EL PIRAÑA PIÑERA TIENE UN LARGO HISTORIAL MAFIOSO

 

Sebastián Piñera ya tiene sobre sus hombros una historia de seguimientos y espionaje.

 

En enero del 2005 se ordenó a agentes del Estado un trabajo de inteligencia en Chiloé para recabar información relacionada con los negocios del ahora candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera.

Sebastián Piñera ya había vuelto de sus vacaciones en el Lago Caburga este verano cuando agentes de inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile viajaron a Chiloé a indagar sobre los negocios del empresario en la isla. Semanas antes, el ex senador había visitado la zona donde compró una extensa superficie de terreno para realizar un ambicioso proyecto: convertir el lugar en un gran parque ecológico.

Con fecha 21 de febrero de 2005, mediante el requerimiento Nº 7, desde la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial -que depende del director general de Investigaciones, quien a su vez reporta al Ministerio del Interior-, se instruye a un reducido equipo de detectives para recopilar el máximo de información sobre las tierras de Piñera en Chiloé, cómo las adquirió y qué sucede con la población indígena.

En los días en los que se realizaron las indagaciones en lugares aledaños a la propiedad del empresario, ubicada al suroeste de la ciudad de Quellón, la policía pudo establecer que no era posible acceder a ésta por camino terrestre, a menos que fuera en cabalgadura, o bien, por vía marítima.

 

Las tierras adquiridas por el ex timonel de Renovación Nacional suman más de 115 mil hectáreas de verdes bosques y fauna autóctona como coipos, pudúes y un refugio de ballenas azules. Con este negocio, de acuerdo a las apreciaciones de los investigadores de inteligencia, "el empresario Sr. Piñera se ha hecho acreedor del 15 por ciento de la totalidad de la isla de Chiloé".

Durante febrero, la derecha no se había tomado las tradicionales vacaciones. Más allá, más acá, en Santiago y en el sur, seguidillas de reuniones entre las cúpulas de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) buscaban direccionar los lineamientos de la campaña presidencial del entonces candidato único de la Alianza, Joaquín Lavín.

 

En su helicóptero, Piñera voló hasta el fundo de Sergio Díez para abordar el tema de su esperada incorporación al equipo lavinista. Nada se vislumbraba aún de sus propias aspiraciones presidenciales, aunque hay quienes ya desde fines de diciembre pasado creían que Piñera podía ser una buena carta para hacer frente a la fuerte figura de la Concertación, Michelle Bachelet, en el entendido que la bajada de Soledad Alvear de la contienda presidencial tenía los meses contados y la candidatura de Lavín no lograba repuntar en las encuestas y se encontraba en uno de los momentos más bajos de los últimos años.

La indecisión de Piñera tenía nerviosos a muchos. Otros sólo esperaban su pronunciamiento por una candidatura senatorial en Santiago Poniente, circunscripción en la que tendría que competir con el líder de la UDI, Jovino Novoa.

El informe

Tal como le había sido encomendado por la superioridad, la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de Puerto Montt debió elaborar una minuta detallada con la información recopilada sobre la compra de terrenos realizada por Piñera en Chiloé.

 

El informe fue fechado el 8 de marzo de 2005, bajo la firma del inspector Claudio Vargas y remitido a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial "para su conocimiento y fines pertinentes".

En la minuta Nº 14, los agentes de inteligencia describen cómo se generó la venta y se hace una reseña histórica de la posesión de las tierras chilotas.

 

La propiedad adquirida por el empresario, según se describe, incluye, entre otros, los fundos Inio Quilanlar (82.650 hectáreas), Asasao (21.570 hectáreas), resto de Yaldad (3.860 hectáreas) y Coldila (3.996 hectáreas).

Asimismo, en el informe se señala que de las indagaciones realizadas se desprende que estas tierras "antes de Piñera eran de propiedad del magnate norteamericano Jaremiah Henderson, quien dividió los terrenos de 122.649 hectáreas aproximadamente en siete predios, de los cuales Piñera adquirió cinco de ellos.

 

Por su parte, Henderson -agrega la minuta- mantuvo unas 10 mil hectáreas, seis mil de las cuales corresponden a la isla San Pedro, la que aparentemente en precio dejó fuera de esta transacción a Tompkins, que también estuvo interesado en los predios, hace cinco años, cuando Henderson se las tasó en US$ 3 millones, dado su enorme potencial turístico. Las tierras están situadas al extremo sur de la Isla Grande Chiloé, área más agreste y despoblada de casi todo el archipiélago".

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los agentes de inteligencia, fue en 1997 cuando adquirió las tierras el magnate Henderson, empresario forestal con domicilio en Hawaii y explotador de bosques en el suroeste de Estados Unidos, "quien quería comercializar las maderas nativas, pero los reclamos, la oposición de los indígenas, ecologistas y Conaf lo frenaron".

