Por Rafael Luis Gumucio Rivas
Enviado por Mauricio Otero
(En la imagen, don Fermín Vivaceta, obrero, educador del pueblo y arquitecto)
El concepto Calidad de la educación tiene un alto contenido simbólico y movilizador. ¿Quién no quiere salud, transporte, vivienda, pensiones y educación de calidad? La derecha siempre ha tenido la habilidad de apropiarse de fines loables para acrecentar su marco de apoyo en sectores populares. Hoy, cuando emprende una cruzada contra el proyecto de ley general de la educación, sus expertos y voceros políticos utilizan el concepto de la calidad en la educación para defender el lucro. No es extraño que la acompañen, también, algunos de los nuevos neoliberales de la Concertación y que tienen intereses creados.
El otro concepto que utiliza la derecha, que también tiene un poder simbólico, se refiere a la famosa libertad de enseñanza; detengámonos en el análisis de esta temática: en el pasado, según el educador Roberto Munizaga, la iglesia católica definía tres actitudes respecto de la relación entre Estado y la educación: “1) Sólo enseña el Estado, esto es, el monopolio, lo cual es absolutamente condenable. 2) El Estado enseña al mismo tiempo que los particulares, es decir, el régimen de la libre competencia, que se puede legitimar en virtud de las circunstancias. 3) El Estado no enseña, se abstiene, abandona la función docente. La única función legítima del Estado es abstenerse de enseñar dejando la educación a la libre iniciativa particular”. (Munizaga, 1942).
El centro de este planteamiento radica en la famosa “subsidiaridad del Estado”, concepto central de las famosas privatizaciones neoliberales de Augusto Pinochet. El Estado no sólo abandona su papel rector de la educación, sino que también lo hace en el sistema previsional y en la salud. La LOCE y la Constitución de 1980 constituyen la mejor expresión de la famosa libertad de enseñanza: el derecho de los privados a crear escuelas, sin ninguna limitación, no exigencia de competencias docentes –por parte de los sostenedores – que no sea la moral y la seguridad nacional. Además, destruyó el sistema previsional chileno entregándolo a las AFPs y enajenó el estado docente traspasando las escuelas a las municipalidades. El estado sólo se limita a proveer a las escuelas privadas de una subvención, que se entrega únicamente en base a la asistencia de los alumnos a las clases; de ahí para adelante, el dinero de todos los chilenos pasa a manos de los sostenedores privados, sin ninguna posibilidad de intervención del gobierno, pues significaría atropellar el “sagrado derecho de propiedad”.
¿Quiénes son los propietarios de la educación? Los privados y las municipalidades. ¿Quién regula la educación? El mercado; las familias sólo deben limitarse a elegir entre las diversas ofertas del mercado, según su capacidad económica. El principio de subsidiaridad ha servido, en toda nuestra historia, para que el Estado intervenga en el caso de quiebra o incapacidad del sistema, para cumplir con sus obligaciones. Así ocurre con las AFPs, que dejan sin pensiones mínimas al 70% de los chilenos y que el estado debe auxiliarlas haciéndose cargo de los excluidos, por medio de una pensión básica solidaria de $70.000. Es muy posible que ocurra lo mismo con la educación municipalizada, en franca fase terminal. Este de Estado bombero, que auxilia a la empresa privada, no es nada nuevo, pues algo así hacía la CORFO, encargándose de las empresas privadas, en nuestro período republicano.
La Concertación nunca tuvo la voluntad política para romper con este círculo vicioso: en el caso de la educación, el Ministerio del ramo se ha encargado de intervenir, por medio de una serie inconexa de programas, focalizados en la pobreza, entre los cuales se puede mencionar las 900 Escuelas, el PMU, Montegrande, el Mece rural básico y medio, La jornada Escolar Completa, el Estatuto Docente y las Pasantías en el exterior, entre otros. A todo este conjunto de políticas –que son apenas brochazos que en nada alteran la herencia de la dictadura– se le ha dado en llamar “la reforma educacional”, otro concepto que tiene un alto valor simbólico, pues el estado docente fue capaz, a pesar de sus falencias, de instaurar la Ley de Educación Primaria obligatoria y gratuita (1920), la Escuela Nueva y los Liceos experimentales (1927), las Escuelas Consolidadas y el Plan San Carlos (1940-1945), el “gobernar es educar” de Pedro Aguirre Cerda (1938), la Reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, (1965) y, por último, la ENU, de Salvador Allende, (1973). A los comentaristas actuales de la reforma educacional de los gobiernos de la Concertación, entre quienes se cuenta a Cristián Cox y Juan Eduardo García-Huidobro, les encanta utilizar el término “tradición y tarea” de Juan Gómez Millas, para relacionar la reforma vigente con los logros del pasado, producto del estado docente. Nada más falaz que este intento.
