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Máximo Kinast Avilés

Derechos Humanos

ESCLAVITUD EN CHINA

NOTA PREVIA:

 

Esta denuncia circula desde antes del 1 de enero del 2002. Me la han reenviado con la solicitud de que al difunda. Lo hago por razones humanitarias.

Hay dos cosas que tener en cuenta:

1º En China no hay socialismo ni comunismo (excepto en el nombre y en la justificación de una Dictadura). Hay una economía de mercado neoliberal, con nombre de comunismo.

2º Al parecer, la situación denunciada no ha variado y no hay visos de que pueda variar en los próximos años.

Máximo Kinast

 

ESTA ES LA DENUNCIA:


En China, niños entre 12 y 17 años fabrican juguetes en condiciones de esclavitud
Son los que regala, entre otros, Mc Donald´s en sus promociones.

Trabajan entre 14 y 18 horas. Tienen 15 minutos para comer y cuatro horas para dormir en cuchitriles situados en las mismas fábricas. Al anochecer, las trabajadoras son registradas para comprobar que no han robado nada. Con sus puertas de metal y sus barrotes en las ventanas, estos talleres parecen más un cuartel militar. Así es como los chinos son competitivos.

Montar, empaquetar, montar, empaquetar, montar, empaquetar,... Las 600 jóvenes trabajan como robots, sin levantar la mirada, darse un respiro o hablar entre ellas. Todas han llegado del campo tratando de salir de la pobreza y aquí están, montando y empaquetando muñecos de plástico, entre 14 y 18 horas al día, 15 minutos para comer, permisos reducidos para ir al servicio y cuatro horas para soñar que en realidad no están durmiendo en los cuchitriles situados en la última planta de la fábrica. Una ruidosa sirena les devuelve a la realidad y anuncia el nuevo día mucho antes de que amanezca. Las empleadas saltan de la cama, se ponen las batas y forman en línea antes de correr escaleras abajo hacia sus puestos. La gigantesca nave está situada en las afueras de Shenzhen, la ciudad más moderna del sur de China, rodeada de otros almacenes parecidos, más o menos grandes, algunos con más de 5.000 empleadas.

En China se las conoce como dagongmei o chicas trabajadoras. Jóvenes y adolescentes dispuestas a producir, producir y producir sin descanso por un sueldo de 15.000 pesetas al mes del que los jefes descuentan la comida y lo que llaman “gastos de alojamiento”. Las cientos de miles de factorías de mano de obra barata repartidas por todo el país son la otra cara de ese made in China que ha invadido las tiendas de todo el mundo, desde los artículos de las tiendas de Todo a 100 a las lavadoras o la ropa de marca. Y para las dagongmei, estas fábricas son su casa, su familia, su celda.


En ellas los supervisores se encargan de que no descansen y de que la producción nunca disminuya.

Cada trabajadora es registrada al finalizar la jornada para comprobar que no se ha llevado ninguna unidad de los juguetes, llaveros, gorras o cualquier otra cosa que estén fabricando dentro del sinfín de productos elaborados a precio de saldo.

Si quebrantan las reglas internas o no rinden al nivel esperado, un sistema de penalizaciones permite a los jefes reducir el sueldo o los ocho días de vacaciones que se conceden al año. “Hay que vigilarlas; si no, se relajan”, dice entre risas el patrón de una fábrica de Shenzhen que confecciona diminutos juguetes de plástico.

Miles de empresas estadounidenses y europeas -entre ellas medio centenar de españolas-subcontratan fábricas chinas similares a esta para llevar sus productos a Occidente al mejor precio. “Si no fuera así, no sería rentable y nos iríamos a otro país”, reconoce un empresario estadounidense que mantiene cerca de 40 talleres en el delta del río de la Perla, donde trabajan seis millones de dagongmei.

No son ni siquiera la décima parte de las que hay en todo el país, alrededor de 70 millones. Sobrecogida por esta realidad, la profesora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Hong Kong, Pun Ngai, se decidió a pasarse por una campesina más, buscó una factoría y pasó seis meses viviendo y trabajando en una fábrica de productos electrónicos de Shenzhen para comprobar cómo viven las explotadas trabajadoras chinas.

El dormitorio donde fue alojada, situado en la última planta, tenía compartimentos donde debían dormir hacinadas hasta 15 jóvenes. La mayoría de ellas sufría de anemia, dolores menstruales o problemas en la vista, en el caso de las que tenían que montar diminutos productos a ojo sin apenas descanso. Otras enfermaban envenenadas por el contacto con productos químicos utilizados en el trabajo o simplemente desfallecían de cansancio tras interminables jornadas en las que se les daba de comer un simple plato de arroz al día.

“Les niegan todos los derechos, no tienen el permiso de residencia aunque pasen 10 años trabajando en el mismo lugar. Las tiendas o los médicos de las ciudades donde están situadas sus fábricas les cobran más que al resto de los vecinos”, asegura la profesora, que ha reunido su experiencia en varios informes.

Las pesquisas de Pun Ngai no son las únicas. La investigación de un periódico de Hong Kong descubrió en agosto pasado que los juguetes que la multinacional de hamburguesas Mc Donald´s regalaba en sus promociones en el país asiático estaban siendo elaborados en China por adolescentes de entre 12 y 17 años. Las menores trabajaban sin descanso de siete de la mañana a 11 de la noche, todos los días de la semana. En ocasiones la jornada se alargaba hasta las dos de la mañana a cambio de un sueldo de 400 pesetas al día y una habitación de 25 metros cuadrados a compartir con otras 15 chicas.

El Comité Industrial Cristiano de Hong Kong, una ONG que se dedica a rescatar a los pequeños
que trabajan en esas condiciones, envió un equipo de investigadores a la fábrica subcontratada por la cadena de restaurantes americana. Las historias que escucharon se parecían todas a las de Wang Hanhong, de 12 años: “Mis padres no querían que viniera. Lloré e imploré para que me dejaran porque quería ver el mundo. Mi familia tiene otros tres hijos, pero todos van al colegio. Quiero ahorrar dinero para que mis padres puedan sobrevivir”.


Círculo vicioso

Es un círculo casi indestructible. Por una parte, las multinacionales americanas o europeas no tienen que responder por las condiciones de sus fábricas en países del Tercer Mundo y ahorran costos laborales. Por otra, los gobiernos locales tampoco están interesados en espantar la inversión extranjera haciendo demasiadas preguntas.

Y las fábricas se multiplican. La empresa Chun Si Enterprise, por ejemplo, fue contratada por la mayor cadena de supermercados del mundo, Wall-Mart, para que confeccionara bolsos de mujer en su factoría de Zhongshan, en la provincia sureña de Guangdong. Más de 900 trabajadoras permanecían encerradas todo el día, salvo los 60 minutos de descanso y comida establecidos. Los guardias golpeaban constantemente a las empleadas y les multaban por faltas como “la utilización excesiva del servicio”.

De la media docena de fábricas subcontratadas por empresas occidentales visitadas, sólo una mantenía las mínimas condiciones. El resto estaban sucias, mantenían a las empleadas trabajando en horarios ilegales, con sueldos míseros o habían sido convertidas en cárceles donde las ventanas estaban bloqueadas con barrotes y las puertas cerradas con llave las 24 horas del día.

En un intento de contrarrestar las crisis de relaciones públicas que tenían que afrontar cada vez que se denunciaban abusos, las grandes multinacionales comenzaron a contratar equipos de inspección más o menos independientes a mediados de los años 90. No sirvieron de mucho.

“Los controles han sido un fracaso porque las empresas no tienen ninguna intención sincera de cambiar el sistema”, según el Comité de Trabajo Nacional (NLC), una asociación de EE.UU. que centra sus denuncias en empresas americanas. Los inspectores de Wall-Mart, por ejemplo, nunca descubrieron las irregularidades en su centro de producción en China y sólo una denuncia periodística logró en 1999 revelar lo que estaba sucediendo.


