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Máximo Kinast Avilés

Chile

De la ‘guerra de don Ladislao’ al ‘maremoto de don Sebastián’


No es extraño que siempre sean autoridades derechistas las que procurando objetivos políticos  provoquen pánico nacional. Ladislao Errázuriz, Augusto Pinochet y Sebastián Piñera han utilizado esa deleznable fórmula

 

Arturo Alejandro Muñoz

EN 1920 CHILE vivía momentos difíciles, cruciales. Luego de tres décadas de parlamentarismo conservador se avizoraba la posibilidad de un cambio en la candidatura de Arturo Alessandri Palma, un ex adversario del Presidente José Manuel Balmaceda pero, además, ferviente partidario de redactar una nueva Constitución Política para establecer un sistema presidencialista.

Ese mismo año nuestro país era desafiado por eventos importantes. Uno de ellos resultaba ser la elección presidencial que enfrentaba a conservadores con liberales y demócratas, cuyo candidato era precisamente “el león de Tarapacá” (Alessandri). El otro evento lo constituía el plebiscito que debería efectuarse en las ciudades de Tacna y Arica para que sus poblaciones decidieran a cuál país pertenecer, Perú o Chile (el plebiscito nunca se realizó). Además de lo anterior, el moribundo gobierno conservador-parlamentarista era remecido en el Norte Grande por la resistencia de los trabajadores del salitre, quienes, organizados en sindicatos luchaban por derechos que les habían sido históricamente negados, poniendo además en jaque las exportaciones de nitrato de sodio, llamado también ‘oro blanco’.

Como la poderosa derecha terrateniente chilena adivinaba que en esta ocasión los comicios electorales podían serles desfavorables, el entonces Ministro de la Guerra y Marina (hoy Ministerio de Defensa), Ladislao Errázuriz, decidió movilizar tropas hacia la frontera norte, argumentando que existía un serio peligro de invasión foránea encabezada por el Perú, aduciendo que la “cuestión de Tacna y Arica” se encontraba sumida en negros augurios para los intereses nacionales.

Obviamente, muchos chilenos se tragaron ese cuento y vivieron semanas –quizá meses- de tensión, incertidumbre e incluso miedo, rogando a Dios y al destino que no hubiese un nuevo conflicto armado con la república vecina del norte.

Pero, la intención del ministro Errázuriz y del Presidente Juan Luis Sanfuentes no era otra que ‘invadir’ las salitreras nortinas con soldados y poner bajo arresto a los líderes sindicales de las organizaciones obreras, asegurando tranquilidad y ‘mano dura’ a los empresarios extranjeros que eran propietarios de esos enormes centros de producción de nitrato.

Los dirigentes de la FECH (Federación de Estudiantes de Chile), enterados del verdadero objetivo que perseguía el ex senador derechista -y ministro en ese momento-, publicaron un panfleto que recorrió el país de norte a sur, en el cual delataban los propósitos reales del empresariado extranjero y criollo que utilizaba el falso problema Tacna-Arica como razón válida para movilizar a miles de soldados al norte salitrero, y bautizaron este asunto con el risible título de “La guerra de don Ladislao”.

Finalmente, como es sabido, no hubo guerra ni plebiscito. Tacna quedó en manos peruanas y Arica en las nuestras. Arturo Alessandri ganó la elección de 1920 y luego de múltiples dificultades (golpe de estado y exilio incluidos) su gobierno logró  redactar y aprobar el Código del Trabajo (1924) y la Constitución Política del Estado (1925).  

PINOCHET SALE A ESCENA

El invierno de 1983 trajo novedades para el entonces aherrojado pueblo chileno. La dictadura militar –apoyada por el empresariado nacional y por el gobierno norteamericano- enfrentaba una serie de protestas organizadas por los trabajadores y sus sindicatos, las cuales complicaban al régimen a tal grado que el propio general Pinochet había buscado recaudo salvador para su esposa e hijas, trasladándolas a unidades militares lejos de Santiago con la orden de transportarlas a isla de Pascua “si las cosas empeoraban”.

Y las cosas –para el gobierno- tendían a oscurecerse más cada día, toda vez que en algunas poblaciones capitalinas grupos de jóvenes estructuraban núcleos de resistencia dispuestos a enfrentarse cara a cara con los uniformados. Ya no se trataba de dirigentes sindicales con nombres, domicilios y oficios conocidos, sino que esta vez el temor gubernamental caminaba la senda del peligroso desafío urbano que ganaba voluntades, adeptos y villas enteras cada jornada, lo cual era seguido y observado atentamente por la prensa mundial que sin disimulo manifestaba simpatía por los “rebeldes demócratas poblacionales”, dispuesta a publicar en primera plana cualquier desaguisado cometido por Pinochet.   

Fue entonces que los aparatos de inteligencia militar salieron en ayuda del dictador. ¡Había que apresar a varios cabecillas, pero sin bochinche, sin prensa ni ojos indiscretos mirando la acción! ¿Cómo hacerlo en una ciudad que, a pesar del ya tibio y disminuido toque de queda, contaba con miles de personas deambulando por sus calles? ‘Inteligencia’ dio la solución. Inventó un feroz frente de mal tiempo que azotaría la zona central –especialmente a Valparaíso y Santiago- la noche del venidero jueves.

Todo ese día, desde temprano y sin cesar, la televisión y muchas radioemisoras se ocuparon en informar –con tonos alarmistas- del aguacero y fuerte vendaval que se dejarían caer sobre la capital pasadas las once de la noche. “Refuerce ventanas y techumbres, limpie sus canaletas, mantenga a mano una linterna, pilas, velas, botellas con agua…no salga de su casa porque existirá peligro ante voladuras de planchas de zinc”…

Y el 99% de los santiaguinos, esa noche, se recogió sus hogares tempranamente, oteando hacia el cielo, olfateando el norte, intentando distinguir en lontananza el avance de los negros nubarrones que portaban la desgracia. Al llegar la medianoche, o poco después de ella, Santiago quedó a oscuras. Por cierto, todos pensaron que la tormenta se había desencadenado en los aledaños de la ciudad, y que un rayo era el responsable de ese ‘black out’ al haber golpeado alguna de las gigantescas torres en las cercanías de Alto Jahuel.

