CIEN PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE AD PORTAS DEL BICENTENARIO

Escrito por Lucía Sepúlveda Ruiz

elclarin.cl martes, 22 de septiembre de 2009

A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres)  en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Etica Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año.

Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello  se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres  recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3  están afectadas por  medidas cautelares.

Este será uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.

Una victoria de los ddhh

Hay una victoria que pueden contabilizar a su haber los presos políticos mapuche en favor de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas. El gobierno debió retroceder en su intento de dispersión territorial del grupo más compacto, los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM) y de otros comuneros detenidos a quienes se acusa de asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado, entre otros cargos. Judicialmente la medida de traslado, apelada por la defensa, había salvado todas las vallas pero fue resistida por los presos de la cárcel El Manzano con una prolongada huelga de hambre que sólo se levantó cuando oficialmente el gobierno informó la no vigencia de esos cambios.

La denuncia de los familiares, que permanecieron días y noches en vigilia permanente a la espera de los traslados anunciados,  y la sólida argumentación de los abogados de derechos humanos que veían en ello la adopción de prácticas de la dictadura de Augusto Pinochet, sumados al impacto que a nivel  nacional e internacional tuvo el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío por carabineros, impidieron la materialización del plan de Gendarmería. La medida consistía en  trasladar los presos a ciudades como Puerto Montt, Rancagua y Valdivia, ubicadas a centenares de km de sus comunidades de origen, en desmedro de sus derechos humanos y de su defensa.  Un recurso presentado por los hijos de Héctor Llaitul defendiendo su derecho a mantener el contacto con su padre fue rechazado a destiempo por la Corte de Apelaciones, cuando ya la medida no estaba vigente.

Permanecen otras irregularidades que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista de tiempos de Augusto Pinochet (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar. Hay detenidos que habían sido trasladados lejos de sus familias anteriormente cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos  son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito.  Muchos mapuche sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de “prisión preventiva” operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales.

Por otra parte, se discrimina a los imputados mapuche forzándolos –sin éxito muchas veces- a entregar muestras de su ADN, práctica rechazada por los presos que temen por su experiencia anterior con montajes político judiciales, que ello sea utilizado en su contra en situaciones futuras de conflictos. Además, la persecución y búsqueda de  comuneros con órdenes de detención, justifica para la policía la realización de allanamientos de extrema violencia con uso de fuerzas combinadas, que incluyen carabineros y civiles armados, y el empleo de balas y gases lacrimógenos afectando crecientemente a los niños, mujeres y ancianos.

Los insultos de carácter racista y la tortura son práctica común al momento de la detención así como en los cuarteles y centros de detención, con aplicación deliberada de golpes en los oídos y en la zona abdominal, para no dejar huellas y obstaculizar las denuncias. A medida que se extiende la movilización por el territorio en que hoy viven los mapuche del campo y los mapuche  que viven en las ciudades, el brazo represivo acoge también a los menores de edad que se manifiestan en marchas o mitines.

Pero para el gobierno de la Presidenta Bachelet, estos temas considerados  “delictuales” no revisten importancia. Su llamado público al diálogo y la producción del inconsulto “reglamento” del Convenio 169, va paralelo a la negación tanto de la existencia de la prisión política mapuche, como la criminalización de sus luchas por la recuperación de las tierras, y la militarización del territorio de las comunidades en conflicto. El gobierno no logra reconocer políticamente que estas luchas ya se extienden no sólo a Arauco y Malleco sino también a zonas de la Región de la Araucanía y la Región de los Lagos, acompañadas de nuevas organizaciones territoriales  más vinculadas a los liderazgos tradicionales.

La parafernalia del bicentenario no da cuenta de estas complejidades. Pero esa fiesta recién comienza y los invitados no son los de siempre.

A continuación, presentamos el listado de Presos Políticos Mapuche actualizado a septiembre de 2009 como parte del trabajo de la Comisión Etica Contra la Tortura en conjunto con las organizaciones mapuche y de derechos humanos.

100 presos políticos y/o procesados (7 mujeres)

43 casos de prisión efectiva actual·

34 casos en que se ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura (marcados con **)

16 casos de detenciones de menores de edad y/o escolares

57 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares.

3 mujeres en prisión (una con cáncer terminal) y 3 con medidas cautelares

 

Simbología:

** = ley antiterrorista

< = menor de edad

 

1.1           - Mujeres en prisión

1.- Juana Calfunao Paillalef, 51 años, madre de 5 hijos, Lonko comunidad Juan Paillalef, en  Cunco IX región. Miembro fundador de la Comisión Etica Contra la Tortura. Lucha por la defensa de su territorio invadido por empresa eléctrica y por el MOP. Detenida desde el 15 noviembre 2006. Condenada a 4 años y medio por atentado a la autoridad (desórdenes en tribunal). Su hija Relmutray recibió asilo en Suiza para protegerse de la persecución a su familia, la mayor parte de la cual –incluidos su padre y su hermano- están en prisión. Cumple condena en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco.

2.- Mireya Figueroa, 47 años, madre de 4 hijos, miembro de la comunidad Tricauco, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Detenida el 1º de julio de 2009, eludió a la policía durante 5 años luego de decidir no presentarse al juicio oral por caso Poluco Pidenco en que iba a ser enjuicida por la ley antiterrorista. Padece un avanzado cáncer de mamas. No se sabe aún si será juzgada por ley antiterrorista, pero enfrenta acusaciones de “incendio terrorista”. Cumple detención en el Hospital Barros Luco de Santiago, a la espera del juicio oral. Su hijo, Oscar Queipo Figueroa, fue detenido el 15 de septiembre de 2009, luego de regresar graduado como médico desde Cuba y liberado un día después con medidas cautelares.

** 3.- Patricia Troncoso Robles, activista mapuche (causa Poluco Pidenco) La Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el 24 de octubre de 2008, obligándola a cumplir su condena de 10 años y un día (por Ley Antiterrorista). La Comisión Interamericana de  DDHH tramita su demanda contra el Estado chileno. Sólo obtuvo beneficios carcelarios de salida dominical gracias a su huelga de hambre (2008) de 112 días. Cumple condena en el Centro de Educación y Trabajo, CET de Angol.

1.2           Mujeres con medidas cautelares

-Luisa Calfunao Paillalef, 41 años, madre de 4 hijos, hermana de la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef. Condenada a 3 años por “atentar contra la autoridad”, inferir “lesiones menos graves” a funcionarios públicos presentes y destrucción del expediente del proceso. Imágenes que circularon por Internet, permitieron verla encadenada de pies y manos en el sector de enfermos psiquiátricos. Así permaneció en la cárcel desde noviembre de 2006, logrando la libertad vigilada con firma periódica a fines de 2008.

Carolina Landeros Calfunao, hija de la lonko Juana Calfunao, comunidad Juan Paillalef Firma mensual por condena remitida de 2 años y 1