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Enviado desde Bruselas por Patricia Parga

CHILE: Detención de Elena Varela, Libertad de expresión y Derechos de los Pueblos Indígenas

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Nosotros miembros de asociaciones y organizaciones de Europa nos hemos enterado de la creación en el pasado mes de mayo de la Plataforma ciudadana por la libertad de expresión y creación, que reúne a personalidades, profesionales del medio audiovisual y de organizaciones de Derechos Humanos. Nos llama la atención que en un país supuestamente democrático, ciudadanos de distintos sectores se vean obligados a organizarse para defender estos derechos fundamentales.

 
En 1989, en Chile, fue elegido el primer gobierno civil, después de 17 años de régimen militar. La Comunidad internacional ha seguido con un gran interés este proceso de transición hacia un régimen de real democracia. Lamentablemente esta transición se eterniza desde ya casi 20 años. Las esperanzas que nacieron con la instalación de los gobiernos civiles se han ido disipando con los años.

 
La impunidad de los violadores de los derechos humanos continúa, a pesar de algunas condenas de carácter simbólico salvo algunas excepciones. Todo movimiento de reivindicación es violentamente reprimido. La ausencia de respuesta a la permanente desigualdad socio-económica provoca una fuerte tensión en diferentes sectores de la sociedad y la libertad de expresión sigue siendo limitada.

 
El 3 de mayo se detiene a la documentalista Elena Varela: la gota que rebalsa el vaso
Después de 4 meses de prisión “preventiva” Elena fue liberada con «arraigo domiciliario» y prohibición de salir del país. Esta política represiva del gobierno chileno que utiliza leyes y métodos del régimen militar pasado y que creíamos superada, se ha vuelto cotidiana hoy en día. Las detenciones preventivas tales como la que ha sufrido Elena Varela son parte de esta política aplicada a los dirigentes mapuches que reivindican sus derechos territoriales y los militantes chilenos que contestan las injusticias sociales. El prolongado período de incomunicación de Elena Varela, la sustracción de su material video no restituido aún (luego de haberse cumplido los diez días de plazo de entrega, anunciado al momento de su liberación) y el no respeto del « secreto de las fuentes » en su actividad de investigación han motivado a que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile presentara una serie de medidas cautelares en favor de la documentalista, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución que las acogió rápidamente.

 
La detención el 17 de marzo 2008 de dos cineastas franceses, en Collipulli, mientras recogían testimonios, el arresto el 3 de mayo con la expulsión del país de dos cineastas italianos, cuando filmaban una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko y el caso de Elena Varela confirman que todo profesional que se interese en investigar y difundir los problemas sociales en Chile puede sufrir la misma suerte, tales como las organizaciones sindicales, estudiantiles, así como periodistas académicos, cientistas sociales, etc. Además de intimidar a las comunidades mapuches que hoy luchan por sus reivindicaciones, esto representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la investigación y a la información.

 
¿Se respeta la libertad de expresión en el Chile actual?

El problema de la libertad de expresión irrumpió en la escena política chilena con la detención de Elena Varela, evidenciando otras violaciones que han vulnerado recientemente esta libertad fundamental:

- La prohibición, por la justicia militar, de la publicación del libro « Ética y Servicios de Inteligencia » de Humberto Palamara, llevó a que la CIDH a sentenciar el Estado chileno por violación de la libertad de pensamiento y de expresión y lo condenó a publicar el libro censurado, restituir todo el material del que su autor fue privado y dejar sin efecto las sentencias de desacato, desobediencia e incumplimiento de deberes militares establecidas contra el autor.

- El rechazo del Estado chileno de entregar a Claude Reyes y a otros ciudadanos la información sobre el Comité de inversiones extranjeras en relación con la empresa forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor indujo, en 2006, a la CIDH a sentenciar al Estado chileno por violación a la libertad de pensamiento y de expresión y lo condenó a entregar la información solicitada y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información.

