Por Armen Kouyoumdjian (traducción del inglés de Luis Casado) 13 de diciembre, 2007
Desde su inicio en 1981, hace más de un cuarto de siglo, el sistema chileno de previsión privada (las AFP), ha atraído la atención internacional como un “gran éxito pionero”. Como es usual en todo lo que toca a la imagen internacional de Chile, muchos se han tragado la rueda de carreta sin requerir datos esenciales ni mirar las cifras.
POBRES RESULTADOS
Cuando llega el momento de las conclusiones el principal elemento de juicio es lo que la gente recibe en sus bolsillos. Un purista diría que es mejor comparar con lo que la gente recibiría con otro sistema. Pero eso es verdad solo parcialmente. Si se lanza una enorme reestructuración como la de la reforma de la previsión, es mejor entregar resultados que valgan la pena cuando se hacen las cuentas.
Esto puede parecer obvio, pero no se pueden alcanzar pensiones altas si los salarios son bajos. En Chile, el salario medio a fines de Octubre del 2007 estaba en torno a U$ 676 mensuales, solo 130 % más que el salario mínimo.
Si tomamos la pensión media que reciben las 634,523 personas que la cobraban a fines de Octubre del 2007, ella llega apenas a U$ 323 mensuales, o sea 48 % del salario medio y solo 10 % más que el salario mínimo. Si se vive en Chile uno sabe que eso no es precisamente una fortuna. ¡Ah! los viejos sistemas previsionales. Quienes se quedaron con ellos están recibiendo una pensión media más alta.
En Chile, muchos trabajadores ya se contentan con trabajar en la economía subterránea, o cotizan solo parcialmente por sus salarios para disponer de algo más de dinero al final de cada mes. Desde luego con ello afectan sus futuras pensiones, pero es muy duro elegir entre dejar a los hijos sin comida por la noche o cotizar más a una AFP (los chilenos y muchos otros latinoamericanos también tienen una larga experiencia de ahorros desaparecidos, confiscados o devaluados).
FINANCIACIÓN UNILATERAL
A menos que alguien me diga lo contrario, Chile es el único país en el que todo el peso de las cotizaciones destinadas a la cobertura médica y previsional recae en los asalariados, mientras que los empleadores solo se ocupan de deducirlas de los salarios y de pagarlas a los organismos correspondientes. Las únicas excepciones son las del seguro de desempleo y la cobertura de actividades peligrosas cuyo coste es financiado parcialmente por el empleador.
De la contribución pagada (alrededor del 12,5% del salario bruto), un monto significativo va a los bolsillos de las AFP, para las cuales es un bendito negocio, thank you very much.
En los primeros nueve meses del 2007 las seis AFP chilenas hicieron un beneficio neto de 240 millones de dólares, o sea un incremento del 33.6 % con relación al 2006. El retorno sobre el capital creció 26.3 %. Las AFP recibieron 705 millones de dólares en comisiones.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas chilenas tiene beneficios sustanciales (y no solamente las que hacen públicos sus resultados), podrían compartir la carga con sus empleados, o ayudar a incrementar las pensiones agregando una cotización propia.
Las 600 más grandes empresas chilenas hicieron 16 mil doscientos sesenta millones de dólares de beneficios en el período enero-septiembre del 2007.
La situación actual es no solo injusta sino que también estimula la evasión por parte de los asalariados y el fraude por parte de los patrones. Tocaré este tema más adelante.
PARTICIPACIÓN PARCIAL
Para un sistema que se supone universal y obligatorio para los trabajadores asalariados y tiene 26 años de ejercicio, el hecho que solo 51.7 % de los 7,91 millones de cuentas en las AFP estén al día a la fecha del 30 de septiembre de este año no es precisamente un ejemplo digno de imitar.
A pesar de que la participación de los trabajadores independientes es voluntaria, si el sistema fuese atractivo, hubiese atraído más voluntarios. Si después de más de un cuarto de siglo sólo el 5% del universo potencial de trabajadores no asalariados se ha inscrito, debe haber una razón.
Esto incluye no solo a profesionales como abogados y médicos, (en realidad muchos de ellos trabajan en sociedades de responsabilidad limitada para aprovechar el nivel ridículamente bajo de los impuestos a las empresas y aparecen como trabajadores asalariados). La definición incluye desde los lustrabotas hasta pequeños agricultores y muchos otros trabajadores.
