre ellas, notificación escrita con treinta días de antelación.

Hasta la fecha, eso no ha ocurrido. Así de simple, así de claro.

A mayor abundamiento, nuestra parte interpuso un recurso legal impugnando la intromisión de la Inspección del Trabajo, puesto que si no hay despidos, mal puede haber competencia de esa repartición.

En otra de sus numerosas declaraciones, me acusan, como a la Subdirectora, de marginarlos, y no encargarles trabajos. Pero omiten que la unanimidad del directorio de Siglo XXI, y sus propietarios, les retiraron la confianza, precisamente por la reiteración de conductas que atropellan las más elementales normas de ética, fraternidad y convivencia.

Sin embargo, ellos siguen simulando no escuchar esos mensajes, engañando a la opinión pública y desprestigiando al único medio que se juega sin ambages ni medios tonos por la defensa de los derechos de los trabajadores, en un momento de excepcional gravitación política, amparándose en la torcida interpretación de una legislación laboral de origen ilegítimo.

La sabiduría popular ha acuñado un refrán de una justeza irrevocable: ave de mala ralea es la que emporca su propio nido.

Sindicato Ilegítimo e Ilegal

Sostengo que el pretendido sindicato de El Siglo no es legítimo ni legal.

El tema de fondo en el sindicalismo remite a determinar cuál es su esencia y para qué sirve. En la concepción que compartimos en El Siglo, es la herramienta histórica de lucha de los trabajadores para equiparar, hasta donde se puede, la relación capital-trabajo, y para restituir, o recuperar en parte, la plusvalía que genera su trabajo. Pero constituir un sindicato para impetrar beneficios de un medio cuya tarea es política, que genera un déficit en el ejercicio, conocido por sus trabajadores y colaboradores, suplido en parte por la labor de abnegados colaboradores que no cobran por su trabajo, y en parte en virtud de ímprobos esfuerzos de Siglo XXI, equivale a abusar de una herramienta legítima, concebida para otros fines. Más aún cuando la constitución de un sindicato en El Siglo se dio de manera paralela a, o más bien fue consecuencia de, los esfuerzos de la dirección para mejorar la calidad de los contenidos editoriales. Constituir un sindicato al amparo de las normas de la legislación vigente es legítimo en caso de empresas que tengan giro comercial, presenten utilidades en el ejercicio o exploten a sus trabajadores. Pero claramente no lo es en El Siglo, porque su precaria condición económica obedece a la discriminación de que es objeto de parte de las empresas del sector público y privado, precisamente por la consecuencia de su línea editorial orientada a la defensa de los derechos de los trabajadores.

La constitución de un sindicato en El Siglo es ilegítima porque atropella la ética del compromiso y el compromiso de la voluntad que se supone comparten quienes trabajan en este medio.

La campaña del pretendido sindicato es ilegítima, por cuanto objetivamente apunta a debilitar la eficacia de El Siglo como instrumento de defensa de los trabajadores, por la vía del descrédito, el desprestigio y la acusación sin fundamento.

La constitución del pretendido sindicato de El Siglo no sólo es ilegítima, sino también ilegal. En lo personal, estimo un contrasentido que trabajadores y colaboradores de un medio como El Siglo impetren la legislación vigente. Pero ya que lo hicieron es preciso que cumplan formalidades y requisitos claramente establecidos en la ley. Uno de ellos prescribe, de manera inequívoca, que sólo podrán constituir sindicato los trabajadores que tienen contrato de tiempo completo, de tipo indefinido o de planta. Pues bien, esa condición la cumplen sólo dos personas del pretendido sindicato: Ana Muga y Magdalena Muñoz.

En lo personal, no estoy de acuerdo con dicha ley, pero si ellos la invocaron, no les queda sino atenerse a su tenor literal.

Una segunda condición para la legalidad de un sindicato, copulativa con la anterior, es que reúna un número mínimo de ocho asociados.

En algunas de sus ambiguas declaraciones, el pretendido sindicato afirma haber sido constituido por diez socios, y que en virtud de nuestra “insólita y nunca vista” persecución contra el sindicato, habríamos despedido a tres de los socios, con el fin de impedir el quórum legal del sindicato.

Falso, de falsedad absoluta. El sindicato se constituyó el día de la notificación de despido de las tres personas mencionadas, y a consecuencia de ello.

Mal podían integrar el sindicato dos personas que firmaron finiquitos con desistimiento de acciones legales, que implican la aceptación de término de una relación en recíproco acuerdo. Mal puede integrar el sindicato la señora Eliana Gómez, quién no tiene ni tuvo vinculación contractual alguna con la empresa Siglo XXI, y que sólo se dedicó esporádicamente a la venta de suscripciones. Mal pueden integrar el sindicato personas a honorarios, que no tienen la calidad de trabajadores sujetos a subordinación laboral.

Analicemos este fundamental hecho a la luz de las confusas y zigzagueantes declaraciones del pretendido sindicato:

“Desde la constitución de nuestro sindicato, el 9 de marzo pasado, se han producido una serie de medidas de abierto rechazo y hostigamiento contra nuestra organización sindical y sus integrantes por parte de la empresa”.

No pasará por alto el Tribunal que reconocen el 9 de marzo como fecha de constitución del sindicato, el mismo día de la notificación de despidos. Sin embargo, la misma declaración se contradice apenas unas líneas más abajo: “cuando nos enteramos de que vendría una ola de despidos, nos organizamos para defender el derecho fundamental a ser desvinculados con los mínimos resguardos que establece la precaria Ley del Trabajo”.

Adviertan, señores miembros del Tribunal, el reconocimiento de que hicieron el sindicato para dotarse de fuero. Pero además, esa versión vuelve a contradecirse con la declaración de Colegio de Periodistas: “Los periodistas relataron que el sindicato se formó con diez de los doce trabajadores contratados por el periódico oficial del Partido Comunista, pero que a poco andar tres de sus miembros fueron despedidos”.

Nuevamente, ese lenguaje odioso e impreciso. ¿Y por qué la declaración del Colegio de Periodistas se cree obligada a puntualizar que El Siglo es el “periódico oficial” del Partido Comunista?, ¿qué conexión o importancia tiene ello en relación al conflicto?, ¿qué asociación subliminal pretende gatillar?, ¿por qué no se refiere a La Tercera como el periódico oficial de la UDI y a El Mercurio como el órgano oficial de los poderes fácticos?

Con todo, lo relevante es que la legalidad del pretendido sindicato no la van a establecer declaraciones más o comunicados menos, ni versiones deliberadamente ambiguas, que buscan confundir a la opinión pública.

Lo harán resoluciones de tribunales, fundadas en antecedentes que las partes deben acreditar. De hecho, están pendientes dos recursos interpuestos por nuestra parte, que buscan corregir conductas abusivas tanto de la Inspección del Trabajo como del pretendido sindicato. Mientras esos recursos no se fallen, el Presidente del Colegio de Periodistas está éticamente impedido de asumir unilateralmente una de las versiones; más aún sin cotejarla con la contraparte, y todavía más cuando sus declaraciones afectan la honra de un profesional inscrito en los registros del Colegio, y que en más de treinta años de trayectoria, no acredita una sola actuación reñida con la ética profesional.

Al tenor de los hechos descritos, no diviso cómo o de donde el señor Conejeros logra deducir “la acción de un grupo de trabajadores muy responsables, que han seguido todos los cursos legales y han acudido a una muy seria inspección del trabajo, sin estridencias”.