Mientras tanto, efectivos militares y policiales se encargaban de trasladar a más de un centenar de presos políticos desde los conocidos centros de detención (Tres Álamos, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, etc.) hacia  distintos puntos de la geografía chilena, muy particularmente rumbo a unidades militares sitas en lugares apartados de las ciudades. Esos presos políticos constituirían el ‘seguro de vida’ que Pinochet y la Junta Militar requerían si llegaba el instante de una negociación forzada y última. 

Al mismo tiempo, apoyados por soldados de dos regimientos -Puente Alto y Santa Rosa-, y con presencia de personal de la Fuerza Aérea (FACH), decenas de agentes de la tenebrosa Central Nacional de Informaciones (CNI) procedieron a allanar domicilios en la oscuridad de la noche para apresar a golpes e insultos a 35 dirigentes juveniles poblacionales, a quienes les condujeron de inmediato al campo de concentración de  Tejas Verdes, en Llo-Lleo (o, según el Informe Valech, Campamento Nº 2 de prisioneros, de la Escuela de Ingenieros Militares), donde el faraón de las torturas y apremios ilegítimos era el general Manuel Contreras, apoyado por uno de los ‘profesores’ de aquella escuela, el coronel Cristián Labbe Labbe, hoy alcalde de Providencia.

http://www.memoriaviva.com/centros/05Region/tejas_verdes.htm.

Días después, los chilenos se enteraron que la noche aquella de la tan voceada tormenta de agua y viento, no fue lluvia la que cayó sobre Santiago, sino sangre.

LA FARÁNDULA MEDIÁTICA-POLÍTICA DEL TSUNAMI

Chile es un país sísmico. Eso lo sabemos. ¿Qué más sabemos? Que los maremotos o tsunamis son realmente peligrosos, principalmente, cuando el epicentro de un movimiento sísmico superior a siete grados en la Escala Richter ocurre en el fondo marino a una distancia de tierra firme que no supere los 700 kilómetros. Con  mil o más kilómetros de distancia desde el epicentro, la mayoría de los tsunamis llegan a tierra firme convertidos en marejadas que pueden ser de mayor o menor intensidad, pero muy lejos de provocar los daños propios de un maremoto.

¿Hay más de 1.000 kilómetros de agua oceánica entre Chile y Japón? Por cierto que sí, y muchísimo más que eso. Distancia suficiente (y tiempo también) para sembrar una especie de histeria colectiva afianzada por la concreción mediática de una posta ministerial en la que los diferentes jefes de carteras se fueron turnando ante las cámaras, aplicando a la perfección el libreto que más le agrada al primer mandatario: aquel que se distingue por palabras grandilocuentes y gestos ‘heroicos’, pero de un heroicidad que al actor no le significa peligro alguno el ejecutarla, parecida (si acaso no igual) a aquellas que miles de personas observan en programa de realities televisivos.

Es cierto que un terremoto de 9,1º Richter suena a catástrofe que se aproxima a cataclismo. Es cierto también -cómo no- que la magnitud del movimiento telúrico y su cercanía con tierra firme pronosticaba la ocurrencia de otra tragedia: el maremoto o tsunami. Pero, ello acaece preferentemente en los lugares cercanos al epicentro del sismo, pues los bordes costeros de continentes que se encuentran a más diez mil kilómetros difícilmente experimentarán la furia del mar (el tren de olas, el arrastre líquido o como quiera que se le llame a ese fenómeno infame) con la misma violencia y fuerza que tiene en las costas cercanas al epicentro.

En este último caso (que fue el nuestro, el de Chile, ante el desastre experimentado por Japón) los llamados a la alerta eran, obviamente, necesarios, pero la sobrerreacción de las autoridades –especialmente lo efectuado por el propio Presidente de la República- superó los límites de la tolerancia, ya que si bien los efectos del tsunami tarde o temprano llegarían a nuestras costas, su violencia sería tan baja que no implicaría peligro serio…como finalmente sucedió. Así lo comprendieron gobiernos de países con costas en el océano Pacífico, como Perú, Ecuador, Colombia, México y los Estados Unidos de Norteamérica, quienes alertaron a sus poblaciones, tomaron las medidas lógicas de resguardo y cautela, pero optaron por la seriedad en el trato del problema, y no en la farandulización rayana en el ridículo, como fue la acción emprendida y reiterada hasta la saciedad por el gobierno de Sebastián Piñera, quien poco a poco se ha ido transformando en un  verdadero mandatario 'bananero'. 

Tal cual escribió ‘clarinet.cl’, ha transcurrido sólo un día desde aquel reality presidencial, y ya se sabe que los primeros cálculos de pérdidas en turismo, comercio y otros rubros son inconmensurables.  Este último viernes, los centros turísticos chilenos sitos en ciudades y pueblos con vista al mar sufrieron un peculiar toque de queda. Todo se cerró a las 20:00 horas, y los turistas y clientes huyeron de hoteles, restaurantes, cines, teatros y casinos en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, y otros lugares.

Muchas empresas hubieron de licenciar a sus trabajadores tempranamente a objeto de permitirles el regreso oportuno a sus hogares, lo cual, por cierto, redundó en pérdidas millonarias que solamente podrán ser resarcidas subiendo los precios de aquellos bienes y servicios afectados por la destemplada decisión oficial de “cerrar todo y arrancar al cerro”.

