HOLOCAUSTO EN PALACIO: CRIMEN TODAVIA IMPUNE

Darío Botero Pérez

 

 

Filosofía y sofismas de culebreros

 

La dialéctica cultivada por Hegel o por Marx, entiende la realidad como una lucha de contrarios que se reproducen y confrontan en niveles de desarrollo cada vez más evolucionados, lo cual puede devenir en progreso, si los polos de la contradicción se guían por criterios racionales y de beneficio común.

 

En cambio, lo que entienden por dialéctica los demagogos es la capacidad para embaucar a punta de palabras y mentiras que pretenden remplazar la realidad, confundiendo a los auditorios con el propósito de descalificarlos por ineptos y exigir su derecho a gobernarlos.

 

En tal sentido, no tienen inconveniente en negar la realidad evidente, dándole interpretaciones totalmente absurdas pero elocuentemente expresadas, de modo que alborotan pasiones mientras secan los cerebros y fanatizan los comportamientos.  Este es el recurso de los abusadores de los ciudadanos.  Su más elaborada expresión sería la “neolengua furibista”.

 

De todos modos, los hechos son tozudos y difíciles de ocultar en una sociedad tan comunicada que McLuhan la consideró una aldea en la que todo se sabe y cualquier acto nos afecta a todos.

 

En consecuencia, puede frustrarse el intento de la república mafiosa por ocultar el aterrador crimen contra el poder judicial.  Se trató del máximo esfuerzo de los criminales complotados, Pablo Escobar Gaviria y Miguel Vega Uribe -nada menos que el Ministro de Defensa nombrado por Belisario-, para garantizar la impunidad que han disfrutado los políticos y los gobernantes, siempre, en esta “república” de truhanes.

 

Testimonios de la Historia

Quienes vivíamos cuando se cometió el espantoso crimen de Estado, no podemos olvidar la rapidez con que llegaron los tanques “Cascabel”, adquiridos en Brasil, al escenario de la toma: el Palacio de Justicia, que hasta unos pocos días antes había estado custodiado por tropas del ejército, antes de que el M-19 se prestara a hacerles la faena a los capos, en reemplazo de un frente de las FARC (el Ricardo Franco) que se negó a servirles de idiotas útiles.

 

Los espectaculares guerrilleros anapistas, tan pantalleros, consideraron que iban a protagonizar otro hecho de repercusión universal, como la toma a la embajada de la República Dominicana, en 1980, que tan buenos rendimientos les dejó al negociar con Julio César Turbay Ayala, el presidente de entonces. 

 

No sospecharon la calaña de los criminales que los habían contratado en esta ocasión.  Para cualquiera mentalmente sano, un propósito criminal tan desaforado era impensable en el civilizado occidente

 

 

Una vez iniciada la toma, para los ciudadanos desprevenidos era sorprendente que los tanques viniesen desde Usaquén, situada en el extremo norte de Bogotá.  Casi llegan antes que los guerrilleros, lo cual habla muy bien de la gran “preparación” de nuestras Fuerzas Armadas, aunque no deja de parecer una prueba adicional de lo “preparado” que tenían el plan totalitario.

 

Tampoco deja de sorprender que -después de que los funcionarios del ejecutivo que tenían seres queridos en el Palacio, como Jaime, el hermano de Belisario, o las esposas de algunos ministros que todavía viven y pueden dar testimonio, lograron sacarlos-, empezó un bombardeo despiadado, que pronto degeneró en incendio, contra el templo de la justicia que tenía en su frontispicio la leyenda, atribuida a Santander “Si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.

 

Aunque Noemí se apuró a ponernos a escuchar fútbol, muchos alcanzamos a oír los gritos desesperados del presidente de la Corte exigiendo cesar el fuego oficial, pues era evidente el propósito de exterminio que animaba a los militares.  No obstante, el coronel Plazas Vega, hoy condenado contra los deseos del presidente Uribe, consideró que exterminando al tercer poder estaba “defendiendo la democracia, carajo”.