Los estudiantes captaron, mucho mejor que los adultos, dónde estaba la madre del cordero, que explica la pésima calidad y equidad de la educación, también visualizaron que nada con pequeños retoques superficiales, si no se deroga a LOCE y se reintegran las escuelas y liceos al Estado. Aunque muy limitado el proyecto de ley general de educación, actualmente en el Congreso, permite avanzar en algunos aspectos:
1) controlar la calidad de la educación, con base en objetivos de rendimiento, en cada uno de los escalones, (prebásica, básica, media y especial);
2) exigir a los sostenedores formar corporaciones o fundaciones, dedicadas, exclusivamente, a la educación;
3) trasparentar los procesos educativos, por medio de la rendición de cuentas públicas;
4) valorar la educación permanente –un aporte de la ENU, del proyecto de Salvador Allende-;
5) cambiar la composición del inútil consejo superior de educación, hoy con mayoría militar, que sabrán mucho de armas, pero poco de educación; (es cierto que sería saludable emanara de los actores de la educación y no sólo del Ejecutivo);
6) la valoración de la educación no formal;
7) la integración de objetivos transversales, sobre todo la educación del ciudadano, desarrollo personal y derechos humanos;
8) la integración, dentro del sistema escolar, de los consejos donde participen sostenedores, directores, docentes, paradocentes, apoderados y alumnos; sería deseable que estos consejos tuvieran carácter normativo y sus decisiones fueran vinculantes, (que obligaran a ser aplicadas en la escuela).
Es absurdo pedir a una ley marco que, por milagro, pueda superar la inequidad y pésima calidad de la educación chilena, sólo Juan Egaña[1] podía creer que las leyes hacen buenos a los hombres, sin embargo, este es sólo el aperitivo, pues ya vendrán leyes fundamentales asociadas a la creación de una superintendencia de educación, (cuyo antecedente más inmediato es la creada en 1927, por Carlos Ibáñez), y la ley de subvención diferenciada.
Respecto al concepto “calidad de la educación” es necesario, para comprenderlo bien, las dos concepciones que lo inspiran: la primera es el “concepto gerencial de la calidad total”, según la acertada definición de Tomaz Tadeu da Silva; según este pedagogo, el neoliberalismo educacional parte de premisas falsas:
1) desplaza el eje social de las relaciones de clase y poder que reproduce la educación a la gestión eficaz de los recursos;
2) culpabiliza a las víctimas de la mala calidad de la educación;
3) reduce la educación al mercado;
4) no da cuenta del conflicto de clase y de poder;
5) niega la memoria histórica educativa.
El concepto neoliberal de la calidad de la educación se mide en base a parámetros estándar que se aplican por igual, sin considerar diferencias, a los distintos actores educacionales; esto es el SIMCE, que no mide capacidades mentales, saberes y sentido crítico, sino apenas habilidades mecánicas y siempre salen con números rojos los alumnos de las escuelas más pobres; como ejemplo, basta leer el ranking de las cien mejores escuelas que han obtenido mejores resultados en el SIMCE. El sistema gerencial de calidad total sólo se interesa en resultados numéricos y muy poco en los aspectos cualitativos y metodológicos.
Los objetivos, el currículo y la evaluación están bajo la matriz de la concepción neoliberal de la educación. No creo que el actual proyecto de ley pueda romper esta columna vertebral de un Estado subsidiario neoliberal. Si entendemos al educando como un consumidor, el único papel del Estado es algo así como el del Sernac: vigilar que las empresas cumplan el contrato con su cliente.
La educación gerencial de calidad total tiene, necesariamente, que ser darwinista en el sentido de eliminar, de alguna manera, a los alumnos con carencias culturales, es decir, los más pobres. Por esta razón la derecha política y económica se opone a la débil medida de la selección hasta el octavo básico. En estricta lógica, si se quiere lograr la equidad en la educación, sólo podría aplicarse selección en el nivel universitario. Esto de los Liceos de excelencia sólo llevan a la segregación y reproducción de las castas vitalicias -en este plano los “pingüinos” del Instituto Nacional pisaron el palito que les tendió la derecha-.
El otro concepto es el la calidad democrática y liberadora de la educación, según los educadores de avanzada, por ejemplo Paulo Freire; se trata de avanzar en la equidad, terminar con las relaciones de dominación, logrando una educación para todos y de calidad. El desafío siempre es: una educación al servicio del mercado o una educación al servicio del ciudadano, su comunidad y su familia; un sujeto domesticado por el mercado o una persona libre y democrática.
Es lógico que los expertos educacionales neoliberales lancen peroratas contra el Estatuto Docente actual, que garantiza la carrera profesional del profesor. Es que su panacea es la llamada “flexibilidad laboral”, es decir, que el sostenedor pueda prescindir de los servicios del profesor a su antojo. Para confundir a los incautos, vuelven a usar el argumento de la calidad, lo que significa exonerar al profesor porque al sostenedor le parece un mal docente. No pocas veces son despedidos de sus empleos aquellos que no aceptan el absolutismo conservador de la derecha.
En nuestra historia de la educación hay bastantes ejemplos de esta concepción de la educación popular: Luis Emilio Recabarren fue un gran educador obrero, en la pampa salitrera; en las mutuales, mancumunales y sindicatos siempre la educación ocupó un lugar destacado: en los años sesenta. Paulo Freire combatió la educación “bancaria” proponiendo una educación liberadora, basada en la concientización. La tarea es larga y difícil, tal vez titánica, pero al menos avancemos paso a paso, terminado con la municipalización, los colegios subvencionados, para construir un Estado docente descentralizado, que promueva la educación popular liberadora.
Fuente: http://elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=6596&Itemid=1324
[1] El autor hacer referencia a la Constitución ‘moralista’ de 1833. Nota de Máximo Kinast
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