DECLARACIÓN PÚBLICA DE LOS MARINEROS Y CIVILES CONSTITUCIONALISTAS DE LA ARMADA DE CHILE DE 1973

Santiago, Diciembre Domingo 13 de Diciembre de 2009.

Para la Juventud, nuestros descendientes y los historiadores.

 

Eventos ocurridos, antes, durante y luego del Gobierno de la Unidad Popular; en 17 años de Dictadura y veinte años de un proceso de recuperación democrática marcado por un Consenso de Gobernabilidad.

Largo camino de una mentira y una manipulación histórica

Ahora en Diciembre de 2009, los marineros y civiles constitucionalistas de 1973, podemos asegurar que nos hemos visto forzados a permanecer relacionados con el pasado, porque hemos vivido en un proceso de violaciones a nuestros derechos humanos y de permanente injusticia, que se mantiene por más de 36 años.

En nuestro país hemos sido parte de una acción encubierta y de manipulación de la historia. A pesar que arriesgamos nuestras vidas por la Constitución de 1925, denunciando la preparación del Golpe de Estado de 1973, sin embargo hemos sido negociados e ignorados por quienes se beneficiaron por nuestra acción. Incluyendo José Goñi Carrasco, ex ministro de defensa (2005-2008) y actual embajador de Chile en Washington, Estados Unido.

Este fue un buen trabajo de contrainteligencia por parte de la Armada de Chile, para apoderarse del Poder Político, por eso se ha mantenido en la sociedad chilena, como el poder fáctico tras los poderes fácticos en nuestro país.

Este plan para derribar el sistema republicano asentado por la Constitución de 1925, fue desarrollado por la “Cofradía Náutica del Pacífico Austral” cuyos miembros, tanto dentro de ella o desde fuera del Gobierno, ocuparán cargos relevantes en la dictadura militar de Pinochet. Las reuniones conspirativas se efectúan en casa de cada uno de los miembros.

Todos, civiles como militares tendrán activa participación en la sedición contra el gobierno de Salvador Allende, en desatar el golpe militar y durante la dictadura militar. La coordinación de la intervención se centró en Valparaíso, como lo afirmaría después el general Carlos Prats en The Times de Londres: "Fue allí en Valparaíso donde los oficiales comprometidos en la conspiración se reunieron en secreto con un oficial de marines estadounidense, el mismo que después mantendría contactos con el almirante José Toribio Merino, Jefe de la Armada en Valparaíso e integrante de la primera Junta de Gobierno.” Ese hombre era el teniente coronel Patrick J. Ryan quien comandaba a los miembros de la Office of Naval Intelligence (ONI) de los Estados Unidos, que se encontraban en Valparaíso y tenían acceso a las dependencias navales chilenas.

La Cofradía Náutica, fue creada en 1968 entre otros, por Hernán Cubillos S., ex oficial naval y a esa fecha empresario, más los almirantes José Toribio Merino Castro, Patricio Carvajal Prado y Arturo Troncoso Daroch, además del ex oficial Patricio Kelly Vázquez y el ex infante de marina Vicente Gutiérrez relacionado con las brigadas operacionales de Patria y Libertad.

El dueño de la empresa El Mercurio, Agustín Edwards Eastman; sus asociados René Silva Espejo; Arturo Fontaine Aldunate, el economista Sergio de Castro Spíkula, a los cuales se agregaban otros civiles como Hugo León Puelma presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Julio Bazán presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile (Cuproch) y Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Se unirán a estos marinos y civiles, 10 economistas egresados de la Pontificia Universidad Católica, quienes preparan el plan económico “Ladrillo” de la Junta Militar. El modelo neoliberal imperante hasta el día de hoy en Chile. La primera reunión para elaborar el plan económico de la Armada y del golpismo se realiza con la mayoría de estos economistas, en agosto de 1972 en el Círculo Español, en Santiago.

Sin embargo, con un sesgo de cinismo y falsedad, el 8 octubre de 1973, fuimos acusados por la dictadura militar en las Naciones Unidas de Nueva York, en la voz del entonces canciller, vicealmirante Ismael Huerta Díaz, de ser los responsables del Golpe de Estado, porque “la ultraizquierda había infiltrado la Armada.” Éramos parte del Plan Zeta. Deseábamos tomarnos la Escuadra; matar a los oficiales y bombardear Valparaíso. Términos similares emitió en el Congreso de la República, el 12 de Diciembre de 2000, el senador Jorge Martínez Busch, ex comandante en jefe de la Armada (1990-1997).

Pero en 1991 la Corte Suprema libera a los supuestos cabecillas de dicha infiltración. Oscar Guillermo Garretón, secretario general del Mapu, fue exonerado de todo cargo judicial en nuestro proceso y en la actualidad es uno de los millonarios del país. Carlos Altamirano Orrego secretario general del Partido Socialista se le prescribieron sus responsabilidades. A pesar que ambos en agosto de 1973, según la Armada y la Prensa eran los responsables de la infiltración y que incluso luego del 11 de septiembre de 1973, se coloca precio sobre sus cabezas.

