PERÚ: CUANDO LA MINERÍA SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA DE DIGNIDAD NACIONAL

Jimena Sánchez Velarde*

Fuente: http://huyamosdelmonton.blogspot.com

A menudo cuando estamos frente a un conflicto entre organizaciones ambientalistas y empresas mineras el argumento que se utiliza para desvirtuar a quienes denuncian abusos y malas prácticas es que están en contra de la empresa privada; que son financiados por oscuros intereses económicos; que no desean el progreso del Perú e incluso se exige que se investigue si "grupos extremistas" están detrás de las denuncias.

Hace apenas unos meses, se eliminó del registro de ONGs a la Conacami y se denunció al cura del pueblo calificándolo de cura comunista. Las empresas mineras realizan campañas mediáticas donde intentan convencernos de los beneficios de la minería sustentable y sus pactos éticos; además nos dicen que desarrollo sustentable y minería van de la mano. Señalan también que el Perú es un país minero por tradición que necesita explotar sus recursos para reducir la pobreza y que cuando hablamos de contaminación ambiental no deberíamos ocuparnos únicamente de la gran minería sino también de la pequeña minería.

Pero ¿qué sucede cuando la minería se convierte en un problema que atenta contra la salud y el proyecto de vida de muchos niños peruanos? ¿Qué debe hacer el Estado cuando están en juego derechos humanos inviolables como la salud y la vida? ¿Es correcto que el Estado opte por proteger los intereses económicos de la empresa privada? ¿El Estado frente a un problema de salud pública, debe preferir hacer la vista gorda y optar por la actividad minera? ¿Se debe hacer un análisis económico para evaluar qué le conviene más  al país, si la salud de los niños o el dinero que pueda recibir el Estado?  

¿Cuánto valen los niños de la Oroya?

Hace casi diez años que la empresa Doe Run suscribió un compromiso con el Estado peruano denominado PAMA. El PAMA es un contrato mediante el cual la empresa se compromete a realizar acciones e inversiones destinadas a reducir el impacto ambiental negativo que genera la actividad minera. Mediante el PAMA se busca reducir las emisiones y derrames con el fin de adecuarse a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.

Pese a que la minera Doe Run adquirió este compromiso hace diez años, de acuerdo con Marita Chappuis  -ex Directora General de Minería-  sólo ha avanzado en un 25 % de sus compromisos. Es decir que la empresa Doe Run ha incumplido el 75 % de sus compromisos con el Estado peruano, ocasionando un grave problema de salud pública en La Oroya, de tal magnitud que hasta la misma Sociedad Nacional de Minería la conminó para que cumpliera con sus compromisos. Y el Ministerio de Energía y Minas en lugar de negarle la ampliación del PAMA, la ha premiado, permitiéndole que siga operando con total impunidad y reprogramando sus compromisos.

La minera Doe Run no sólo tiene permiso para seguir contaminando sino que además ha sido beneficiada con un contrato de estabilidad tributaria. De acuerdo con Marita Chappuis, "Doe Run tiene suscrito con el Estado Peruano un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión y también un Contrato de Estabilidad Tributaria (CET) que vence este año. Pero para que se obtengan los beneficios del Contrato de Garantías (especialmente lograr estabilidad tributaria hasta el 2021) la minera debe acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos en su PAMA que vence en diciembre del 2006."   (Tomado de El Comercio del día 04 de marzo de 2006)

La empresa Doe Run es responsable del envenenamiento con plomo que sufre la población de La Oroya, envenenamiento que provoca problemas irreversibles de salud y que afecta principalmente a niños menores de cuatro años y mujeres embarazadas. Los niños de la Oroya al estar en permanente intoxicación con plomo sufrirán daños irreversibles en su sistema nervioso central, retardo en su crecimiento, disminución de su inteligencia, atraso de su desarrollo motor, deterioro de la memoria y graves problemas de audición y equilibrio. Los fetos de las mujeres embarazadas en La Oroya también serán afectados gravemente por la cantidad de plomo en la sangre de sus madres.  

La empresa Doe Run, gracias a la falta de dignidad del Estado peruano, que debería cautelar la salud de sus ciudadanos, será responsable del daño en el proyecto de vida de los niños y pobladores de La Oroya. No sólo tiene ahora permiso para contaminar, además recibirá beneficios tributarios.

En el Perú, una empresa extranjera puede contaminar legalmente, incumplir sus compromisos y sin embargo es premiada con contratos de estabilidad tributaria.   Por el contrario, una microempresa peruana que por no tener dinero para pagar a un contador comete un error insignificante en su declaración de impuestos, es sancionada económicamente por la Sunat. A esto le llamo yo falta de dignidad nacional.

¿Es legítimo plantear la revisión de contratos de estabilidad tributaria como el de Doe Run? ¿Ante un problema de salud pública debemos defender la santidad de los contratos? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno?

¿Cuánto valen los niños de la Oroya?  ¿Cuánto vale la vida de un peruano?

* JImena Sánchez Velarde es Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú