BOLETÍN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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Entrevista a Sergio Laurenti
“Se considera normal en Chile el abuso de la autoridad"
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| Sergio Laurenti, El director de Amnistía Internacional - Chile |
El director de Amnistía Internacional - Chile, Sergio Laurenti, analiza la situación de los derechos humanos en el país, destacando especialmente como nuestra cultura autoritaria legitima diversas violaciones de esos derechos, empobreciendo el carácter democrático de las instituciones.
A juicio de Amnistía Internacional ¿cuáles son los principales problemas en relación a la vigencia de los derechos humanos en Chile?
En Chile vemos con preocupación el incremento de la violencia en la represión policial, particularmente a estudiantes, trabajadores y grupos indígenas.
También nos preocupa la falta de acceso de vastos sectores de la población a la salud, la justicia y a la seguridad; considerando los niveles de prosperidad y estabilidad que se han alcanzado en el país desde hace años.
Específicamente, Amnistía Internacional está trabajando, en conjunto con más de treinta organizaciones, una gama muy amplia de temas que se reflejan en la iniciativa que denominamos “La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”.
En esta se abordan áreas como la participación ciudadana; la verdad, justicia y reparaciones pendientes; los derechos económicos, sociales y culturales; la libertad de expresión; los derechos de las mujeres y los niños; los derechos de minorías, sean indígenas, sexuales o de inmigrantes; y la falta de ratificación por parte de Chile de instrumentos internacionales de derechos humanos.
Específicamente en el área de la libertad de información y expresión: ¿Qué preocupaciones tienen ustedes?
Por cierto, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación constituye un problema que dificulta la expresión de las organizaciones sociales y de los ciudadanos que tienen puntos de vista divergentes de los grupos financieros que controlan dichos medios.
Otra preocupación surge de la creciente represión de las manifestaciones callejeras de protesta de estudiantes o trabajadores.
Ciertamente el Estado tiene el deber de asegurar el orden público y la conservación de la propiedad pública y privada; y para eso se dota de fuerzas policiales.
El problema radica en que Carabineros está actuando con una violencia inusitada. Yo diría que en el último año y medio hemos visto una agudización de ella y nos preocupa, además, que la autoridad política la esté convalidando.
¿En qué se ha traducido esa agudización de la violencia?
En maltrato con ocasión de detenciones y en lesiones producidas a manifestantes. Además, nos preocupa la limitación para que las personas que se manifiestan accedan a determinadas áreas de la ciudad; la exigencia de permisos para manifestaciones públicas o reuniones de protesta; y la ausencia de información respecto de ciertos casos.
Por ejemplo, en el caso de la detención de Elena Varela que solo recientemente ha sido abordado y casi por accidente. El silencio que ha habido, también, respecto del precedente del famoso jarrazo de la ministra de Educación; ya que la niña involucrada, Música Sepúlveda, fue objeto de una brutal golpiza policial, días antes. Y el sistemático silenciamiento de los hostigamientos de que son víctima algunas comunidades mapuches.
No tengo una mentalidad conspirativa. Por el contrario, Amnistía Internacional trata de percibir las diversas fuentes del origen de los conflictos. Pero es preocupante esta violencia represiva y así se lo hemos hecho saber en dos ocasiones al ministro del Interior, sin obtener siquiera una respuesta. Le planteamos, por un lado, que la policía existe para garantizar derechos, no para restringirlos.
En cambio, aquí tenemos una policía, que probablemente es una de las mejores entrenadas y más disciplinadas de la región, pero que a la vez constituye una fuerza entrenada y educada en líneas militares, por lo que su objetivo parece estar destinado a restringir las libertades, en lugar de asegurarlas.
¿Cuánto ha avanzado nuestro país, a este respecto, desde la dictadura?
Tan solo el hecho de vivir en democracia nos hace estar mucho mejor. Sin embargo, el que todavía se regulen las expresiones de protesta con legislación de la dictadura constituye, por ejemplo, un síntoma de estancamiento. Además, en la búsqueda de la prosperidad estamos viendo que se establece una “pax romana”.
