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Máximo Kinast Avilés

SOLICITAMOS ACCION URGENTE

SOLICITAMOS ACCION URGENTE

EN DEFENSA DE MYRIAM REYES GARCIA

Por favor, cada vez que junte 10 nuevas firmas,
devolverlas a: newencec@gmail.com

Convocamos a los pueblos a expresar públicamente su solidaridad con la defensora Penal Pública Myriam Reyes García, contra quien se sustancia una investigación en el Tribunal de Garantía de Temuko, imputándola de haber filtrado a la prensa un documento reservado del Ministerio Público, en el cual se dan a conocer los pagos a testigos protegidos que declararon en el caso del así llamado “Incendio Terrorista” en la causa Poluco-Pidenco, realizado en Agosto del 2004.

Tras el juicio que significó el encarcelamiento de 4 mapuches por 10 años y un día, y la calidad de prófugos asumida por otros siete acusados; fue publicado en el diario electrónico “El Gong de Temuco” un documento reservado emanado de la entidad acusadora —el Ministerio Público- en donde se detallan los pagos por alrededor de 20 millones a un total de 10 testigos, en un período de cuatro meses. Cuatro de estos testigos enfrentan querellas por falso testimonio.
Quienes adherimos a esta convocatoria, manifestamos convicción plena respecto de la idoneidad y responsabilidad profesional de la abogada Myriam Reyes, cuestión demostrada con creces en su desempeño de promoción y defensa de los derechos humanos practicada en instituciones como la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), donde demostró su íntegra vocación de servicio y descollante desempeño.
Llama la atención la focalización de la acusación en la persona de Myriam Reyes, existiendo tantas posibilidades de filtración de la información y no teniéndose a la fecha el más mínimo indicio de su culpabilidad. No nos deja! de causar asombro que el acusador en la causa sea el ex vocero del Ministerio Público y actual Fiscal adjunto de Temuco, quien fuera sancionado por irregularidades en la investigación inicial del caso Lavandero. El proceso nos sugiere la persecución a una persona comprometida con la verdad y la justicia, en un territorio donde se intenta avasallar —con malas prácticas- la justa lucha del pueblo Mapuche.
Sentimos que en este caso, para efectos reales, se simula una cortina de humo para tapar la irregularidad de fondo relativa a la práctica inmoral de pagar testigos; más cuando se sustancian otros procesos en que está en cuestión la honestidad de tales testigos. Tenemos preguntas altamente significativas: ¿cómo es posible que la justicia chilena utilice testigos pagados?, ¿por qué razón es posible que ésta destinen cuantiosos dineros para obtener tales declaraciones?, si esta práctica fuera legal ¿por qué se mantiene oculta? Y en su defecto, ¿por qué razón se persigue a quienes intentan trasparentarlo?
Desde una perspectiva más global, dudamos del nuevo paradigma judicativo chileno hecho cuerpo en la Reforma Procesal Penal, en la medida en que está siendo utilizada como instrumento de represión política en contra de los Mapuches que hoy luchan por sus justos derechos.
En efecto, la Reforma Procesal Penal, en la Región de la Araucanía, ha significado para la mayoría de los juicios que se llevan en contra los dirigentes Mapuches (hoy Presos Políticos): testigos falsos, testigos pagados, testigos que se desdicen de un juicio a otro, testigos con rostro encubierto, juicios orientados políticamente a detener a los que reivindican derechos indígenas, y procesos en tribunales superiores que revierten los juicios dictaminados en juzgados locales en abie rto desmedro de la causa Mapuche.
Por otra parte, el pago a testigos, y otras prácticas que denunciamos, deterioran las relaciones de confianza al interior de las comunidades, lo que resulta un atentado grave a la vida social del pueblo Mapuche.
En muchas de estas causas se ha condenado por ejercer la palabra y no por hechos delictivos concretos (Caso Norín-Pichún). En estas causas los representantes del gobierno-estado han invocado leyes sobredimensionadas que fueron heredadas de la dictadura militar de Pinochet, como la Ley Antiterrorista.
Finalmente, los abajo firmantes reiteramos nuestra profunda convicción respecto del accionar ético de Myriam Reyes García y exigimos cesen los hostigamientos a los que promueven la verdad y la justicia.

  • Carlos Ruiz Rodríguez 6.865.692-3
  • Loreto Muñoz Gutiérrez 8.566.386-0
  • Rosario Novoa Arriagada 5.178.458 — 8
  • Pia Barros 6.142.616-7
  • Elías Letelier. 7.628.186.-6
  • Luis A. Rivera Vargas 7.728.618-7
  • María Isabel Morales Luarte 12.377.293-8
  • Máximo Kinast Avilés 2.274.418-6

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