Por otra parte, el lenguajeo oficial de que “este gobierno sí hace bien las cosas” –referido ello a la acción preventiva por posible tsunami- no tiene asidero   si se pretende confrontarlo con la pálida, balbuceante y tardía reacción que mostró en febrero del 2010 la entonces presidenta Bachelet, pues aquel megasismo no fue anunciado, simplemente llegó. En cambio, esta amenaza de miarejadas contó con más de 20 horas de plazo para tomar algunas providencias.

Lo malo fue que el gobierno aliancista exacerbó el cuidado del señor cura, e hizo una alharaca mediática que confirmó el amor casi enfermizo que tiene Piñera por transformarse en un súper héroe similar a ese risible personaje de película norteamericana -el detective John McClane-, estelarizado por el actor Bruce Willis en la saga de filmes “Duro de matar” (en este caso, don Sebastián, usted ya se está transformando en “Duro de Soportar” con tanta farandulización).

Queda una pregunta flotando en estas líneas. ¿Cuál era el real objetivo del gobierno con esa larga, mediática y agotadora reiteración de ministros y mandatario ocupando el 100% del tiempo de la TV y gran parte de la prensa durante más de 24 horas? ¿Servir a Chile?

Ya, de acuerdo, servir a Chile.

¿Sólo eso? Una duda razonable ha surgido en algunos sectores del país luego de tanta parafernalia oficial atacando la calidad de vida y seguridad de los domicilios y propiedades ubicados en los bordes costeros, o en las zonas llamadas “inundables”. Se rumora que este gobierno de empresarios y comerciantes aprovechó el terremoto ocurrido en Japón -y las marejadas que llegarían a Chile- para “desprestigiar” los bordes costeros en manos de particulares que no son ABC1 ni mega empresarios, con un  propósito definido: rebajar el valor comercial de esas viviendas y dejarlas preparadas para una posible expropiación pagando el fisco valores muy por debajo del comercial…y luego, obvio, rematarlas al mejor postor.

En este caso, el ‘mejor postor’ siempre será un consorcio transnacional –donde miles de acciones estarán en manos de familiares y/o socios de autoridades y políticos de este gobierno ‘de los mejores’- dispuesto a construir en esas mismas zonas ‘inundables’ algunos elegantes y exclusivos complejos hoteleros, turísticos y comerciales.

La duda es razonable…y de un gobierno de empresarios y especuladores financieros es posible esperar algo así…o peor, como por ejemplo, insistir (específicamente el ministro Laurence Golborne) en la instalación de centrales nucleares en nuestro país, pese a que la catástrofe japonesa señala que tales centrales son un peligro cierto e inmanejable en caso de ocurrencia de terremotos…y Chile, señor Golborne (como bien sabemos todos) es un país sísmico. 

INDULTOS Y AMALGAMAS

Armando Uribe E. - Profesor asociado, universidad de Cergy-Pontoise (Francia) - 11.03.2011

 

 En dos pequeños ensayos titulados “El honor y la dignidad” (1948) y “¿Perdonar?” (1971), sobre las atrocidades cometidas por los nazis, el filósofo francés Vladimir Jankélevitch (1903-1985), que dictó cátedra en filosofía moral durante cerca de treinta años en la Universidad de la Sorbona, analiza las ambigüedades que llevaron a Francia primero a capitular frente a los Alemanes, luego a aceptar la ocupación militar, desentendiéndose de la realidad y, por fin, a tratar de volver a un statu quo ante como si durante los años de guerra no hubiera ocurrido nada, ni deportación de judíos y opositores, ni tortura, ni complicidades felices y poco honrosas.

 

Como en Chile después del 90 y hasta hoy, en distintos medios sociales de la Francia después de 1945 se siguió hablando de la ocupación nazi “no solamente sin ningún asco, sino hasta con gratitud, con nostalgia”, como si los resistentes y las víctimas tuvieran ellos solos la responsabilidad de explicar que los colaboradores de los alemanes habían sido traidores.

 

“¿Cómo es posible, pregunta  Jankélevitch en el primer texto, que no lo entiendan por ellos mismos?”, y agrega lo desesperante que es tener que explicar perpetuamente que los talentos o cualidades propias de un ladrón, por irremplazables que sean, importan infinitamente menos que su canallada, porque “el mal de envilecimiento no tiene remedio”.

 

Y que ese es el problema de la “depuración física” llevada a cabo en Francia después de 1945 (es decir eliminación de los colaboradores más notorios, que fue sin embargo muchísimo más amplia que los procesos por atropellos a los derechos humanos en Chile después del 90), que “no se vería como algo tan importante si la voluntad de purificación hubiese sido mayor: la impunidad de los traidores, que ha pesado como una obsesión después de la guerra, y las controversias desagradables, ridículas y deprimentes que vuelven con cada nuevo caso individual habrían perdido sentido”.

 

Y a renglón seguido: “La pureza es como el amor: es algo que hay que desear; el amor sabe, en todas las circunstancias, lo que tiene que hacer y lo hace de inmediato sin consultar a nadie, e inventa para cada circunstancia la solución más original, la más delicada, la más ingeniosa”. Sin voluntad de pureza, “la amnistía no es sino amnesia y el perdón apenas indulgencia, excusa escandalosa y complicidad degradante con la traición”.

 

El segundo texto, publicado en 1971, comienza planteando si, veinte años después, es tiempo de perdonar, o por lo menos de olvidar. Si un crimen inolvidable hasta mayo deja de serlo en junio, como si veinte años bastaran para que lo imprescriptible por milagro se prescriba, y que de un día para otro, lo inolvidable pase al olvido. Jankélevitch subraya el hecho espeluznante que poco a poco las víctimas de atrocidades terminen teniendo que justificar su calvario como si fueran culpables, ante aquellos que los torturaron como ante los que hicieron carrera bajo la dictadura, perdón, la ocupación.

