CHILE ENTRE DOS DERECHAS

En marzo del año 2002, el diputado socialista Sergio Aguiló hace un análisis social, político y económico de la transición chilena que permanece vigente e intacto al día de hoy.

 

Quizás agudizado en ciertas áreas como el respeto a los derechos humanos, como lo hemos venido observando desde hace algún tiempo por la criminalización que se hace al legítimo derecho a disentir y manifestarse públicamente a través de la movilización social.

El señor Aguiló pertenece a la misma tienda política que la actual presidenta de Chile.

Comparto este documento por la memoria y para matar los fantasmas triunfalistas que rodean a Chile por su "despegue económico" para algunos en desmedro de muchos. Creo que la autocrítica de Aguiló es la que necesita hacerse el gobierno en su conjunto, dejar de mirarse el ombligo y cumplir con el juramento que hicieran al asumir sus funciones, como corresponde a una "verdadera democracia".

Patricia PARGA
PERIODISTA
http://pattyardillaparga.blogspot.com/
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Por Sergio Aguiló Melo, diputado socialista.

En diciembre del año pasado, religiosas de Talca de una congregación que mantiene un hogar de menores en riesgo social, vivieron una experiencia traumática que, por desgracia, se ha repetido en otros lugares del país: al momento de ir a matricular a los niños a la escuela pública más cercana, se encontraron con el rotundo rechazo de la directora del establecimiento, bajo el argumento de que había que mantener el prestigio de la escuela, el cual se podría ver afectado con la incorporación de estos niños. En los siguientes establecimientos donde fueron a golpear puertas les ocurrió otro tanto. Sólo mucho más tarde, y después de reclamos y protestas, lograron ubicar matrícula para sus niños, en escuelas más apartadas y con menor desarrollo académico. El derecho a la educación de estos niños, precisamente de estos niños pobres, marginados y marginales, fue gravemente vulnerado.

Esto ocurrió justamente en las escuelas públicas, en aquellas que creó el Estado para garantizar el derecho a la educación de todos los chilenos. En la mayoría de los liceos públicos de mayor desarrollo académico del país, especialmente en aquellos ubicados en las capitales de regiones, algunos de los cuales han sido beneficiados por programas especiales del Estado tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza, ha venido produciéndose en los últimos años, lenta pero inexorablemente, un progresivo reemplazo de alumnos provenientes de familias económicamente modestas, por aquellos provenientes de familias económicamente acomodadas. El mecanismo a través del cual ha ocurrido este fenómeno no ha sido explícito, pero no ha dejado de ser eficiente. Con el argumento de elevar el prestigio de la educación pública, y del establecimiento en particular, y para lograr ubicarse en lugares expectantes en los rankings de la prueba Simce o de la PAA, los directores de los liceos han aumentado crecientemente las exigencias de ingreso y los test de admisión a sus establecimientos, al punto de generar, tal vez sin proponérselo, esta verdadera mutación social en la composición de su alumnado. Si hoy hacemos una encuesta para averiguar el perfil socioeconómico de los alumnos de estos liceos, probablemente nos encontremos con la sorpresa de que no será radicalmente muy distinto al de los alumnos del colegio particular pagado más cercano.

Ciertamente, todo ello ocurre mientras se les niega la matrícula a postulantes de origen económico más modesto, que no fueron capaces de superar, muchas veces por falta de acceso a la educación preescolar, por educación básica deficitaria o por otras causas asociadas a su condición, las duras exigencias que les fueron puestas para su ingreso a uno de estos liceos "top".