- La demanda de nulidad interpuesta por el gobierno chileno del fallo internacional que determinó el pago de una indemnización a Víctor Pey, propietario del Diario El Clarín en Chile (expropiado por la dictadura de Pinochet) y a la Fundación Salvador Allende, impide la posibilidad real de existencia de un nuevo medio de expresión y favorece el monopolio de los dos grupos económicos que controlan la prensa en Chile.

 
- Asimismo, las repetidas agresiones a reporteros gráficos que cubren las movilizaciones sociales en Chile, en particular a Jorge Zúñiga, Presidente del Sindicato de Medios Independientes, además de la detención y expulsión de documentalistas extranjeros, franceses e italianos particularmente, que investigaban sobre el conflicto en la región mapuche, constituyen factores de preocupación adicional.

 
El respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas

Con claridad constatamos que han resurgido los problemas de las comunidades mapuche en sus demandas de restitución de tierras y en sus protestas ante el grave problema que representa la instalación de basurales, afectando zonas habitadas mayoritariamente por poblaciones mapuches.

 
Chile es uno de los pocos países de la región que aún no ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas en su Constitución. Si bien, estos últimos años el gobierno ha realizado diversas iniciativas en relación a las políticas indígenas, éstas no fueron discutidas, ni acordadas con las poblaciones concernidas y se han revelado contraproducentes en materia de protección, respeto y promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los programas de desarrollo, tal como el programa Orígenes, que ha significado una gran inversión por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado chileno, se han dedicado en muchos casos a implementar proyectos a corto plazo con un enfoque “culturalista” sin garantizar los derechos políticos y territoriales de dichas poblaciones. En consecuencia, las demandas de las comunidades mapuche han aumentado y se observa que las respuestas del Estado chileno están más bien dirigidas a criminalizarlas y a reprimirlas fuertemente como ha sucedido con los recientes allanamientos de la policía a la comunidad de Temucuicui (ha sido allanada violentamente más de 30 veces en los últimos años). Los reiterados obstáculos impuestos por la administración chilena con el fin de dificultar la salida del país de representantes mapuche – como es el reciente caso del Lonko Pascual Pichún invitado al Foro Social Europeo de Malmö, quien perdió su vuelo al no poder recuperar a tiempo su pasaporte retenido en el registro civil – demuestran la voluntad del gobierno chileno de impedir la libre circulación al extranjero de todos aquellos que contestan su política.  
 
Frente a este contexto, varias organizaciones internacionales (Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, Amnesty International) y nacionales (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Observatorio Ciudadano, Asamblea Nacional por los Derechos Humanos) han emitido, en diversas ocasiones, serias críticas por las repetidas «faltas» a los Derechos fundamentales en Chile. A pesar de estas múltiples recomendaciones y condenas, su incumplimiento parece ser la norma recurrente y vigente. La realización de « misiones » de instituciones y organizaciones internacionales de Derechos Humanos podría apoyar la labor de quienes se movilizan contra las situaciones de violencia de todos los sectores sociales reprimidos. Pero consideramos que el respeto de los derechos fundamentales y una buena convivencia de los distintos Pueblos, dependen de la acción de los ciudadanos al exigir al Estado de distintas formas, como la conformación de una plataforma para defender la libertad de expresión, el real ejercicio de una democracia participativa y multicultural.   

París, 21 de septiembre de 2008.

 

 

-  Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili, France, ddh_chili_fr@ hotmail.com

-  Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques, info@csia-nitassina n.org

-  Association Pueblo, Paris, France, asso.pueblo@ hotmail.fr

-  Réseau d’Information et de Soutien au Peuple Mapuche, France,  http://mapuche. free.fr

-  Association Terre et Liberté pour Arauco, France libertadarauco@ gmail.com

-  MAPUCHE, Associazione d’amicizia con il popolo Mapuche, Italia http://www.ecomapuc he.net