EL GOBIERNO Y LOS SOBREVIVIENTES DEL TERRORISMO DE ESTADO

 Por Pedro Alejandro Matta

 

"Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización."Asamblea General ONU 64ª sesión plenaria 16-12- 2005

Durante las tres últimas décadas de la historia reciente de Chile se ha buscado ocultar la existencia de un sector de la población que fue afectado directamente por el Terrorismo de Estado. La historia la escriben los vencedores reza un edicto popular; ‘vae victis’ decían los romanos y así ha sido también en nuestro país.

Las personas que padecieron la prisión, la tortura, el exilio y la violación de los derechos humanos son vistas, por el común de la gente, como personas "extrañas", una suerte de minoría social asimilable a un grupo que sufre de una enfermedad contagiosa o deformante, con la que no es conveniente relacionarse o detenerse a examinar.

Esta imagen puede resultar exagerada para algunos, pero no para quienes lo vivimos en carne propia. La primera reacción de una persona "normal" al conocer a alguien que fue torturado es de curiosidad, de una cierta morbosidad y finalmente de compasión, para posteriormente alejarse y olvidar o tratar de olvidar, pues esas cosas espantosas le ocurrieron "a otros" y de alguna manera "porque algo habrán hecho".([1])

En consecuencia, la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Terror Pinochetista, hemos preferido callar y ocultar nuestra experiencia, salvo excepciones, que al hacer relatos públicos de sus experiencias, son vistas como "gente con secuelas sicológicas" que hay que compadecer.

Es por ello que el informe sobre prisión política y tortura de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech), con 30.000 testimonios, sorprendió tan masivamente a Chile.

La amplitud del fenómeno de la tortura quedó de manifiesto, pese a las restricciones de tiempo y condiciones en que se informó y llamó a declarar a los afectados.

Los medios de expresión privados, absolutamente hegemónicos en nuestro país, han transmitido una verdad oficial sin ningún contrapeso: la versión oficial dictada por la dictadura. Pero, hay un pasado que se niega a morir y episódicamente aparece, aunque de modo fugaz, en los noticieros televisivos, como el espectro de otra época y en la memoria colectiva de los chilenos rebrota este tema recurrente: no haber resuelto como sociedad el "problema" de los DDHH ([2]).

Lo que en cualquier país medianamente civilizado un personero político de Derecha no osaría afirmar, en Chile lo sustentan sin mayor tapujo los propios personeros del Gobierno y de la Concertación. Hemos tomado algunos ejemplos que ilustran el tema de los DDHH en Chile, en particular del caso Pinochet y el tema de la tortura:

Patricio Aylwin, primer presidente de Chile de la era de la transición: "creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso. creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera" (2-9-2000 Caras).

Clara Szczaranski, ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Sobre el rol de los militares en el golpe de Estado: "las instituciones armadas de Chile son inocentes, cualquiera sea el mando que las sacó de rumbo instigado por intereses civiles, externos y ajenos a la vida militar.

Las instituciones necesitan liberarse del peso injusto que hoy las agobia" (El Mercurio 7-9-2003).

Y para atenuar la responsabilidad penal de los militares:

"Se trata de crímenes que tienen una razón histórica, política y social. Donde no existe una relación personal entre ofensor y ofendido. Además fueron realizados, no por turbas desordenadas, sino por instituciones altamente jerarquizadas y disciplinadas, lo que hace indispensable tomar en cuenta el deber de obediencia y reserva a la hora de evaluar las culpabilidades" (El Mercurio 19-7-2003).

José Miguel Insulza, ex ministro del Interior de Ricardo Lagos. Sobre el caso Pinochet: "Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera. A mí me gustaría que si el juez Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana. El gobierno lo haría así." (2-9-2000 Qué Pasa)

José Miguel Insulza, sobre la tortura en Chile: "Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo. ¿Queremos ir a buscar a 5.000 o ó 20.000 autores? ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FFAA" (La Nación 15-2-2001)

La opinión de Patricio Aylwin es consecuente con su historia pasada cuando, desde el Senado, acusó al presidente Allende para declarar su gobierno "inconstitucional". Eso legitimó la intervención de los militares y el golpe de estado, conducidos por esa misma persona, para quién hoy día reclama que "la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera".

El argumento de Clara Szczaranski se podría usar incluso para declarar inocente a los criminales nazis de la 2ª Guerra Mundial.

Insulza evidentemente no pertenece al mundo de las personas que padecieron tortura y violaciones a los DDHH en Chile y en tal calidad puede hablar de un supuesto "todo el mundo" del cual discrimina a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado. Lamentablemente ese "sub mundo" discriminado que padeció la dictadura pinochetista es un poco más grande que el "todo el mundo" del Sr. Insulza.([3])

Ahora, si examinamos someramente como el Estado de Chile ha tratado a los autores confesos de crímenes horrendos y que están actualmente en prisión, nos encontramos con algunas sorpresas:

"Bajo una denominación genérica de "estrés post guerra", los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en "actos de servicios" que los incapacitan para desarrollar una labor normal." (La Nación 9-8-2004.) ([4])

No es necesario abundar sobre el tratamiento particular que reciben los "reos" en los recintos militares financiados por todos los chilenos, como el de Peñalolén, donde hay cabañas especialmente acondicionadas para ellos, con piezas individuales. Además, gozan de régimen de visitas libres, incluyendo la pernoctación de las esposas en el lugar y la celebración de fiestas de cumpleaños con múltiples invitados, amén de regimenes alimenticios especiales, servidos por ordenanzas.

Ahora si examinamos el presupuesto del año 2005, nos encontramos con que el monto de las pensiones de la CAPREDENA, es decir de los pensionados de las FFAA, alcanza la cifra de 1.300 millones de US$ y las pensiones de las víctimas de DDHH alcanza a 71 millones de US$, incluyendo entre ellas a las 3.000 personas muertas y desaparecidas, que jamás podrán cobrar su "pensión".

Esta diferencia de trato no impide declaraciones como las de Ricardo Lagos: "...equivalen al costo de la mitad del Programa de Alimentación Escolar o al valor de una carretera entre Santiago y Puerto Montt."

La Concertación y sus gobiernos han destacado internacionalmente la manera como han logrado avanzar en el terreno de los DDHH, enjuiciando a los militares responsables de crímenes y como han llegado hasta indemnizar a las víctimas, otorgando pensiones vitalicias de $116.000.

Durante 2005, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus observaciones finales al tercer informe que entregó Chile en relación al salario mínimo establecido en la suma de $120.000, aconsejó la adopción de medidas que aseguren que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores y sus familias lleven una vida digna.

El gobierno chileno respondió al organismo internacional: "De acuerdo a lo consultado, cabe señalar que el salario mínimo vigente es suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas"

.

No hay que olvidar que en el 40% más pobre de la población chilena (los dos primeros quintiles) existe una relación de casi cuatro personas que dependen del ingreso de cada ocupado por hogar y que ahí se concentra la mayoría de los trabajadores que reciben el salario mínimo. ([5])

Podemos concluir que en materia de reparación ésta ha sido realmente "austera y simbólica" tal como lo prometió Ricardo Lagos.

Es triste tener que reconocer que lo poco y nada que se ha avanzado en el terreno de lograr la verdad y la justicia sobre las violaciones a los DDHH en nuestro país, se ha debido siempre a presiones de los propios afectados, sean los familiares de las víctimas, los abogados especialistas en el tema DDHH, la acción excepcional de algunos jueces o a la lucha de las organizaciones de ex prisionero(a)s político(a)s.

El tema de los prisioneros políticos desaparecidos ya ha sido asumido por la sociedad chilena como personas presuntamente muertas y por tanto no habría mucho más que hacer. Pese a que hoy día la verdad judicial ya ha establecido las formas en que fueron ejecutados y los cuerpos en su mayoría lanzados al mar, los medios no hacen mayores investigaciones y una buena parte de la sociedad chilena desconoce casi completamente el tema.

