LA CONCERTACIÓN SE NIEGA A ACEPTAR FALLO DE TRIBUNAL INTERNACIONAL
Fuente: http://recorta.com/1878af
PiensaChile
Las deleznables declaraciones de distintos personeros de la Concertación ante el fallo del CIADI(*) en favor de Víctor Pey, recientemente dado en conocer en la prensa de nuestro país, contienen una verdadera lección de realismo para aquellos que todavía siguen creyendo, a pesar de una larga experiencia acumulada en sentido contrario, de que en la coalición gobernante existirían aún partidos que pudieran identificarse con los valores morales y políticos de la izquierda chilena, aquella misma cuya figura y símbolo máximo fuera el presidente Salvador Allende.
La situación de Víctor Pey ante el Estado chileno no puede sino recordarle a uno la tragedia de Josef K, el personaje central de El Proceso (la novela inconclusa del gran escritor judío Franz Kafka), quien espera por interminables años poder cruzar la puerta de la justicia, sin que nunca lo consiga, porque siempre hay allí un guardia que se lo impide.
En realidad el primer acto de esta empecinada denegación de justicia comenzó el mismo día 11 de septiembre de 1973, cuando al producirse en Chile el Golpe militar de estado Víctor Pey es conminado, mediante el Bando No. 19, a concurrir al Ministerio de Defensa, a entregarse ante los nuevos amos del poder; por lo cual decide asilarse en la Embajada de Venezuela (El Clarin: Por qué el gobierno chileno quiere mantener cerrado un periódico de izquierda). El día primero de octubre de 1973 la DINA asalta su oficina en la calle Agustinas, descerraja su caja de fondos y le roba, entre otras cosas, los documentos y títulos de la compra del Diario El Clarín.
Posteriormente, connotados miembros de la Junta Militar intentarán apropiarse, mediante diversos recursos gangsteriles, de la propiedad del exitoso periódico popular, que van desde la intimidación, al chantaje y a la confiscación de varias de las propiedades en Chile de Darío Sainte-Marie, ex propietario del periódico, para que anule la venta de aquél a Víctor Pey. Como Sainte-Marie se niega a participar en esta jugada sucia, se procede a falsificar, bajo su nombre, un documento de traspaso de la propiedad de El Clarín a Ramón Carrasco, Jorge Venegas y Emilio González, con el fin de crear una ficción pseudo-legal que probaría que Sainte-Marie les habría vendido El Clarín a ellos.
Posteriormente se intenta implicar a Salvador Allende en la propiedad de El Clarín, y hacer aparecer a Pey como fiduciario del presidente, de modo de contar con un argumento pseudo-legal para aplicarle el Decreto Ley No.77, del 8 de octubre de 1973 (igualmente ilegítimo) que declaraba ilícitos y disueltos los partidos políticos chilenos y les confiscaba sus bienes.
Al producirse en Chile el retorno a la democracia, después de 17 años de dictadura, Víctor Pey debe haber pensado, erróneamente como se ha visto, que había llegado el fin de sus problemas, y que la recuperación de la propiedad y los bienes del Diario El Clarín, sería cuestión de un tiempo relativamente corto. Lo que Pey no podía anticipar es que los distintos gobiernos de la “Democracia tutelada”(Portales) que vino a reemplazar a la dictadura militar, se la jugarían por la denegación de justicia, con el mismo empecinamiento y de manera igualmente deleznable, o peor, de lo que lo hicieron sus antecesores en el poder.
Pero por lo menos, bajo las nuevas condiciones políticas y judiciales, Pey conseguirá , por medio de una orden judicial, recuperar los documentos que probaban que El Clarín era de su propiedad, y que le habían sido robados de su oficina por agentes de la dictadura.
Ante la imposibilidad de que bajo la Democracia Tutelada le fueran reconocidos sus legítimos derechos, Pey decide, el 2 de octubre de 1997, recurrir al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington. D.C. Luego de más de 10 años de tramitaciones y deliberaciones , durante los cuales los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos hacen uso de toda clase de jugadas y trucos ante aquel tribunal internacional (que recuerdan las tácticas dilatorias utilizadas por Pablo Rodríguez en la defensa de Pinochet) con el fin de bloquear y postergar la decisión de los miembros del CIADI.
Y como si esto fuera poco el gobierno chileno tuvo la osadía , al poco tiempo de que Pey presentara la demanda ante el CIADI, de montar una maniobra que recuerda a aquellas empleadas antes por la Dictadura, de acuerdo con la cual se procedió a pagarles una suerte de indemnización de nueve millones de dólares a los supuestos herederos de Saint-Marie, así como a Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas, a quienes se les venía haciendo aparecer, desde la época de Pinochet, como los verdaderos dueños de El Clarín.