NO HAY COMPETENCIA
Alguna vez hubo hasta 26 AFP. A través de las fusiones, adquisiciones e incluso algunos cierres, el número bajó a seis. Esto pone en contexto la increíblemente estúpida teoría que pretende que si hubiese más competencia en el mercado habría mejores resultados y las comisiones serían más bajas.
Si las cosas estaban mal cuando eran 26, no le hará ningún bien a nadie doblar el número actual, ya sea a través de una empresa estatal operada por el BANCOESTADO, o la llegada de bancos o compañías de seguros a la administración de los fondos de pensiones.
Actualmente quedan 26 bancos en Chile. Esto no ha traído consigo tasas de interés más bajas. Solo más créditos para gente que no puede pagarlos. Es la diferencia que hay entre caerse del decimoquinto o del vigésimo quinto piso. El efecto al final del viaje es el mismo.
La gente tampoco es tan sofisticada como para diferenciar entre una y otra AFP. Hasta que la práctica fue prohibida hace algunos años cuando se fue de las manos, las AFP empleaban miles de personas que intentaban agresivamente atraer clientes de un fondo de pensión a otro con incentivos monetarios u otros regalos (hay quién dice que estos incluían favores sexuales por parte de señoritas “marketing”).
Eran más bien los regalos que la calidad de la administración o los resultados obtenidos los que atraían a los clientes. Ahora estos deben esperar obligatoriamente un tiempo más largo y el personal comercial fue despedido (no sin antes hacer violentas protestas en las calles de Santiago).
Hablando de resultados de los fondos actuales, hasta ahora hay pocas diferencias puesto que ponen montos similares en inversiones similares (incluyendo la Bolsa de Santiago cuyo capital disponible es solo el 20% de una capitalización bursátil de 215 mil millones de dólares). A fines de noviembre, 15.8 % de los fondos estaban invertidos en acciones locales.
La diversificación geográfica ha ayudado, con la nueva autorización que fija un límite para inversiones en el extranjero (del 18 de diciembre en adelante) de hasta un 40 % (a fines de noviembre ya tenían 35.8 % de las inversiones afuera, la mayor parte de ellas en fondos mutuos).
El método más eficaz ha sido la creación de cinco alternativas de riesgo en cada AFP, desde los centrados en acciones, a los más conservadores invertidos principalmente en obligaciones. El impacto en los diferenciales de resultados es dramático, sobre todo si uno mira el turbulento mes de noviembre. Los fondos “A”, más riesgosos, bajaron en un 5,64% en un mes, mientras que los más conservadores fondos “E” subieron en un 0,22%. El total de fondos administrados alcanzó la cifra de 110 mil millones de dólares a fines de noviembre.
ABUSO E IMPUNIDAD
Y ahora viene la “pièce de résistance” de todo el argumento. El robo impune por parte de los empleadores. Teniendo en cuenta que los empleadores actúan como recaudadores que deducen las cotizaciones destinadas a las AFP de los salarios, para pagarlas en los primeros diez días del mes siguiente, si en vez de pagar se quedan el dinero, actúan exactamente como un cajero al que uno le da el dinero de un depósito y que en vez de ponerlo en la cuenta se lo mete en el bolsillo.
Yo comenté este hecho hace algunos años en la prensa chilena y me llegaron cartas que o bien me acusaban de “no conocer nada del tema”, o bien que decían que la alternativa a no pagar las cotizaciones era la de despedir al trabajador (“Gestión por medio del chantaje”, el título de una de mis notas precedentes).
De acuerdo a las últimas estadísticas, había 820 millones de dólares de cotizaciones impagas a fines de septiembre del 2007. Esto es solo el dinero que se debe por trabajadores con contratos identificados y obviamente excluye el sector informal y el déficit teórico de quienes cotizan solo por parte de su salario real.
El tema es que a pesar de algunos esfuerzos por parte de las autoridades la suma impaga ha doblado en cinco años. Para ser justos debo decir que los esfuerzos fueron modestos, como si obligar a los patrones a respetar la ley (o dicho más crudamente, a no robar) fuese una tarea que se hiciese con miedo.
Las medidas más extraordinarias fueron las “estímulos” que les perdonaban a los patrones delincuentes los intereses y las multas con tal de que se pusiesen al día. Incluso se les ofreció dinero público en condiciones favorables para que lo hicieran. Si se tiene en cuenta que el dinero impago no era del gobierno sino de los trabajadores, el Estado no tenía autoridad para perdonarle una deuda a un tercero.