Recientemente el escándalo público causado por la deficiente identificación de los restos de desaparecidos en el Patio 29 del Cementerio General, provocó por la primera vez que se interviniera el Instituto Médico Legal, entidad que ha mantenido casi íntegramente la planta de funcionarios existente durante la dictadura. Este organismo es acusado por los familiares de las víctimas de haber saboteado la correcta identificación de los restos, además de haber cubierto los crímenes de los militares bajo la forma de "suicidios" o "accidentes" para impedir la intervención de la justicia.

Los casos judiciales en los cuales se han logrado avances sustanciales, como la prisión domiciliaria para Pinochet, por el caso de secuestro y tortura de prisioneros en Villa Grimaldi, no son destacados por la prensa escrita ni televisiva. Mucho más destacada fue la noticia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs que las de su procesamiento como torturador, hecho que sienta un hito en la historia judicial chilena y latinoamericana.

Todos estos elementos han ido configurando un cuadro en el cual la voz de los ex prisionero(a)s político(a)s no tiene lugar o se le ha ido quitando validez.

Primero porque sus voces son acalladas ([6]) y no concitan el interés de la prensa, pues no son materia que "venda", es decir no son noticias faranduleras, o porque las redacciones de los diarios y canales de TV establecen una censura sistemática sobre ellos, incluyendo el canal nacional de TV, donde se supone debe regir el pluralismo noticioso.

Todo esto ha permitido avalar los intentos de impunidad negociados desde un primer tiempo por la Concertación y la Dictadura, como la mantención de la ley de amnistía de 1978. Hoy, luego del bochorno internacional sufrido por Chile al ser condenado una vez más en las más altas instancias internacionales de justicia, y ser conminado a no aplicar esa ley por no conformarse a los tratados internacionales firmados por Chile, se demuestra de modo revelador la intencionalidad política de la Concertación de mantener a los autores de violaciones a los DDHH libres e impunes.

Es por ello que nuestras primeras reivindicaciones son y serán la verdad y la justicia. No estamos llamando a un revanchismo, simplemente exigimos que la justicia chilena se haga cargo y procese y condene a los culpables. La condena de los violadores a los DDHH en Chile no es negociable para quienes sobrevivimos a ellas ni para los familiares de las víctimas y mientras sigamos con vida es una lucha que continuaremos.

No podemos permitir que el olvido cubra definitivamente la tragedia que vivió Chile durante los últimos años. Se impone un deber de memoria que la sociedad debe asumir y perpetuar y en ese sentido fechas como el 10 de Diciembre día Internacional de los DDHH y el 26 de Junio día Internacional del Prisionero Torturado deben ser conmemoradas por el país a todo nivel, comenzando desde la escuela primaria. Sólo enseñando, desde la edad escolar, los principios y contenidos de los DDHH que podremos crear conciencia ciudadana para un efectivo Nunca Más ([7]).

No esperamos mucho de la actual Concertación, ni tampoco de otro gobierno de dicha coalición. Durante 17 años luchamos contra la dictadura. Han transcurrido otros 16 años y sólo hemos recaudado promesas y elogios, pero una decisión política efectiva de los gobiernos de la nueva democracia para lograr justicia no ha habido y difícilmente existirá. Entonces, lo que no podamos lograr en Chile lo buscaremos más allá de sus fronteras, pues la justicia en el mundo existe y nuestra lucha es legítima y merecemos obtener resultados.

El derecho a reparación está establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, a saber:

18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005

Por tanto cuando nosotros exigimos estamos simplemente ejerciendo un derecho reconocido en los tratados suscritos por Chile y, en esa medida, debe ser el Estado de Chile quién, el primero, debe asumir su obligación de cumplir con los compromisos contraídos y el poder Ejecutivo ejecutar a plenitud su mandato, que por lo demás se lo entregó el pueblo a través del sufragio universal.

Nuestras reivindicaciones no son solamente de orden material o reparatorio, son esencialmente de orden civil y político y de orden moral.

Lo que las ex prisioneras y los ex prisioneros políticos de Chile reclamamos como primordial es ser reconocidos como personas que fuimos victimas de la máquina de terror instaurada por Pinochet, máquina institucional del Estado chileno con agentes estatales y con fondos estatales. Lo que corresponde en consecuencia y en estricto derecho es que se nos trate conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Somos hijos de esta tierra, fuimos encarcelados y torturados, muchos perdimos la vida, porque luchábamos contra la barbarie y por un mundo mejor.

Pero nunca perdimos ni perderemos lo más precioso de nosotros: nuestra
dignidad.

COMITE UNITARIO DE EX PRESOS POLITICOS

Santiago, 4 de Noviembre de 2006

NOTAS DEL AUTOR

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 [1] Una encuesta internacional reciente muestra que el 22% de los chilenos acepta la tortura: "casi un tercio de la población, encuestada en 25 países, justificó este abuso cometido contra detenidos indefensos. La noticia tranquilizadora es que los chilenos se cuentan entre los que más repudian la tortura, según una encuesta realizada entre 27 mil personas por la BBC, cadena estatal de televisión británica. En Chile 22 por ciento de los encuestados dijeron que los apremios se justifican bajo circunstancias extremas" (La Nación 5/11/2006.)

[2] "Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. (...) Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas". Patricio Aylwin Azocar

[3] [3] La CPPYT y las organizaciones de ex prisioneros políticos estiman en más de 100.000 el número de personas que transitaron por los más de 1.000 centros de detención y tortura establecidos a lo largo y ancho del país.

[4] Haremos notar que entre los agentes beneficiados con esta pensión de invalidez se encuentran:

"el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI,

el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente Jorge Vargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de"activos" su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, el mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso.

El capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez "post guerra". Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una "psicopatía orgánica". Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo" (La Nación 9-8-2004.)

[5] Con $ 120.000 mensuales -algo más de US$ 200- y utilizando los precios más bajos entregados por el INE, a esa familia de cuatro miembros le alcanza para lo siguiente: Cada miembro del hogar podrá comer sólo

1 pan al día;

las personas de este hogar podrán comer arroz sólo en 6 comidas al mes;

se podrá comer tallarines 1 vez a la semana;

sólo 1 vez al mes podrán comer carne;

sólo 1 vez al mes podrán comer pollo;

 sólo 2 veces al mes podrán comer vienesas;

cada miembro del hogar podrá tomar sólo 1 vaso de leche cada 3 días;

 cada miembro del hogar podrá comer sólo 2 huevos al mes;

se utilizará el mínimo de aceite para cocinar;

sólo algunos días se le podrá echar margarina al pan;

cada miembro del hogar podrá echar sólo una cucharadita de azúcar por taza de té;

cada miembro del hogar podrá tomar 1 taza de té al día, si se comparte cada bolsita;

sólo 2 veces a la semana la familia tendrá jugo en la mesa;

 se tratará de aliñar con sal lo menos posible;

 cada miembro del hogar podrá comer fruta sólo 2 veces a la semana;

se podrá consumir 1 kilo de tomates a la semana;

 se podrá consumir 1 kilo de papas a la semana para acompañar las comidas;

se podrá utilizar 1/2 kilo de cebollas a la semana;

se podrá comer lentejas sólo 2 veces al mes.

[6] Durante el acto en Villa Grimaldi, el 14 de Octubre 2006, al cual asistió Michelle Bachelet, las organizaciones de ex prisioneros políticos presentes no fueron ni siquiera mencionadas.

[7] El exterminio del pueblo judío durante la II guerra mundial logró sensibilizar a las naciones europeas y cada año se recuerda el fin de la guerra y el cierre de los campos en ceremonias públicas y oficiales. En Chile se debe hacer lo mismo respecto del 11 de Septiembre y sus consecuencias para preservar la memoria.