¿De quién emana el poder? ¿Quién lo ejerce?

 

Escribe Luis Casado – Editor de Politika – Vicepresidente del Partido de Izquierda (PAIZ) – 26/08/2011

 

¿Qué hubiesen contestado a estas preguntas Jean-Jacques Rousseau, François Marie Arouet -más conocido como Voltaire-, Thomas Jefferson o Georges Washington?  Nosotros mismos, ¿Qué respuesta le damos a estas preguntas?

Venimos repitiendo desde hace años que la única fuente legítima del poder es el pueblo Soberano. Que por encima del pueblo no hay ni puede haber ningún derecho a veto. Que la actual autocracia chilena no ha hecho sino consolidar el legado institucional y económico de la dictadura.

Quienes se han sucedido en La Moneda a partir de 1990 no han hecho sino regodearse en el ejercicio de la incuria, el peculado, los negociados, el pillaje del patrimonio público, la arbitrariedad, y la confusión de la riqueza del país con la suya propia. Razón tenía Jean-Jacques Rousseau cuando decía que en el despotismo “Las leyes son siempre útiles para los poseedores y dañinas para los que nada tienen”. Comenzando por la Constitución ilegítima y espuria que han preservado preciosamente la Alianza y la Concertación.

 

Sabido es que, en Chile, la concentración de la riqueza en manos de un puñado de privilegiados no tiene parangón en el planeta. Pero uno de los aspectos menos conocidos de esta penosa autocracia tiene que ver con la concentración extrema del poder en pocas manos.

Una ley de partidos liberticida garantiza la tranquilidad de dos coaliciones que se auto-adjudicaron la “concesión” del poder del mismo modo que le adjudicaron, gratuitamente, la explotación del Cobre y otros minerales a un puñado de multinacionales. Un sistema electoral binominal le permite a ambas coaliciones la designación a dedo de todos los parlamentarios. Mediante un simulacro de elecciones en el que, por si fuese poco, “el que tiene mantiene”.

El número de “elegidos” con relación a la población es propiamente ridículo: si contamos todos los cargos de “elección” pública, -presidente, senadores, diputados, alcaldes y concejales-, llegamos a la cifra de 2.634 “electos”, o sea uno por cada 6.454 chilenos.

Si examinamos el caso de Francia, esa proporción es de un electo por cada 104 franceses. Para una población de 64 millones de habitantes, Francia cuenta con más de 618 mil representantes electos. Si en Francia hay más de 38 mil municipios, -dándole a cada uno de ellos una dimensión humana-, en Chile sólo tenemos 345.

En el caso de España las cifras muestran un total de 76.768 cargos de elección pública para un total de 47 millones de hispanos. Un electo por cada 612 habitantes. La mayor representación la ostentan los concejales con 65.347 miembros para un total de 8.109 Ayuntamientos.

La estructura institucional francesa integra el poder central y la Asamblea Nacional, a los que conviene agregar los Parlamentos regionales, provinciales y locales, todos ellos elegidos democráticamente. Estas asambleas eligen a sus respectivos presidentes regionales, provinciales o alcaldes. En el caso de España los poderes locales elegidos democráticamente cuentan a los Gobiernos Autónomos, las Diputaciones, los Ayuntamientos y los Cabildos. Estas Asambleas dispone de poderes efectivos y reales: no son patéticas caricaturas dependientes del poder central como nuestras pretendidas “Regiones”.

A lo cual se agregan los representantes de cada país al Parlamento Europeo, y estructuras integradas por ciudadanos elegidos que se ocupan del transporte público, la limpieza, el agua potable, el tratamiento de aguas servidas, la educación, la salud, etc.

Es la diferencia entre el directo ejercicio del poder por parte del pueblo, y la majamama del “empoeramiento” con el que quieren engañar, una vez más, a los chilenos.

Ha llegado la hora de responder claramente a las preguntas que titulan esta nota. ¿De quién emana el poder? ¿Quién lo ejerce? Para nosotros la respuesta es simple y clara: el pueblo Soberano.

Por eso y para eso juntaremos un millón de chilenos en el Parque O’Higgins el 4 de septiembre.

Para lograr la convocatoria de una Asamblea Constituyente que le de una Constitución democrática a Chile. Una en la que queden esculpidos en el mármol, por primera vez desde 1980, nuestros derechos ciudadanos.