En todo caso hubo pocos interesados (¡Sólo 21 empleadores postularon para créditos especiales!), lo que quiere decir que la práctica no se debe a problemas de tesorería sino a una extorsión y a un robo organizados.
Hasta hace poco, si el trabajador se daba cuenta de que lo estaban esquilmando, su único recurso consistía en ir a los tribunales a querellarse contra su empleador.
Ya puedes imaginar quién tiene más experiencia y puede permitirse mejores abogados en el litigio, y en cualquier caso eso creaba una relación tensa que frecuentemente se terminaba con el despido del asalariado (la legislación laboral chilena adoptada durante la dictadura militar tiene una cláusula muy útil para despedir a todo dios, resumida en una frase de una sencillez bíblica: “necesidad de la empresa”).
En un intento de evitar el problema, se aprobó una ley en el año 1999 que prohíbe el despido de un trabajador al que se le deben cotizaciones. Desafortunadamente no es aplicable a pequeños montos y salarios muy bajos de modo que muchos patrones aun se escapan a través de esa malla.
Las últimas medidas conciernen la instalación de tribunales laborales ad-hoc que deben tratar este problema, la retención del reembolso de tasas al empleador y las multas a las AFP si estas no llevan al empleador a los tribunales después de un período de gracia de seis meses: ahora es de su responsabilidad actuar judicialmente en nombre de la víctima. Además, los empleadores culpables no podrán postular a la recepción de fondos de algunos programas estatales.
Estas medidas aun están en sus comienzos o en la fase de planificación de modo que es muy temprano para juzgar de su eficacia, aun cuando la experiencia histórica muestra que los inescrupulosos siempre encuentran una salida.
Algunos empleadores se aprovechan del período de gracia de seis meses para cerrar y reabrir bajo otro nombre y número de registro, de modo que cuando llega el momento de encausarles no hay nada ni nadie contra quién litigar.
REFORMA ESTÉRIL
Si el sistema chileno es tan bueno (y espero que esta nota te haya convencido que no es el caso), ¿Porqué su reforma fue uno de los pilares de la plataforma de la campaña de la Sra. Bachelet?
Un serio debate sobre esas proposiciones aun no ha comenzado en el Parlamento, y con solo dos años disponibles antes de las próximas elecciones sería un milagro si sale algo del tortuoso proceso legislativo, incluso si las discusiones de comisiones son inminentes.
Entre otros, se prevé una pensión mínima garantizada para aquellos que nunca cotizaron.
Este es un gesto de valor, pero desafortunadamente su monto es más o menos el mismo (unos 150 dólares mensuales en julio del 2009) que el que el Estado le garantiza a los inscritos en las AFP cuyos bajos ingresos o sus pocas cotizaciones no les dan para obtener esa pensión.
No hay que ser un genio (tal vez un consultor chileno) para darse cuenta que si recibes del Estado la misma pensión miserable con o sin cotizaciones, no hay ningún incentivo para apuntarse en el esquema que las AFP le reservan a los bajos salarios.
A este argumento las autoridades responden que “cotizar a las AFPs es obligatorio”, a lo que yo diría: “¿Ah, sí? ¿Y entonces porqué la mitad de las cuentas están atrasadas? Y en lo que se refiere a estimular los trabajadores autónomos a cotizar (se las arreglaron para convencer a una misión en visita de la OECD que los “obligarían”), ya puedes empezar a olvidar a los lustrabotas, para comenzar.
La introducción en el mercado de los bancos y eventualmente de las compañías de seguros es otra cara de la reforma, de la cual no quiero decir mucho porque en Chile cualquier acto legislativo importante es como el gran pez de la novela “El viejo y el mar” de Hemingway. Lo que llega a la playa es muy diferente de lo que se pescó inicialmente.
Aun cuando está fuera del debate sobre las AFP, la pesada carga de las pensiones militares y de la policía (actualmente enteramente a cargo del Estado, representa mil doscientos millones de dólares anuales) también deberá ser abordada algún día.
Hasta ahora las medidas se han limitado a jugar con el sistema existente (que es mucho más generoso para sus beneficiarios que el de las AFP).
Por su parte, los consultores chilenos debiesen concentrar su actividad en arreglar el sistema criollo antes de ir a infectar otros países (como dice el proverbio turco: “Que no se te caigan los calzoncillos”). La Asociación Internacional de Consultores Económicos de Londres, a la que pertenezco, propuso un lema para los consultores: “Vine, vi y facturé”. En este caso, “Vine, la cagué, y facturé” podría ser más apropiado.
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