El fenómeno, en todo caso, pone claramente en entredicho las limitaciones que hoy está teniendo el ejercicio del derecho a la educación de los más pobres. En la educación superior, el panorama es suficientemente conocido: miles de jóvenes, no obstante sus capacidades y talentos, quedan todos los años al margen de la posibilidad de continuar sus estudios exclusivamente por razones económicas. Adicionalmente, la absoluta desrregulación y falta de control del sistema de educación superior está generando miles de profesionales , sobre todo de universidades privadas, que no encuentran espacio laboral por no ser útiles, necesarias o pertinentes dichas profesiones al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

En otro ámbito, en las últimas semanas, miles de familias de nuestro país, especialmente aquellas que viven en regiones donde se privatizó la empresa sanitaria local, constataron con estupor el exorbitante aumento de las tarifas del agua potable, las que en muchos casos duplicaron las cuentas del mes inmediatamente anterior. En el caso de los cesantes y de los jubilados con rentas bajas, esto se traducirá rápidamente en un incremento del número de hogares con el suministro de agua potable cortado. Así también, nos encontramos con que, según antecedentes actualizados al mes de Junio del 2001, la lista de espera por atenciones de médicos especialistas en los hospitales del país, superaba la cifra de 150.000 personas. Se trata de una espera mayor de seis meses y de una cifra que subdimensiona el fenómeno, ya que no todos los servicios de salud regionales han actualizado sus antecedentes.

Naturalmente, las personas afectadas son beneficiarias del Fonasa, y se puede inferir que pertenecen a los tramos de ingreso más bajos entre sus afiliados, puesto que de lo contrario habrían optado por atenderse con un médico particular, haciendo uso de la modalidad de "libre elección". En los últimos dos años, producto de la crisis económica, la cartera de deudores hipotecarios morosos del SERVIU se incrementó drásticamente. Aunque el Ministerio de la Vivienda puso en práctica medidas de ayuda a las familias en problemas, suspendiendo la obligatoriedad de pago de los dividendos por seis meses prorrogables, adoptó la decisión estructural de traspasar a la banca privada la cartera de créditos por viviendas sociales, agregando de esta forma un factor adicional que alimenta la intranquilidad de muchas familias chilenas. Estas breves pinceladas, que no pretenden agotar el panorama de la realidad social de nuestro país, pueden, sin embargo, ayudar a comprender el estado de ánimo y la percepción del país que hoy tienen un importante número de chilenos y chilenas.

Los nuevos temores

Sabemos que muchos compatriotas se encuentran hoy experimentando una sensación de temor, de inseguridad, de riesgo, de desesperanza e incluso de "antiesperanza", como expresara recientemente el destacado dramaturgo nacional Juan Radrigán. Muchas y muy serias encuestas así lo demuestran. Entre otras, las incluidas en los prestigiosos estudios sobre la realidad chilena elaborados por el PNUD. Inseguridad por no tener un trabajo estable o por la posibilidad de perderlo en el futuro; riesgo de enfermarse y de no ser atendido; temor a no dejarle a sus hijos ni siquiera la herencia de una buena educación.

Que contradictoria pareciera ser esta visión con la que tienen de Chile los organismos financieros internacionales, la mayor parte de la prensa mundial y la opinión pública exterior que se informa a través de esta prensa. Allí, Chile cuenta con el sólido prestigio de tener una economía sana y de llevar adelante una transición exitosa. Pero basta escarbar apenas un poco para encontrar información sólida, con las comparaciones pertinentes, elaborada por instituciones tan solventes y de reconocida reputación como Naciones Unidas, para caer en la cuenta que nuestro país se encuentra, por ejemplo, entre las diez naciones con la más desigual distribución del ingreso del planeta; que nuestro país se encuentra entre los más inequitativos e injustos del mundo. No es exagerado decir que un país, en donde el 10% más rico de su población acapara más del 42% de todo lo que se produce, donde el 20% más pobre de su población apenas se queda con el 3.7% del Ingreso, y donde el Estado ha sido incapaz de construir una red de protección social, cuenta con un potencial de conflictividad que puede llegar a amenazar la estabilidad y la paz social.

Definitivamente, no estamos construyendo una sociedad esperanzadora para los pobres y para amplios sectores de la clase media de nuestro país. Como ha dicho P. Bourdieu, una de las razones de la desesperación de todas esas personas procede, en realidad, de que el Estado se ha retirado, o está a punto de hacerlo, de cierto número de sectores de la vida social que le correspondían y de los que se responsabilizaba: la vivienda social, la escuela pública, la salud pública, entre los más relevantes.