 

Y habría que agregar, en el caso chileno, ante los propios ex compañeros de sufrimiento y de exilio que aceptaron mantener todo lo que nos impusieron los militares y sus innumerables colaboradores, los que hicieron carrera en dictadura como los que metieron las dos manos en los mayores negocios de Chile: todos prosperaron en dictadura. Y los que prosperaron política y económicamente después, aceptando no cambiar nada o casi nada a la constitución del 80, peor todavía.

 

La apreciación del grado de culpabilidad de los pelafustanes que torturaron, mataron, robaron y sin embargo prosperaron como si no hubiera ocurrido nada, esa apreciación, escribe Jankélevitch, no es tema de controversias. Porque “en la controversia hay un Pro, hay un Contra, y hay la mixtura del Pro y del Contra” como en los disputas y coloquios universitarios; y porque discutir de un Pro y de un Contra frente a cuerpos ausentes de mujeres y hombres vejados, violentados, arrojados vivos o medio inconscientes al mar desde helicópteros, frente al puerto de San Antonio — es una indecencia. El sufrimiento sin nombre excluye las sutilezas y las disquisiciones. No es discutible, sencillamente.

 

Nadie se equivoque. No estamos asimilando Auschwitz  o Treblinka con Londres 38 o la Villa Grimaldi en Santiago de Chile, ni en intención, ni en proporción, ni en naturaleza. Lo único común es el sufrimiento provocado y respaldado a propósito. No hacemos amalgamas. Amalgamas hacen quienes pretenden que los beneficios de un indulto para delincuentes comunes han de aplicarse también a torturadores (encarcelados en el penal de Punta Peuco, que no es precisamente la cárcel de San Miguel), so pretexto de igualdad entre ciudadanos. Son las únicas ocasiones en que la idea de igualdad es reivindicada en Chile. Es una vergüenza que en Chile los responsables intelectuales y políticos de esos sufrimientos aplicados a miles de personas sigan comulgando con la consciencia tranquila, y que una parte de sus antiguas víctimas los aplaudan hoy y hayan pasado veinte años consolidando el edificio legal y económico levantado sobre osamentas atadas a rieles. ¿Pragmatismo? No. Voluntad de olvido.

 

Tema de los noticieros del martes 8 de marzo por la mañana: el día internacional de la mujer y los proyectos de indultos para descongestionar las cárceles, y la controversia para saber si se le aplica o no el indulto a los torturadores activos o pasivos. Sobre el indulto, ver Jankélevitch. Sobre el homenaje a las mujeres, mi opinión es que los homenajes hay que reservarlos a las muertas, no a las vivas (que más vale respetar todos los días antes que celebrar un día al año). Homenaje, pues, a cuatro o cinco mujeres que terminaron en el mar, frente al puerto de San Antonio, con rieles amarrados a sus pies.  Tenían entre veinte y treinta y tantos años. Una de ellas estaba embarazada de ocho meses. Se llamaban Michelle Peña, Carolina Wiff (arrestada con el doctor Carlos Lorca, diputado elegido en marzo de 1973, el único parlamentario chileno desaparecido hasta el día de hoy), Mireya Rodríguez, Rosa Solís y Sara Donoso. Doy estos cinco nombres porque los tengo a mano. Hay miles más

LA LOBBYSTA BACHELET Y SUS WIKILEAKS

Wikileaks

Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener

Por: Juan Pablo Figueroa

La aprobación de la central Campiche estuvo rodeada de polémica, luego de que la Suprema paralizara las obras y el gobierno de Bachelet hiciera cambios legales que permitieron su construcción. Cables filtrados por Wikileaks dan cuenta del fuerte lobby que ejerció la embajada de EE.UU. por AES Gener. El gobierno reaccionó rápido, temiendo ahuyentar inversiones, e incluso la presidenta habría pedido a la ministra Patricia Poblete que encontrara una solución. Según el embajador, Poblete le dijo que esa era su primera prioridad y le prometió que “el gobierno solucionaría la situación”.

A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno. La había escrito Gary Locke, el secretario de Comercio de su país, y le urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”. En los días siguientes, la misiva llegaría hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía.

Para entonces ya habían pasado cinco meses desde que la Corte Suprema invalidara la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche, un proyecto que se encontraba en construcción en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, y que pertenecía a la compañía eléctrica AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país y filial en Chile de la norteamericana AES. La decisión judicial no cayó nada de bien ni en EE.UU. ni en el gobierno de Bachelet.

El fallo unánime de la Suprema determinaba que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad al aprobar en mayo de 2008 el permiso ambiental a la termoeléctrica y permitir su construcción sin antes considerar el tipo de uso de suelo. Con eso, se paralizaba una inversión de US$ 500 millones para generar 270 MW de potencia a base de carbón, lo que equivalía al 10% de la capacidad de generación en construcción en ese momento y al 3% de la capacidad ya instalada de la matriz eléctrica en Chile.

-La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –decía la sentencia de junio de 2009.

Un día después del fallo, el diario La Tercera publicó un artículo donde el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, decía que la empresa confiaba “en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.

El plan siguiente consistiría en recurrir a la embajada de EE.UU. y convertir el problema de una empresa privada en un asunto diplomático. Entonces habría reuniones. Luego vendría la carta desde Washington a las autoridades chilenas y su respuesta: que el gobierno haría todo lo posible para solucionarle el problema a AES Gener.

Los primeros pasos del lobby

Un mes después del fallo, el 23 de julio de 2009, Cerón llegó junto al presidente de AES, Andrés Gluski, a una reunión con el embajador Simons. Lo que pasó allí aparece detallado en el cable Nº 221.119. Según el documento, Gluski le hizo saber al diplomático norteamericano que si pasaba más de un año de retraso, Campiche debería cancelarse por el alto costo que significaba la paralización, que estimaba entre los cuatro y los ocho millones de dólares mensuales. Y que las pérdidas no sólo serían para ellos, sino que también para sus proveedores, “principalmente en Corea (contratista general) e Italia (turbinas)”. También le recalcó que la prohibición no se debía a un tema ambiental, sino que era por el uso de suelo. Le dijo además, que el fallo ponía en duda las bases legales de otras plantas de energía. Para él, la sentencia judicial era “una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales”.

Gluski le pidió a Simons que elevara la preocupación de AES sobre los costos a las autoridades chilenas y les hiciera notar la importancia de hacer un rápido seguimiento a los cambios en el uso de suelo en la zona donde la central se estaba instalando. Días después, el embajador lo hizo y encontró nada más que apoyo absoluto por parte del gobierno.

El 4 de agosto, Simons se reunió con el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El jefe de gabinete de Bachelet le dijo al diplomático que el gobierno entendía la gravedad del problema: que no sólo implicaba las inversiones de AES, sino que a todo el ambiente de inversión extranjera en el país, principalmente en el área energética. Le aseguró también que pondría a uno de sus asesores más experimentados a trabajar en la materia. Luego Simons lo hablaría con Marcelo Tokman, titular de Energía, quien le “prometió todo su apoyo”.

La siguiente gestión de los diplomáticos estadounidenses fue reunirse con Álvaro Sapag, quien dirigía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Sapag le dijo a un representante de la embajada que ya se había reunido con los ejecutivos de AES en seis ocasiones a discutir los pasos a seguir para conseguir un nuevo permiso ambiental después de que se solucionara el tema del uso de suelo, ya que no estaba claro si debían partir de cero ni qué partes del antiguo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podrían ser usadas de nuevo.

En el cable, fechado el 17 de agosto de 2009, el embajador aseguraba que la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, era la responsable de las directrices generales de zonificación y que ya se le había pedido que desarrollara nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema. Según la empresa, Poblete estaba dispuesta a solucionar el problema de las zonas industriales, pero no de las zonas de “alto riesgo”. Unos meses después llegaría la carta firmada por el secretario de Comercio norteamericano Gary Locke en la que se refería al problema de AES, y Simons la haría llegar a los escritorios de la presidenta y los titulares de Interior, Economía y Energía. Entonces, el embajador confirmaría la disposición de Poblete y los demás ministros de Bachelet para apurar la reapertura de la termoeléctrica en Puchuncaví.

La promesa de la ministra Poblete

Todo lo relativo a la carta aparece en el documento que salió el 20 de noviembre de ese mismo año desde la embajada de EE.UU. rumbo a Washington, el cable Nº 235.975. El texto de Locke reconocía los esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES y solicitaba “medidas oportunas para desarrollar una salida positiva para la compañía y sus inversiones”. Luego de haberla despachado, Simons habló con cada uno de los ministros de las tres carteras destinatarias. Todos le dijeron lo mismo: que estaban al tanto de la situación, que al gobierno le urgía resolver el tema para evitar un impacto negativo en el clima de inversiones en Chile y que quien podría hacer algo era la ministra Poblete. Pérez Yoma también aprovechó de indicarle que “la compañía (AES Gener) no ha hecho lo suficiente para pulir su imagen pública o construir relaciones con la comunidad colindante al proyecto Campiche”.

El 9 de noviembre Poblete recibió a Simons, quien le llevaba una copia de la misiva. Lo primero que dice el cable sobre aquella reunión es que la ministra de Vivienda le señaló “que ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”. Poblete le dijo al diplomático que entre éstas estaban una carta enviada por el gobierno de Corea del Sur e incluso una llamada de la presidenta Bachelet. Además, le aseguró que “para ella y el gobierno chileno es la principal prioridad apuntar a resolver el tema antes de fin de año (2009)”.

Durante la conversación, la ministra mencionó que bajo el Plan Regulador Regional de Valparaíso, que comprende la zona donde se estaba instalando la termoeléctrica, hay limitaciones claras y estrictas para proyectos industriales. Agregó también que AES Gener nunca tuvo el permiso para construir en Campiche y que “la empresa debería haberse acercado a su ministerio mucho antes de empezar a trabajar en el proyecto”.

–Ella se lamentó –dice el informe de Simons– de que en vez de recurrir directamente a ella, la compañía perdiera tiempo tratando de trabajar en una solución con el Ministerio de Energía y afirmó que en esta etapa la solución es enmendar el Plan (Regulador) para acomodar el proyecto Campiche.

Poblete le habría explicado al diplomático norteamericano que el equipo del Ministerio de Vivienda (Minvu) ya había presentado una propuesta de cambios al Plan Regulador a través de la Corema y que la Contraloría lo había devuelto con 66 observaciones. Según el cable, la ministra se veía confiada. Le dijo también que hacía poco su cartera había completado las respuestas a las dudas y cambios solicitados por la Contraloría y que “usó canales internos de comunicación con la oficina del contralor (Ramiro Mendoza) para asegurarse de que las respuestas sean aceptables”. Que sólo faltaba que el documento fuera formalmente reenviado desde la Corema hacia la Contraloría. Que al día siguiente se juntaría con Pérez Yoma, Tokman y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, –también llegaría a esa reunión Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente– para idear una estrategia que resolviera el tema. Que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Camino abierto para Campiche

Para fines de 2009, cuando la embajada envió el cable, AES Gener ya había dejado el tema judicial en manos del estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del cual era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se había enfrentado al municipio de Puchuncaví, que le exigía demoler lo que ya habían edificado en Campiche por haber construido sin permisos de edificación, lo que correspondía al 40% de la obra total. A la empresa le urgía acelerar el proceso del cambio de suelo. Por eso, sólo unos días después de que Patricia Poblete recibiera al embajador Simons, llegó hasta el Minvu el gerente general de la compañía, Felipe Cerón.