Un cuartel militar

En la entrada de la factoría de la marca deportiva Nike de Jiaozhou, en la provincia de Shandong, se puede leer su famoso lema: “Just Do It” (Simple-mente, hazlo). Dentro, 1.500 jóvenes, siempre menores de 25 años, trabajan 12 horas al día, según el NLC. Se trata de una pequeña parte de los más de 100.000 chinos que fabrican prendas deportivas Nike en todo el país, a los que hay que sumar 70.000 personas en Indonesia y 45.000 en Vietnam. “Con su puerta de metal y sus barrotes en las ventanas, la fábrica se parece más a un cuartel militar que a una factoría”, asegura en su informe NLC, que describe como “papel mojado” los códigos de conducta crea-dos por las multinacionales.

Pero son las fábricas de productos Todo a 100, unas gestionadas y explotadas por empresas chinas y otras por empresarios extranjeros, las que peores condiciones tienen. La presión para abaratar los precios es mayor y detrás del negocio suelen estar compañías desconocidas que no tienen que cuidar su nombre. El lema es producir mucho, barato y rápido. Los accidentes entre las trabajadoras o incendios como el que ocurrió recientemente en una nave de Shenzhen en el que perdieron la vida 80 personas, son contingencias cotidianas.

La política de contratación en estos talleres del Todo a 100 es no admitir a mujeres mayores de 25 años, pero en ocasiones los gestores se saltan su propia regla si la candidata tiene hijos pequeños dispuestos a sumarse a la cadena de producción sin cobrar nada a cambio.

Las madres sí cobran, pero el sistema leonino de sanciones tiende a reducir su retribución a unas 5.000 pesetas al mes: se recorta la paga de una hora por cada minuto de retraso en el trabajo, se penaliza con otras cinco horas las ausencias para ir al servicio o se retira completamente la mensualidad a las que se comporten de modo incorrecto.

La situación en China es especialmente desesperante para las víctimas de los abusos porque el gobierno comunista mantiene la ilegalización de sindicatos y asociaciones de trabajadores. “Aquellos que tratan de unirse para defender los derechos de los trabajadores son encarcelados. La gente tiene miedo de decir lo que les está pasando, aunque las condiciones sean extremadamente duras y no hayan recibido una sola paga durante meses”, asegura Han Dongfeng, editor del Boletín del Trabajador en China y disidente encarcelado tras las manifestaciones de Tiananmen en 1989 por movilizar a los trabajadores. “Estoy en contacto con gente que trabaja en las factorías y a menudo me cuentan el miedo que le tienen a los jefes. Les he pedido que se unan y luchen por lo que es suyo”, dice Han.

Hacia la prostitución

De esta forma, las dagongmei, abandonadas a su suerte y sin nadie que las defienda, trabajan hasta que sus cuerpos aguantan y después regresan a sus pueblos con lo puesto. El perfil de la “chicas trabajadoras” de China es casi siempre el mismo: jóvenes de entre 14 y 25 años, sin estudios secundarios y dispuestas a enviar más de la mitad de su sueldo a sus pueblos de origen. Muchas, cada vez más, terminan dejando las factorías para prostituirse. “Es mejor que trabajar en la fábrica”, dicen las muchachas que ya han dado el paso y ofrecen sus cuerpos abiertamente en las calles del centro de Shenzhen.

No muy lejos, en la planta de fabricación de muñecos, la jornada termina cuando se ha cumplido el objetivo de producción impuesto por los supervisores, nunca antes de las dos de la madrugada.

Aunque las 600 trabajadoras han tratado de mantener el tipo durante horas, varias han sido descubiertas exhaustas, completamente inconscientes, con la cabeza reposando sobre la mesa de montaje. Este mes tendrán que ver cómo su sueldo queda recortado a la mitad.