Lamentablemente, la tardanza de tribunales en fallar esos recursos, ha dado pábulo a una escalada de la frenética campaña de descalificaciones, imputándosenos, en palabras de la declaración del Colegio de Periodistas, “insólitos” actos de persecución sindical.

No logro entender cuáles serían esas conductas.

La primera y única mención pública al conflicto de parte de la empresa Siglo XXI, fue una declaración firmada por Claudio Denegri, publicada en la edición del viernes 5 de octubre; por mi parte, nunca lo había hecho hasta ahora.

No ha habido despidos y los sueldos han sido cancelados en su oportunidad.

El traslado a una oficina con menos infraestructura y comodidad obedece simplemente a una decisión administrativa orientada a la contención de gastos en el marco de un plan para equilibrar finanzas, y no a persecución sindical, como de manera majadera y paranoica afirma el pretendido sindicato.

Si la extorsiva escalada de su campaña de insultos y tergiversaciones no hubiera interrumpido el diálogo con la empresa, sabrían que es una medida de carácter transitorio, en tanto encontremos una sede más adecuada, pero también más económica. Lamento que no tengan las mejores condiciones para desempeñar su trabajo, pero la empresa carece de recursos para habilitarlas con mayor prontitud. De hecho, yo mismo me encuentro sin oficina, razón por la cual estoy ocupando la anterior, sólo en tanto dura el mes de garantía.

Oliva y Blanchet se quejan de haber sido marginados, y que no se les adjudican trabajos. Pero ellos conocen perfectamente lo que significa haber perdido la confianza del directorio de Siglo XXI y de sus propietarios. Podrán argüir que dicha situación no tiene nada que ver con la legislación laboral. Pero nunca hemos pretendido que las decisiones de política editorial de El Siglo se adoptan con arreglo al Código del Trabajo.

Situación Económica de El Siglo

En sus declaraciones, los miembros del sindicato se quejan de sus reducidos ingresos, los que exponen a la luz pública, presumiblemente con el propósito de demostrar la explotación de que serían objeto.

Admito que serían rentas bajas para profesionales de tiempo completo, lo que categóricamente no es el caso de los integrantes del pretendido sindicato. Pero aún si lo fuera, es lo que objetivamente El Siglo está en condiciones de ofrecer.

Los integrantes del pretendido sindicato conocen esas condiciones, y en todo momento han sido libres para buscar trabajos con sueldo de mercado, o con beneficios económicos más adecuados a sus aspiraciones. Nadie está en El Siglo por la fuerza, o contra su voluntad. Por el contrario, para otros de sus trabajadores y colaboradores, constituye un honor y un orgullo, y en todo caso, una tarea asumida en forma consciente y voluntaria.

Por lo demás, son sueldos o estipendios modestos pero dignos. Los dos periodistas que dirigen el pretendido sindicato perciben un honorario de 280 mil pesos líquidos al mes, fuera de impuestos, el que reciben sin atraso. En virtud de la devolución de impuestos, que no reintegran a la empresa, como fue su compromiso, obtienen un sueldo adicional al año. Hasta el momento de la escalada del conflicto, se les compensaban gastos de movilización y se les daba alimentación los días de despacho. Los tres funcionarios con contrato indefinido tienen sus imposiciones al día. Hasta el momento de la escalada del conflicto, los dos periodistas en comento disponían de computadores nuevos, conectados a Internet, líneas telefónicas, un archivo de publicaciones nacionales y secretaria. O sea, nada muy por debajo de condiciones que prevalecen a nivel de mercado, y que en ningún caso justifican las barbaridades que nos imputan sus plañideros comunicados.

En uno de los últimos, se quejan de falta de diálogo con la empresa. Pero omiten deliberadamente la gestión de mediación intentada por el abogado Eduardo Contreras, en el mes de julio pasado, la cual fue aceptada por el directorio de Siglo XXI, el Director y por los integrantes del pretendido sindicato. Una de las condiciones planteadas por el abogado Contreras consistía en deponer la beligerancia y cualquier actitud o conducta que pudiera entorpecer el diálogo. Pero no habían pasado dos días de nuestra aceptación, cuando presentaron un proyecto de contrato colectivo, con demandas económicas que la empresa está objetivamente imposibilitada de cumplir, cuestión que ellos conocen perfectamente

Solicito a este Tribunal que cite al abogado Eduardo Contreras a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy relatando.

Obviamente, al tiempo salió el consabido comunicado para notificar a la opinión pública de que la empresa se negaba a negociar:

“Ante la inminente medida de terminar con nuestra organización sindical mediante la reducción de trabajadores asociados a ella, adoptamos la iniciativa de presentar nuestra propuesta de negociación colectiva, para enfrentar nuestra eventual desvinculación protegidos por el fuero legal y poder alcanzar un acuerdo de despido en buenos términos para todos”.

No escapará al Tribunal el nuevo reconocimiento de que sus decisiones apuntan a dotarse de fuero; pero además lo afirman apenas unos días después de que la empresa y el Director habían aceptado de buena fe la gestión de mediación ofrecida por una parte inobjetable para todos los actores del conflicto.

Quiero ser muy claro: mientras los tribunales no se pronuncien sobre los recursos descritos, la empresa no va a negociar con un sindicato cuya legalidad desconoce e impugna. Y aún en un escenario de negociación, no está en condiciones de satisfacer las demandas del proyecto, por las mismas razones por las cuales la madera no puede ser al mismo tiempo hierro: el costo económico de esas demandas implica el cierre de El Siglo, lo cual contradice otra de las peregrinas declaraciones del pretendido sindicato:

“Este estado de cosas nos ha hecho organizarnos, en primer término para defender nuestros derechos de trabajadores, pero también para intentar defender la existencia de El Siglo como un espacio alternativo, necesario para la realización del proyecto político al que estamos vinculados, para acompañar las movilizaciones del pueblo y los trabajadores, para denunciar la corrupción y el maridaje entre la derecha y la Concertación, para mostrar que es posible otro Chile y otro mundo, y que este "cañón de largo alcance" no puede ni debe morir”.

Acompaño como prueba copia del mentado e ilegal proyecto de contrato colectivo y de los balances de la empresa, que acreditan la imposibilidad de acceder a demandas incompatibles con sus ingresos. Tan sólo a modo de ejemplo, para demostrar el descriterio y la irresponsabilidad de estos negociantes, que desnudan sus reales propósitos, el anexo dos del proyecto, denominado A Modo de Indemnización, pretende que se les pague un total de casi 16 millones de pesos, en forma inmediata, lo que implica privar al semanario de por lo menos dos meses de ingresos totales.

La posición del pretendido sindicato se asemeja a la del perro del hortelano.

No están de acuerdo con la línea editorial del semanario. No están de acuerdo con su Director ni con la administración. No están de acuerdo ni con el sueldo o estipendio que reciben ni con las condiciones que la empresa puede ofrecer. Pero tampoco se quieren ir. Salvo, al parecer, a cambio de indemnizaciones que, según su pliego, exceden lo que establece la ley.

Como si El Siglo fuese una empresa capitalista, que acredita utilidades o que se dedica a explotar trabajadores.

El derecho

Presento mis excusas a los miembros del Tribunal por las numerosas diligencias solicitadas en este escrito. Pero a mi juicio son indispensables tanto para establecer la verdad de los hechos, como para demostrar los agravios que de manera gratuita y alevosa me ha inferido el Presidente del Colegio de Periodistas, y al medio que represento.

