MUERTE DE UN TRABAJADOR

"...cuando alguien dispara

contra un trabajador

se está disparando contra Chile"

 

 

Por Héctor Vega*

Fuente: Fortín Mapocho

Difundido por Política Cono Sur

Cuando la Presidenta Bachelet asistió a la Capilla ardiente del cabo segundo Luis Moyano dijo tener mucha rabia por su muerte. Agregó que "cuando alguien dispara contra arabineros de Chile se está disparando contra Chile". Algo parecido se dijo con la muerte del cabo Cristián Vera, cuando los hechos del 11/09. Sin embargo, no he escuchado a ningún político decir: "que cuando alguien dispara contra un trabajador se está disparando contra Chile".

Como primera reacción, la derecha, ha propuesto mano dura, elevar las penas y en nombre de la "seguridad ciudadana" dotar de nuevos elementos a la policía.

Rodolfo Stange, ex general director de Carabineros en un lenguaje sin rodeos y que devela las verdaderas intenciones de la derecha dura, propuso restituir la detención por sospecha y lamenta que no exista la pena de muerte. Textualmente agrega que "esta sociedad no está acostumbrada a tener tanta libertad sin castigo". "Me trae al recuerdo lo que sucedió el año 80' en que en esta misma época, digamos estival, tuvimos muchos asesinatos de Carabineros por gente que no quiere tranquilidad, no quiere orden".

La clase política no ha perdido su tiempo en ver las verdaderas causas de la violencia. Nadie mencionó el sistema, ni las desigualdades, ni la falta de oportunidades que crea. Todo se mantiene incólume porque lo que falla no es el sistema sino ciudadanos de mala voluntad e incapaces de entender sus bondades. Por eso es necesario aplicar mano dura para que todos marchen según el ritmo que conviene.

En Chile el itinerario de la violencia en la época republicana es largo. En los períodos más negros de su historia, la Policía y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión a la clase trabajadora. Pero, la lucha social nunca se detuvo; por el contrario, siempre surgieron quienes reemplazaron a los caídos.

Recordemos a comienzos del siglo XX durante el gobierno de Germán Riesco, la masacre de los trabajadores portuarios de Valparaíso en 1903; luego en 1905, la llamada Semana Roja contra manifestantes en Santiago; la represión de los ferrocarrileros de Antofagasta en 1906; la carnicería de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 cuando murieron cientos de trabajadores del salitre; la matanza obrera de Puerto Natales, movimiento liderado por los trabajadores de los Frigoríficos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego [1919]. El incendio de la Federación Obrera de Magallanes, hecho ocurrido bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes [1920].

Recordemos aún, las masacres de obreros salitreros de San Gregorio [1921]; la Marusia [marzo de 1925] y La Coruña [junio de 1925]; la masacre de los campesinos y obreros forestales de Ranquil en el alto Bío-Bío [1934]; la represión desatada contra el movimiento obrero bajo el gobierno de Gabriel González Videla [1946-1952] con relegaciones y campos de concentración, siendo el más célebre el de Piragua; la matanza de Plaza Búlnes, contra un mitin convocado por la Confederación de Trabajadores de Chile, el 28 de Enero de 1946; la revuelta contra las micros donde cayeron asesinados por carabineros 30 personas durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo [1953-1959]; la masacre de pobladores de la Población José María Caro, durante el gobierno de Jorge Alessandri [1963]; la masacre de trabajadores de El Salvador, baleados por el ejército con balas de guerra que traspasaron las calaminas de la sede sindical, tras las cuales se refugiaban los trabajadores; represión y muerte de los pobladores de Pampa Irigoyen en Puerto Montt. Todo ello bajo el gobierno del demócrata cristiano, Frei Montalva [1964-1970].

Durante la dictadura fue un ejercicio sistemático, el asesinato, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el desaparecimiento de trabajadores, opositores y militantes de izquierda, detenciones arbitrarias y selectivas, allanamientos masivos, secuestros y relegaciones…

Bajo el gobierno de Aylwin, Marco Ariel Antonioletti, militante del Mapu-Lautaro, fue buscado y baleado por la policía, en la casa de Juan Carvajal Trigo, periodista de Fortín Mapocho. Belisario Velasco -a la sazón subsecretario del Interior- ordenó su detención. La crónica de la época recuerda que Marco estaba desarmado y que era innegable que la aplastante desigualdad de fuerzas permitía detenerlo con vida. Sin embargo, Ariel fue asesinado de un balazo en la frente, probablemente un tiro de gracia. Ninguno de los policías fue herido en la acción.

Bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Claudia López cayó bajo las balas de carabineros durante una manifestación de pobladores en la población La Pincoya [1998]; en Arica corrió la misma suerte el estudiante Daniel Menco en diciembre de 1999.