La Dictadura retiró al Estado de su responsabilidad con la seguridad social de los adultos mayores, privatizando el sistema previsional; nosotros, es decir la Concertación, retiramos al Estado de su tarea de proveer a un costo razonable los servicios de agua potable y alcantarillado, privatizando buena parte de las empresas sanitarias del país; la Dictadura retiró al Estado de su función de asegurar que todos los jóvenes capaces llegaran a la educación superior; nosotros estamos retirando al Estado, al menos en parte, de su responsabilidad con la vivienda social , al traspasar a la banca privada el financiamiento que hasta ahora le correspondía al SERVIU; la Dictadura inició el retiro del Estado de la salud pública disminuyéndole drásticamente los recursos y creando las Isapres como seguros privados; nosotros, a pesar de haber destinado mayores recursos a hospitales y consultorios, corremos el riesgo de terminar consolidando un sistema sanitario con predominio de actores privados, poniendo en serio peligro el ejercicio del derecho a la salud del conjunto de los chilenos (si prosperan las iniciativas que hasta ahora han inspirado a integrantes del equipo de la Reforma).

Con Pinochet completamente fuera del escenario político y con la no despreciable distancia de más de doce años del momento en que nos interpelaba el dramático dilema de dictadura o democracia, la mayoría de los chilenos busca en las propuestas que hoy le ofrecen las principales fuerzas políticas - si es que algo buscan todavía los chilenos en la política -, alguna respuesta que les permita mitigar sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades, ante un mundo que se globaliza, pero donde nadie les garantiza lo mínimo y justo. Y no encuentran más que una respuesta: para que el país crezca es necesario liberar todos los mercados; es necesario entregar toda iniciativa de producción y distribución de bienes y servicios - salud, educación, transporte, agua potable, energía eléctrica incluidos -, a los privados que son los que saben hacer eficientemente estas cosas; es indispensable reducir al máximo la participación del Estado, ya no sólo en la producción sino también en la regulación de los mercados, para no distraer a los empresarios de su esfuerzo principal.

En lo que a los chilenos les preocupa ahora - no sería razonable que juzgáramos esas preocupaciones quienes precisamente tenemos un trabajo estable y un sueldo más que suficiente -, las agendas de la Concertación y de la Alianza por Chile son, en lo fundamental, idénticas. Son de derecha, sin más. Y ese es el principal problema político de nuestro país en estos tiempos: tener que optar entre dos derechas. Una, la Concertación, integrada por mujeres y hombres de larga y probada convicción y conducta democrática; otra, la Alianza por Chile, integrada por personas que acompañaron y respaldaron a la Dictadura de Pinochet, con todas sus violaciones incluidas. Ambas, sin embargo, dibujando el mismo horizonte para Chile, a través de programas y proyectos que en cualquier debate intelectual serio y sin censuras serían catalogados de derechas. Derecha democrática o derecha autoritaria, esa pareciera ser la cuestión. Pobre cuestión para un país orgulloso de su tradición democrática y de su imagen progresista.

En cuatro años más, cuando estas alternativas estén planteadas directamente en el terreno electoral, es muy probable que los chilenos tiendan a optar, como lo advirtiera con preocupación Carlos Huneus en una reciente entrevista, por el original y no por la copia. Para tranquilizarnos, algunos de nuestros intelectuales, los que han hecho del neoliberalismo su nueva obsesión ideológica , se han apresurado a preparar el terreno a tan singular acontecimiento, señalando que no hay nada más propio de la democracia que la alternancia en el poder. Se guardan de añadir, eso sí, que la derecha autoritaria comandada por la UDI controlaría, en ese evento, prácticamente todas las esferas de poder de nuestra sociedad: el mundo de la empresa, los medios de comunicación, el gobierno, el parlamento eventualmente, el poder militar. Nuestros partidos, atomizados como están, pero no adormecidos, han realizado algunos intentos por poner en discusión el tema más global del tipo de país que estamos construyendo.