“Hay muchas chicas dispuestas a venir aquí, así que la que no trabaje bien se puede volver al pueblo”, explica el capataz, cuyo sueldo depende también del número de camiones que se logren llenar con la producción. No existe un lugar mejor para ver hasta qué punto el pueblo chino está pagando con sudor y con lágrimas que la ropa, los electrodomésticos o los juguetes que compran los occidentales se vendan lo más barato posible. Así suena la matraca incesante de la ley del made in China: montar, empaquetar, montar, empaquetar.


Mc Trabajo

Por su parte, McDonald´s expresó su indignación ante la inclusión en un diccionario del término “McJob” o “McTrabajo” que es explicado como pocas y malas perspectivas laborales. El gigante de la comida rápida ha reaccionado ante la publicación en la reciente edición del diccionario colegiado, Merriam-Webster´s, del término “McJob” definido como un trabajo mal pagado y sin futuro.

El presidente del directorio de McDonald´s, Jim Cantalupo, tildó el término como una “descripción errada del empleo en un restaurante”. En declaraciones a la agencia Associated Press, Cantalupo describió el incidente como un golpe bajo para las 12 millones de personas que trabajan diariamente en los 900.000 restaurantes de Estados Unidos.

En una carta dirigida a los directores del diccionario colegiado, Cantalupo dijo que “no más de 1.000 personas, entre los hombres y mujeres, que son dueños y operarios en los restaurantes de McDonald´s, iniciaron el día sirviendo a los clientes detrás del mostrador”.

La carta fue enviada a los medios y también figuró en la última edición de una publicación de la industria del comercio. McDonald´s, la cadena de comida rápida más grande del mundo, tiene más de 30.000 restaurantes y casi 500.000 empleados.

El término “McJob” fue acuñado por el novelista estadounidense Douglas Coupland en su novela “Generación X”, publicada en 1991 donde describe esta palabra como “un trabajo poco prestigioso, de poca dignidad, poco beneficio y sin futuro en el sector de servicios”.

 

 

LAS FUERZAS ARMADAS MAS COBARDES DEL MUNDO

Por Máximo Kinast

¡Sí! Ustedes, Fuerzas Armadas de Chile. A ustedes les dirijo estas palabras. No les bastó con romperle las manos. No fue suficiente quebrar sus dedos. En su infinita cobardía los uniformados de Chile le dispararon por la espalda. No tuvieron el valor de mirar a Víctor a sus ojos. De ver de frente su boca desgarrada, sus dientes destrozados, sus ojos limpios y serenos.

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Señores uniformados de Chile, pidan perdón. Reconozcan sus cobardías. Limpien el uniforme que llevan. Sean hombres. Tengan dignidad y coraje. No sigan callando estas infamias. Ustedes son la mayor verguenza de Chile.

 

Manuel Rodríguez

Pero no es raro esa cobardía en los uniformados chilenos. En sus primeros años el Ejército de Chile asesinó al más valiente de nuestros héroes. Manuel Rodríguez Erdoiza fue asesinado por la espalda el 26 de mayo de 1818, por los oficiales Maure y Siqueira, que cumplían órdenes secretas de Bernardo O’Higgins, Director Supremo de Chile nombrado a dedo en el cargo por el General San Martín. Son hechos históricos y probados.

Manuel Rodríguez Erdoiza, sólo, sin apoyo, se enfrentó con su astucia y su valor desde 1814 hasta 1818 al Ejército español, al Gobernador de Chile y a la Corona Española. Su premio fue una bala por la espalda.

Y ahora recibo de Amnistía Internacional esta dolorosa noticia, para mayor oprobio de las Fuerzas Armadas:


Víctor Jara fue asesinado por la espalda

En los próximos días será entregado el documento que establece su causa de muerte. Trascendió que primeras conclusiones ratificarían versión de ex conscripto Paredes. Sobre una mesa de trabajo, especialmente dispuesta en el Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, para estos casos, se encuentra reconstituido lo que queda del cantante Víctor Jara...

CHILE:INDULTOS BICENTENARIO

Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

 

DECLARACIÓN PÚBLICA

 

Tal como “por cambio de giro vendo”, los INDULTOS BICENTENARIOS, proyecto formulado por la jerarquía de la Iglesia Católica, se han transformado en el ofertón del día,  poniendo en el debate nacional, la peregrina idea de que puedan acceder a él también los violadores a los derechos humanos que actualmente cumplen condena.