Durante el gobierno de Bachelet, en la huelga de los trabajadores forestales de Arauco, el obrero Rodrigo Cisternas Fernández cayó bajo las balas de carabineros [mayo 2007]. Hechos ampliamente documentados y difundidos por la Organización Mundial Contra la Tortura [OMCT], que en declaración pública recuerda el deber de las autoridades chilenas de garantizar que toda operación policial contra manifestantes respete las normas internacionales de derechos humanos especialmente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Pero también hay hechos que repudian la conciencia republicana. La inmolación del militante del Partido Comunista, Eduardo Segundo Miño Pérez frente a La Moneda, protestando por el "maltrato y engaño a que son sometidos por la Mutual de Seguridad y sus médicos", a quien acusó de maltratar a los trabajadores enfermos, pacientes de asbestosis y engañarlos. Miño, en un mensaje póstumo, denuncia a la Industria Pizarreño, "por no haber protegido a sus trabajadores y familias del veneno del asbesto". Su protesta, fue contra "los grandes empresarios culpables del drama de la cesantía" su acto, expresa, es "una forma de protesta última y terrible, que la hago en plena condición física y mental".

Esta ya larga lista de violencia demuestra las verdaderas causas de lo que ha querido ser reducido a un problema de delincuencia. Cuando Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Ricardo Lagos negociaron con Pinochet las ciento y tantas leyes secretas destinadas a perpetuar el sistema neo-liberal impuesto por la dictadura, y la Constitución que los consagraba, estaban dando una cobertura legal a la gran humillación que durante 16 años de dictadura vivió el pueblo de Chile. Mientras esos 3 negociaban, el pueblo que había luchado en las calles, que contaba sus caídos, quedaba al margen de toda decisión. Método que con el correr de los años se transformaría en norma de gobierno: la exclusión.

Esa es la causa fundamental por la cual los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos estuvieron amarrados al sistema político, económico y social del pinochetismo y ahora con algunas variantes el de Bachelet. En ese contexto, ninguna Comisión ni actividad ciudadana –métodos privilegiados por la presidenta– podrá restablecer la dignidad de un pueblo permanentemente humillado: humillado en el transporte; en las colas de la salud; en la desigualdad ante la educación; en la vivienda; en las remuneraciones; en las posibilidades de acceso a una vida mejor; engañado en un "chorreo" que todos saben que nunca llegará; en fin, pueblo desengañado de promesas que nunca se materializaron.

No se puede enmendar rumbos sin antes desactivar las ataduras a la democracia, desterrar de la vida pública los escándalos del poder político y la prepotencia de los empresarios. Bajo el sistema actual, NO puede haber seguridad ciudadana, porque ella emana del mismo pueblo que hoy es testigo pasivo de acontecimientos sobre los cuales no tiene ningún poder de decisión.

La policía actual es un mecanismo de represión de intereses, no es un órgano de la institucionalidad republicana. Falta para ello, la sanción de un pueblo organizado en los barrios, en sus lugares de trabajo, en fin, dispuesto a tomar su destino en sus propias manos. El poder político actual carece de legitimidad real. Sus actos, sus discursos están rodeados de formalidades carentes de contenido. Las palabras, no sólo de la Presidenta, sino del conjunto de la clase política, se van con el viento que las difunde. Porque representan apenas al "Club de los 200", que manda y orienta la vida de los 15 millones de chilenos que habitan en el territorio nacional.

No olvidemos que durante 16 años, las Fuerzas Armadas, fueron la columna vertebral de la violencia en Chile. No son las declaraciones, ni las ceremonias formales las que restituirán la verdad y la justicia sobre los hechos pasados. Es una herida no cerrada y lo será mientras no exista la institucionalidad republicana que así lo garantice.

No olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas en Chile y que en virtud de ello son responsables de su uso ante la ciudadanía.

Ni las autoridades civiles ni las Fuerzas Armadas han dado un primer paso que indique al pueblo de Chile que se ha restablecido la institucionalidad republicana en Chile.

Más aún, para aquellos que aún no lo han entendido. Ese primer paso emana del poder civil, no del poder militar pues aquel recibe el mandato popular para ejercerlo. Del poder civil debe surgir la iniciativa para que exista una Constitución realmente democrática, real equilibrio de poderes, justicia creíble y no una caricatura como la actual, justicia social y fin de los privilegios.

No habrá paz ni concordia, ni reconciliación de los espíritus sino cuando en virtud de las fortalezas y virtudes republicanas nunca más las armas se vuelvan contra los mismos que las entregaron -en un gesto cargado de simbolismos- a los cuerpos armados de la República para el resguardo y protección de la soberanía externa e interna de la Patria. No olvidemos que el control sobre las armas, hoy en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, proviene de los fundamentos mismos de la democracia que se basa en el restablecimiento de la Soberanía que en último término emana del pueblo.

* Director de Fortín Mapocho. Preside el Movimiento de Saneamiento Político y Social

23/10/07