URUGUAY: CRIMINALES SIN PERDÓN

La confirmación de que los restos óseos recientemente encontrados en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 pertenecían al maestro Julio Castro, desaparecido en agosto de 1977, presentado públicamente en su momento como un terrorista por parte de las FFAA,  ha conmocionado a la sociedad toda.

Durante años las FFAA negaron que fueran ciertas las denuncias públicas sobre las atroces violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado.

Posteriormente comenzaron a minimizarlas o a quitarles trascendencia aunque exigieron que se aprobara la  Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Finalmente y hasta el momento presente, comenzaron a considerarlas excesos individuales en el marco de una guerra heroica por ellos llevada adelante por mandato del gobierno de la época.

En la década de los años 60, muy especialmente desde el momento en que Jorge Pacheco Areco implantó por primera vez las Medidas Prontas de Seguridad en junio de 1968, se potenciaron las organizaciones sindicales, estudiantiles, populares y revolucionarias que por diferentes medios enfrentaron al autoritarismo.  

En el marco de la represión masiva desatada por el pachecato contra los trabajadores, los estudiantes y el movimiento sindical, en un modelo regresivo y autoritario que organizó “escuadrones de la muerte” y grupos paramilitares, dichas organizaciones fueron reprimidas en primera instancia por la policía, institucionalizando la tortura con el asesoramiento y apoyo de la Embajada de los EEUU.

La ofensiva criminal de las FFCC a partir de los sucesos del 14 de abril de 1972 se transformó no en una guerra sino en una brutal carnicería a mansalva.

Miles de uruguayos fueron detenidos, bárbaramente torturados, abusos sexuales y violaciones incluidas, y, procesados por tribunales militares.

Decenas de personas fueron ejecutadas en supuestos enfrentamientos similares a los cometidos en la Seccional 20 del Partido Comunista o asesinadas directamente en la tortura como Luis Batalla. Miles de uruguayos fueron requeridos y debieron exiliarse.

De acuerdo a los comunicados oficiales y a la evidencia histórica, en cinco meses, desde abril a octubre de 1972, las  organizaciones que hacían política con armas en nuestro país fueron desmanteladas.

A partir de ese momento, la represión se dirigió a paso seguro hacia el resto de la sociedad toda: partidos políticos considerados opositores, organizaciones sociales y sindicales, movimiento estudiantil,  instituciones culturales y deportivas, medios de comunicación alternativos.

El único demonio, el demonio del Terrorismo de Estado se apoderó de Uruguay.

Actuó dentro y fuera de las fronteras nacionales al amparo del Plan Cóndor. 175 uruguayos fueron detenidos desaparecidos por enfrentar y resistir. 19 niños fueron secuestrados y sus identidades cambiadas. Miles de presos políticos. Miles de exiliados. El Uruguay todo: una gran cárcel.

 

Disculpas públicas y oficiales.

 Julio Castro era un reconocido y querido intelectual multifacético, un hombre de paz, de convicciones, un resistente clandestino pacífico, abocado a denunciar al régimen y a la solidaridad con los presos políticos y los perseguidos por la dictadura cívico militar.

En el momento de su detención tenía 68 años, era un adulto mayor, enfermo. Fue secuestrado en la vía pública, bárbaramente torturado, ejecutado de un balazo en la cabeza, enterrado en los fondos de un cuartel. Sus restos mortales ocultados durante 34 años.

Los delitos cometidos por las FFAA y sus esbirros no admiten ninguna justificación ni excusa. Fueron, son y serán Crímenes de Lesa Humanidad. Fueron crímenes masivos, sistemáticos, generalizados, ejecutados contra la población civil.

Son delitos que no merecen y no pueden, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, ser amnistiados o indultados, ni gozar sus responsables de ningún beneficio.

El Estado uruguayo, las FFAA en primerísimo lugar, le debe a los familiares de las víctimas, a las víctimas sobrevivientes y a la sociedad toda, una disculpa oficial y pública en la cual asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los DDHH, haga acto de contrición, homenajee y dignifique a las víctimas, se comprometa a no reiterar dichas prácticas, aporte toda la información que permita el esclarecimiento de lo ocurrido, forme tribunales de honor para condenar a todos los responsables, apartando de sus filas a quienes estuvieron involucrados.

Los ex presos políticos seguiremos reclamando Verdad y Justicia, seguiremos bregando por la implementación efectiva, en todos los planos, de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

Es el camino ineludible de la plena consolidación democrática, es la ruta que permitirá la total pacificación de la sociedad uruguaya y afirmar el Nunca Más.