URUGUAY: PARA LLEGAR A LA FINAL (Declaración Pública de Crysol)

La Comisión Especial de la Ley 18 596 que nuestra organización integra se instaló a fines del año pasado bajo la Presidencia del ex Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Liscano y comenzó a recepcionar solicitudes de amparo en dicha fecha.

 

 

La implementación de los beneficios en salud que la Ley 18 596 consagra en su artículo 10 requiere la aprobación de un Decreto reglamentario por parte del Poder Ejecutivo que nuestra organización ha solicitado recientemente sea acelerada. La atención en salud es un tema prioritario a 25 años del retorno a la vida democrática.

 

 

La aprobación de la Ley de Reparación 18 596 como resultado de la movilización desplegada por nuestro colectivo ha sido un paso importante en el camino de superar los daños causados por el Terrorismo de Estado.

 

 

La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado pues no cumple con los estándares internacionales en la materia. No cumple con las recomendaciones de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y tampoco con el Artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes que fuera ratificada por la Ley 15.798 de 27 de diciembre de 1985.

 

 

La superación efectiva de las heridas abiertas en nuestra sociedad por el proceso iniciado 13 de junio de 1968 que desembocara en más de una década de brutales y atroces violaciones a los DDHH demanda que el Estado uruguayo cumpla a cabalidad con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

 

 

La implementación efectiva de dicha Resolución es el camino, el único camino, para superar el pasado reciente, reconstruir la armonía social, eliminar todas las espinas envenenadas del pasado dictatorial y finalizar la transición democrática.

 

 

En esa perspectiva, anular la Ley de Caducidad 15 848 como reclama la Comisión Interamericana de DDHH, aprobar una Ley de Reparación Integral que supere las insuficiencias notorias y abrumadoras de las leyes que se han aprobado en estos 25 años, presentar públicamente disculpas a las víctimas por parte del Estado, repudiar las violaciones a los DDHH por las FFAA y brindar la información que se oculta, instalar la Institución Nacional de DDHH, potenciar el trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz para esclarecer el destino de todos los Detenidos Desaparecidos, transformar el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y el ex Penal de Punta de Rieles, lugares emblemáticos y paradigmáticos del Terrorismo de Estado, en Espacios de Memoria y DDHH, establecer un Día Nacional de Homenaje, entregar las Historias Clínicas de las personas internadas en el Hospital Central de las FFAA y en el Hospital Penitenciario durante el proceso cívico militar, aprobar el Decreto Reglamentario en Salud, implementar efectiva y rápidamente la Ley 18 596 dotando a la Comisión Especial de los recursos humanos y materiales imprescindibles de los cuales carece en la actualidad, son pasos inexcusables y apremiantes.

 

 

Exhortamos a las autoridades gubernamentales, a los poderes del Estado, a los senadores y diputados, a todos los partidos políticos a recorrer dicho camino para afirmar y profundizar la democracia, jerarquizar las normas de DDHH y transformar a Uruguay en el país que la inmensa mayoría de los uruguayos queremos.

 

 

En el mes del décimo aniversario de nuestra institución, mientras nos preparamos con Todas y Todos  para realizar la Semana contra la Impunidad, ratificamos una vez más nuestro compromiso y nuestra disposición de contribuir activamente para ello.

 

 

Por la Anulación de la Ley de Caducidad

 

Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación Integral

 

Nunca Más Terrorismo de Estado.

 

 

 

 

 

Montevideo, 17 de junio de 2010