 

Se agrega que desde el 2003 Henderson sólo quería vender estas tierras e irse, por lo que "aceleró las negociaciones, desechando el proyecto de dividir sus campos en 1.750 parcelas, que era una apuesta a la moda del turismo aventura, pero que fácilmente podría demandarle una década".

Uno de los aspectos relevantes abordados por los detectives fue la situación de los indígenas en la zona y los cuestionamientos a la legitimidad de la operación comercial que muchas familias autóctonas sostienen.

El empresario y los huilliches

"De las alrededor de 500 familias indígenas que existen en Chiloé, al menos seis de ellas se relacionan con los terrenos adquiridos por el empresario Sebastián Piñera al magnate norteamericano Jeremías Henderson. La mayoría de estas comunidades se encuentra amparada por el Consejo General de Caciques de Chiloé, cuya sede se encuentra ubicada a 54 km. de distancia de Castro (camino a Quellón)", detalla la minuta de inteligencia.

Particularmente sobre la comunidad Huilliche, relacionada directa o indirectamente con las tierras del empresario, se señala que este grupo "pretende presentar una férrea oposición si es que este último (Piñera) desea ejercer absolutamente su derecho de dominio; es decir, si es que les exige a los indígenas abandonar las tierras que actualmente se encuentran bajo la posesión de éstos".

 

El informe agrega que "según lo recabado por personal de esta Brigada Especializada, los argumentos esgrimidos por la comunidad indígena para no entregar las tierras al empresario en cuestión, se detallan de acuerdo a lo que a continuación se menciona": los "títulos realengos" entregados en 1823 a los huilliches los que, según ellos, constituyen documentos probatorios de la posesión territorial; las leyes indigenistas que se dictaron posteriormente por el Estado chileno y la promulgada durante el Gobierno de Patricio Aylwin.

Las indagaciones encargadas a los detectives arrojaron que "la principal demanda huilliche, cual es la reivindicación de los territorios por parte del Estado chileno, se viene dando desde hace varios años a la fecha" y que estas familias indígenas "dicen mantener guardados otros documentos de orígenes ancestrales que los habilitan como legítimos propietarios y poseedores de las tierras".

Asimismo, el equipo investigador informó al mando superior que existe una porción de tierras en conflicto con el empresario, que se refiere principalmente a las localidades de Inío, Tweo, Yaldad y Colonia Yungay, que en su totalidad involucran a más de 200 familias. "Todas estas comunidades -señala la minuta policial- están ligadas al Consejo General de Caciques, presidida por el Lonko Mayor, Carlos Lincomán Lincomán; asistido por el Huerquén del Consejo de Caciques, Manuel Rauque Huenteo (estudiante de Periodismo de la Universidad Arcis de Castro); y el antropólogo y profesor de la Universidad Arcis de Castro, Manuel Muñoz Millalonco. A los anteriores se agregan la Directora de la Conadi, María Elena Huenchor; el Arzobispo de Ancud, Monseñor Juan Luis Ysern de Arce y un grupo de abogados de diferentes ciudades (Castro, Puerto Montt, Osorno, Santiago, etc.)".

Las mismas indagaciones realizadas en Chiloé por los detectives, vertidas en el informe, concluyen que "conforme a la convicción de la comunidad indígena asentada en el lugar que hoy es de propiedad del empresario Sebastián Piñera, existiría una confrontación de títulos (títulos realengos y títulos legales), sobre los cuales debería primar, según ellos, los títulos realengos, puesto que serían elevados a la calidad de tratados internacionales (Tratado de Tantauco).

 

En el mismo contexto, se tomó conocimiento que, al parecer, el Arzobispo de Ancud ya aludido, en una ceremonia simbólica habría sido nombrado "Huilliche Honoris Causa" por su férrea defensa a los derechos de los huilliches de la zona, quien inclusive habría viajado a la República de España para hacer llegar a la corona española una copia del tratado y los otros antecedentes ya mencionados, con el claro objetivo de que dichas autoridades hagan "lobby" sobre el estado chileno, para acceder a las demandas ya planteadas".

SU LADO VERDE: La historia de la compra

La primera vez que públicamente se supo que Sebastián Piñera estaba intentando emular al magnate Douglas Tompkins fue el 21 de diciembre de 2003; es decir, casi quince meses antes que la Jipol comenzara con su investigación.

 

Ese día, una nota de prensa informaba que el actual candidato presidencial de RN negociaba con el empresario norteamericano Jaremiah Henderson la compra de 130 mil hectáreas de un predio forestal y que su objetivo era convertir el lugar en un parque comercial.

 

Además, la publicación precisaba que Piñera llevaba cuatro meses interesado en el tema y viajando a la zona -es decir, desde agosto de 2003-, y, más aún, ahondaba en sus intenciones, asegurando que éstas apuntaban a mejorar su imagen y la apertura de nuevos negocios.

