COLOMBIA URGENTE: PADRE JAVIER GIRALDO, S. J. OBJETOR DE CONCIENCIA. PERSEGUIDO Y ESTIGMATIZADO. DEFENSOR DDHH

From: Enrique Orellana

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Sent: Friday, December 18, 2009 2:22 AM

dhColombia reenvia la carta de respuesta del Padre Javier Giraldo a Anastasia O’Grady The Wall Street Jornal. Esta estrategia se une a lo ya conocido en  los:"manuales para amenazar del DAS", publicado por la revista Semana y "la guerra política del DAS", publicado por el diario El Espectador

Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2009

Mr. Paul Gigot
Editor of the Editorial page : [e-mail]
The Editor
1211 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Anastasia O’Grady : O’[e-mail]

De toda consideración.

Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’. En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada XVII) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartado, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial.

Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada XVII del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en adelante de hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra. Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes.

Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta.

Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla.

El Presidente Uribe lanzó 5 acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04), pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación.

Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio Super, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’.

Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

 

miércoles 18 de marzo de 2009

Entrevista con Javier Giraldo, sacerdote perseguido y estigmatizado: “El gobierno de Uribe dio estatus político al narcotráfico y al paramilitarismo”

 

Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes.

En esta entrevista, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio “estatus político”, habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la “parapolítica”.

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno SJ. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

Inquietante denuncia

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias “H.H.”, uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

Masacre planificada

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, “fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad”.

“Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad”, denuncia Giraldo, pero lo más grave es que “la línea de investigación estaba trazada por el Ejército” para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

“Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo”, afirma el sacerdote jesuita.

Institucionalización del paramilitarismo

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un “proceso de neofascismo” ¿A qué atribuye ese fenómeno?

- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo ‘más decente’, por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

Foto: Colombia - Sacerdote Javier Giraldo SJ. / Autor: Jesús Abad Colorado - IPS

Publicado por ARGENPRESS

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