 

El flamante mandatario, como es usual en él, no tiene inconveniente en retar a la Corte y exigir impunidad, haciendo uso de su peligrosa demagogia prevaricadora y criminal que lo ha llevado a pisotear, desde el primer día de su nefasto gobierno, la Constitución excepcionalmente democrática que se dio el pueblo en 1991.

 

Por su parte, su ejemplar disciplina castrense la ratificó el entonces coronel causando un incendio capaz de garantizar la extinción programada de los díscolos jueces y los tontos guerrilleros que se prestaron para la maniobra, y cuya muerte a punta de balas no era tan segura, aunque fueran de cañón.

 

Su respuesta demuestra el errado criterio de democracia que los guía.  Por eso no tienen inconveniente en esperar y demandar impunidad por sus crímenes, cometidos atropellando cualquier asomo de legalidad, para defender su democracia. 

 

Son los mismos principios guías de los falsos positivos y demás barbaridades acostumbradas por los presidentes mafiosos y neoliberales que han agobiado la patria desde el gobierno de Misael Pastrana, pero que tampoco son ajenas a otros oligarcas vendepatria que han ocupado el solio del libertador, como le decimos en Colombia al cargo de presidente de la república.

 

Como democracia designan la defensa y garantía de sus privilegios a unos potentados desalmados.  Con tal propósito ponen a los simples a dar la vida para proteger los intereses de sus verdugos. 

 

Para acabar de ajustar, éstos consideran que el saqueo de los recursos patrimoniales de la nación, que a todos no pertenecen, es una prueba de buen gobierno. 

 

Por eso, Uribe se enorgullece de haber obtenido el “grado de inversión” (la calificación del riesgo del país para los inversionistas extranjeros) ofreciéndoles gabelas y privilegios intolerables. 

 

Considera que el crecimiento de la tasa de inversión en un promedio de 25% anual, será su pasaporte de impunidad, valido en todos los países depredadores.  Su infundada confianza invita a la lástima.  Pero así es él.

 

No es de extrañar, entonces, que lo tiene sin cuidado que su cacareada “Confianza Inversionista” signifique, entre otros atropellos intolerables, despojar a tantos indios, negros y colonos blancos y mestizos, de sus tierras para entregárselas a especuladores extranjeros dispuestos a destruir nuestro medio ambiente con el fin de  aumentar sus fortunas personales.

 

A cambio les piden unas comisioncitas que para los vendepatria representan su oportunidad de salir de pobres, de modo que no están resueltos a desperdiciarla, pues nada les garantiza que se les vuelva a presentar.

 

Imperio del crimen

Pues bien, esos criterios criminales se mostraron en toda su desnudez cuando el ejecutivo decidió castigar ejemplarmente a los nobles y valientes jueces que se atrevieron a tomar en serio las denuncias de don Guillermo Cano, el director de El Espectador.

 

A poco andar, el valiente periodista fue asesinado por el mismo capo que compró a Belisario y mató a Lara Bonilla por soberbio, aunque también lo había comprado previamente, mediante los buenos oficios de un mafioso que campeaba en el Amazonas; un tal Evaristo Porras.

 

Ante tratos criminales tan obvios, el atinado potentado liberal, reconocido como uno de los paladines de la democracia colombiana, estaba aterrado.  Lo espantaba, y no estaba resuelto a tolerarlo, el avance social de los narcotraficantes de derecha decididos a hacerse con el poder político en todo el territorio, no sólo en nichos regionales.

 

Les decretó la guerra y le costó su vida.  Pero sus investigaciones y denuncias han quedado a disposición de todos los amantes de la verdad, de modo que ahora servirán para hacer justicia.  Los jóvenes pueden conocer la verdad y juzgar a quienes han engañado, asesinado, robado y prevaricado impunemente pero cuya hora del castigo ya llegó.

 

En cuanto a la condena a Plazas Vega por la desaparición de once ciudadanos que salieron vivos del Palacio de Justicia, aunque es un crimen de lesa humanidad, apenas constituye un daño colateral, según los cínicos criterios de la “War on terror” desatada por George W. Bush contando con la complicidad del petrolero árabe, Osama Bin Laden, y que tanto ha complacido a Uribe Vélez.