Según consta en el mismo cable, Cerón le contó a funcionarios de la embajada que la ministra le explicó que la enmienda del Plan Regulador podría tomar más tiempo que lo esperado y que recién en febrero de 2010 el trámite podría estar listo. Sólo entonces la compañía estaría en condiciones de reanudar las obras. Él creía que para lograrlo antes del cambio de mando, el gobierno de Bachelet lo cambiaría por decreto. Eso fue lo que ocurrió.

El 31 de diciembre de 2009, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº 68. La norma se refiere a los terrenos afectos a dos o más usos de suelo distintos y estableció que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”. El documento también indicó que en los casos donde se permita la actividad industrial, “estará siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura”. Todo beneficiaba a Campiche: según AES Gener el decreto dejaba superadas las razones por las que la Suprema detuvo el proyecto. La empresa aseguró que el 33% del terreno donde se emplazaba la termoeléctrica era de uso industrial, por lo que la nueva normativa le permitía extender esa utilización al resto de su proyecto.

A esas alturas, las modificaciones causaban revuelo público. Una nota del diario electrónico El Mostrador denunciaba que el gobierno había hecho un traje a la medida de Campiche y apuntaba principalmente a la ministra Poblete, pero también a sus colegas Pérez Yoma y Tokman. “No hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”, se defendía al día siguiente la ministra de Vivienda.

Pero el escenario era claramente favorable para AES Gener. Cerón solicitó entonces un informe a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región que incorporara las modificaciones en la ordenanza y ratificara que el terreno de Campiche cumplía con las exigencias municipales. También le pidió a la Corema la inclusión de los cambios en el proceso de calificación ambiental y que el proyecto pasara a ser sometido para la aprobación definitiva. Pero aún no estaba el camino llano. En relación a la extensión del uso de suelo industrial, el decreto agrega que “el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”.

Los días previos al terremoto del año pasado fueron movidos para AES Gener y su proyecto. El 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del Minvu. Un artículo de La Tercera señala que el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que “se rechaza el cambio y vamos a pedir congelar esa área para que no se pueda construir”. Menos de una semana después, la Corema de Valparaíso aprobó la calificación ambiental de Campiche. Aunque el municipio anunció que recurriría a la justicia, el proyecto podía reanudarse apenas la empresa lo estimara conveniente. Pero para eso faltaba la seguridad de que el proyecto no se detendría nuevamente.

La certeza que AES Gener necesitaba llegó recién en julio de 2010. Durante ese mes, luego de varias semanas de negociación, el municipio de Puchuncaví desistió de cualquier acción judicial que trabara la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir unos US$ 4.000.000 en aportes sociales a la comunidad, otros US$ 80 millones en mejoras de las tecnologías usadas en las cuatro plantas termoeléctricas de la zona y a no construir ninguna otra central eléctrica en el sector. El 10 de agosto de 2010, la dirección de obras de Puchuncaví le otorgó a AES Gener los permisos de construcción que hacían falta. Campiche empezará a operar en 2012.

CAIMANES, EL MUNDO AL REVÉS

 

Quienes defienden el agua del Valle de Pupío, formalizados por causa de demanda de Minera los Pelambres, que día a día destruye el ambiente natural del Choapa

 

Por Ana Leyton

 

Fueron muchos los asistentes convocados por “la asamblea del 29 de enero”, que llegaron a Caimanes el sábado 5 de marzo a las 15:00 Hrs. para informarse, analizar y apoyar a Cristian Flores y abogados del pueblo, quienes fueron formalizados injustamente por la demanda que Minera Los Pelambres puso por Asociación Ilícita y Prevaricación en el caso de los abogados.

 

Llegaron hasta la retirada localidad de Caimanes, ciudadanos chilenos concientes de la serie de injusticias inaceptables que destruyen nuestro país, a propósito de la defensa que los gobiernos “democráticos” hacen de las transnacionales, incluso adecuando  leyes en su favor. Se contó con la presencia de organizaciones como la /Red Ambiental Norte con representantes de diferentes lugares de la cuarta y quinta región, representantes del Movimiento por la Asamblea de los Pueblos, dirigentes sociales de Aconcagua, Putaendo, Santiago, de distintas comunidades del Choapa y otros lugares del país; además, se unieron dirigentes de Kilimarí, donde se están viviendo las mismas desgracias ambientales, de carencia y contaminación del agua que en Caimanes, ya que esta comuna también pertenece al Valle de Pupío.

 

La Asamblea, centró su energía, fundamentalmente, en el apoyo a Cristian Flores, quien junto a sus abogados se encuentra paradojalmente en peligro de ser detenido por la justicia chilena, situación que ya no reviste sorpresas, puesto que cuando no pueden acallar a los dirigentes y a quienes los apoyan, son sacados de escena siendo encarcelados, mientras el pueblo no comprende cómo la justicia democrática, encarcela chilenos en beneficio de los intereses de las transnacionales y el capital extranjero.

 

En medio de la Asamblea, se comunicó que Caimanes participará como invitado especial en un Congreso Internacional, cuya sede es en Francia, donde se abordará la problemática vital del agua, invitación realizada por periodistas europeos, que estuvieron haciendo un documental en Caimanes, a raíz de las denuncias emanadas de la huelga de hambre sostenida por 81 días, por parte de 11 caimaninos el año recién pasado.

 

En este momento otros abogados, cuyos nombres están siendo protegidos, estudian la forma de interponer una demanda en cortes  internacionales en contra de Minera Los Pelambres, y a esta causa se han unido otros profesionales impactados por la secuencia de injusticias de la minera, por lo que se esperan una serie de acciones futuras en relación a demandas por contaminación del agua, demandas respaldadas por fundamentos concretos y sobre la sólida base de lo que se puede probar.

 

Una de las grandes interrogantes realizada fue ¿qué es lo que va a pasar, cuando producto de la demanda internacional se sepa que en esta parte de Chile, los productos agrícolas que se están exportando se están regando con aguas contaminadas?

