NO, A LA PROPUESTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
CARTA DE MUJERES DETENIDAS,
TORTURADAS Y SECUESTRADAS
POR LA DICTADURA
A la comunidad nacional e internacional, a las autoridades del Gobierno de Chile y al Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera.
Sr. Presidente:
La iniciativa de esta carta corresponde a mujeres que fuimos detenidas por los servicios secretos, torturadas y encarceladas, sin tener ningún acceso a la justicia chilena que debió haber velado por nuestros derechos, la mayoría también somos testigos de asesinatos y desaparición de muchas de las personas detenidas junto a nosotras.
Entregamos a continuación nuestra opinión sobre la propuesta del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Esto lo hacemos debido a que fuimos vulneradas en nuestros derechos más elementales y objeto de delitos de lesa humanidad y consideramos que debemos ser consultadas con respecto a esta propuesta.
Durante la dictadura militar en Chile, diferentes organismos represivos estatales cometieron delitos que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, son considerados crímenes contra la humanidad. El Estado chileno ha suscrito tratados internacionales que penalizan y declaran imprescriptibles estos delitos. La Comisión Rettig y la Comisión Valech precisaron algunos de ellos, entre los que se señalan el asesinato, la desaparición forzada y la tortura.
Chile ha vivido por largo tiempo en la impunidad de esos crímenes, y fue la acción de la justicia internacional, con la detención de Augusto Pinochet en Londres, la que presionó a las autoridades políticas y judiciales chilenas a actuar, reabriendo causas que estaban guardadas en las cortes, acogiendo querellas que antes habían sido rechazadas o simplemente archivadas. La lentitud de los procesos se debe a que los civiles y militares responsables de estos delitos no han colaborado con la justicia, por el contrario, han boycoteado y ocultado la información que hubiese ayudado a aclarar el destino de la mayoría de las personas desaparecidas.
A fines de mayo del 2010, hay 322 causas activas por desapariciones, asesinatos, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas durante la dictadura, lo que equivale, aproximádamente, al 34% de causas por asesinatos y desaparación. El 6% de estas causas tienen sentencias confirmadas. El 60% de las personas desaparecidas y ejecutadas no tienen causas en curso. Esta información es en relación a las más de 3100 personas reconocidas por la Comisión Rettig. Se puede afirmar que la responsabilidad de muchas de las ejecuciones y montajes para ocultar esos hechos no ha sido establecida.
Sobre los casos reconocidos por la Comisión Valech (cerca de 30 mil hasta este momento), los juicios por tortura prácticamente no han empezado, en otras palabras los militares y civiles responsables de este delito no han respondido frente al Estado por sus crímenes
De 782 ex agentes procesados hay 210 que tienen sentencias ratificadas por la Corte Suprema. 145 de ellos han recibido algún tipo de beneficio como reducción de pena o libertad vigilada. En este momento hay sólo 64 recluidos cumpliendo condenas y cerca de 47 están en Punta Peuco
Ante la solicitud de clemencia solicitada por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal a los violadores de DDHH señalamos que:
a) El indulto a violadores de DDHH no corresponde, por las características del delito y los diferentes tratados suscritos por Chile, que representan los avances de la comunidad internacional para protegerse de las leyes locales dictadas por gobiernos, que intentan dejar impune la violencia política ejercida contra los miembros de sus sociedad.
b) Los violadores de DDHH ya han recibidos muchos beneficios, como la impunidad, la reducción de penas, conmutación por libertad vigilada, beneficios carcelarios, etc.
c) Los militares están recluidos en cárceles con beneficios especiales, por tanto no tienen problemas de hacinamiento, cuestión que preocupa al Episcopado.
d) Los criminales de lesa humanidad niegan información del destino de los detenidos y detenidas desaparecidas, sometiendo a la comunidad a la reedición del trauma de la pérdida de sus seres queridos. Los responsables de estos crímenes siguen actuando por medio del ocultamiento de la información.
e) Son un peligro para la sociedad, puesto que actualizan su delito cuando continúan obstaculizando a la justicia en forma sistemática, no permiten determinar las responsabilidades en la comisión de delitos, desafiando a las instituciones democráticas y poniendo en riesgo la confianza de la ciudadanía.
f) La aplicación del indulto a los violadores de DDHH sería en la práctica la aplicación de la amnistía a crímenes contra la humanidad por debajo de la puerta. Nadie debe volver a estar por encima de la legislación internacional que el Estado chileno ha ratificado.
g) La aplicación del indulto sería un retroceso de los logros democráticos y una expresión de autoritarismo, así como un golpe desleal al esfuerzo que han realizado los familiares, sobrevivientes y el conjunto de la sociedad civil dentro y fuera de Chile al denunciar estos crímenes, no sólo para aclarar estos delitos, sino para contribuir a recuperar las bases de justicia en que nuestra sociedad merece vivir.
Por estas razones rechazamos la solicitud de indulto para los criminales de DDHH que ha hecho el Episcopado, organismo que se ha deslegitimado ante nuestros ojos al transformarse en portavoz de la impunidad que tanto daño hace a la convivencia democrática del país.
Lamentamos que a la “mesa para todos”, que ha propuesto el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, se ha incorporado a los violadores de los DDHH y se ha dejado afuera a los presos políticos mapuches, quienes han iniciado una huelga de hambre para reivindicar los derechos, que las autoridades de la Iglesia Católica y el Estado Chileno han olvidado.
Suscriben:
Lelia Pérez Valdés, ex prisonera de Villa Grimaldi, ALEMANIA
Sara de Witt, ex prisonera Tres Alamos, REINO UNIDO
Patricia Herrera, ex prisonera Tres Alamos, CHILE
Aminie Calderón Tapia, ex prisonera Tres Alamos, BELGICA
Lucía González, ex prisionera Regimiento Buin, CHILE
Nidia Castro, ex prisionera Tres Alamos, REINO UNIDO
Elena Sánchez, ex prisionera Tres Alamos, REINO UNIDO
Ivonne Szasz, ex prisionera Tres Alamos, MEXICO
Personas que Adhieren
Carolina Valdés. Ceramista, hija de ejecutado político, CHILE
Mia Weselmann, historiadora, ALEMANIA
Organizaciones que adhieren
Mujeres en Acción por la Memoria y el Futuro (MUACCI), CHILE
Si deseas adherirte a esta Carta, envia un correo a la direccion:
Incorpora tu Nombre, ocupación y ciudad donde vives, hazla circular en tus contactos
0 comentarios