CHILE: CUPULA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (Y DE LA CONCERTACION) HA SIDO DERROTADA EN TRIBUNALES LABORALES

Arrollador triunfo del Sindicato El Siglo

 

Amigas y amigos, compañeras y compañeros:

 

Tenemos la inmensa alegría de contarles que el Sindicato de Trabajadores del Semanario El Siglo ha obtenido una importante victoria judicial. El 6º Juzgado del Trabajo de Santiago dictó un contundente fallo en favor de nuestros socios Jorge Zúñiga, Julio Oliva y Raúl Blanchet.

 Tras dos años de presentada la demanda, el tribunal laboral rechazó las excepciones de incompetencia y de prescripción presentadas por la Empresa Editorial Siglo XXI Ltda., propietaria del periódico El Siglo, y declaró que entre los mencionados trabajadores, reportero gráfico y periodistas, respectivamente, “existe y existió una relación contractual de carácter laboral...”. Esto significa que los tres profesionales deberíamos ser reintegrados a nuestro trabajo, regularizada nuestra situación contractual y previsional, incluyendo los meses de sueldos adeudados desde el fin de la huelga legal, además de ser reconocida la plena legalidad de nuestra organización sindical.

 

Sin embargo, el fallo del tribunal fue apelado por el abogado de la empresa, Pedro Aravena, el cual en su calidad  de abogado laboralista es asesor del Colegio de Profesores de Chile y de la Confederación de Trabajadores del Cobre que preside Cristian Cuevas. Aravena es además integrante del Comité Central y la Comisión Política del Partido Comunista, organización que otrora defendía los derechos de los trabajadores, y presidente del Partido de los Trabajadores creado expresamente para fusionarse con el PCCH para recuperar la legalidad perdida en las pasadas elecciones.

 

El mencionado fallo judicial representa una nueva etapa en la contienda desencadenada a causa de la constitución de nuestro sindicato en marzo de 2007, surgido frente al profundo desmejoramiento de las relaciones laborales y la desaparición del clima fraternal que hasta un año y medio antes había caracterizado el trabajo colectivo del equipo periodístico y administrativo que hacía posible la aparición del semanario. La formación del sindicato desató la ira de altos dirigentes del Partido Comunista, quienes instruyeron al abogado laboralista Aravena para que objetara ante la Inspección del Trabajo la legalidad del sindicato, bajo el argumento de que ninguno de los socios del sindicato era trabajador del periódico. Tales intentos fracasaron y la Inspección ratificó la legalidad de la organización sindical, confirmando la condición de trabajadores dependientes de El Siglo de quienes lo conformaron. En la primera acción en nuestra contra, fueron despedidos los compañeros Marco Díaz, empleado administrativo, e Iván Valdés, periodista y subdirector del periódico. A escasas semanas de ambos despidos, fueron cesados en sus funciones laborales, la compañera Eliana Gómez, vendedora de suscripciones y el periodista Cristián Pavez. De esta forma se desencadenó un intenso conflicto, al calor del cual presentamos nuestro proyecto de negociación colectiva, el que fue rechazado sistemáticamente por la empresa, lo que condujo a una prolongada huelga que se extendió por 11 meses (octubre de 2007 a septiembre de 2008).

 

Los despidos de Marco Díaz e Iván Valdés, lograron culminar con un acuerdo entre las partes, pagando los finiquitos correspondientes. En cambio, Eliana Gómez y Cristián Pavez, debieron demandar a la empresa ante la justicia laboral. Ambos juicios fueron ganados por nuestros socios y las sentencias se encuentran ejecutoriadas desde hace algunos meses. En ellas, los tribunales laborales ordenan a que El Siglo pague a ambos los respectivos finiquitos de acuerdo a la ley y cumpla también con los pagos previsionales. Por esta razón, una voz femenina que dijo llamar de parte del abogado laboralista Pedro Aravena, contactó al abogado patrocinante de las demandas para intentar negociar un acuerdo de pago.

 

Cabe recordar que, antes de iniciar la huelga, intentamos los caminos para establecer un diálogo con los dueños de la empresa, los actuales diputados Lautaro Carmona y Guillermo Teillier, pero recibimos la negativa de ambos a conversar directamente con el sindicato e interpusieron a un funcionario administrativo como interlocutor, lo cual aceptamos pese a lo ofensivo del trato a que se nos sometía. Simultáneamente, procedieron a sacarnos de las oficinas de El Siglo bajo el argumento de que éstas se trasladaban a Carmen 340, por entonces sede de la Fundación Gladys Marín. Allí instalaron a los socios del sindicato en una pequeña sala a la que llevaron algunos escritorios, sillas, un computador y nuestras pertenencias metidas en bolsas plásticas. Debimos permanecer allí durante un par de semanas, tras las cuales iniciamos la antes mencionada huelga legal, no sin antes solicitar la mediación de la Inspección del Trabajo, lo que tampoco fue aceptado por la empresa.