Desde el mundo social, especialmente desde la CUT, se han realizado planteamientos cuestionadores del "modelo" en su conjunto; desde el mundo intelectual - o de lo que queda de aquel - llegan esporádicamente reflexiones críticas y provocadoras que no alcanzan, sin embargo, a motivar una discusión general; desde la política - militantes, dirigentes de partidos, parlamentarios -, se ha hecho poco por poner en cuestión lo que a estas alturas resulta inevitable. Razones nunca faltaron, y probablemente nunca faltarán. Al comienzo estaba Pinochet, quien con sus boinazos y ejercicios de enlace, ordenaba las prioridades de todo el mundo, excluyendo cualquier otra preocupación. Luego vino la euforia por el crecimiento sostenido a tasas superiores al 7%, relegando todo debate para mejores ( o habría que decir peores) tiempos. Hasta que, en diciembre de 1997, llegó el momento propicio. Aquel año, el crecimiento, el empleo y el consumo mostraban cifras más que aceptables. Sin embargo, en las elecciones que se realizaron para renovar el Parlamento, la Concertación perdió 900.000 votos. Fue suficiente - y era que no - para que se iniciara una discusión seria en el seno de nuestra alianza.

Como se sabe, porque esto es historia, se instalaron múltiples espacios y se generaron diversas convergencias, casi todas transversales, para exponer, intercambiar y discutir los diversos planteamientos surgidos al calor de las motivaciones del momento. Los principales argumentos cristalizaron en sendos documentos formales ( dos o tres fueron los principales, según quien cuente la historia), que no alcanzaron a ser masivamente socializados, porque en ese momento cayó sobre sus promotores la amenaza de la doble calificación de desleales y ridículos; la primera por poner en riesgo los avances del gobierno y la segunda por el supuesto absurdo intento de contraponer a "autoflagelantes" y "autocomplacientes". Allí abortó el debate. Hoy, a dos años de haberse iniciado el tercer gobierno de la Concertación, y cuando aún le quedan cuatro años al Presidente Lagos, el ánimo de dirigentes y parlamentarios concertacionistas, con todas las graduaciones y matices correspondientes, parece ser distinto. Como rendidos frente a la sentencia, más famosa en francés, de "así es la vida", pareciéramos pensar, aunque no siempre dispuestos a confesar, "que frente a una economía y a una sociedad globalizada bajo los parámetros del neoliberalismo, nada significativo se puede hacer".

Así, cada vez es más evidente que ante la ausencia de un proyecto colectivo o ante la ausencia de esfuerzos visibles por construirlo, nuestros empeños se encaminan en la búsqueda de logros personales, que en la política suelen ser el poder, la figuración mediática, el prestigio propio y, aunque por fortuna de manera muy excepcional todavía, el dinero. La expresión de este estado de ánimo, que predomina en las bancadas oficialistas en el nuevo Parlamento que acaba de jurar, ha sido particularmente elocuente.

En las negociaciones por instalar las mesas y las presidencias de comisiones de ambas cámaras, se han manifestado con fuerza inédita las ambiciones personales y los proyectos individuales , incluso cuando, como ocurrió en relación a la presidencia del Senado, esto haya podido acarrear un duro revés para el interés colectivo de la Concertación. Sería muy poco riguroso, además de injusto, si aquí no constatáramos que los gobiernos de la Concertación, además de los enormes logros conseguidos en la tarea de democratizar el país y de los sinceros esfuerzos desplegados para alcanzar los objetivos de Verdad y Justicia en materia de Derechos Humanos, pueden mostrar avances innegables en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo chileno. Bástenos recordar sólo que la pobreza se ha reducido a la mitad, respecto a la que el país tenía en 1989.