Me asiste la convicción de que la falta fue cometida en grado de flagrancia, y por tanto no necesita de medio de prueba, no es pasible de interpretación, ni resulta eficaz retractación alguna, conforme se desprende de la letra y el espíritu del Código de Etica del Colegio de Periodistas.

Por estas razones, solicito a este Tribunal aplique la sanción que estime adecuada dentro de las contempladas en nuestro Código, sin perjuicio de las acciones penales que desde ya anuncio entablaré en la Justicia Ordinaria, por los delitos de injurias graves y calumnias, proferidas con publicidad.

Informo a ustedes que me propongo darle toda la publicidad que pueda a este escrito, a fin de reparar en parte la monstruosa injusticia que se ha cometido con El Siglo, así como el daño que le ha inferido a su imagen y prestigio esta campaña odiosa, histérica y mendaz, prohijada por motivos que sus autores cargan en sus conciencias, pero que en todo caso se apartan radicalmente de la limpia historia acreditada por El Siglo en sus 65 años de lucha.

Eventualmente puede resultar positivo que la opinión pública conozca las condiciones económicas y materiales con que se desenvuelve el semanario, las mismas que a otros harían claudicar. Pero, contrario al objetivo que buscan los autores de la campaña, dichas condiciones, en lugar de representar un motivo de escarnio, enaltecen a los que permanecen en la lucha para sostener la trinchera; lucha que en función del pluralismo, debería ser apoyada por el Colegio de Periodistas, y no a la inversa, como hace su actual Presidente.

Distinguidos Presidente y miembros del Tribunal:

Esta no es la primera crisis o embate que El Siglo ha experimentado en su larga y honrosa trayectoria. Las ha superado apretando los dientes y el paso, acerando la voluntad y acrecentando la determinación de superar los obstáculos para continuar con la tarea.

Los que hoy cargamos con la responsabilidad, esperamos estar a la altura de esa tradición. Podemos asegurar que al menos en lo que de nosotros depende, El Siglo no terminará, y en todo caso no por este enojoso episodio, que dentro de poco será sólo un pálido recuerdo, mal que le pese al Presidente del Colegio de Periodistas.

Pero no he concurrido a este Tribunal para que juzgue intenciones o motivaciones políticas, sino para que pedir que sancione a un miembro de la Orden, que transitoriamente desempeña la Presidencia, por una falta ética efectivamente cometida, consistente en imputaciones torpes e irresponsables, carentes de los más elementales medios de prueba, que no sólo atropellan en el fondo y en la forma claras disposiciones del Código de Etica del Colegio de Periodistas, sino que lesionan gravemente la honra de uno de sus integrantes. Aún más importante, la sanción solicitada repararía en parte la injusticia cometida contra una publicación que la merece menos que ninguna.

Los saluda atentamente.

Francisco Javier Herreros Mardones

Director semanario El Siglo

RUT: 4.778.387-9

Ayuda: A las Organizaciones de DD. HH.

Ex PP, Sociales y Sindicales.

LA INFORMACIÓN ESTA

EN LOS PRINCIPALES

DIARIOS DE EUROPA

MISIA BACHELET SIGUE MINTIENDO, NIEGA LA EXISTENCIA DE PRESOS POLÍTICOS Y SE LLENA LA BOCA CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA; PERO TODO ES MENTIRA.

EN EUROPA LA PILLARON Y YA SABEN QUE ES METIROSILLA

Lea este exto difundido por Política Cono Sur:

LA LARGA MANO DE LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE LLEGA A ITALIA:

Mujeres Mapuche detenidas en Italia antes de manifestar contra Bachelet


Roma.- La policía italiana detuvo a la documentalista mapuche Jeannette Paillán minutos antes de la llegada de la Presidenta Bachelet a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Roma, a las 10 de la mañana del 16 de octubre para impedir la realización de una protesta por la libertad de los presos políticos mapuche.

Esta práctica de “limpieza preventiva”, es común en Chile donde para marchar, por ejemplo frente a La Moneda o por la Alameda, se debe pedir permiso, de acuerdo a leyes impuestas por la dictadura y aún
vigentes.

Fred Bennett, cuñado del sacerdote desaparecido Miguel Woodward fue detenido y agredido por carabineros este año en las afueras de la catedral de Santiago, el día del Tedeum de Fiestas Patrias, cuando esperaba entregar una carta a la presidenta. Sin embargo las detenciones sin mediar explicación ni diálogo no son tan comunes en Europa.

Las organizaciones mapuche del exterior, representadas por Reynaldo Mariqueo, de Enlace Mapuche Internacional (Inglaterra), Jorge Calbucura, de Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, (Suecia),
Rodolfo Vejar, de Mapundial (Holanda) Millaray Waikian, de Aukiñ Wenteche (Suiza), y Gaston Lion (Comité Belga-América India (Bélgica), denuncian en una declaración pública dada a conocer el 17
de octubre, que ello se debe a recomendaciones emanadas de la propia Embajada chilena a los servicios de seguridad italianos sobre el trato a los simpatizantes de la causa mapuche acorde a su condición de potencial peligrosidad.

Agresión a la libre expresión

La policía introdujo rápidamente en vehículos civiles a la realizadora audiovisual (ganadora del Primer Premio Festival de las Naciones de Canadá por “Wallmapu”), y a otra activista que también portaba pancartas por la libertad de los presos políticos mapuche y las condujo a recintos policiales donde fueron amedrentadas verbalmente para ser posteriormente liberadas.

La acción policial fue denunciada por las organizaciones mapuche del exterior como “una provocación y abierta agresión a la libre expresión cultural y democrática” e hicieron notar el contrasentido de la detención de una documentalista cuando la Presidenta Bachelet inaugurará en su visita un Festival de Cine Chileno e incluyó en su delegación a los cineastas Silvio Caiozzi, Boris Quercia, Luis Vera y Rodrigo Sepúlveda.

La declaración de protesta demanda además una reacción del gobierno y de los colegas de Paillán, e incluye fotos del incidente policial.

Estas organizaciones ya habían convocado a una Jornada de Solidaridad Internacional con el Pueblo Mapuche que se efectuará el próximo 26 de octubre.

La movilización solidaria contradice asimismo las declaraciones de la Presidenta Bachelet negando la existencia en el país presos políticos mapuche.

Han sido dos mujeres, la lonko Juana Calfunao y su hermana las que con una huelga de hambre de más de 63 días refutaron en la Cárcel de Temuco esas afirmaciones, logrando amplia solidaridad internacional y un pronunciamiento público del ex Juez Juan Guzmán, reconociendo su condición de presas políticas luego de visitarlas en prisión y conocer también su comunidad de origen.

Luego de las públicas declaraciones del magistrado, conocido a nivel mundial por haber investigado los crímenes de Augusto Pinochet, y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, las mujeres depusieron el 12 de octubre su huelga considerando alcanzado su objetivo.

Sin embargo, el 10 de octubre, en la cárcel de Angol (Novena Región) y en El Manzano (Concepción, Octava Región) otros seis prisioneros mapuche Patricia Troncoso, José (Juan) Millalen, Héctor Llaitul, José Huenchunao y Jaime Marileo, e Iván Llanquileo, iniciaban una huelga de hambre.