 

Paralelamente, el abogado Aravena presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la resolución adoptada por la Inspección del Trabajo, relativa a reconocernos como trabajadores dependientes y, en base a ello, intentar desconocer la legitimidad del sindicato constituido. Dicho recurso se basó en que el ente fiscalizador había determinado que éramos trabajadores de la empresa, en circunstancias que según sus dueños y el propio Aravena, no lo éramos, sino que actuábamos como colaboradores externos a honorarios. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso y entonces Aravena recurrió a la Corte Suprema, la cual lo acogió, pero solamente para señalar que la facultad de dirimir quines son o no trabajadores de una empresa no era la menciona Inspección, sino “la judicatura”, es decir, los tribunales del Trabajo. Este ejemplo sirvió para que otros empresarios las emprendieran en contra de las atribuciones de la Inspección del Trabajo.

 

En el transcurso de la huelga legal intentamos varias veces alcanzar un acuerdo que pusiera fin a todo el conflicto, el que fue rechazado por los dueños. Así, una vez concluida nuestra huelga, retornamos a incorporarnos a nuestras labores, esta vez a la nueva dirección en que funcionaba el periódico, en una de las torres de la remodelación San Borja. Allí fueron aceptadas a reintegrarse las compañeras Ana Muga, periodista y Magdalena Muñoz, secretaria, las que contaban con contratos de trabajo indefinidos desde hacía algunos años. En cambio a Jorge Zúñiga, Julio Oliva y Raúl Blanchet, se les negó la posibilidad de reintegrarse. Ana, por encontrarse embarazada, hizo uso de su pre y post natal hasta que, transcurrido todos los plazos permitidos por la ley, regresó a sus funciones, momento en el que la empresa le ofreció un arreglo económico conveniente, para que no se reintegrara. De ese modo negoció su finiquito, particularmente empujada por las urgentes necesidades generadas por el nacimiento de su bebé. Magdalena por su parte, fue reincorporada y sometida desde el primer día a un sistema de hostilidades que ella soportaba estoicamente, con el afán de hacer prevalecer sus derechos, hasta que un día fue notificada mediante una carta enviada a su domicilio, de que estaba despedida a contar de esa fecha. Magdalena procedió a estampar la demanda correspondiente ante un Tribunal del Trabajo, proceso que se encuentra en marcha.

Por su parte Zúñiga, Oliva y Blanchet, presentaron la demanda correspondiente, que acaba de fallar en favor de ellos el 6º Juzgado del Trabajo.

Como informamos al comienzo, la empresa apeló y, con seguridad, si no obtiene resultados favorables, volverá a acudir a la Corte Suprema alargando innecesariamente la solución del conflicto, sumando nuevos meses de deudas a los trabajadores y sometiendo a la vergüenza pública a sus militantes que no encuentran forma de explicar la situación. Por nuestra parte cabe preguntar a los diputados Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, si les parece éticamente aceptable persistir, como parte de los dueños de la Editorial Siglo XXI, propietaria del periódico El Siglo, en refutar un fallo tan contundente como el emitido en la causa mencionada, cuando quedó demostrada sólidamente la verdad de los trabajadores agrupados en nuestro sindicato. Preguntarles además, si les parece correcto sostener una extensa batalla legal que les cubre de oprobio como organización política y miembros del Parlamento que dicen representar y defender al pueblo. Preguntamos en especial al diputado Hugo Gutiérrez, cómo se expresa la consecuencia entre ser Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y ser parte, en su condición de integrante del Comité Central del Partido Comunista -dueño del semanario El Siglo- de una tenaz contienda legal para negar a este pequeño grupo de trabajadores todos sus derechos como tales.

 

Finalmente, agradecemos a todas y todos quienes han solidarizado con nuestra desigual batalla durante tanto tiempo. A las organizaciones sindicales que nos apoyaron y siguen haciéndolo: a la Confederación General de Trabajadores, CGT, a la Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH, a la cual pertenece nuestro sindicato, a la Confederación de Gente de Mar, CONGEMAR, al SITECO, al presidente de la ANEF, decenas de sindicatos que nos han rodeado de solidaridad y que forman una lista interminable. Agradecemos a los artistas que también nos entregaron su respaldo especialmente durante nuestra extensa huelga, agradecemos a dirigentes estudiantiles, dirigentes poblacionales y organizaciones políticas, al Colegio de Periodistas de Chile y también a su Regional Metropolitano. A cientos de compañeras y compañeros que estuvieron y están con nosotros. A todas y todos, muchas gracias.

Pero al mismo tiempo, les llamamos a continuar apoyándonos especialmente en esta nueva fase, cuando la justicia comienza a abrirse paso y la sinrazón se resiste. Les pedimos especialmente que ahora, más que antes, nos acompañen porque todo lo alcanzado y aquello que podamos lograr, es y será un fruto colectivo. El nuestro, no es el problema de tres o cuatro –incluyendo a Magdalena Muñoz- trabajadores solitarios, es un problema que representa a cientos de miles de trabajadores, que se ven perseguidos y sus derechos aplastados en todo el país y, en este caso, ante una empresa que utiliza todos los recursos que dice repudiar cuando son usados por otros.

Un abrazo fraterno

 

Julio Oliva García, Presidente.

Raúl Blanchet, secretario.

Jorge Zúñiga, socio.

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Editorial Siglo XXI

(Semanario El Siglo)

 

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