Derechos Humanos

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Martes 3 de Julio

18:30 horas

Metro Los Heroes

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PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS, SUS COMPLICES

Y EL CAPITALISMO

SI NO HAY JUSTICIA

¡¡ HAY FUNA !!

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JORGE DROUILLY SILVA

Algo sobre mi Padre

 

 

Mi papá, Jorge Drouilly Silva, murió el domingo pasado a las 10:10 de la mañana. Murió en nuestros brazos. En los brazos de sus tres hijas y de una nieta.

 

Aunque nació y estudió en Santiago, la ciudad que el quiso fue Temuco. Donde llegó allá, como Arquitecto provincial en el año 1954, acompañado de mi mamá y de su primera hija, Jacqueline. En los años posteriores, llegaríamos sus otras 3 hijas, Michèle. Nicole, Viviane, para conformar la familia Drouilly – Yurich. ¡Que orgullosa me sentía de ser su hija! Era alto, medía 1.92m, era delgado, y divertido. Fue un muy buen papá, siempre nos apoyó, y estuvo cuando lo necesitamos. A mí muchas veces me retó, e incluso un día me pegó una cachetada que llegó a darme vuelta, (hay que considerar que tenía circunstancias atenuantes, era el día 13 de septiembre de 1973, y se me ocurrió llegar a la casa 1 hora después del toque de queda).

 

Cuando Jacqueline fue detenida, en octubre del 74, mi papá se encerró en una introspección que le provocó unos dolores de cabeza insoportables. Luego obligados por las circunstancias, nos fuimos (él, mi hermana Nicole y yo) a Argelia. Dejando a mi mamá y a mi hermana menor, Viviane aquí. A los 50 años pasados, debía emprender un nuevo rumbo; aprender otro idioma y vivir en un país extranjero. Lo hizo y amó mucho a Argelia y al cariño y solidaridad de los argelinos. Luego en la década de los 80, partió a Cuba, país que amó entrañablemente.

 

Con el término de la dictadura volvió a Chile, a su Temuco. Donde fue recibido por sus hermanos masones. Que lo apoyaron y le procuraron trabajo hasta pocos años antes de su muerte. Pero un día debió venir a Santiago a firmar la demanda civil que nosotros interpusimos contra el Estado, y debió leer el terrible legajo con los detalles de la detención de su querida hija Jacqueline, el horroroso párrafo “ y ella llegó tan torturada que venía con los zapatos rotos” le provocó, 2 horas después , el primer ataque, de muchos posteriores, en el que él perdía el sentido.

Desde ese momento, mi papá ya no fue el mismo. Su salud se deterioró cada día y ya no reconocía a sus seres más cercanos. El día 17 de octubre del 2001, le dijo a Viviane, que quería escribir una carta antes que le fuese imposible. Mi hermana guardo esta carta y esta fue leída en el funeral. Yo quiero compartirla con ustedes. La adjunto pero también la transcribo, puesto que su letra ya no era muy clara, a continuación el texto exacto de ella:

 

 

Temuco 17 de octubre del 2001

 

A pesar de encontrarme afectado de una enfermedad de la memoria, no se me ha olvidado el paso por mi vida de mi hija Jacqueline Drouilly Yurich.

 

La presencia de mi hija en mi vida, duró exactamente 24 años ahora en occtubre se cumple un año más, sin saber dónde está ni como murió, creo yo que por muchos años me guardé todas las emociones producto del desaparecimiento y comprobando a diario que falta un miembro de la familia ¿podría alguien mantenerse sano mentalmente soportando la pérdida de una hija sin que no haya daño y más aun más aun en condiciones injustas? Atropellando los Derechos de todo ser humano.

 

Yo escribo estas letras con dificultad, pero con mucho cariño y respeto por el lector.

 

FIRMA

Jorge Drouilly Silva CI 60 42 50 – 3

 

Adjunto también 2 fotos de él.

Lo único que nos consuela de su pérdida es tener la esperanza que la búsqueda de su hija Jacqueline, para él ya terminó.

Un abrazo

Michèle Drouilly Yurich

TORTURA, NUNCA MÁS

DECLARACIÓN DE CODEPU

Difundida por Pedro Alejandro Matta

y Política Cono Sur 

 

 

 

CHILE: TORTURA NUNCA MÁS

 

 

Con motivo de conmemorarse, hoy martes 26 de junio, el “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura”, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU-, expresa a la opinión pública lo siguiente:

 

1.- El Estado chileno, en materia de verdad, justicia y reparación, ha dado importantes y significativos pasos que, indudablemente, coadyuvan al restablecimiento de una convivencia fundada en el respeto a los valores inmanentes a la naturaleza humana. Dentro de esos avances se encuentran, los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política (2004). Ellas, reconocieron los más graves crímenes cometidos durante el período dictatorial; la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial (fusilamientos, explosionados, degollamientos, muertes por falsos enfrentamientos, muertes por tortura),y  la tortura y prisión política. 

 

Sin embargo, para que la expresión “nunca mas” a las violaciones de los derechos humanos se haga una realidad en nuestro país, resulta necesario profundizar en las políticas publicas, que fueron resultado de dichas Comisiones  y, avanzar en una política de derechos humanos más integral que considere, entre otros, dar garantías plenas de no repetición, de acceso efectivo  a la justicia, en la perspectiva de la prevención del crimen de tortura y de protección ante hechos que puedan constituir tales conductas. Se trata de impedir la impunidad que favorece a los violadores de derechos humanos, aún amparados en el DL Ley de Amnistía, vigente en el país, para alcanzar una sociedad más democrática, más justa, y de pleno respeto a los derechos humanos.

 

2.- En relación al derecho a la justicia y restablecimiento de  la dignidad de las victimas sobrevivientes,  es necesario que los tribunales de justicia determinen las responsabilidades penales de quienes en el pasado reciente, hicieron de la práctica de tortura una política de Estado. En ese sentido, hacemos un llamado, a que los juicios relacionados con la investigación de los delitos de tortura, avancen y se puedan obtener condenas ejemplificadoras y proporcionales al inmenso daño irrogado por los agentes de la dictadura militar. En la actualidad más de 300 ex miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en procesos por diversos delitos. Sólo una cincuentena ha sido juzgados y están encarcelados.

 

Por el delito de tortura ningún criminal ha sido sancionado al día de hoy. El caso de Iturriaga Neumann es claro, con un prontuario criminal de magnitud, vinculado al asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert en Argentina, al atentado de Bernardo Leighton y Anita Fresno en Italia, formó parte de la Operación Cóndor y Colombo, Jefe de una de las Agrupaciones de la DINA (1974-1978) llamada Purén. Identificado por quienes lograron sobrevivir y atestiguaron ante diversos tribunales, es prófugo de la Justicia, intentando vulnerar con su actitud el estado de derecho, liderarando a los sectores más reaccionarios y regresivos de las FFAA. Nos sumamos a quienes desde diversas instancias han llamado a las FFAA  a no amparar a dichos criminales, a entregar toda la documentación con que cuenten relacionados con estos crímenes y demostrar en los hechos su compromiso con los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

 

3.- Si bien, fueron casi 30.000 personas las que fueron reconocidas como ex prisioneros políticos y sobrevivientes de tortura por el Estado chileno, siendo beneficiarios de las medidas de reparación, existen miles de personas que por miedo, desconfianza, por falta de información e incluso por falta de comprensión por pertenecer a otras culturas (mapuche, aymara, etc.) no concurrieron a prestar su declaración a la Comisión, quedando excluidos de todos esos beneficios. Por ello, CODEPU, desde el año 2005, continuó con la tarea de reunir los testimonios de aquellas personas  que estaban fuera del reconocimiento, y solicitó desde ese momento, la urgente necesidad de reabrir una instancia calificadora que integre a todas las personas no consideradas por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

 

El imperativo ético de la reapertura, ha sido ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional. El año 2004 a propósito de las recomendaciones emanadas del Comité Contra la Tortura de Naciones,  se solicitaba al Estado, que tomara las medidas pertinentes en la dirección de considerar todos aquellas personas, que no fueron en su oportunidad incluidas en el Informe Final de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura.

 

Un principio de elemental justicia, impone el desafío que, la Presidenta de la República, haciendo uso de su potestad reglamentaria cree dicha instancia, en el entendido que no pueden existir ciudadanos torturados reconocidos y otros no reconocidos por el mismo flagelo.

 

A pesar que, en el Proyecto de Ley que crea el Instituto  Nacional de Derechos Humanos[1], se contempla en su art. 3 transitorio, la facultad excepcional y por un año, desde su publicación, para que el Consejo de dicho Instituto califique casos no presentados a la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, Codepu es de la opinión que la Presidenta de la República, está en condiciones vía Decreto Supremo de crear dicha instancia de calificación, respondiendo de manera efectiva a un clamor  y una necesidad.

 

4.- CODEPU, solicita que  las políticas de reparación nacidas a propósito del Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política sean extensivas a los herederos de los sobrevivientes.  Las transmisibilidad de derechos, constituye una equiparación, a medidas que el Estado contempla respecto de otras violaciones graves a los derechos humanos.

 

5.-  En la perspectiva de la prevención, reiteramos nuestra demanda, a que  el  Estado de  Chile  ratifique  el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Ello, permitirá entre otras cosas, crear un mecanismo eficaz de prevención.

 

6.- Igualmente,  instamos a que se materialicen todas aquellas iniciativas que permitan adecuar la legislación interna y lograr dar efectiva protección a los derechos humanos, en particular instamos a que el Parlamento, reforme el Código de Justicia Militar, en la dirección de privar toda competencia a la justicia de Fuero Militar para investigar casos de atentados y violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal de la  Policía

 

7.- Finalmente, en este día reafirmamos, una vez mas, la voluntad inquebrantable por erradicar todo vestigio de una práctica abominable, de perseverar por obtener castigo a los criminales y de apoyo incondicional a todos quienes padecieron de esta práctica abyecta.

 

 

 

Santiago, martes 26 de junio de 2007

 

---

[1] Artículo 3°.- El Consejo podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubieren sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, podrá calificar casos de tortura o prisión política que no se hubiesen presentado a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.

Esta facultad se ejercerá en aquellas situaciones irrefutablemente comprobadas, con el voto favorable de las tres quintas partes del Consejo y dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley.

 

IMPORTANTE: VIENE LA FUNA, ¡PARTICIPA! ¡ÚNETE A LA FUNA!

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Martes 3 de Julio

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SI NO HAY JUSTICIA

¡¡ HAY FUNA !!

INTENTAN AMEDRENTAR FUNA CHILENA

NOTA DE MÁXIMO KINAST: Hay personas -si así puede llamárseles- vinculadas a la Dictadura, como inductores, actores, cómplices o encubridores, que persisten en sus prácticas antidemocráticas. Ahora pretenden impedir la libre expresión de los ciudadanos, haciendo callar a la FUNA. Pero eso es tan imposible como tapar el sol con un dedo o ocultar que los defensores de los genocidas son tan criminales como sus protegidos. La FUNA seguirá y no callará y denunciará y funará a los genocidas, a los torturadores, a sus cómplices y encubridores, porque la FUNA es lo mejor, lo más noble de la Juventud de Chile.

Los que intentan amedrentar a la FUNA chilena están más locos que el nazi Julio von Müllenbruck. 

Vaya para los funeros mi respeto, mi cariño y mi adhesión incondicional.

¡¡¡SI NO HAY JUSTICIA, HAY FUNA!!! 

 

 SIGUE LA CONFERENCIA DE PRENSA:

 

CONFERENCIA DE PRENSA COMISIÓN FUNA

Fuente: http://santiago.indymedia.org/news/2007/06/70379.php

Difundido por Política Cono Sur y otros medios libres

por Comisión Funa Monday, Jun. 25, 2007 at 12:05 PM
[e-mail]

Conferencia de prensa de nuestra organización, una vez más el cerco informativo no permitió que la noticia estuviera en los medios

 

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En los últimos meses, hemos sido objeto de amenazas e incluso de agresiones –por ahora menores- de personajes pertenecientes a grupos de extrema derecha, que pretenden impedir nuestra libertad de expresión y el legítimo derecho que tenemos de manifestarnos pública y pacíficamente, como ha sido el accionar histórico de nuestra organización.

Queremos señalar a estos grupos, y a la comunidad entera, que no nos amedrentarán, que quienes impusieron el temor a nuestro pueblo durante la dictadura, no nos aterrorizarán, porque estamos seguros de la importancia que tiene para nuestro pueblo perseverar en la búsqueda de la verdad y la real justicia.

Estos “personajes”, civiles y militares otrora violadores de derechos humanos, que retoman el lenguaje de “los supuestos familiares de los presuntos desaparecidos”, de “dar de baja a terroristas” y de “extirpar el cáncer marxista”, se sienten vulnerados por el sólo hecho de que muchos, entre ellos nosotros, nos hemos atrevido a enrostrarles sus crímenes. Con su actitud han dejado en claro que no sólo violaron sin contemplación los derechos de miles y miles de chilenas y chilenos, sino que, lejos de arrepentirse, siguen sustentando las ideologías que permitieron esas atrocidades y pretenden que les permitamos vivir tranquilamente como si nada hubieran hecho. Pero ¡no!, la Comisión Funa seguirá insistiendo en que para los conspiradores, asesinos, torturadores y sus cómplices, no habrá jamás perdón ni olvido, que nos encargaremos de seguir denunciándolos, que no dormirán tranquilos mientras no se haga justicia.

En estos días, un grupo autodenominado “Asociación de Militares Prisioneros Políticos en Democracia”, nos señala como los “principales responsables” de las decisiones extremas que han tomado algunos de sus criminales camaradas de armas. Queremos refrescarles la memoria: Los personajes que hemos denunciado en estos más de siete años de actuar son de la calaña de Iturriaga Neumann, prófugo hoy de justicia chilena y prófugo internacional por la condena dictada en Italia en el caso del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, implicado también en el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su señora, ocurrido en Argentina, y jefe del centro clandestino de torturas conocido como Venda Sexy, donde se cometieron los más atroces vejámenes sexuales contra prisioneros y prisioneras.

Sobre el coronel Barriga, a quien pretenden erigir como verdadero mártir de su organización, basta recordar que fue quien dirigió los grupos de la DINA que exterminaron a centenares de chilenos y chilenas, que nunca se arrepintió de nada, ni siquiera de las torturas que le causaron la muerte a Reinalda Pereira y, muy probablemente, al hijo que ella esperaba. No vemos ahora a los señores Novoa, Coloma y Ulloa, reclamando por el “derecho a la vida”, contra el aborto y todas las cosas que dicen defender, cuando se levantan para justificar el accionar del prófugo Iturriaga, alentando la sedición que les llevó al poder en otros tiempos y que, bien sabemos, les hizo parte de crímenes atroces como el de Tucapel Jiménez, en el cual Novoa tuvo directa responsabilidad.

Quien aparece hoy encabezando esta nueva organización, el coronel Haroldo Alberto Latorre Sánchez, es un antiguo conocido nuestro. Lo fuimos a visitar a fines de marzo de 2001 al Instituto O´Higgins de Maipú, de su propiedad, por ser autor del secuestro permanente del joven estudiante José Flores Araya, desaparecido hasta el día de hoy.

Que les quede claro: No nos amedrentarán. Seguiremos denunciando a los criminales que se encuentran en la impunidad y pedimos a todo el país que denuncie, en el lugar que sea visto, al prófugo Iturriaga Neumann. Es un peligro para la sociedad, autor de innumerables crímenes, los que por lo demás justifica sin ningún remordimiento.

Mañana, en el edifico de Tribunales de Pedro Montt, interpondremos una querella en contra de quienes hemos identificado como autores de las amenazas, agresiones e intentos de amedrentamiento de los que hemos sido objeto. Esperamos que, frente a los antecedentes que entregaremos, se inicie la correspondiente investigación por parte de los tribunales y del gobierno, a quien ya entregamos los datos de las amenazas recibidas en enero de grupos neonazis aliados del ex instructor de torturadores y actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé.

Nadie nos hará callar.



Seguiremos gritando a los cuatro vientos

Si no hay Justicia ¡Hay Funa!.

Comisión Funa

Santiago 21 de junio de 2007

Nota: el viernes 22 de junio fue presentada, en el Séptimo Juzgado de Garantía, la querella en contra de Raúl Eduardo Munizaga Neumann, Bernardita Huerta Dunsmore y quienes resulten responsables de las amenazas y agresiones. Los abogados que nos representan son Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez.

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EL EJERCITO DE CHILE HA MENTIDO, MIENTE Y SEGUIRÁ MINTIENDO

NOTA DE MAXIMO KINAST: En mi opinión y a la luz de los antecedentes de dominio público, el actual Comandante en Jefe del Ejército de Chile ha mentido cuando negaba tener más antecedentes -que luego aparecieron y se publicaron- sobre el asesinato del ex Comandante en Jefe, Carlos Prats y su esposa. Miente cuando dice que no saben nada más. Miente, porque desde hace 33 años, 9 meses y 16 días vienen diciendo lo mismo (que no saben nada, que no hay desaparecidos, que fueron enfrentamientos... y que no se acuerdan y que no es verdad y que si es verdad, no se acuerdan). Seguirán mintiendo porque esa es la moral de nuestros uniformados. Atacar con fuerzas muy superiores a 'enemigos' indefensos (si es posible bombardear antes) y luego usar valientemente la picana eléctrica contra mujeres atadas, y auto anmistiarse, autocondecorarse, autoampararse y hacer colectas obligatorias para proteger a los más inverecundos.

¿Por qué colaboración los felicitó el encubridor Ricardo Lagos Escobar, si recién ahora dicen que UN SOLO JUEZ podrá dar una mirada a los Archivos Secretos del Terror? ¿Por que coño no han entregado hace años todos los archivos a los Tribunales de Justicia?

La respuesta es muy simple. Porque son inverecundos contumaces, además de cobardes y mafiosos. Y como tales confunden la mentira con colaboración con la Justicia.

SIGUE LA NOTICIA QUE ME ENVÍA PEDRO ALEJANDRO MATTA 

  

27 de Junio de 2007

Negó tener documentos de organismos del régimen militar
Ejército anuncia apertura de archivos del DINE a juez del caso Prats


Tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del asesinado general, Óscar Izurieta informó que permitirá al juez Alejandro Solís revisar la documentación existente en la Dirección de Inteligencia. Confirmó que está en revisión aporte de militares activos para pagar a abogados de procesados por causas de derechos humanos.

El comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, negó que la institución tenga documentos de los organismos de inteligencia del régimen militar, al tiempo que anunció que pondrá a disposición del ministro del caso Prats, Alejandro Solís, todos los archivos de la Dirección de Inteligencia (DINE).

El jefe castrense hizo el anuncio tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del fallecido general Carlos Prats, María Angélica, luego de que la semana pasada se conociera un documento aportado por el brigadier (R) Pedro Espinoza, que supuestamente estuvo hasta 2004 en dependencias de la entidad.

"En el Ejército no hay información" de los organismos de inteligencia del régimen militar, enfatizó en más de una ocasión Izurieta, quien la semana pasada ya había sostenido un inédito encuentro con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El documento aportado por Espinoza reveló los seguimientos de los que fueron víctima Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, antes del atentado que el 30 de septiembre de 1974 les costó la vida en un barrio de Buenos Aires, Argentina.

El informe, incluso, permitió al magistrado Solís la reapertura de la causa y procesar al general retirado Juan Morales Salgado.

La revelación también motivó a distintos sectores, fundamentalmente políticos, a exigir al Ejército entregar los informes que tendría de las disueltas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central Nacional de Informaciones (CNI), los organismos represivos de la dictadura.

Por esta razón, Izurieta anunció que permitirá al juez Solís revisar todos los archivos del DINE, lo que permitirá que sea el propio magistrado el que establezca si existen antecedentes al interior de la institución castrense que permitan ayudar al esclarecimiento de causas de violaciones a los derechos humanos.

Revisión de aporte militar

Sin embargo, tras la cita el jefe del Ejército también confirmó que está en revisión la obligación que tienen los militares en servicio activo para ir en apoyo financiero de los militares que se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos.

El aporte, que se materializa a través de descuentos por planillas, permite a los ex uniformados costear en parte los gastos en que incurren para la contratación de abogados.

Sin embargo, este mecanismo fue puesto en entredicho luego de que el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado a cinco años y un día de prisión por el secuestro de mirista Dagoberto San Martín y también procesado en el caso Prats, se negara a cumplir su sentencia.

OMISIONES A FAVOR DE ITURRIAGA

por  Felipe Portales

La rebelión de Raúl Iturriaga frente al Poder Judicial no debiera extrañar a nadie, dado su funesto record. Lo que sí podría extrañar a algunos todavía es la secuencia de omisiones de los gobiernos de la Concertación en su favor, en distintos procedimientos judiciales.

Estos se dieron en el proceso por el asesinato del general Prats y su esposa que siguió en Argentina la jueza María Servini de Cubría. En aquel, los abogados del Estado de Chile ni siquiera se presentaron a la hora de defender la imprescriptibilidad de dicho crimen, cuando se trató de juzgar la responsabilidad de Iturriaga, Contreras y otros agentes de la DINA superiores de Arancibia Clavel. Esta actitud del Gobierno de Frei generó una carta de Sofía, María Angélica y Cecilia Prats Cuthbert en la que lamentaban “que el Gobierno haya renunciado a ejercer sus derechos procesales tendientes a determinar los principales responsables del crimen de nuestros padres” (“El Mercurio”; 9-6-1999)

Pero más graves y sistemáticas han sido dichas omisiones en el caso del asesinato frustrado de Bernardo Leighton y su esposa. En este –y pese a que el gobierno chileno fue parte acusatoria en el juicio en Italia por dicho atentado- el Gobierno de Frei no hizo absolutamente nada para instar al Estado italiano a pedir su extradición, luego que la Justicia de ese país condenara en 1996 a Iturriaga a la pena de 18 años de cárcel, y a Contreras a 20, por su calidad de autores intelectuales de aquellos intentos de asesinato. Solo varios años después (1999), y gracias a las gestiones de Human Rights Watch, se logró que el gobierno italiano activara las correspondientes solicitudes de extradición ante nuestra Corte Suprema. En relación a ella, los gobiernos de Frei y Lagos se desentendieron completamente. Y luego que dicha Corte rechazara la extradición, sin siquiera abrir una investigación en Chile (como lo hizo en el caso del general Prats), los gobiernos de Lagos y Bachelet no hicieron nada –hasta el día de hoy- por buscar la justicia en un caso tan horrendo de terrorismo internacional efectuado por el Estado de Chile.

Ciertamente que estas omisiones no están dirigidas personalmente a favor de Iturriaga. Se entienden en el contexto de la política permanente de los gobiernos de la Concertación de contentarse con algunas dosis de verdad y reparación, y de buscar la máxima impunidad posible.

En efecto, como lo reconoció Edgardo Boeninger en un libro en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”), desde el comienzo el Gobierno de Aylwin tomó la decisión de no hacer nada para derogar o anular el decreto-ley de autoamnistía, pese a que ello estaba prometido en el Programa de la Concertación. Y luego –aprovechando episodios de genuina insatisfacción militar- se intentó reiterada e infructuosamente avalar legislativamente aquel aberrante decreto-ley o aprobar leyes que redujeran sustancialmente las penas para agentes del Estado que hubieran cometido crímenes atroces. Fueron los casos del Acuerdo-Marco de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del Acuerdo Figueroa-Otero del mismo año; del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998; del proyecto de ley presentado por Lagos en 2003; y del proyecto de ley presentado por senadores de la Concertación y la Alianza en 2005.

Asimismo, no solo en casos de relevancia internacional como los de Prats y Leighton se han efectuado acciones u omisiones a favor de la impunidad. También se realizaron en los casos de los asesinatos del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos (Ver “La Epoca”, 14-6-1993; y “La Segunda”, 15-2-1996); y del diplomático chileno-español, Carmelo Soria (Ver “El Mercurio”, 24-8-1996; y “El Mercurio”, 27-9-1996). Y, por cierto, ellos tuvieron su culminación con el propio Pinochet, cuando el Gobierno de Frei efectuó fervientes gestiones para librarlo de su segura condena en Europa; y cuando el Gobierno de Lagos realizó numerosas presiones –públicas y privadas- ante el juez Guzmán y los tribunales, para lograr que el ex dictador tampoco fuera condenado en nuestro país.