Esta vez las demandas son la desmilitarización de las zonas en conflicto por las recuperaciones de tierras usurpadas, actualmente reprimidas en forma sistemática, y la libertad de todos los presos políticos recluidos en penales de Angol, Temuco, Traiguén, Concepción (El Manzano), Santiago (Cárcel de Alta Seguridad), Victoria, Lautaro y Nueva Imperial.



Ver entrevista a Jeannette Paillan sobre cine mapuche en

A CONFESIÓN DE PARTE

RELEVO DE PRUEBAS

NOTA DE MAXIMO KINAST: Mis comentarios van en rojo. El discurso del defensor del asesino de su propio padre y actual Presidente del Senado de Chile va en color negro.

El viaje que hice esta semana a Italia, accediendo a una invitación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que la acompañara en su visita de Estado a ese país y al Vaticano, me permitió ver de cerca los distintos acontecimientos políticos que se están viviendo en Europa.

Pero Grullo no podría haber dicho una perogrullada mayor.

Principalmente, en Roma aún es motivo de comentarios la aplastante victoria –con el 74,6 por ciento de los votos- del actual alcalde de esa ciudad, Walter Veltroni, en las primarias del Partido Demócrata, que actualmente ostenta el poder en Italia. En estos comicios participaron alrededor de 3 y medio millones de personas, pese a que se trataba de una elección de carácter interna.

No me salen los números, porque en Roma sólo hay

Población: 2.823.723 2004

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Roma

Pero, bueno, por un millón de votos de diferencia no voy a discutir.

Este sólo hecho nos deja importantes enseñanzas para nuestra propia realidad, especialmente para el sistema de partidos políticos que impera en Chile. En primer lugar, refleja la necesidad de promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Esto es verdad, pero dicho por Frei es una sinvergüenzura. Seamos claros ¿Por qué no lo dijo cuando fue Presidente? ¿Quién, sino la Concertación, es culpable de mantener ausentes a los ciudadanos de los asuntos públicos? ¿Por qué cuando fue Presidente no le dio el derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero?

Al respecto, nosotros en vez de evolucionar estamos retrocediendo. Es cosa de ver la forma en que nuestros partidos eligen a sus candidatos a cargos de representación popular. Generalmente, estas decisiones se adoptan entre cuatro paredes por un círculo cerrado de personas, con lo cual lo único que conseguimos es reducir aún más nuestro electorado.

Esto es una verdad absoluta, y a confesión de parte, relevo de pruebas. Más aún si el que confiesa es uno de los hechores del desaguisado. En España a esta clase de gente se le llama caradura.

Por eso reitero el llamado que hice hace algunos días en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana: uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es reivindicar la política democrática, que es la piedra angular de nuestra construcción de futuro.

Claro que sí. En Chile no hay democracia desde el 11 de septiembre de 1973. Y si no ha habido en los últimos 17 años es porque a los inverecundos políticos de la Concertación le convenían las leyes -en fondo y forma- de la Dictadura. Como ahora se les está acabando el negocio, se empiezan a volver democráticos. En el fondo, lo que hay detrás de estas declaraciones no es un deseo sincero de rectificar, sino lo que quiere este desvergonzado es volver a ser Presidente de Chile para seguir activando sus negocios en el puerto de Mejillones.

Precisamente, el rol que hoy están cumpliendo los partidos es una de las principales fuentes del desprestigio que afecta a la actividad política. La ciudadanía los ve como organizaciones manejadas por un círculo reducido de personas que está más preocupado por sus intereses corporativos y no por el país; como un grupo desconectado de las preocupaciones de la ciudadanía; y como entidades afectadas por prácticas dañinas como el cuoteo político y la corrupción.

El desprestigio empezó con los Pactos Secretos para hacer la transición. El desprestigio se lo ganaron por engañar al pueblo, por no juzgar ni condenar al Innombrable, por bajarse los pantalones ante los uniformados, por usar la investidura para chupar del bote. Y se equivoca en la forma que los ve la ciudadanía. No los ve como 'como un círculo reducido de personas que está más preocupado por sus intereses corporativos y no por el país'. No, señor Frei, ahí se equivoca. La ciudadanía los ve como una banda de mafiosos, privatizadores (que es sinónimo de ladrones) y como destructores de glaciares y genocidas del pueblo mapuche y encubridores de los nombres de los torturadores. Ustedes son un peligro para Chile.

Bajo este panorama, nadie se puede extrañar de que los chilenos se sientan lejanos a la política y que predomine en ellos la apatía e indiferencia, o que los jóvenes ni siquiera se inscriban en los registros electorales y que un número significativo de los que están inscritos no concurran a votar.

¡Eso! Eso es lo que pasa, y de gracias a su buena suerte que la reacción sea de apatía y no de rabia.

Prestigiar la política es esencial para el desarrollo de nuestro país y para el futuro de la democracia, pero para lograrlo es esencial de dotarnos de instrumentos que favorezcan la participación de la gente. Y por ello, pienso que debemos darle una nueva Constitución Política a Chile.

Exacto, hay que dar una Nueva Constitución a Chile. En eso estamos de acuerdo. ¿Por qué la maquillaron y no hicieron una nueva, con el inverecundo Ricardo Lagos? Me temo que usted piensa a lo Gato Pardo: 'Para que todo siga igual, todo debe de cambiar'

Si realmente le interesa Chile, si quiere a su país, váyase a su casa y deje paso a nuevas generaciones, que ustedes están quemados por sinvergüenzas. ¿Me ha comprendido la indirecta? Se la mandé suavecita.

El país necesita una Constitución democrática, con confianza en la libertad humana y sin miedo a la política. La ciudadanía aspira a que el país tenga un sistema político abierto y no limitado a un grupo de privilegiados, inclusivo y no excluyentes, que incentive la participación en vez de la indiferencia, y que exprese fielmente la soberanía popular.

Imposible estar más de acuerdo con lo que usted dice. Ahora haga algo consecuente con lo que dice: ¡¡VÁYASE A SU CASA!!

Por el contrario, hoy tenemos una Constitución heredada de la dictadura que es una camisa de fuerza para nuestra pretensión de tener una democracia amplia y plena. La hemos reformado una y otra vez, pero seamos claros la eliminación de los enclaves autoritarios no soluciona el problema ni tampoco la valida ante la ciudadanía.

¡Qué güeno que cachó la onda! ¡Al fin le cayó la teja! Pero, oiga Usted, Mr Frei ¿Me va a decir que esto no lo sabia cuando fue Presidente? Todos sabemos que usted es el hijo tonto de Don Eduardo, tonto, pero no tanto, digo yo. Pa mi que usted sabía lo que tenía que hacer cuando fue Presidente y no lo hizo de puro inverecundo que es.

Eso, no tenga miedo a los que estamos cabreados con ustedes. Responda, atrévase, le doy espacio en mi blog (que vale tanto o tan poco como el portal del Ejército de Chile). O escriba a El Clarin, si se atreve. Si quiere que la gente participe, ¿Por qué no le devolvió El Clarin a sus legítimos dueños? ¿Por qué su gobierno no invirtió en publicidad en Rocinante? ¿Por qué dejó que se muriera el 7+7 si era de democristianos? ¿Desde cuando le ha venido entusiasmo por 'una democracia en serio'? Mire que le gustó harto ser Presidente de una Democracia chuecha, recortada ¿o se dice tutelada?.

La madre del cordero es que usted se quiere repetir el plato, aunque deba fungir de demócrata, como hizo el Innombrable (se convirtió por unos días en el Abuelito de Heide y posó de demócrata para el plebiscito). No me extrañaría que usted siga los pasos de su defendido.