El marco político y jurídico sobre los cuales se detiene, procesa y condena a las personas acusadas en el proceso 3926-73, los marineros constitucionalistas, no correspondió a como se desarrollaron los eventos en aquella época. Fue justamente la parte acusadora quien estaba practicando el indebido: Conspiración y Sedición, por el cual fuimos torturadas e indebidamente procesadas. El conocimiento de las reales circunstancias que rodea dicho juicio nos lleva a tener más claro el rol que cumple la Justicia Naval y su Fiscalía militar, en esa época: Encubrir las acciones subversivas del Alto Mando, que concluyeron con el rompimiento del sistema democrático chileno en 1973.

Durante el curso de la detención, interrogatorios y encarcelamientos, los marineros y civiles acusados, fuimos flagelados y torturados, configurándose un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Porque además, estaba en contravención de estatutos y cartas constitucionales del Estado de Chile, desde su fundación como República. Como así también violando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.

 

Desde el mismo momento que el 6 de agosto de 1973 fue torturado el primer marinero en Talcahuano, la Armada y el Estado de Chile, se colocan al margen de la ley porque incluso se violan todos los estatutos y Constituciones que ha tenido Chile.

Somos parte de la Historia, que muchas veces ha sido de mentiras, decepciones y engaños, porque este proceso, se inicio bajo un régimen republicano con el gobierno de la Unidad Popular (1973), que intentábamos defender y donde fuimos torturados y encarcelados; se extendió bajo un sistema dictatorial del régimen militar (1973-1990), siendo duramente reprimidos y exiliados. Y, continúa bajo los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2009), donde se ha mantenido una persecución, hostilización y discriminación.

En los últimos treinta y seis años, junto a nuestra familia, hemos sufrido en carne propia la injusticia y de haber sido flagelados y torturados; falsamente acusados de delitos que nunca existieron; sometidos a procesos indebidos y que incluso, hemos sido segregados bajo el proceso de apertura hacia la democracia. Solo algunos, luego de una larga tramitación, hemos recibido mínimos beneficios previsionales. Sin embargo seguimos siendo considerados como sediciosos, delincuentes políticos y traidores a la patria.

Interminables han sido las gestiones realizadas y las comunicaciones que hemos enviado a todos los estamentos de la sociedad chilena: Presidentes de la República, con la excepción del general Augusto Pinochet, incluyendo a la Presidenta Verónica Michelle Bachelet Jeria; al actual Alto Mando de la Armada; a autoridades Eclesiásticas; Poder Judicial; Parlamento; Ministros del Interior y Defensa; jefes de Partidos Políticos, a objeto de poder resolver nuestra clara situación de injusticia que se extiende por más de tres décadas y media.

Pero hemos chocado con una hermética cortina del silencio, incluyendo el desinterés de los medios de comunicación y de las estructuras del Poder que han adoptado la actitud del avestruz, escondiendo la cabeza en la burocracia, para no ver que existe una manifiesta injusticia.

No hemos podido lograr nuestro objetivo: Terminar con una asimetría histórica, jurídica y económica que nos ha afectado junto a nuestras familias, por todo este tiempo. En forma especial, porque la emergente democracia todavía depende de la posición de la Armada de Chile, para que se solucione y responda a nuestras justas reivindicaciones.

A pesar que desde 1969, en forma manifiesta el Alto Mando de la Marina tuvo un actuar inconstitucional; para luego durante el Gobierno del Presidente Allende instiga y practican el sabotaje y el terrorismo; desarrollan con brutalidad y saña la tortura contra su propio personal, que se oponía a sus acciones subversivas y de sedición contra gobiernos democráticamente electos.

Así a partir de Agosto de 1973, para justificar su insubordinación, como una practica institucional cometen un crimen de lesa humanidad: Someten a Tortura a su propio personal, para luego desde el 11 de Septiembre de 1973, imponerla como una Política de Estado. Además utilizan unidades navales como centros de tortura y reclusión, incluyendo el Buque Escuela Esmeralda.

Con estoicismo pagamos un alto precio: primero bajo el Gobierno que intentábamos defender: entonces fuimos detenidos, torturados, encarcelados e indebidamente procesados como sediciosos. Éramos parte de la justificación para dar el Golpe de Estado.

Luego bajo la Dictadura se continua y agudiza la tortura; fuimos condenados ilegalmente, luego algunos compañeros asesinados por agentes del Estado, para después la mayoría forzados a vivir en el exilio. Otros mueren abandonados en el destierro sufriendo las consecuencias de la tortura, prisión y la diáspora.

Luego en el proceso hacia una democracia, bajo los Gobiernos de la Concertación, hemos sido una ficha de negociación del Consenso de Gobernabilidad que ha mantenido una situación de injusticia e inequidad política, social y económica.

Sin embargo, tanto civiles como uniformados, nos seguimos considerando dignos y orgullosos de cómo actuamos: Defender la Constitución de 1925; los marineros respetar su juramento a la Bandera y todos juntos informar y defender al Gobierno de la Unidad Popular.

Aunque fuimos demasiados inocentes porque no empuñamos las armas que la Patria le había otorgado a la marinería. Y sin armas, ni violencia, nos opusimos a una maquinaria de guerra y exterminio que, mucho antes del Golpe Militar de 1973, inicio la Armada de Chile, que costo tantas vidas y dolor a nuestra Patria.

Pedimos que exista una verdad con la Historia, por el bien y la tranquilidad de Chile.

MARINEROS Y CIVILES CONSTITUCIONALISTAS DE LA ARMADA DE CHILE DE 1973