 

La comunidad organizada en la Asamblea no quiere negociar, sin embargo, fue  expresado por parte de los asistentes que MLP se ha estado acercando con esta intención, ya que de cualquier forma el tranque de relaves el mauro, de 245 metros de altura, ya está sobrepasado y la minera estaría mensurando tierras cercanas para hacer otra cortina, lo que pondría inmediatamente en peligro, la poca tranquilidad que aún le queda al valle de Kilimarí.

 

El Choapa está despertando, está tomando conciencia de que los que fueran antes focos de contaminación, ahora están ramificados por toda la provincia. Pocos ya están creyendo en las autoridades, por lo que probablemente, ni los dineros de las mineras  podrán financiar campañas políticas exitosas, de los mismos de siempre que prometen y no cumplen.

 

La síntesis final fue, que la absurda e injusta demanda que pone en peligro la libertad de Cristian Flores y los abogados, pretende ser ejemplificadora para que nunca más en el Choapa otro abogado quiera defender las causas de los comunidades, sin embargo, lo que esto provocó, fue muy por el contrario, ya que aparecieron más abogados comprometidos, más apoyo por parte de otras comunidades y apoyo de dirigentes y profesionales militantes de la causa ambiental; además, el terrorismo coludido provocó la gran respuesta de que Cristian Flores, actualmente, no sólo es el Presidente del Comité de defensa del Valle de Caimanes, sino que además, es el Primer Coordinador de la Asamblea de Defensa del Choapa.

 

Es por eso, que la misma Asamblea, hace un llamado amplio a la solidaridad de quienes conscientes de las injusticias del terrorismo transnacional, apoyen a Cristian y a los abogados del pueblo, el día jueves 10 a las 10:00 Hrs. en el tribunal de Los Vilos, para dejarle en claro a los que se creen dueños de Chile y de nuestras vidas y también a quienes los apoyan que ¡basta de injusticia! ¡el ser humano y la vida por sobre el capital! Esto es algo que toda persona, que en el futuro quiera mirar de frente a sus hijos y que tenga madre, es capaz de entender

MIEDO E INCERTIDUMBRE

Escribe Luis Casado

El miedo y la incertidumbre se han transformado en la cualidad central del sistema en que vivimos. Sin miedo y sin incertidumbre sería difícil convencer a nadie que trabaje por salarios miserables, en la precariedad, el peligro y la indefensión. O bien que acepte una central nuclear a dos pasos de sucasa. El día de la apertura de la Cumbre deD avos 2000, Craig Barrett, presidente de Intel, declaró que “El miedo y la paranoia” son las características “interiorizadas” del asalariado yanqui.

 

El fenómeno es planetario y en Chile alcanza proporciones inimaginables. Digan lo que digan, aquí reina el miedo. El miedo a perder tu laburo, el miedo a no poder financiar la educación de tus hijos, el miedo de enfermarte, el miedo al Dicom, el miedo a la peligrosidad de tu trabajo, el miedo a embarazarte, el miedo a ir a orinar, el miedo a no saber qué hacer con el diploma pagado a precio de oro, el miedo a opinar.

 

Vivimos en el miedo, el lugar geométrico en el que comienza la pasividad popular. Nos duele el miedo, ese calmante de los ardores sindicales. O que los calmaba en tiempos pretéritos, visto que no hay sindicatos porque nos tercerizaron, nos transformaron en “subcontratistas”, en trabajadores por cuenta propia, en boleteros. La precariedad del asalariado, la del profesional sin contrato, la del pequeño empresario que paga créditos usureros, todo concurre a generar el miedo.

 

Incluso entre los trabajadores del sector público: Alquilados a contrata por los gobiernos de la Concertación, les está prohibido criticar y tienen que apoyar de modo “incondicional e irrestricto” -los adjetivos son de Camilo Escalona- al príncipe de turno.

 

Desechados como pañuelos llenos de moco apenas llegó Piñera, los que quedan, confrontan el consenso Alianza-Concertación en materia salarial.

 

Del terror político de la dictadura pasamos al terror modernizante del modelo neoliberal.

 

HidroAysén financia una campaña del terror por cuenta propia: Nos vamos a quedar sin electricidad. Eike Batista –octava fortuna planetaria-, aviva la cueca, porque ahí está su negocio: “Sin energía Chile no puede seguir construyendo proyectos de minería importantísimos”. Y amenaza: “Si las autoridades deciden que no desarrollemos el proyecto (Castilla), yo recomendaría que todas las mujeres del mundo dejen de secarse el pelo, que no usen más celulares y que no anden en auto (sic). Curiosa conclusión. Si esto no es una campaña del terror…

 

De paso, Eike Batista nos recuerda nuestra triste realidad: “Existe un monopolio de generación eléctrica dañino. (…) existe este problema: (Chile) es un país que está bloqueado por una oligarquía -cuatro o cinco grupos económicos que controlan todo-, lo que no ayuda al desarrollo”. Prevenidos quedamos.

 

Súmale la sequía y ya tienes justificados los aumentos de las tarifas eléctricas y las del agua potable. Como el barril de petróleo está superando los U$100, hay que hacerse a la idea del alza de los combustibles. Todo esto lleva a la incertidumbre, a la vida cotidiana percibida como un enigma y el mañana como un peligro potencial. ¿Cómo proyectarse hacia el futuro, amar, tener hijos, hacer proyectos, imaginar momentos de ternura?

 

Cada minuto de tu vida te imponen la condición de tu miserable existencia: “Liderazgo y competitividad”. Allí solo caben el temor y la inseguridad. No duermas, o duerme solo con un ojo: La competencia acecha. Miedo e incertidumbre: Las dos tetas de las que mama este sistema. Hasta que se nos quite el miedo.