Es decir, una presencia de fuerzas represivas para asegurar que nada se altere. Por supuesto, estamos muy distantes de los tiempos de Pinochet, en cuanto al manejo de la seguridad pública. Pero es preocupante que altas autoridades policiales hayan señalado que, aunque estén autorizadas algunas formas de expresión popular o de disidencia, si hay alteración del orden van a reprimir.
Subsiste, además, el riesgo de lo que representa la jurisdicción de la justicia militar que está asociada con la protección corporativa de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es insólito que una persona común pueda ser llevada a la justicia militar por un acto de desacato o de agresión.
No tengo noticia, salvo en el caso de las policías religiosas en algunos países islámicos, donde existan normas que sustraigan a los ciudadanos de la justicia ordinaria. Es decir, que una persona que no es integrante de las Fuerzas Armadas sea sujeto de la acción de un tribunal militar.
Otro factor muy preocupante es que la policía está enfrentando a menudo las situaciones de riesgo con una fuerza desproporcionada. Así por ejemplo, un pequeño grupo de mujeres integrantes de Amnistía Internacional que protestaba por la decisión del Tribunal Constitucional de negar la distribución de la píldora del día después, fue barrido con agua con químicos cuando estaban en una demostración absolutamente pacífica.
Es importante constatar también hechos muy positivos como que tanto Investigaciones y Carabineros son instituciones donde la corrupción es inexistente o muy baja. Esto adquiere mayor relevancia al compararlo con varios países de nuestra región.
¿Cómo explica que en nuestra sociedad sólo se debaten estos temas cuando suceden actos de violencia hacia la autoridad –como en el caso de Música Sepúlveda – y no cuando agentes de la autoridad actúan en contra de las personas?
Creo que la herencia de diecisiete años de dictadura ha establecido un apego muy fuerte a la disciplina y al orden; de tal manera que estos se han constituido en valores especialmente apreciados por el conjunto de la sociedad.
Es un hecho que el respeto mostrado hacia las autoridades en general –y hacia las autoridades policiales en particular- es más notable en Chile que en cualquier otro país de la región.
¿No hay también un déficit en la concepción que hay en nuestro país sobre los derechos humanos?
Ciertamente. El conjunto de la sociedad chilena valora altamente vivir en un país tranquilo y en un ambiente seguro. Y es claro que este es un derecho humano. El problema es cuando esta aspiración se distorsiona considerando que es legítimo lograrla a costa de la violación de otros derechos.
Entonces se tiende a colocar la aspiración de gozar de la preservación de los bienes y de la tranquilidad pública como una prioridad excluyente de cualquier otra. Esto naturalmente conduce a hacer la vista gorda de cualquier exceso que puedan cometer las autoridades en su rol de preservar el orden público; y específicamente en los abusos que aquel cometa contra quienes se perciban como amenazas de dichos bienes.
Especialmente contra quienes delinquen; contra quines protestan que alteran la quietud y el orden en las calles; o contra huelguistas que alteran el normal desarrollo de la economía. Además, el autoritarismo va naturalmente acompañado de la intolerancia y del desprecio al “otro”, particularmente cuando es débil.
En concreto, ¿cómo se aprecia esto en el caso chileno?
En Chile existe una especial distancia frente a quienes piensan o se visten diferente; tienen otras religiones o ideologías políticas; o cuestionan el “sentido común” nacional.
Esto se agrava cuando se percibe a los “otros” como inferiores. De ahí la discriminación contra los mapuches, los de diferente clase social, los peruanos o los bolivianos.
Es particularmente notable aquí el peso de los apellidos; del barrio donde se vive; del colegio o liceo en que se educa; de donde se veranea; y hasta de la marca del auto que se tiene. Esto nos va constituyendo en una sociedad tremendamente autoritaria y segmentada; y donde, por tanto, se considera hasta normal el uso abusivo de la autoridad.
¿Qué plantea Amnistía Internacional al respecto?
Buscamos hacer conciencia de que no es una responsabilidad exclusiva de la autoridad el cambio de las conductas sociales. Y de que la sociedad entienda de que, por ejemplo, no sólo porque haya más policías habrá menor delincuencia; ni menos de que establecer la pena de muerte provocaría una disminución de los delitos.
La solución de fondo de los problemas sociales, incluyendo la falta de seguridad, está en el énfasis que la sociedad y el Estado coloquen en mejorar la educación pública; y en garantizar el acceso universal –por ejemplo- a la salud, la seguridad y la justicia. Porque cuando no hay justicia, las personas no pueden reclamar sus derechos. Y esto les provoca exasperación, llevándolos muchas veces a otras formas de disidencia como la protesta violenta y la agresión a la propiedad pública.
Un cambio que ayudaría mucho al desarrollo democrático y a la identificación de las personas con el sistema político, sería conceder a los ciudadanos mismos facultades para presentar proyectos de ley a la consideración del Congreso Nacional.
¿Observa la existencia de temor y autocensura en la sociedad chilena?
Hay una gran cantidad de temas de interés público de los que no se habla o que son tratados de modo muy superficial.
Por ejemplo, que una joven embarazada sea expulsada del colegio; que un policía sea retirado de la institución por ser gay; que durante dos meses y medio prácticamente no se haya informado de la detención y del caso de Elena Varela; o que nadie haya publicado las fotografías de Música Sepúlveda con las huellas de la golpiza policial.
Todo esto nos revela que hay una tendencia a ocultar los problemas debajo de la alfombra. Además, la sociedad civil se ve todavía adormecida, sin conciencia de sus derechos, pese a que ya han pasado dieciocho años del fin de la dictadura.
Pareciera que se ve absorbida por sus preocupaciones y temores del día a día: pagar sus deudas, conservar su trabajo, afrontar gastos de salud y educación que exceden su presupuesto, etc.
¿Qué está enfatizando Amnistía Internacional a nivel mundial?
En este año que se cumplen sesenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queremos promover un debate y una toma de conciencia de lo que significan el conjunto de los derechos humanos para todas y cada una de las personas.
Insistimos en el punto, porque muchas veces se ve el tema solo desde una perspectiva global y se olvida que su respeto es algo que beneficia la vida cotidiana de todas las personas.
Además, queremos enfatizar la importancia de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. En otras palabras, la lucha contra la pobreza, que va más allá del problema de la falta de recursos, ya que apunta también contra la preservación de estructuras sociales desiguales e injustas que impiden el acceso equitativo a derechos básicos como salud, educación, seguridad social y justicia.
Amnistía Internacional trabaja para iniciar una campaña global sobre la dignidad humana y como esta se respeta con el disfrute del conjunto de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.
Queremos contribuir a identificar las fuentes y responsables de la generación o agudización de la pobreza; el conocimiento de quienes producen y preservan los factores que llevan a tantos seres humanos a vivir en condiciones infrahumanas.
Queremos encontrar a “los Pinochet de la pobreza”; y hacer que la búsqueda de su erradicación pase de ser una aspiración a constituirse efectivamente en un derecho exigible.
¿Cómo modificar una mentalidad tan arraigada hoy, que considera legítimo que el bienestar sólo existe para quiénes puedan pagarlo?
Bueno, hace cincuenta años en muchos lugares las mujeres no podían votar; y estoy tomando uno de los ejemplos básicos de los derechos políticos. Derrotar la pobreza es la nueva frontera. Creo que en los próximos veinte o treinta años, veremos cambios sustantivos en estos casos.
Amnistía Internacional tiene una mirada esperanzadora. Nosotros nunca señalamos el problema sin proponer soluciones; y estamos seguros de que la cerca se puede correr.
Evidentemente que no será fácil; que requerirá un inmenso esfuerzo de todos: de la sociedad civil organizada, del Estado, de ciertas corporaciones, y de la gente común y corriente. Somos las personas las que podemos correr la cerca y por eso hay esperanza.
Texto: Felipe Portales y Paulina Roblero Fecha de publicación: Lunes 1 septiembre, 2008 |