Un par de meses más tarde, la llegada de Piñera a la isla causó polémica y remeció incluso a la mesa directiva de su partido, pues el senador Antonio Horvath presentó la renuncia a la vicepresidencia de RN. El impasse se suscitó tras una insinuación de Horvath sobre una supuesta relación comercial entre Piñera y Tompkins, cuestión que el dueño del Parque Pumalín zanjó, negándolo y asegurando que sólo le aconsejó al presidenciable de RN en la compra de los terrenos.

Luego, poco se supo de sus verdes intenciones y ante la concreción inminente del negocio sacó la voz en octubre de 2004, comentando que "desde hace tiempo" había llegado a un acuerdo con Jeremiah Henderson. "Por mí que la compra se hubiera materializado muchos meses atrás", decía Piñera, denotando su impaciencia ante las demoras que presentaba la transacción.

Finalmente, a mediados de diciembre del año pasado, Piñera se convirtió en el dueño del 15% de la isla de Chiloé (unas 140.000 hectáreas) por unos US$ 6 millones, cifra que el empresario nunca confirmó.

Los primeros días de enero pasado Piñera aseguraba públicamente que -en este caso- no lo movían fines comerciales y revelaba algunos detalles de lo que definía como su proyecto ecológico: un camino "escénico" de penetración en el bosque de unos 60 kilómetros, juegos didácticos, rutas culturales, actividades educativas y el parque marino con ballenas azules más grande de Chile.

CARABINEROS E INVESTIGACIONES: Espionaje político en democracia.

Aunque se hicieron públicos recién en abril de 1992, el 19 y 20 de diciembre de 1990 fueron los días en que la Policía de Investigaciones implementó los planes "Halcón I" y "Halcón II", inaugurando los casos de espionaje político del nuevo régimen democrático.

 

Tras la ejecución del llamado "ejercicio de enlace" del Ejército, un instructivo distribuido a personal de la Jipol dispuso que se investigara la situación en que se encontraba una serie de recintos militares. Por completo, nunca se dilucidó desde quién provino la primera orden para investigar los movimientos militares, operación que fue conocida como "Halcón I". Al día siguiente, el 20 de diciembre, el jefe de Investigaciones de entonces ordenó dar paso al plan "Halcón II", una operación más completa que su predecesora, pues incluía la investigación de personeros políticos y de la Iglesia. El principal damnificado con el conocimiento del caso fue el director de Investigaciones de entonces, Horacio Toro, quien finalmente renunció a su cargo.

El otro episodio de espionaje político que registra el regreso a la democracia sucedió en agosto de 1996 y afectó al Subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux, quien fue víctima de seguimientos por parte de personal de inteligencia de la propia policía uniformada.

 

La situación originó la inmediata protesta del afectado ante el Gobierno, quien por intermedio del ministerio de Defensa solicitó explicaciones al general director de Carabineros, Fernando Cordero. El requerimiento derivó en el alejamiento de Carabineros de su jefe de Inteligencia, el general Raúl Olivares Góngora, quien habría reconocido la participación de su unidad en los hechos.

TRES TRAGOS AMARGOS: Piñera Gate, seguimientos y un secuestro.

Fue el domingo 23 de agosto de 1992 cuando en el programa "A eso de...", de Megavisión, el presidente del canal, Ricardo Claro, pulsó la tecla "play" en una radiograbadora Kioto y desató el primer escándalo de espionaje que afectó a Sebastián Piñera.

 

En esa ocasión, se divulgó una conversación del actual presidenciable con su amigo Pedro Pablo Díaz en la que descalificaba a Evelyn Matthei, entonces diputada de RN. Además, Piñera le sugería a Díaz que hablara con el periodista y panelista del programa, Jorge Andrés Richards, para "apretar" a su correligionaria. Pronto se supo que fue el capitán Fernando Díez, de dotación del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, quien estaba detrás del espionaje telefónico. Aunque luego se desdijo, judicialmente Díez reconoció haber efectuado por iniciativa propia la grabación.

 

Finalmente, el 29 de marzo de 1993, la Cuarta Sala de la Corte Suprema dio por terminado el proceso judicial confirmando un fallo de la Corte Marcial que dejaba sin efecto los autos de procesamiento dictados en contra de todos los acusados, sin despejar las dudas que se sembraron sobre la participación de otros miembros de Ejército en el caso.

Casi una década después, en agosto de 2001, Piñera una vez más declaró ser víctima de espionaje: "Quiero ser claro y categórico: yo fui objeto de seguimientos y amenazas". Por ello recibió protección policial e incluso el respaldo del entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien llegó a asegurar que se trataba "de una operación de inteligencia hecha con fines políticos".

 

Aunque se habló también de la posibilidad de un atentado, un informe de la Policía de Investigaciones descartó los seguimientos denunciados por Piñera y aseguró que un supuesto vehículo sospechoso pertenecía a la pareja de una de las empleadas del empresario. En mayo de 2002, la investigación judicial fue sobreseída definitivamente por falta de antecedentes.

Fuente URL : http://www.mapuche.info/fakta/merc050821.html