 

DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE EL PIRAÑA FUE CONDENADO POR DESFALCO DEL BANCO DE TALCA

 

Fuente: 

http://www.youtube.com/watch?v=QH9uMWr9HPA

 

La condena fue en primera y en segunda instancia... luego se fugó de la Justicia y la Suprema, a instancias de Mónica Madariaga, lo dejó en libertad bajo fianza y más tarde lo absolvió.

 


 



EL PIRAÑA NO ESTUVO PRESO, PERO SI ESTUVO FUGADO

 

Declaraciones de Mónica Madariaga, registradas en una entrevista dada a Cambio21 punto cl, y en otra a la CNN, acerca de ex-carcelación de Piñera el 82.

 

Fuentes: 

http://www.youtube.com/watch?v=QH9uMWr9HPA

http://www.youtube.com/watch?v=SuRGgOd1yyI

Hay que aclarar que la Sra. Mónica Madariaga entendió que Piraña estaba preso, cuando en realidad estaba fugado.

Esta confusión no invalida las declaraciones de Mónica Madariaga, ni hace desaparecer las sentencias de Primera y Segunda instancias que condenaron al Piraña por desfalco... aunque los momios logren eliminar algunos videos del YouTube, siempre es posible encontrarlos en alguna parte del cyberespacio, como por ejemplo, al final de este documento:

http://www.taringa.net/posts/info/4058184/El-lado-oscuro-de-Sebastian-Pinera---Parte-2.html

 

CARTA DEL DR. WESTPHAL AL DIRECTOR DEL MERCURIO

Señor Director:

En mi revisión diaria de la prensa digital chilena, incluido El Mercurio, me ha resultado en extremo sorprendente encontrar que la responsabilidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet aparezca absolutamente minimizada respecto al escándalo de la Planta Campiche --un escándalo sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.

Así, la mayoría de las notas periodísticas y artículos que he leido critican al Embajador de EE.UU. por "las presiones" que ejerció y a los ministros de Bachelet que estuvieron involucrados. Si tales notas y artículos hacen alguna mención de la Presidenta, es principalmente en términos de "los ministros de Bachelet", "durante el Gobierno de Bachelet", etc.

Como ciudadano chileno, esto me parece en extremo preocupante pues distorsiona gravemente la verdad y, por implicación, exime tácitamente de toda responsabilidad a la ex Presidenta, en circunstancias que es la principal responsable de todo lo ocurrido.

Primero, ningún embajador de ningún país va a pasar a llevar la autoridad de un Jefe de Estado dirigiéndose a sus ministros sin antes dirigirse al mismo. Por tanto, es altamente probable que el Embajador de EE.UU. trató el asunto de la Planta Campiche con la Presidenta Bachelet antes de conversar con sus ministros, una gestión que tampoco puede haber llevado adelante a menos que ésta se lo sugiriera. Por tanto, se sigue que la Presidenta Bachelet debe haber estado informada de absolutamente todo lo relativo a la Planta Campiche desde el mismo inicio de la serie de hechos que culminaron con la firma del Decreto Supremo que autorizó la planta de marras.

Segundo, se habla mucho de "las presiones" que habría ejercido el Embajador de EE.UU. como si fueran lo que justifica la actuación del gobierno de Bachelet. Sin embargo, hay que entender que el Embajador de EE.UU. estaba simplemente haciendo su trabajo: favorecer los intereses de una empresa de su país. Una vez que se entiende esto, queda claro que la responsabilidad no es del Embajador sino que de quienes se dejaron presionar, incluida la Presidenta Bachelet.
A esto cabe agregar que para que un embajador de cualquier país pueda presionar a un Jefe de Estado de otro país, tiene que tener los medios para poder hacerlo, como por ejemplo veladas extorsiones en el caso de los mandatarios corruptos, o algún tipo de favor o algo a cambio en el caso de los que no lo son tanto, un tema que en el caso que nos ocupa sólo está abierto a especulaciones, a menos que la actuación de Bachelet y sus ministros haya sido única y exclusivamente motivada por un servilismo complaciente y abyecto para con el Embajador de EE.UU. y los intereses que representaba.

Tercero y por último, cabe notar que ningún Presidente de a República firma un Decreto Supremo simplemente porque sus ministros se lo ponen ante la nariz, encima del escritorio, a menos que se trate de un pelele manejado por sus subordinados. Esto es especialmente cierto si tal decreto modifica substancialmente y de manera unilateral una norma co-legislada por el Ejecutivo y el Congreso e interpretada y ratificada por un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia  –un asunto en extremo serio desde el punto de vista de la institucionalidad del país. Por tanto, dados todos los antecedentes proporcionados por Wikileaks que indican que a nivel de gobierno hubo una confabulación para aprobar la Plante Campiche, la única conclusión posible es que tal confabulación involucró de una manera central y activa a la ex Presidenta Bachelet. De lo contrario, no habría firmado el Decreto Supremo que firmó.

En general, los tiempos de las gestiones y el Decreto Supremo que modificó la ley para favorecer a la Planta Campiche en contra de los mejores intereses del país, coinciden con el fin del Gobierno de Bachelet y su ulterior nombramiento --de la noche a la mañana, como por arte de magia--, como Presidenta de la ONU-Mujer, un cargo para el cual de seguro que contó con el apoyo y beneplácito de EE.UU. como una forma de devolverle la mano por los favores recibidos.

Hoy la ex Presidenta Bachelet y sus ex Ministros de Estado están fuera de toda posibilidad de que se les haga efectiva su responsabilidad por este escándalo institucional pues éste se destapó después de los seis meses de terminado su mandato, lo que les asegura a todos total impunidad. 

A la luz de lo ocurrido en el caso Campiche, Chile haría bien en extender la persecución de la responsabilidad de ex Presidentes y Ministros por lo menos por tres años.



Germán F. Westphal, Ph.D.
Universidad de Maryland
Sede Baltimore, EE.UU.
RUT: 4.645.308-5