CONCLUSIÓN: A veces hasta los más malvados e inverecundos pueden decir cosas buenas; pero lo que vale para conocerlos son sus obras. Las que hicieron y las que no hicieron pudiendo hacerlas. Palabra de Dios en boca de un ateo. Cristo fue el de la idea de que los árboles se conocen por sus frutos.

Por Manuel Guerrero Antequera

A más de tres décadas del golpe militar, y habiendo ya ocurrido la muerte natural del dictador, el sistema político chileno continúa atravesado por un sin fin de discusiones respecto a la violencia política que se desarrolló en Chile, particularmente en lo que respecta a si se justifican o no las
prácticas llevadas a cabo por agentes del Estado en dictadura, relativas a la desaparición forzada de personas, ejecuciones, tortura y maltrato en las cárceles.

A pesar que de modo sorpresivo se han podido conocer posturas extremas que reivindican el “conjunto de la obra” de Pinochet, ya sea porque evitó “una segunda Cuba” o porque se trató de un "costo de la modernización del país para instaurar un modelo económico exitoso y modernizar al Estado”, afortunadamente son cada vez menos los que estarían hoy dispuestos a defender, al menos en el espacio público, el terrorismo de Estado.

Sin embargo, por momentos queda la sensación que con la muerte del tirano los temas relacionados con las violaciones a los derechos humanos en general, y de verdad y justicia, en particular, quedarían superados por efecto automático, lo que constituye un craso error de cara a las medidas concretas que no se deben dejar de tomar en forma permanente para asegurar que la retórica del “nunca más” pueda ser más que discurso ideológico, y se convierta en práctica permanente de parte de las instituciones del Estado.

Para ello, un aspecto importante es hacer frente a que el horror que como sociedad debimos atravesar en dictadura no fue llevado adelante por seres anormales, sino por personas comunes y corrientes, por funcionarios que justificaron su accionar en el hecho que obedecían órdenes. Aceptar esta triste y dura verdad, que los represores, los asesinos y torturadores fueron gente en su mayoría normal, como cualquiera de nosotros, es la única manera de poner en presente lo que nos ocurrió ayer y que, de no mediar acciones en contrario, vuelve a ocurrir.

Desde luego no se trata que como sociedad vivamos en el permanente temor a la repetición fatal del terrorismo de Estado, sino por el contrario, asumir que en las violaciones a los derechos humanos no hubo nada de predestinación en juego, sino condiciones de posibilidad que permitieron que personas normales practicaran terror sobre personas normales, sobre los cuerpos y derechos de sus semejantes.

Así, tal como resulta aberrante la conversión de la víctima en responsable de la tortura a la cual fue sometida, operación ideológica que llevó a que chilenos y chilenas fueran reducidas por la prensa nacional a que “fueron exterminadas como ratas”, también resulta un error la demonización del otro
que reprimió, consideración que no tiene ninguna relación con promover que quienes cometieron actos criminales sean juzgados y debidamente sancionados y castigados.

Es preciso entender que no existió una psicología o biotipo propio de los represores de parte del Estado dictatorial –nadie nace torturador o asesino-, como tampoco es dable afirmar que el placer de
humillar y destruir forman parte natural de la condición humana. Los represores y torturadores no fueron ni excepciones ni fieles exponentes de una supuesta naturaleza humana. Del mismo modo, quienes fueron objeto de tortura tampoco eran seres extraterrestres, sino gente de condición diversa,
hombres, mujeres y niños, comunes y corrientes, pobladores, trabajadores, estudiantes, profesionales y artistas.

Pero, si esto es así, ¿qué es lo que dio pie a la represión brutal que hemos descrito socialmente como “violaciones a los derechos humanos”? En las investigaciones que se llevan a cabo en temas vinculados a la violencia política y la memoria social, se ha avanzado en concluir que el terror
practicado es multicausal, donde la personalidad de los individuos juega sin duda un papel, pero no es el único ni el principal.

Determinados contextos históricos y fondos ideológicos concretos sirven de telón de fondo para que emerja la práctica de la aniquilación del otro, en los que pareciera que desaparece la responsabilidad de los agentes morales frente a los actos de violencia que realizan, bien sea porque consideran que lo que hacen es legal, o por cuanto no se atreven a ir en contra del mandato de la ley que dicta la situación histórica concreta.

A ello se suma la sumisión del funcionario al interior de una institución total, como el ejército, en la que se exige y cultiva la disponibilidad absoluta del individuo a la institución de diseño jerárquico piramidal, donde el valor fundamental es la obediencia y la lealtad irrestricta a la autoridad, que lleva a la suspensión del intelecto como le llamaba Weber, y donde el estímulo hostil proveniente de procesos de subvaloración de la víctima – a quienes reprimo no son personas, sino “ratas”, “cáncer a extirpar”, “televisores a trasladar”, “paquetes a botar”-, se suma a procesos de sobrevaloración de la misma –a quien encierro y torturo es “agente de fuerzas poderosas”.

Tal configuración, entre otros aspectos, tuvo en dictadura por consecuencia que seres humanos normales pudieran cometer actos como los de tortura contra otros seres humanos. Quienes forman parte de esta socialización, donde el otro ya no es un semejante sino un subhumano o un sobrehumano, desatan todo “el mal” que conocemos como violaciones a los derechos humanos por
realizarlo con recursos o en dependencias del Estado. Desde esta lógica, por ejemplo, funcionarios del Estado vertieron bencina y prendieron fuego sobre una pareja de “antisociales”, muriendo bajo las llamas el joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y quedando lesionada para toda la vida Carmen Gloria Quintana.

¿Pertenecen estos crímenes a un tiempo pretérito? Sí, forman parte de la dictadura que colectivamente supimos derribar. Pero ¿las condiciones que posibilitaron tales aberraciones –el fondo ideológico, las instituciones totales jerárquicas, la suspensión del intelecto del funcionario ante las
órdenes superiores o del reglamento, la subvaloración y sobrevaloración de la víctima, entre otros- desaparecen por el hecho que nos encontremos en democracia? No, necesariamente. Si no ocurren transformaciones profundas a nivel de las instituciones del Estado, fundamentalmente las que tienen el monopolio de la violencia, estas lógicas pueden mutar en cuanto a contenidos, pero pueden seguir operando bajo formatos distintos, sobre cuerpos diferentes. Si ayer se trataba del "subversivo", la lógica aniquilante, que no ve en el otro a un semejante, puede trasladarse a un extranjero, al "delincuente", a otro grupo social.

Cuando uno observa que en democracia jóvenes son obligados a marchar a la nieve y mueren en Antuco por obedecer órdenes de sus superiores en el Ejército, y como diez menores de edad mueren calcinados encerrados en una cárcel de Puerto Montt, a cargo de Gendarmería, y se responsabiliza de su muerte a ellos mismos, es como vivir una experiencia de déja vu. Pues no olvidemos que ambas son instituciones del Estado que controlan el uso de tiempo y espacio de las personas a su cargo, y que tienen que garantizar su derecho a la vida e integridad personal.

¿Por qué mueren estas personas, bajo qué lógicas y argumentos se justifican estos sucesos de parte del Estado? ¿Porqué ocurren, porque no se previenen, porqué persisten? ¿Qué socialización están teniendo los funcionarios que no son capaces de evitar que estas situaciones se den? ¿No tienen los recursos, las falta la formación, es un problema de voluntad política?