Podemos decir, sin una gota de sarcasmo, que se ha administrado con gran sensibilidad social el modelo neoliberal que heredamos.

El punto es, sin embargo, que la sociedad que se dibuja en el horizonte, proyectada para los próximos años a partir de la administración de lo que hoy tenemos, es rechazada por la mayoría de los chilenos y no convoca los entusiasmos, los sueños ni las energías de los militantes de la Concertación. Ya hemos hecho bastante, en verdad todo lo que podíamos hacer, administrando un modelo neoliberal.

Es hora de cambiar. No es un cambio a la revolución. Ni a nada dramático, en verdad. Es un cambio a lo que Ricardo Lagos comprometió en ese histórico discurso en Curanilahue, al comienzo de su campaña, cuando sentenció recordando a Violeta Parra que "Chile limita al centro de la injusticia", y trazó la que sería su principal tarea (que luego se transformó en la consigna de la campaña): Crecer con Igualdad. Hoy, para organizar sus prioridades en los próximos cuatro años, el Gobierno nos presenta su agenda bajo el título de "Crecimiento con Protección Social". Suponemos, de buena fe, que ambas consignas apelan a lo mismo: a que en una sociedad como la nuestra, el Estado tiene un rol insustituible en la promoción del empleo; en el subsidio a la cesantía cuando inevitablemente se produce; en la salud pública; en la educación pública; en la seguridad social previsional; en la promoción de la cultura y en garantizar el acceso equitativo a los bienes culturales a todos los chilenos; en garantizar el ejercicio de sus derechos a todos los habitantes del país, especialmente a sus minorías discriminadas; en promover y hacer respetar los derechos de los trabajadores; en la redistribución del ingreso, etc.

Así, no es el cambio de consigna lo que debe preocuparnos, sino la absoluta falta de voluntad para llevar a la práctica las tareas y esfuerzos que inevitablemente se desprenden de su enunciación. Para participar de un proyecto colectivo que se proponga hacer de Chile un país más igualitario y más justo, sobre todo más protector de los débiles, que reduzca y ojalá elimine el temor y la incertidumbre que hoy agobia a miles de compatriotas, hay mucha gente todavía en Chile. Ese es nuestro gran capital. Está, por cierto, toda la Concertación y creo que también la llamada izquierda extraparlamentaria. Sobretodo, están muchos jóvenes que sueñan con participar de un proyecto colectivo, que se comprometa con la dignificar nuestra sociedad y con un real respeto a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas.

Con todo, siento necesario terminar diciendo que el sentido primero de estas reflexiones es, antes que nada, autocrítico. Tengo perfecta conciencia de que en estos doce años en que he ejercido como diputado, he votado favorablemente leyes cuyos efectos sociales aquí critico. No puedo evitar, sin embargo, tener igual conciencia acerca del dilema que enfrentamos quienes militamos en algún partido de la Concertación, más aún si tenemos cargos de representación popular: caer en el cinismo, con su secuela de deterioro moral, o ser arrastrados a la frustración permanente e infecunda. Una manera de arrancar de este dilema, nada de atractivo por lo demás, es colocar en común estos temas con quienes hemos recorrido un camino similar estos años.

Entre tanto, en lo que a mi conducta estrictamente política se refiere, me ha parecido necesario, para ser mínimamente coherente con lo que aquí he expresado, renunciar al cargo de jefe de la bancada de diputados socialistas y al rango de miembro de la comisión política del partido, toda vez que dichas funciones implican necesariamente la representación colectiva de la opinión del conjunto de los Diputados en el primer caso y, de la dirección política colectiva del Partido Socialista, en el segundo.

Asimismo, he estimado indispensable informarle al Gobierno de mi disposición a votar favorablemente sólo aquellos proyectos que, en mi opinión, vayan en la dirección de ir construyendo un país que crece con igualdad.

Santiago de Chile, Marzo de 2002.

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Publicado por Patty Ardilla Parga para Patty "Ardilla" Parga-Vega el 9/09/2007 09:44:00 AM