¿Cómo se explica esta sistemática oposición de los gobiernos concertacionistas a reconocerle sus legítimos derechos a Víctor Pey? ¿Cuál habría sido su “crimen”? Nos parece que esto sólo puede explicarse a partir del acuerdo secreto de 1989 entre los líderes de la concertación y los representantes de la dictadura pinochetista derrotada en el Plebiscito del año anterior. La persistente y activa oposición de todos los gobiernos concertacionistas, comenzando con el de Aylwin, a que exista un prensa de izquierda (denunciada muchas veces por Juan Pablo Cárdenas), complementada con la entrega de la totalidad del avisaje fiscal al duopolio El Mercurio-Copesa, muestran que aquel acuerdo es hoy tan plenamente vigente como lo fue en los primeros años de la Concertación, y que una de sus cláusulas centrales consistía en que esta coalición no podía aspirar a contar con una prensa propia.
El relanzamiento de El Clarín vendría a romper, como quien dice, desde fuera, con los términos de aquel pacto, al hacer posible la existencia de un periódico alternativo, que además ya no sólo sería crítico de la derecha tradicional, sino de la nueva centro-derecha representada por la Concertación.
He aquí, entonces, el “crimen” de Pey: haber manifestado públicamente que su deseo, una vez resuelto el arbitraje internacional, y recuperados los dineros y la propiedad, sería reeditar El Clarín como un periódico independiente y crítico.
En días pasados, al conocerse la decisión de los jueces del CIADI, Hugo Lavados, Ministro de economía de la Presidenta Bachelet, declaró a la prensa que el gobierno se opondría al fallo internacional a favor de Pey, sin que importaran los gastos que esta oposición pudiera demandarle al Estado de Chile, porque, dijo, “no es un problema de pesos, sino de principios”. Desgraciadamente el Ministro no explicó de qué principios estaba hablando. Porque oponerse por todos los medios, morales e inmorales, legales e ilegales, a que se le haga justicia al propietario de Clarín, sólo puede significar que la injusticia, la ilegalidad, y el no respeto al derecho, nacional e internacional, se han convertido en los principios activos que rigen la conducta de las elites, que desde 1990 vienen decidiendo la riqueza y la miseria, la vida y la muerte, de nuestros sufridos compatriotas.
Nota:
(*) CIADI, sigla española del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
 Comentarios (1) |
Escrito por Máximo Kinast 
, el 13-05-2008 14:45
Los miembros de la Concertacion son gangsters, a los que la Libertad de Prensa es como azucar para un diabético. Los medios que han usado y usan para apropiarse del país (o expropiarlo) y para conservarse en el Poder evitando toda discrepancia son propios de la mafia, de Al Capone o de la Derecha de Chile. ¿Pero que otra cosa se puede esperar? Si el amo de la Concerta, W. Bush actúa igual. Miente para invadir países. Sus adláteres Chebey Rundsfel y la CIA, se benefician de los crímenes y USA se va a la bancarrota. ¿Por qué Misia bachelet va a ser menos?
1 comentario
Joseba Macías -
Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos
El ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa triangulación bancaria en la que la empresa se queda con el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinadosa educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la constructora Consorcio Industrial por supuestas obras que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace suyas sin meter las manos. De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan escasos días como mandatario estatal, hace efectivo aquello del año de Hidalgo, convierte al presupuesto michoacano en su caja chica y se retira del cargo con muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como cerebro a su contador público Raúl Rosas Morales, quien a su vez es protegido por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández y Víctor Manuel Reyes, quienes tapan las evasiones fiscales. Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue operando, no obstante tener problemas legales por evadir al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los contratos que consiguen los venden a otras compañías. A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de Michoacán unomásuno tiene pruebas en su poder,quien a cambio se benefició con varios millones de pesos. Sin embargo, Consorcio Internacional no paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie decontratos para obras, tras ganar un concurso, según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio Industrial no tiene maquinaria para realizar los trabajos. Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y LAVAN DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas del gobierno michoacano, utilizan una ingeniosa triangulación en la que el dinero es lavadoo blanqueado. La triangulación consiste en que el dinero propiedad del gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial por las supuestas obras, es depositado en Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas personales del mandatario, del propietario de la compañía y al gobierno local. Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y que algunas de ellas están firmadas por familiares,como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano yFélix Cantú Ayala. Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y actualmente está prófugo, según se sabe. Es precisamente por la amistad de sus padres que Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar idean el desfalco al gobierno del estado de Michoacán. La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de junio de 2004. Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta sucede el 19 de junio de 2006
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno deMichoacán, gente que conoce el asunto demanda que se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto ilícito antes mencionado. Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el Año de Hidalgo al apoderarse de esta manera de varios millones de pesos que eran para educación, seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador homosewxual electo, Leonel Godoy inicie suGestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades, se haga justicia.