Porque estamos en democracia y no en dictadura. Y de suponer que ahora el Estado democrático no ha olvidado que los “pelaos” y los “cabros narcos” son seres humanos, de igual valor que el funcionario estatal que los controla. Porque presumimos, además, que la defensa de los derechos humanos que el gobierno chileno busca promover desde instancias internacionales es para todos y todas, no solo para quienes fuimos víctimas de las violencias de la dictadura, sino también para quienes padecen las violencias de la democracia. Sería más pertinente dejar de esmerarse por enseñar a otros países lo mucho que ha avanzado Chile, y preocuparse más de que compatriotas están siendo convertidos en infrahumanos que mueren, sin odio y sin amor, en la nieve ardiente de las instituciones del Estado. Muéstrame tus cárceles y te diré quien eres, partamos por casa mejor.

http://manuelguerrero.blogspot.com
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Saludos,
Manuel.

"...cuando alguien dispara

contra un trabajador

se está disparando contra Chile"

Por Héctor Vega*

Fuente: Fortín Mapocho

Difundido por Política Cono Sur

Cuando la Presidenta Bachelet asistió a la Capilla ardiente del cabo segundo Luis Moyano dijo tener mucha rabia por su muerte. Agregó que "cuando alguien dispara contra arabineros de Chile se está disparando contra Chile". Algo parecido se dijo con la muerte del cabo Cristián Vera, cuando los hechos del 11/09. Sin embargo, no he escuchado a ningún político decir: "que cuando alguien dispara contra un trabajador se está disparando contra Chile".

Como primera reacción, la derecha, ha propuesto mano dura, elevar las penas y en nombre de la "seguridad ciudadana" dotar de nuevos elementos a la policía.

Rodolfo Stange, ex general director de Carabineros en un lenguaje sin rodeos y que devela las verdaderas intenciones de la derecha dura, propuso restituir la detención por sospecha y lamenta que no exista la pena de muerte. Textualmente agrega que "esta sociedad no está acostumbrada a tener tanta libertad sin castigo". "Me trae al recuerdo lo que sucedió el año 80' en que en esta misma época, digamos estival, tuvimos muchos asesinatos de Carabineros por gente que no quiere tranquilidad, no quiere orden".

La clase política no ha perdido su tiempo en ver las verdaderas causas de la violencia. Nadie mencionó el sistema, ni las desigualdades, ni la falta de oportunidades que crea. Todo se mantiene incólume porque lo que falla no es el sistema sino ciudadanos de mala voluntad e incapaces de entender sus bondades. Por eso es necesario aplicar mano dura para que todos marchen según el ritmo que conviene.

En Chile el itinerario de la violencia en la época republicana es largo. En los períodos más negros de su historia, la Policía y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión a la clase trabajadora. Pero, la lucha social nunca se detuvo; por el contrario, siempre surgieron quienes reemplazaron a los caídos.

Recordemos a comienzos del siglo XX durante el gobierno de Germán Riesco, la masacre de los trabajadores portuarios de Valparaíso en 1903; luego en 1905, la llamada Semana Roja contra manifestantes en Santiago; la represión de los ferrocarrileros de Antofagasta en 1906; la carnicería de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 cuando murieron cientos de trabajadores del salitre; la matanza obrera de Puerto Natales, movimiento liderado por los trabajadores de los Frigoríficos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego [1919]. El incendio de la Federación Obrera de Magallanes, hecho ocurrido bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes [1920].

Recordemos aún, las masacres de obreros salitreros de San Gregorio [1921]; la Marusia [marzo de 1925] y La Coruña [junio de 1925]; la masacre de los campesinos y obreros forestales de Ranquil en el alto Bío-Bío [1934]; la represión desatada contra el movimiento obrero bajo el gobierno de Gabriel González Videla [1946-1952] con relegaciones y campos de concentración, siendo el más célebre el de Piragua; la matanza de Plaza Búlnes, contra un mitin convocado por la Confederación de Trabajadores de Chile, el 28 de Enero de 1946; la revuelta contra las micros donde cayeron asesinados por carabineros 30 personas durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo [1953-1959]; la masacre de pobladores de la Población José María Caro, durante el gobierno de Jorge Alessandri [1963]; la masacre de trabajadores de El Salvador, baleados por el ejército con balas de guerra que traspasaron las calaminas de la sede sindical, tras las cuales se refugiaban los trabajadores; represión y muerte de los pobladores de Pampa Irigoyen en Puerto Montt. Todo ello bajo el gobierno del demócrata cristiano, Frei Montalva [1964-1970].

Durante la dictadura fue un ejercicio sistemático, el asesinato, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el desaparecimiento de trabajadores, opositores y militantes de izquierda, detenciones arbitrarias y selectivas, allanamientos masivos, secuestros y relegaciones…

Bajo el gobierno de Aylwin, Marco Ariel Antonioletti, militante del Mapu-Lautaro, fue buscado y baleado por la policía, en la casa de Juan Carvajal Trigo, periodista de Fortín Mapocho. Belisario Velasco -a la sazón subsecretario del Interior- ordenó su detención. La crónica de la época recuerda que Marco estaba desarmado y que era innegable que la aplastante desigualdad de fuerzas permitía detenerlo con vida. Sin embargo, Ariel fue asesinado de un balazo en la frente, probablemente un tiro de gracia. Ninguno de los policías fue herido en la acción.

Bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Claudia López cayó bajo las balas de carabineros durante una manifestación de pobladores en la población La Pincoya [1998]; en Arica corrió la misma suerte el estudiante Daniel Menco en diciembre de 1999.

Durante el gobierno de Bachelet, en la huelga de los trabajadores forestales de Arauco, el obrero Rodrigo Cisternas Fernández cayó bajo las balas de carabineros [mayo 2007]. Hechos ampliamente documentados y difundidos por la Organización Mundial Contra la Tortura [OMCT], que en declaración pública recuerda el deber de las autoridades chilenas de garantizar que toda operación policial contra manifestantes respete las normas internacionales de derechos humanos especialmente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Pero también hay hechos que repudian la conciencia republicana. La inmolación del militante del Partido Comunista, Eduardo Segundo Miño Pérez frente a La Moneda, protestando por el "maltrato y engaño a que son sometidos por la Mutual de Seguridad y sus médicos", a quien acusó de maltratar a los trabajadores enfermos, pacientes de asbestosis y engañarlos. Miño, en un mensaje póstumo, denuncia a la Industria Pizarreño, "por no haber protegido a sus trabajadores y familias del veneno del asbesto". Su protesta, fue contra "los grandes empresarios culpables del drama de la cesantía" su acto, expresa, es "una forma de protesta última y terrible, que la hago en plena condición física y mental".

Esta ya larga lista de violencia demuestra las verdaderas causas de lo que ha querido ser reducido a un problema de delincuencia. Cuando Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Ricardo Lagos negociaron con Pinochet las ciento y tantas leyes secretas destinadas a perpetuar el sistema neo-liberal impuesto por la dictadura, y la Constitución que los consagraba, estaban dando una cobertura legal a la gran humillación que durante 16 años de dictadura vivió el pueblo de Chile. Mientras esos 3 negociaban, el pueblo que había luchado en las calles, que contaba sus caídos, quedaba al margen de toda decisión. Método que con el correr de los años se transformaría en norma de gobierno: la exclusión.