Por último –y sin pretender ser exhaustivo- la búsqueda de la impunidad se ha materializado en un acápite de la magra ley de reparaciones de 2004, que estipula ¡la insólita prohibición de que el Poder Judicial pueda acceder a las denuncias de torturas efectuadas ante la Comisión Valech! Es decir, todo lo contrario de lo que hizo la Comisión Rettig (que, de oficio, envió las denuncias de delitos a los tribunales correspondientes) y de lo que indican la Constitución y las leyes; los tratados internacionales de derechos humanos; y los más elementales principios de justicia.



______

Felipe Portales. Sociólogo

 

NOTA DE MAXIMO KINAST: Los sucesivos gobiernos de la Concertación han sido cómplices y encubridores de crímenes contra la Humanidad y han actuado a favor de los genocidas con todo el peso de su poder. El Consejo de Defensa del Estado ha sido -en la práctica- un abogado defensor de Pinochet. ¿Quizás que negocios inmundos tendrán los políticos con los uniformados? El colmo ha sido (quizás haya más colmos) la actitud de Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendiendo en Europa al asesino de su padre y omitiendo el apoyo del Estado al caso de Bernardo Leighton, patriarca de su partido y gran amigo de su padre. Hay más colmos, el inverecundo Ricardo Lagos ocultando la información sobre los torturadores por cincuenta años y prohibiendo el acceso de los Tribunales al Informe Valech. Si lo pensamos un poquito, en 'democracia' hemos tenido unos gobiernos de mierda. Incluso Aylwin montó 'La Oficina' para perseguir, encarcelar y asesinar miristas y al canalla que la dirigía lo nombro Embajador en Francia. ¡Que mala memoria tenemos!

SE BUSCA (EN LO POSIBLE VIVO) AL GRAL. DEL EJERCITO DE CHILE (R) PROFUGO DE LA JUSTICIA

 

 

 

 

RAUL ITURRIAGA NEUMANN - FAVOR REDISTRIBUIR Y DIFUNDIR

Fuente: Política Cono Sur

 

 

 El prontuario del sublevado general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann

 
Oficiales, suboficiales, todos ya retirados, y ex agentes civiles entregaron a la justicia extensas y detalladas declaraciones que inculpan al ex jefe de la Brigada Purén y del Departamento Exterior e la DINA, general (R) Raúl Eduardo Iturriaga.

"Don Elías", Luis Gutiérrez", "Diego Castro Castañeda", "El Giggio" y "Eduardo Rodríguez Pérez" son algunas de las identidades falsas y apodos utilizadas por el fugado general retirado.

por Jorge Escalante - La Nación - www.lanacion.cl - 14/VI/2007

Iturriaga Neumann sorprendió al juez. Para descargar sus culpas le dijo que en la DINA se dedicaba a organizar el 18 de septiembre para su gente. "La organización de las Fiestas Patrias, magistrado", explicó.

El ex comando y paracaidista del Ejército que estrangulaba gatos con sus manos como parte de la instrucción para la frialdad de la guerra, intentaba así eludir su participación en los crímenes. Para ello le agregó al juez: "Es verdad que fui el jefe de la Brigada Purén en DINA. Pero allí sólo estábamos dedicados a trabajar en salud, educación, economía, minería y agricultura. Nunca detuvimos a nadie. Y nunca fui jefe del Departamento Exterior de la DINA. Yo sólo producía inteligencia".

En el despacho del magistrado no creyeron ni una palabra. Sabían que el hombre tenía más andanzas que el mismo Mamo Contreras.

Fueron sus propios subordinados quienes lo echaron al agua en sus declaraciones procesales. Oficiales y suboficiales de la DINA que cumplieron roles fundamentales en cada operativo.

La Brigada Purén fue netamente operativa y tiene a su haber el secuestro y desaparición de decenas de prisioneros, principalmente desde el cuartel clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. Se conoció como "Venda Sexy" por las depravaciones sexuales cometidas por "Don Elías" y su gente contra mujeres y hombres allí detenidos. "Don Elías" fue la chapa que Iturriaga usó en Purén.

Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich, Marcia Merino (mirista colaboradora), Germán Barriga Muñoz, Manuel Carevic Cubillos, Manuel Mosqueira Jarpa, José Mora Diocares, Hugo Hernández Valle, Hernán Valenzuela Salas, Francisca Cerda Galleguillos, y Clodomira Reyes Díaz, están entre los ex agentes que desmienten al "Chico" Iturriaga como también lo conocían sus compañeros. Algunos de ellos con abundante detalle de las acciones delictivas de la brigada que dirigió "Don Elías".

Al revisar sus declaraciones se aprecia que la pretendida inocencia del rebelde comando expresada en el comunicado que hizo circular el martes desde su escondite, queda por el suelo.

La condena de cinco años que hoy se niega a cumplir es precisamente por su autoría en el secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín Vergara, una de las víctimas de la Brigada Purén.

Después de escuchar esos testimonios y evaluar otros antecedentes, el juez Alejandro Solís escribió al formalizar la acusación contra Iturriaga "En consecuencia, debe estimarse legalmente acreditada la participación de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann como autor".

"Diego Castro"

Pero "Luis Gutiérrez" tiene más historias. Jamás admitió su participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, mientras fue jefe del Departamento Exterior de DINA.

