| Fuente: http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1708&language=spanish El sector farmacéutico de Chile ha protagonizado un cuestionable capítulo, desde que el pasado mes de marzo el Tribunal de la Libre Competencia del país (TDLC) acusara a las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand –que juntas concentran el 92% del mercado- de coludirse para subir el precio de 222 medicamentos considerados críticos, entre diciembre de 2007 y abril de 2009. La acusación del TDLC descansó en una exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, un servicio público encargado de velar por la libre competencia, que probó a través de documentos y llamadas telefónicas (que posteriormente reconoció Farmacias Ahumada) que, en el período, las tres cadenas su pusieron de acuerdo para elevar hasta en un 97% el valor de algunos medicamentos, entre los que destacan productos para tratar la epilepsia, diabetes, anemia, úlcera, además de suplementos vitamínicos y anticonceptivos, entre otros. Debido a lo anterior, el TDLC determinó multas por 15 millones de dólares para cada empresa, el máximo monto que estipula la ley chilena en estos casos. La reacción de los indignados consumidores no se hizo esperar e inmediatamente salieron a la calle a protestar, causando destrozos en los locales de las farmacias, haciendo un llamamiento a no consumir los medicamentos que éstas proveen y a adquirir los productos de la competencia. Hoy, los ejecutivos de Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand apenas se atreven a consultar el precio de sus acciones en la bolsa, después de asistir al desplome del 43% de sus ventas en marzo, frente al mismo mes de 2008. Mientras tanto, la actividad comercial de los pequeños competidores creció en un 35% durante ese mes. Jaime Campos, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), enfatiza que “claramente las firmas involucradas, y en consecuencia sus propietarios, se han visto afectados en forma muy negativa por el rechazo de los consumidores, reduciendo eventualmente su participación de mercado. Ello debería favorecer la entrada de nuevos competidores o la expansión de los competidores ya establecidos”. Al margen de las consecuencias que todo esto ha tenido para las empresas involucradas, la opinión pública chilena se pregunta por qué han fallado los principios de la libre competencia en un mercado que supuestamente está regulado. La ética y los incentivos confabulados A juicio de Guillermo Patillo, profesor del Departamento de Economía de la USACH, “el mundo perfectamente competitivo es un óptimo teórico y difícil de hallar en la realidad, y ello debido a varias razones: mayor eficiencia en las escalas de producción, que obliga a satisfacer importantes fracciones del mercado; problemas de transparencia en la información; y barreras de entrada de diverso tipo. No es extraño, entonces, que, en la práctica, la estructura de mercado predominante sea el oligopolio, siendo raros los casos tanto de competencia perfecta como de monopolio”. En opinión de Patillo, ello no significa que las compañías oligopólicas tengan poder de mercado significativo, “en muchos casos este poder es muy escaso, o bien, desaparece ante la posibilidad de la competencia internacional”. No obstante, Patillo reconoce que existen mercados donde las empresas oligopólicas sí cuentan con un poder relevante “y pueden ampliarlo, coludiéndose para actuar como monopolio. Esta acción aumenta sus utilidades, reduce el bienestar de los consumidores y distorsiona de forma relevante el funcionamiento del mercado, por lo que debe ser sancionada. El profesor de la USACH dice que en “su base existe, sin duda, un problema ético, ya que transgrede a propósito la legislación vigente y atenta contra el bienestar de la sociedad”. Orlando Balboa, profesor del Departamento de Economía de la USACH, opina que la libre competencia a veces no se lleva a la práctica, básicamente, porque se trata de un problema de incentivos. En general, dice, “las firmas reconocen que es mejor, en términos de beneficios económicos, lograr algún tipo de cooperación entre ellas que limite la competencia, especialmente en materia de precios. Esta cooperación se facilita en los mercados concentrados, cuando hay barreras de entrada, frecuencia de compra de los consumidores, una demanda inelástica y algún tipo de red social por parte de los dueños o administradores de las compañías”. El ingrediente de la concentración del mercado Campos coincide con Patillo y Balboa, recalcando que “tanto la concentración de los mercados como la falta de ética, son condiciones necesarias para que falle la libre competencia, además de otros factores”. Recientemente el diario chileno, El Mercurio, publicó un reportaje titulado “Radiografía de la concentración de los sectores económicos en Chile”, donde advierte que además de la industria farmacéutica, el sector de las líneas aéreas, combustibles, televisión por cable -o pagada-, alimentos y banca también arrojan altos índices de concentración. Y aunque en el reportaje, el director ejecutivo del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica de Chile, Ricardo Jungmann, es categórico en aclarar que “en ningún caso la concentración es sinónimo de colusión”, el consenso académico apunta a que la concentración puede llegar a transformarse en un elemento nocivo, especialmente en los mercados donde hay barreras de entrada. Es por ello que las industrias concentradas anteriormente descritas, están actualmente bajo la lupa del TDLC, el mismo que el año pasado rechazó la fusión entre las cadenas de grandes almacenes chilenos Falabella y D&S, por considerar que la alianza crearía un megaretailer, el cual pondría en riesgo la libre competencia en el sector. La colusión en el resto del mundo Marcando una diferencia con los demás académicos, Fernando Coloma, Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, declara que “en muchos mercados nos acercamos al paradigma competitivo, por lo que no me parece preciso partir de la premisa de que falla la libre competencia. Lo que sí es cierto es que en algunos mercados la competencia está en entredicho. Cabe señalar, eso sí, que esto no es propio de la realidad chilena, estas situaciones también se dan en el mundo desarrollado. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de existir fuertes regulaciones a la competencia, hay múltiples ejemplos de acusaciones de colusión y de comportamientos anticompetitivos”. De igual forma, el profesor subraya que “la novedad es que ahora, en Chile, se persiguen con mayor rigor las conductas reñidas con la competencia y es por ello que han aflorado a la luz pública”. Campos también comparte la idea de que hay una importante cantidad de casos en la Unión Europea, que han sido sancionados por prácticas colusivas. “Uno bastante famoso fue el de las casas de subastas de objetos artísticos Christie’s y Sotheby’s, las cuales estuvieron oficialmente coludidas en las comisiones que cobraban, entre abril de 1993 y febrero del 2000”. Joseph E. Harrington, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, cita en su estudio “How Do Carteles Operate?” (“¿Cómo Operan Los Carteles?”), publicado en 2006, ejemplos emblemáticos de colusión, poniendo énfasis en la producción y venta del cloruro de colina. Según detalla el académico, dicha sustancia forma parte del complejo vitamínico B, utilizado en la alimentación de aves de corral y cerdos, y los productores -en su mayoría estadounidenses, canadienses y asiáticos-, acordaron subir el precio del producto que exportaban principalmente al mercado latinoamericano, en una alianza que se extendió desde 1992 hasta 1998. Otra situación que describe el profesor Harrington en su investigación es la producción y comercialización de vitaminas para consumo humano. Los fabricantes europeos y asiáticos sellaron un convenio que duró diez años (1989-1999) para aumentar en forma sustancial el valor de las vitaminas A y E dirigidas a los clientes europeos. En este punto, Patillo recuerda que “la ciencia económica ha avanzado mucho en la tipificación de estas prácticas y en el desarrollo de técnicas cuantitativas para detectarlas y probarlas. Pero, esta materia aún no alcanza un desarrollo adecuado en Latinoamérica, por lo que los desafíos son todavía significativos. Nuestras capacidades investigativas y la magnitud de las pruebas pueden ser ampliadas”. Sanciones tanto civiles como penales Coloma recoge el planteamiento de Patillo, destacando que, en Chile, la regulación de la libre competencia ha registrado avances en la materia, pero los esfuerzos aún son insuficientes. “Considero que la Fiscalía Nacional Económica y el TDLC deberían contar con muchos más recursos para solventar estudios especializados sobre las materias de la libre competencia, donde les corresponde intervenir”. Por su parte, el profesor José Miguel Sánchez, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, asevera que “la legislación antimonopolio en el país ha sido de muy buen nivel. El decreto ley 211 de octubre de 1973 se aplicó sin modificaciones hasta 2004, fecha en que fue adaptado manteniendo muchas de las fortalezas que tenía la normativa original. Creo que ello es un reflejo de que la legislación ha funcionado bien”. Por su parte, Jaime Campos añade que “la institucionalidad antimonopolios ha mejorado en forma significativa en Chile desde el año 2003, especialmente con la creación del TDLC y el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Éste es un cambio muy sustancial respecto de lo que existía antes”. Sin embargo, Balboa va aún más lejos y resalta que las conductas anticomepetitivas además de ser censuradas con sanciones civiles -multas-, deberían ser castigadas con sanciones penales -cárcel-. Cabe destacar que desde que se hizo pública la colusión entre las cadenas de farmacias, el Gobierno de Michelle Bachelet inició la gestión para proponer un proyecto de ley que amplíe las atribuciones fiscalizadoras del TDLC al ámbito penal. En opinión de Coloma, el episodio de las farmacias se ha traducido en una oportunidad para potenciar la competencia en el mercado. “Entre las medidas para fortalecerla, cabe mencionar el hecho de que la autoridad podría inyectar más esfuerzos en remover barreras de entrada en determinados mercados. Por ejemplo, que los supermercados ahora puedan vender medicamentos sin receta médica y, que a nivel público y parlamentario, se propicie una discusión sobre los aspectos regulatorios e institucionales que apunten al mejor funcionamiento de una economía de mercado”. Al cierre de esta edición, la molestia de los consumidores chilenos apuntaba con mayor fuerza hacia Cruz Verde y SalcoBrand, ya que en un giro insospechado de este polémico caso, Ahumada reconoció pública y recientemente la colusión con las otras dos cadenas. En cambio, Cruz Verde y SalcoBrand continúan negando la alianza para incrementar los precios. Debido a ello, la Fiscalía Nacional Económica resolvió reducir la multa a Ahumada, desde los iniciales 15 millones de dólares a cerca de 1 millón de dólares, obligándola además a elaborar un código de ética para desincentivar las conductas que atenten contra la libre competencia. La medida ha sido ampliamente rechazada por la opinión pública al considerarla injusta, desatándose ahora un nuevo debate en torno a la equidad. | 
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