LOS CASOS DE LOS ARCHIVOS DEL CARDENAL
Por Roberto Garretón
En la defensa por los derechos humanos que desarrolló la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura cívico militar de Pinochet tuvimos siempre dos frentes esencialmente unidos: la violencia más brutal y sanguinaria de toda la historia de Chile, y la mentira inherente. Lo que más indignaba al dictador y sus secuaces era que la Vicaría desenmascarara todas y cada una de sus mentiras. No hay detenidos desaparecidos; son mentiras del comunismo internacional; no hay presos políticos; nadie ha sido torturado; murió al fugarse; murió en un enfrentamiento; atravesaron la cordillera a pié; los mató el Partido Comunista; se suicidó (incluso una familia completa asesinada fue presentada como suicido colectivo).
Se montaron espeluznantes operaciones mediáticas para justificar los crímenes, como la de los 119 opositores asesinados en Chile que se dieron por muertos por sus amigos en el extranjeros, para lo que fundaron diarios tanto en Argentina como en Brasil.
En este esfuerzo participaron todos los estamentos del Estado y los que el Estado autorizaba: cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, la diplomacia, el Poder Judicial, la Contraloría, todos los servicios públicos, la diplomacia (el embajador Sergio Diez es el ejemplo emblemático del recurso a la mentira), las organizaciones juveniles de fachada, los sindicatos alineados, las comisiones legislativas que redactaban las leyes que pedía el dictador, el gran empresariado que se liberaba de los sindicatos descabezados. La mentira no se detenía ni frente al ridículo: en Chile hubo una guerra que nadie vio, sin que se pudieran siquiera de acuerdo en cuándo comenzó: algunos Consejos de Guerra dicen que en 1969, otros que 1970, varios en marzo de 1973, y algunos el 11, 12 o 22 de septiembre 1973.
Nada de esto se inicia con el cuartelazo: estaba todo organizado desde hacía muchos años. Piénsese en el montaje tramado en la Universidad Católica sobre un supuesto fraude electoral que había ocurrido en las parlamentarias de marzo de 1973, en que Jaime del Valle, Hernán Larraín, Gustavo Cuevas y algunos otros golpistas sostuvieron que hubo fraude, porque los resultados no cuadraban con sus cálculos … y lo evaluaron en 600.000 votos. Las operaciones para deshacerse del general Prats fueron también montadas por civiles, y, como no, de la Universidad Católica.
El plan del Golpe incluía masacres desde antes del 11: los detenidos en La Moneda fueron llevados a Peldehue, donde días antes habían comenzado a hacerse las fosas para el gran día. De los asesinados, que estuvieron años como desaparecidos, se dijo que nunca habían sido detenidos.
La Caravana de la Muerte no existió. Tampoco fueron detenidos los campesinos de Isla de Maipú, pero cuando en Lonquén fueron encontrados sus restos, el entonces ministro del Interior Sergio Fernández cambió de mentira: murieron en enfrentamientos.
Cuatro Alamos, Villa Grimaldi, el cuartel Silva Palma y cientos de otros, no existieron para las autoridades de facto. Desde luego, toda la prensa autorizada, los canales de televisión y la mayoría de las radios sostenían el discurso de las mentiras.
Todas esas mentiras fueron develadas en un primer momento por la Vicaría, y luego por las comisiones Rettig y Valech, y desde el histórico 16 de octubre de 1998, también por nuevas generaciones de jueces.
Ya con todo develado, hubo que cambiar de mentiras. Y apareció la del yo no supe. Nadie supo nada, pero todos participaron en los crímenes, por acción u omisión: desde luego los directores, editores y periodistas de televisión, de los diarios del Bando 15 (El Mercurio y La Tercera); los jueces a quienes tapábamos con un promedio de 300 escritos diarios sólo en Santiago; el Contralor; Sergio Diez, obligado profesionalmente a leer todos los informes sobre las atrocidades de la dictadura; los ministros militares pero sobretodo civiles que disponían detenciones en centros de torturas y otros que firmaban decretos arrebatando la nacionalidad chilena a opositores en el extranjero, los que requerían la firma de todos los secretarios de Estado; los ministros de Hacienda que entregaban fondos de todos los chilenos a los criminales de la DINA y demás cuerpos represivos; los que desfilaban en Chacarillas; el rector de la Universidad Católica y su jefe de gabinete, que entregaron ilegalmente al profesor Ávalos Davidson a funcionarios no identificados de la DINA, tampoco supieron nada, ni siquiera que lo entregaron.
Hubo también otra colaboración igualmente siniestra: la de los que optaron por no hablar para alegar no saber, y que están magistralmente representados en “Los archivos del cardenal”: aquellos que, sabiendo, aparentaban ignorancia. Si alguien hablaba de algún crimen, pedían “no hablemos de política” (madre del abogado Sarmiento); su esposo agrega “cuidado que soy asesor”, y su hijo “nos pones en peligro”. Así ninguno sabía nada y todos tenían la conciencia tranquila. Terrible, porque se creen el cuento de la conciencia tranquila.
Estos últimos fueron indispensables para el régimen: con su silencio transmitían la sensación de que no pasaba nada y que todo eran mentiras de los comunistas.
El senador Carlos Larraín pertenece a estos, que sabiéndolo todo, jugaron y juegan a no saber nada. Y tiene la conciencia tranquila. Por eso la serie y la verdad lo intranquilizan, y de allí sus reacciones destempladas contra el programa de TVN.
Seamos claros. Uno: todos supimos siempre todo. Dos: todos tomamos nuestras opciones políticas, pero por sobre todo morales, sabiéndolo todo. La barrera moral entre unos y otros es insuperable e indestructible.
Nadie puede pretender que militares y civiles, ministros, subsecretarios, jueces, diplomáticos, religiosos, propietarios, directores de medios autorizados y periodistas de esos medios, y los empresarios que hicieron sus fortunas gracias al régimen dictatorial, no sabían nada. La serie ”Los archivos del cardenal” no descubre nada, pero desenmascara todo. Y eso el fascismo no lo perdona.
*Roberto Garretón fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1990.
Difunde:Enrique Orellana