Esa es la causa fundamental por la cual los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos estuvieron amarrados al sistema político, económico y social del pinochetismo y ahora con algunas variantes el de Bachelet. En ese contexto, ninguna Comisión ni actividad ciudadana –métodos privilegiados por la presidenta– podrá restablecer la dignidad de un pueblo permanentemente humillado: humillado en el transporte; en las colas de la salud; en la desigualdad ante la educación; en la vivienda; en las remuneraciones; en las posibilidades de acceso a una vida mejor; engañado en un "chorreo" que todos saben que nunca llegará; en fin, pueblo desengañado de promesas que nunca se materializaron.

No se puede enmendar rumbos sin antes desactivar las ataduras a la democracia, desterrar de la vida pública los escándalos del poder político y la prepotencia de los empresarios. Bajo el sistema actual, NO puede haber seguridad ciudadana, porque ella emana del mismo pueblo que hoy es testigo pasivo de acontecimientos sobre los cuales no tiene ningún poder de decisión.

La policía actual es un mecanismo de represión de intereses, no es un órgano de la institucionalidad republicana. Falta para ello, la sanción de un pueblo organizado en los barrios, en sus lugares de trabajo, en fin, dispuesto a tomar su destino en sus propias manos. El poder político actual carece de legitimidad real. Sus actos, sus discursos están rodeados de formalidades carentes de contenido. Las palabras, no sólo de la Presidenta, sino del conjunto de la clase política, se van con el viento que las difunde. Porque representan apenas al "Club de los 200", que manda y orienta la vida de los 15 millones de chilenos que habitan en el territorio nacional.

No olvidemos que durante 16 años, las Fuerzas Armadas, fueron la columna vertebral de la violencia en Chile. No son las declaraciones, ni las ceremonias formales las que restituirán la verdad y la justicia sobre los hechos pasados. Es una herida no cerrada y lo será mientras no exista la institucionalidad republicana que así lo garantice.

No olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas en Chile y que en virtud de ello son responsables de su uso ante la ciudadanía.

Ni las autoridades civiles ni las Fuerzas Armadas han dado un primer paso que indique al pueblo de Chile que se ha restablecido la institucionalidad republicana en Chile.

Más aún, para aquellos que aún no lo han entendido. Ese primer paso emana del poder civil, no del poder militar pues aquel recibe el mandato popular para ejercerlo. Del poder civil debe surgir la iniciativa para que exista una Constitución realmente democrática, real equilibrio de poderes, justicia creíble y no una caricatura como la actual, justicia social y fin de los privilegios.

No habrá paz ni concordia, ni reconciliación de los espíritus sino cuando en virtud de las fortalezas y virtudes republicanas nunca más las armas se vuelvan contra los mismos que las entregaron -en un gesto cargado de simbolismos- a los cuerpos armados de la República para el resguardo y protección de la soberanía externa e interna de la Patria. No olvidemos que el control sobre las armas, hoy en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, proviene de los fundamentos mismos de la democracia que se basa en el restablecimiento de la Soberanía que en último término emana del pueblo.

* Director de Fortín Mapocho. Preside el Movimiento de Saneamiento Político y Social

23/10/07

CORTE SUPREMA ANULO PROCESO

CONTRA CLAN PINOCHET

Enviado por: Patricia "Ardilla" Parga

Difundido por Política Cono Sur Nº 2146

Fuente:

www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=9066&Itemid=45

Corte de Apelaciones anuló proceso contra el clan Pinochet

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de amparo presentados por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, y sus hijos Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline, procesados junto a otras 18 personas por el delito de malversación de caudales públicos en el denominado caso Riggs, informó Radio Cooperativa. De esta forma, el único familiar de Pinochet que permanece procesado es su hijo Augusto, quien no recurrió contra el dictamen del juez Carlos Cerda.

Ante la decisión, adoptada los jueces Juan Eduardo Fuentes, Dobra Lusic y Mauricio Silva, el abogado querellante Alfonso Insunza adelantó una apelación ante la Corte Suprema.

Asimismo, se acogieron los amparos del ex procurador general Ambrosio Rodríguez; el ex albacea de Pinochet Oscar Aitken y el general en retiro Guillermo Garín Aguirre.

También fueron anulados los autos de procesamiento de José Hernán Sobrazo Poblete, Sergio Moreno Saravia, Jaime Enrique Lepe Orellana, Héctor Guillermo Letelier y Juan Fernando Romero Riquelme.

La medida se extendió, por oficio, a Patricio Madariaga Gutiérrez, hermano de la ex ministra Mónica Madariaga, y el coronel activo Mortimer Humberto Cofré.

Los únicos recursos rechazados fueron los interpuestos a favor de Gustavo Osvaldo Collao Lira y Eduardo Fernando Castillo Cádiz.

NOTA DE MAXIMO KINAST: Siento asco por los momios inverecundos que integran la Quinta Sala de la Corte Suprema de Chile. Una vez más se han burlado de la Justicia.

El abogado Eduardo Contreras expresa y fundamenta doctamente su opinión en este artículo difundido por Pedro Alejandro Matta:

FALLO DE LA QUINTA SALA ES EQUÍVOCO Y SIN FUNDAMENTO LEGAL

Eduardo Contreras, Abogado

La resolución de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 del presente mes de octubre que acogió la inmensa mayoría de los amparos presentados por los Pinochet y su círculo más estrecho dejando sin efecto los procesamientos por el delito de malversación de caudales públicos y que además, por iniciativa propia, obsequió otras 2 revocaciones de procesamiento ni siquiera solicitadas, aparece ante los medios judiciales y entre los hombres y mujeres de Derecho, como un fallo equívoco, sin fundamento legal, y que evoca motivaciones no jurídicas.

En efecto, el día 4 de este mismo mes el juez Carlos Cerda procesó a 23 personas, un grupo que hasta pudo considerarse una suerte de verdadera asociación ilícita, como autores del delito de malversación de caudales públicos en una sentencia seria y fundada, apoyada en una exhaustiva investigación y en informes técnicos y científicos de centenares de páginas, producto de la policía especializada. El intenso trabajo investigativo no pudo ser destruido a pesar de todas las maniobras procesales y resquicios empleados por los asesores de los Pinochet y que han apuntado desde el comienzo a tratar de sacar del proceso al juez Carlos Cerda con todo tipo de pretextos, todos falaces, sabedores como son que Cerda es de esos jueces, no abundantes, decididos a cumplir con su deber y su vocación de establecer la verdad y aplicar las sanciones que corresponda.

Procedencia de los amparos

Luego de la detención y notificación de los procesamientos, absolutamente realizados dentro de los marcos legales, el juez dispuso posteriormente la libertad provisional de los implicados. Este hecho significaba en la práctica, de haberse respetado la Constitución y las leyes, que se caían los amparos. Ya no había detenidos y toda discusión en ese escenario se tornaba improcedente. Pero, claro está, hay que contar que con los Pinochet en tribunales suele suceder algo que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Porque la vía del recurso de amparo, históricamente establecido con un fin específico y determinado, no es la vía idónea para discutir el fondo. No es la sede para pronunciarse acerca de los autos de procesamiento. Así lo ha resuelto invariablemente nuestra Excma. Corte Suprema, la que, dicho sea de paso, tiene ahora una magnífica ocasión para dejar las cosas en su sitio cuando conozca de la apelación contra el sorprendente fallo de la quinta sala. Es más, en círculos de tribunales se suele hablar de la “doctrina Chegneaux”, aludiendo a la persona del ministro que presidió la sala penal de la Corte Suprema que ha sido categórica en mantener la imposibilidad de abatir una decisión de procesamiento por la vía excepcionalísima del recurso de amparo, concebido para fines diferentes, cuando las partes tienen el recurso de apelación como la vía idónea para impugnar dicha decisión.

