POR SUS MULTAS LOS CONOCEREIS

Por Sergio Muñoz Riveros

 
El viernes 25, Sebastián Piñera fue recibido por el cardenal Errázuriz en su domicilio. Habían transcurrido menos de 48 horas desde el debate de TV en que Frei recordó el caso de las acciones de Lan compradas en 2006 por Piñera.

Según El Mercurio, el prelado llamó a evitar las descalificaciones en la campaña electoral y afirmó que si se empezaba con la violencia verbal, se podía acabar en la violencia física. Fue una audiencia oportuna para un hombre afligido.
 
El candidato de la derecha se ha presentado como víctima en este episodio. Pero su punto de apoyo es endeble: consiste en afirmar que la Superintendencia de Valores y Seguros no probó que él había usado información privilegiada cuando compró tres millones de acciones de Lan el 24 de julio de 2006.

Como el caso apareció bajo el acápite sobre información privilegiada en el Informe global sobre corrupción 2009, elaborado por Transparencia Internacional, Piñera ha dicho que la acusación que le hacen es "falsa e injusta", pero ha evitado referirse a lo que hizo específicamente.
 
¡Golpe bajo!, dijeron sus amigos frente a la mención del asunto en medio de la campaña, pero el verdadero golpe bajo lo recibieron los agentes del mercado que "no supieron" que había que comprar acciones cuando él lo hizo. O sea, libre competencia, pero no tan libre.
 
Piñera necesita que esta polémica termine pronto, porque ella conduce inevitablemente a discutir sobre los antecedentes que lo llevaron a actuar como lo hizo en los días en que era miembro de la junta directiva de Lan. La superintendencia investigó los antecedentes de la operación bursátil y entregó su resolución en 2007: Piñera no fue exculpado, sino sancionado. Más allá de la calificación de la falta, lo que subsiste es el comportamiento irregular.
 
¿Acaso Piñera hizo una donación de 360 millones de pesos al fisco en 2007? ¿Era eso y no lo sabíamos? ¡Por cierto que no! Se vio obligado a pagar esa suma por haber actuado indebidamente desde la posición privilegiada que ocupaba. Reclamó al principio, pero no apeló de la multa, como lo hizo Juan Cueto. No intentó demostrar su inocencia ante los tribunales.
 
La cuestión de fondo es la transparencia y la probidad, terreno en el que es legítimo someter a todos los candidatos presidenciales a un escrutinio muy estricto. Los ciudadanos tienen pleno derecho a demandar información sobre los bienes e intereses de cada postulante. No puede haber zonas grises al respecto.

Si aspiran a ocupar la más alta jerarquía del Estado, lo justo es que respondan a los más altos estándares de rectitud. Sería razonable incluso que los principales financistas de las candidaturas estuvieran dispuestos a responder por el origen de sus capitales.
 
No es pecado ser millonario. Eso no descalifica a nadie. Piñera no es el primer hombre de fortuna que postula a la Presidencia de la República, aunque hay que acotar que los anteriores -Gustavo Ross en 1938, Arturo Matte en 1952, Jorge Alessandri en 1958 y 1970 y Francisco Javier Errázuriz en 1989-, no le llegaban ni al talón a Piñera en cuanto a patrimonio. Estamos hablando de la tercera fortuna de Chile, después de la familia Luksic y la familia Matte.
 
Hasta ahí se podría decir que estamos todavía dentro de lo cívicamente aceptable. El problema es que él ha sido, al mismo tiempo, "protagonista de la política y activista de los negocios", según la certera definición de Andrés Allamand. Y sigue siéndolo.
 
Piñera ha demostrado enorme habilidad para construir una plataforma de poder que mezcla desinhibidamente lo económico y lo político. Es una estructura híbrida en la que ambos factores se potencian. Tan jugosos frutos le ha dado esa estructura que hoy cree tener La Moneda al alcance de la mano.
 
La elección presidencial se relaciona también con los valores que queremos que prevalezcan en la sociedad. Necesitamos proteger el interés colectivo, bregar por la decencia y la limpieza de procedimientos, oponernos resueltamente a la influencia desmedida del dinero en los asuntos nacionales.