"Luis Gutiérrez" fue la chapa que identificaba a los jefes de aquel departamento. En este caso fue el gringo Michael Townley quien inculpó al "Giggio", como también llamaban a Iturriaga sus amigos de correrías.

Ante la jueza argentina María Servini y el juez Alejandro Solís, el "Tío Kenny" (Townley) dijo en Estados Unidos que "fue Eduardo Iturriaga Neumann" quien en Buenos Aires le mostró el departamento donde vivía Prats en calle Malabía 3359 en el barrio de Palermo. De paso, también le indicó el auto que manejaba para que instalara la bomba que preparó en el Hotel Victory donde alojó junto a su mujer Mariana Callejas.

Poco antes del 30 de septiembre de 1974, fecha del atentado, "Diego Castro Castañeda" - chapa que usó para ingresar a Buenos Aires y preparar el crimen según informe del Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones- entregó en Buenos Aires 6 mil dólares al agente chileno Mario Igualt Pérez.

Este era primo del coronel Raúl Igualt Ramírez, condenado junto al general Roberto Viaux como autores del asesinato del jefe del Ejército René Schneider en octubre de 1970.

El pago, de acuerdo a Townley y otros testimonios, fue para que Igualt contactara a Iturriaga con líderes de la ultraderecha argentina para que mataran a Prats. Pero "los argentinos no fueron capaces" sostuvo Townley, recayendo entonces la misión en el departamento que dirigía Iturriaga. LN

Un "comerciante" en la Operación Colombo

Un año después del asesinato del general Prats y su esposa, el "Giggio" Iturriaga volvió a Buenos Aires disfrazado de "Eduardo Rodríguez Pérez" con pasaporte diplomático. Viajó como "comerciante". Sus salidas y regresos quedaron registrados en el referido Departamento de Control de Fronteras. Claro que ahora su misión era distinta: organizar la Operación Colombo.

El agente DINA Enrique Arancibia Clavel, único condenado en Argentina por el crimen de los Prats-Cuthbert, recuerda que en 1975 cuando Iturriaga Neumann lo contactó en la capital argentina. "Me dijo que había que hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno llamado Silbermann, porque esto se había bautizado como Operación Colombo", confesó Arancibia a la jueza Servini en el proceso en Buenos Aires.

Se trataba del ingeniero comunista David Silbermann. En abril de 1975, efectivamente apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido de una persona cuya identidad se dijo que pertenecía a David Silbermann Gurovich, con un cartel que decía "Dado de baja por el MIR". Se comprobó que no era su cuerpo. Pero sí era parte de la Operación Colombo. Fue el montaje de la dictadura para hacer creer que 119 prisioneros a quienes se les daba por desaparecidos por sus familiares, en realidad habían salido de Chile en forma clandestina y se mataban entre ellos en Argentina por rencillas políticas, o morían enfrentados con fuerzas militares y policiales en ese país.

"Proyecto Andrea"

• En 1975 sus pasos como agente DINA lo llevaron por la senda del gas Sarín, por allá por Vía Naranja 4925 en Lo Curro. El "Giggio" no quiso estar ausente del "Proyecto Andrea". Si bien no participó en la elaboración del gas mortal producido por Townley y el bioquímico Francisco Oyarzún Sjoberg en la casa de Lo Curro, según Townley fue quien compró la propiedad para instalar el laboratorio. "La casa secompró a Angel Vidaurre por una sociedad en formación, firmado por Diego Castro Castañeda, alias que tenía el comandante Iturriaga Neumann", relató el gringo en "Mi historia de actuación en la DINA", testimonio hecho por Townley en las horas previas a su expulsión de
Chile el 8 de abril de 1978.

• El ex comando y suboficial de elite de DINA, Carlos Labarca Sanhueza, es quien aporta antecedentes procesales para contradecir a quien fue su jefe en el Departamento Exterior. Dado que Iturriaga niega esa jefatura y toda vinculación con el doble asesinato de los Prats-Cuthbert, Labarca afirma que "el jefe del Departamento Exterior era Iturriaga Neumann". Otros ex agentes también lo identifican como tal.

UN GENERAL TERRORISTA PRÓFUGO

por Lucía Sepúlveda Ruiz - www.elclarin - 14/VI/2007

Raúl Iturriaga Neumann, general ® de ejército, no se fugó porque la Corte Suprema le dio cinco años y un día como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicación y miembro del MIR Dagoberto San Martín (21 años al momento de su detención por los agentes a cargo del terrorista con uniforme del ejército chileno). El ex
general de la república es en realidad un criminal empedernido que está desafiando a todas las instituciones democráticas chilenas.

La impunidad es su meta. Por su experiencia en inteligencia y como ex encargado de las empresas DINA, lo hace contando con alguna red de apoyo y recursos a través de la cual no sería extraño que ya haya salido del país. Hay dos países que no puede haber elegido para refugio: Argentina e Italia. En ambos se le busca como terrorista. En el país europeo fue condenado en ausencia a 18 años de presidio por el atentado a Bernardo Leighton.