Así había sido siempre, hasta ahora, en que el peso de los Pinochet y de su círculo de hierro hace posible un fallo distinto en que se anula procesamientos por una vía no destinada al efecto. Esta sola circunstancia nos lleva a afirmar que el fallo de la quinta sala es equívoco, errado y sin fundamento legal y rompe la igualdad ante la ley pues a nadie más que no sean estos personajes privilegiados se le concede el revocamiento de un auto de encausamiento por el camino del amparo. El momento procesal jurídicamente válido es sólo el de la vista del recurso de apelación

Los supuestos “errores” de Cerda

a) Indebido interrogatorio de los imputados: Uno de los fundamentos esgrimidos para dejar sin efecto la determinación del juez Cerda ha sido el que las declaraciones de los imputados no se hayan efectuado con las formalidades precisas. No es que no se hayan hecho, no es que no hayan declarado, sino que la forma no fue la adecuada, es decir que en lugar de pedirle al interrogado que declarara bajo juramento sólo se le debió exhortar a decir verdad.

Desde luego hay que recordar que en su propia sentencia el juez Cerda abordó esta circunstancia y advirtió que tal situación no le parecía “un escollo procesal insalvable” teniendo en cuenta que la defensa de los implicados en el delito había afectado el curso normal de la investigación habida consideración de las reiteradas suspensiones del juez provocadas por los asesores de los culpables y que hay un principio rector de prontitud que obliga a los jueces a no retardar su decisiones como lo dispone el Código Orgánico de Tribunales y además la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por el Estado de Chile. Este principio sin duda alguna avala la conducta del magistrado, tanto más cuanto que, como ha quedado dicho, la defensa de los implicados generó lo que se conoce como “manifiesto retardo”. Todo lo cual la quinta sala olímpicamente ignora.

La larga suspensión de funciones del ministro Cerda no pudo ser reemplazada por la actuación del subrogante a la luz de lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal que limita absolutamente la actuación de dicho subrogante. Siendo así, el deber del juez al reasumir sus funciones, máxime si existía ahora un voluminoso informe técnico que probaba la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad que en ellos cabe a los implicados, era proceder con la máxima energía y rapidez. El bien jurídico en juego es nada menos que el interés y el patrimonio del Estado.Y es lo que hizo Cerda.

Pero es más, el magistrado estaba expresamente autorizado por la ley a hacerlo, porque ha de saberse que por mandato del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, paradojalmente invocado en sus considerandos por el lamentable fallo de la quinta sala que comentamos, se puede incluso omitir el tomarle declaración al imputado si el juez considera que está suficiente acreditada la existencia del delito y la responsabilidad de quienes aparecen como sus autores.

Síntesis: hubo declaraciones, el juez actuó con la oportunidad y prontitud que le exige la ley chilena y los tratados internacionales y, por si fuere poco, éste es un caso típico en los que la norma jurídica autoriza a prescindir de interrogatorios y declaraciones. En efecto, delito y participación estaban más que acreditados ya antes de octubre de 2007.

Sobre este punto de la garantía procesal relativa a la declaración indagatoria, digamos además que resulta irónico que la resolución que comentamos aluda a las normas constitucionales en materia de defensa de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, artículos 5 y 19 nº 3 y 7 de la Constitución Política vigente. Si hay a quienes se les ha respetado hasta la exageración el debido proceso y todos sus derechos procesales es precisamente a quienes están directamente relacionados con los principales violadores de los derechos humanos de toda la historia del país. Contrasentidos de nuestra sociedad.

b) delito exclusivo del funcionario público: El otro fundamento contra la decisión de don Carlos Cerda consiste en afirmar que el delito de malversación de caudales públicos es de aquellos llamados especiales propios, es decir con requisitos particulares que marcan su especificidad. En efecto en principio el sujeto activo sólo podría ser quien tenga la calidad de empleado público, pero, como todo en la vida, las cosas no se dan en blanco o negro y ello no es tan así.

Porque una visión así de inflexible se divorcia absolutamente del principio jurídico de la comunicabilidad, acogido por la doctrina penal y que en Chile tiene precedentes jurisprudenciales objetivos y que consiste, en esencia y con toda razón, en la indivisibilidad del título de incriminación. Y en el caso que analizamos hay procesados que tienen la condición de empleados públicos, por lo que es precisamente el caso. Esto significa que no puede una misma conducta constituír un tipo penal para uno de los partícipes y un tipo penal diferente para otros partícipes. El ilícito penal es uno solo. Un mismo hecho no puede ser homicidio para uno y robo para otro, por ejemplo. Y en este caso, para superar tal dificultad, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que la especificidad de la calidad de empleado público es por así decirlo traspasada, comunicada, a los copartícipes del delito.

Tanto es así que el propio fallo de la quinta sala discurre al respecto y expone resumidamente las diversas posiciones doctrinales y, repare el lector, comenta el fallo que este asunto doctrinal “no puede abordarse en una acción urgente y extraordinaria como la actual”. Sugestivo, no puede abordarse. Pero lo abordan y a favor de los Pinochet. De paso reconocen la calidad de “extraordinario” del amparo. Pero se pronuncian sobre el procesamiento.

Lo que viene

Desde luego habrá que esperar a lo que resuelva la Corte Suprema y en este orden de cosas lo probable será que se mantenga a firme la llamada “doctrina Chegneaux” en cuanto a la imposibilidad de impugnar los procesamientos mediante un recurso de amparo, teniendo la ley a favor de los procesados una sede especial habilitada al efecto. Si ello sucede así, como normalmente debiera ser, quedará sin efecto el fallo de la quinta sala y se mantendrán los procesamientos.

Por otra parte y tal como sucedió hace algunos años, pero entonces por la vía de la apelación, cuando la Corte revocó un procesamiento del juez Juan Guzmán a Augusto Pinochet por una supuesta falta de declaración indagatoria, el magistrado simplemente volvió a interrogar al imputado, hecho lo cual lo procesó y dispuso su detención.

Con lo que quiero hacer presente que este episodio judicial está muy lejos de haber concluido y que cabe esperar que finalmente los culpables sean condenados.

De no ocurrir así, el país estará notificado de la voluntad del sistema de poder actual en Chile en orden a “dar vuelta la página”, poner “punto final” y”mirar al futuro” que son los eufemismos más empleados para tratar de esconder la basura bajo la alfombra, y en este caso dar el perdonazo a quienes construyeron al margen de la ley una de las más impresionantes fortunas de la historia y en que se mezclan no sólo la malversación y la estafa sino el contrabando de armas y la incautación de valiosos bienes de los perseguidos de los primeros años de la dictadura militar. Piense el lector en la apropiación de recursos del MIR y del Partido Comunista, que ha sido confesada en los procesos judiciales por agentes de Pinochet.

No anular el fallo de la quinta sala que salva, por ahora, a los Pinochet, sería gravísimo pero a la luz de lo acontecido estos últimos años, aun abrigo la esperanza que se restablezca el Derecho y que la Corte Suprema sea consecuente con sus invariables resoluciones de los últimos diez años.