 

El crimen más escandaloso, que ofendió la dignidad de la especie, fue el sacrificio de los jueces.  Su carácter deliberado no admite discusión, a pesar de la neolengua que tergiversa todos los conceptos. 

 

Reivindicación de la respetada ciega

Aún quedan cerebros sanos capaces de llamar las cosas por sus nombres y de identificar las argucias de los criminales para revolver las aguas, engañar ingenuos e impedir los juicios serenos, equitativos y realmente justos.

 

La responsabilidad de Belisario fue admitida públicamente.  Él mismo la asumió ante todos los colombianos, de modo que estamos en mora de cobrarle ese crimen que marcó la salida de Colombia del concierto de las naciones civilizadas.

 

La saña contra los que fueron militantes del M-19 y no se le han arrodillado al gurú, es un intento más por distraer a la opinión pública de la identificación de los criminales oficiales, todavía impunes y resueltos a morir siéndolo, como su jefe, Miguel Vega Uribe.

 

Sin duda, éstos desbordaron cualquier consideración de decencia y respeto a la independencia de los poderes al desconocer olímpicamente las exigencias de la cabeza del tercer poder; el judicial, el único que ha logrado conservar algunos valores y que el ejecutivo sigue empeñado en derrotar, como lo demuestra el dictador Uribe, acostumbrado a ponerse de ruana (y otras veces, de poncho) la ley y la Constitución.

 

Caprichos “justicieros”

Por último, no deja de ser otra prueba de arbitrariedad el hecho de que, aunque todos los guerrilleros que intervinieron en la toma fueron asesinados por los esbirros del régimen mafioso y neoliberal, se insista en buscar responsabilidades en los antiguos militantes de esa guerrilla, aun siendo ajenos a la acción, como debe ser el caso de Gustavo Petro, pues nada tuvo que ver con la dudosa proeza, según parece.

 

Es ofensivo el contraste en la asignación de responsabilidades cuando varios ministros de Uribe son hermanos de delincuentes reconocidos, como el respetado general Naranjo. 

 

Es particularmente escandaloso el caso de Guillermo León Valencia Cossio, fiscal mafioso promovido a esa dignidad por la labor de su hermano, el cacique conservador Fabio, hoy ministro del Uribe. Como que ya olvidó que éste, acompañado por su primo Mario, lo zarandeó en 1995 para arrebatarle la gobernación de Antioquia que ambos disputaron.

 

Por eso hiede y duele cuando tantos partidarios de Álvaro Uribe Vélez, incluyendo la unanimidad de sus parlamentarios, sostienen la tesis de que la responsabilidad es individual, de modo que no contamina a los políticos de la derecha, por muchos crímenes que cometan aprovechando sus privilegios, desde que no haya pruebas directas y aunque la relación de causa a efecto sea evidente.

 

Curiosamente, ese extraño principio del derecho criollo recuerda la tesis antípoda, establecida por Turbay con su “doctrina Ñungo” en el marco de su herramienta dictatorial destinada a reprimir la oposición y conocida como “Estatuto de Seguridad”. 

 

El tenebroso contrabandista -padre homónimo del Contralor General actual, que nada ve y a nadie castiga, aunque ocasionalmente sale a amenazar para que sepamos que todavía está vivo- consideraba que los ciudadanos éramos culpables si no podíamos demostrar nuestra inocencia.

 

Lo incomprensible es que la exculpadora tesis de la “responsabilidad individual” no opera para nadie que se oponga a la dictadura imperante.

 

En consecuencia, todos los opositores al régimen resultamos siendo culpables y hasta terroristas, según las novedosas tesis del abogado gurú, actualmente fungiendo de presidente de Colombia mediante procedimientos ilegítimos tan reconocidos como los sobornos a Yidis para que cambiase su voto y la reelección de Uribe pudiese parecer legal. 