Palermo y Operación Colombo

Iturriaga Neumann, uno de los hombres claves de la DINA, no es responsable de un solo secuestro –que ya es gravísimo- sino de muchísimos otros crímenes de lesa humanidad. La sentencia de cinco años y un día la habría cumplido sin mayor pena en las cómodas cabañas del Penal Cordillera, una cárcel cinco estrellas que ya aloja al resto de la plana mayor de la DINA. Pero el prófugo tiene pendiente la dictación de sentencias en causas cuyas condenas deberían ser muy superiores. El ministro en visita Alejandro Solís lo ha procesado “en calidad de autor como miembro de una asociación ilícita” por el asesinato (con una bomba) del General Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército y su esposa Sofía Cuthbert (1974) en Palermo, Buenos Aires. Se sabe que las sentencias, luego de la larga investigación, se conocerán pronto.

La investigación judicial de la jueza argentina María Servini de Cubría -a quien la Corte Suprema le negó el pedido de extradición del hoy fugado, argumentando que Iturriaga sería juzgado en Chile- permitió establecer que el entonces mayor Iturriaga Neumann viajó a Buenos Aires para preparar en terreno el crimen de Prats, y coordinó la Operación Colombo. El oficial fue el primer responsable del Departamento Exterior de la DINA, cuando la central de ese organismo se hallaba en calle Belgrado 1, en las actuales instalaciones de la FECH. En la capital trasandina se comprobó que contó con el apoyo del agente civil chileno Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado por la justicia de ese país a presidio perpetuo como "partícipe necesario" en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.

Al general terrorista lo esperan condenas por los casos de detenidos desaparecidos en la Operación Colombo, específicamente en los casos de los hermanos Jorge y Juan Andrónico Antequera, Francisco Bravo, Mario Carrasco, Félix de la Jara, Eduardo Durán, Juan Chacón, María Cristina López, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera, Teobaldo Tello, Víctor Villarroel, Washington Cid, Zacarías Machuca, Héctor Zúñiga, Francisco Aedo, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Héctor Garay, Rubén Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barría, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro (desaparecidos en 1974), los cuales figuran en la Lista de los 119.

stos procesos están ahora en manos del ministro Víctor Montiglio y otros jueces, pero la mayoría de las encargatorias de reo fueron hechas por el juez Juan Guzmán en los años 2004 y 2005. La Operación Colombo fue una maniobra mediática de la DINA, apoyada por sus pares de Argentina y otras dictaduras del Cono Sur, que pretendía encubrir la desaparición de 119 chilenos y chilenas, la mayoría militantes del MIR, haciéndolos aparecer como muertos en Argentina por rencillas internas.

Jefe de la Brigada Purén

El año 74 fue de gran actividad para este sujeto. En ese período fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargaba de la represión al Partido Socialista y al Partido Comunista. En el proceso que concluyó con la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema –que rebajó de diez a cinco años y un día la sentencia original del Ministro de fuero Alejandro Solís – eso quedó acreditado por decenas de testimonios no sólo de sobrevivientes a la tortura y prisión, sino también por declaraciones de sus ex subordinados en Grimaldi. En otros procesos en curso, está encargado reo por la desaparición de Víctor Olea, uno de los desaparecidos en un intenso operativo desarrollado por la Brigada Purén en septiembre de ese año contra el Partido Socialista de la seccional “Décima comuna”, en el que también cayeron Bernardo de Castro y Mario Carrasco, incluidos posteriormente en la Lista de los 119. Asimismo ha sido encargado reo por el secuestro y desaparición de los miristas Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, hechos ocurridos en noviembre de 1974.

Iturriaga Neumann pasó a retiro en 1991 y como tal, tiene una generosa pensión con “perseguidora”, gracias a la previsión excepcional que rige en Chile para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Se habrán embargado sus cuentas bancarias? En la carta que utiliza para convocar al resto de los criminales a la rebelión contra las decisiones de tribunales, uno de los sufrimientos que describe es el de enfrentar a lo que él llama “falsos testigos” en los careos.

 

Se vio obligado a estar de pie frente a quienes sobrevivieron a la experiencia de la tortura y el horror y fueron capaces de sostener la mirada y relatar las violaciones y vejámenes vividos, así como el estado deplorable en que quedó Luis Dagoberto San Martín a su paso por el centro de torturas conocido como La Venda Sexy.

 

Una ex detenida declaró en el proceso abierto por el secuestro de Luis, que lo recordaba porque su cara era muy hermosa. Estaban en la Venda Sexy, un antro de tortura de la DINA. El secuestro se pudo acreditar porque -al contrario de lo que dice Iturriaga- muchos sobrevivientes tuvieron el coraje de ir al tribunal y contar cómo vieron a Luis, qué le hicieron y qué vivieron ellos mismos. Beatriz Bataszew fue un testigo clave, porque era su polola y también estaba detenida.

Los desaparecidos, los sobrevivientes y la democracia chilena necesitamos que el terrorista Iturriaga sea encontrado sin demora, buscándolo dentro del país y solicitando en los niveles internacionales que se adopten iguales medidas de resguardo.

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