 

O como los votos subordinados, por compra directa o amenazas azarosas, que le dieron el triunfo en la primera vuelta cuando se enfrentó a Horacio Serpa en 2002.

 

Esa impunidad es la que quieren reelegir los criminales aficionados al poder y obsesionados con que pueden seguir disfrutándola sin importar la gravedad de los crímenes que hayan cometido y que resuelvan cometer, siempre y cuando sus víctimas sean individuos sin derechos, o incapaces de defenderse, si es que creen tenerlos.

 

No se ha hecho justicia.  Pero para poder morirse y descansar en paz, la espera el alma atormentada del principal culpable, Belisario Betancur, doblemente genocida, pues, a más de los altos magistrados de la justicia, de cuyo crimen se declaró responsable supremo, también ordenó el asesinato de obreros cementeros de Santa Bárbara cuando fue Ministro del Trabajo del tocayo del hermano ex fiscal y mafioso de Fabio Valencia Cossio, como sabemos.

 

¿Seremos capaces de defendernos para reivindicarnos ante la comunidad internacional como un país que todavía conserva y alberga gente decente?   ¿Acaso ya no hay esperanzas y la condición de país paria es ineludible?  

 

Con Santos, hay pocas dudas de que la degeneración prosperará.  Pero queda la esperanza de que el pueblo reaccione y todos esos bandidos terminen pagando sus evidentes crímenes en vez de perpetuar su impunidad. 

 

Esperamos o actuamos, he ahí la cuestión

¡Todo se paga en esta vida!, decían los abuelos, y a veces parece que tuviesen razón.  Como que depende de la dignidad de las generaciones que tienen la oportunidad de ejercer justicia.

 

Es el caso actual de la nuestra.  Tiene la oportunidad de castigar a todos los delincuentes que se han apoderado del Estado y sus instituciones para feriárselas, como hicieron con el Instituto de Seguros Sociales. 

 

O le tocará seguir subyugada por unos asesinos cínicos, enriquecidos gracias a la ilegalización de los alucinógenos, aunque también se lucran del erario y de cualquier negociado que se les presente, ya sean contratos o subsidios o concesiones o pensiones oficiales, o demandas al Estado. 

 

En fin, imaginación no les falta tras 200 años de experiencia como herederos de los amos europeos, en el caso de las oligarquías tradicionales; o tras unos 40 corrompiéndolas, amedrentándolas y disputándoles el poder, como han hecho las clases “emergentes” surgidas con enormes fortunas obtenidas del negocio del tráfico de estupefacientes.

 

 

No es de extrañar, entonces, en este circo de vilezas, que los activos del ISS -pertenecientes a los patronos y los trabajadores, pues el Estado nunca aportó lo que le correspondía por ley- hayan terminado en manos de empresas privadas y personas naturales privilegiadas, dedicadas a explotar el negocio de la salud, como Doña Lina Moreno de Uribe, flamante socia de Saludcoop.

 

Como se sabe, esta señora es la progenitora de los genios empresariales, Tomás y Jerónimo, prematuros multimillonarios que hacen ver al auténtico Murcia como un tonto, aunque es un verdadero genio de las finanzas y los negocios, como lo demuestran su origen social y las cimas que alcanzó.

 

¡Alabado sea ese dios, que tanto los quiere mientras nos desprecia a los demás, quizás porque en la otra vida nos colmará de recompensas que requetematarán de envidia a quienes hoy nos oprimen y nos llevan a la ruina!

 

Sentémonos a esperar, pues la espera puede ser muy larga.  Es mejor que el viaje no nos coja cansados, para que podamos recorrer rápido el camino.

 

O actuemos como gente digna y combatamos a los criminales que se tomaron las instituciones y continúan resueltos a convertirnos en el país paria que nos prometió el “pollo” López.

 

En eso consiste el dilema decisivo de nuestra época, cuya solución depende de todos los que estamos vivos, no de ningún caudillo ni representante, por hábil que sea o por buenas intenciones que tenga.  En fin, todo depende de ti, que vales tanto como cualquiera.