En un clima electoral como el que se vive en el país, esta propuesta no ha dejado indiferente a nadie, desde todos los ámbitos se levantan voces en pos de los dividendos políticos, traducidos en votos que se requieren. Desde un sector se acusa a otro de haber indultado a un narcotraficante, olvidándose por completo que el mismo acusado, en uso de sus facultades impidió que el Consejo de Defensa de Estado siguiera un juicio al hijo de Pinochet que defraudó millones de dólares, conocido como el Caso Pinocheques.

Este es el uso político que suponen los INDULTOS BICENTENARIO, más aún cuando consultada la Presidenta de la República declara estar en disposición de “mirar todas las propuestas que lleguen”, y eso es peligroso dado que ya se ha establecido que a lo menos una de ellas, en voz del candidato de derecha Sebastián Piñera no hace “diferencia entre si la persona es civil o militar”, por tanto, creemos que la Presidenta de la República debió establecer con absoluta claridad que NO favorecerían, bajo ninguna circunstancia a quienes cumplen condena por delitos de lesa humanidad.

Si sus declaraciones se han prestado para “interpretaciones” o “descontextualizaciones”, es por falta de claridad, por ambigüedad, muy poco oportunas en temas tan delicados como este.

Nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, lamenta que siquiera se abra un espacio para indultar a quienes cometieron crímenes de la naturaleza por todos conocidos, toda vez que los Tribunales de Justicia han actuado con extrema indulgencia en la aplicación de condenas.

La reciente aprobación del TPI, el Derecho Humanitario Universal, indica que  no hay razones valederas para que perpetradores como Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza u otros que actualmente cumplen condena, puedan acceder a este beneficio.

Observamos un nuevo intento de impunidad, que no estamos dispuestas a aceptar, tal como tampoco aceptamos un Instituto Nacional de Derechos Humanos carente de facultades reales para actuar en defensa de los mismos, tal como tampoco aceptamos los 50 años de moratoria en conocer los nombres de quienes torturaron, tal como no aceptamos la falta de voluntad política para anular los efectos del Decreto Ley de Amnistía que desde 1978 está vigente, ni aceptaremos ningún proyecto o normativa que intente impulsar beneficios para quienes violaros todos y cada uno de los derechos humanos en nuestro país.

Exigimos de parte de la Presidenta de la República un pronunciamiento claro y tajante en orden de establecer que bajo ningún supuesto, acuerdo o componenda serán indultados los violadores a los derechos humanos.

Por un BICENTENARIO con VERDAD y JUSTICIA

 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 15 de julio de 2009

DECLARACION UNIVERSAL SOBRE LAICIDAD EN EL SIGLO XXI

 

http://www.libertadeslaicas.org.mx/

 

Preámbulo

 

Considerando la creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los desafíos que los Estados modernos encuentran para favorecer la convivencia armoniosa; considerando igualmente la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas y la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática pacifica; considerando, en fin, que la sensibilidad creciente de los individuos y de los pueblos hacia las libertades y los derechos fundamentales incita a los Estados a velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública, nosotros, ciudadanos académicos y universitarios de diferentes países, proponemos a la reflexión de cada uno y al debate público, la siguiente declaración:

 


Principios Fundamentales

 

Artículo 1. Todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas (incluidas el ateísmo y el agnosticismo), el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Esto implica igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas.

 

Artículo 2. Para que los Estados estén en condiciones de asegurar un trato igualitario a los seres humanos y a las diferentes religiones y convicciones (dentro de los límites indicados), el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder y las instituciones públicas. La autonomía del Estado implica entonces la disociación entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares. Las religiones y los grupos de convicción pueden participar libremente en los debates de la sociedad civil. Sin embargo, no deben de ninguna manera dominar esta sociedad e imponerle a priori doctrinas o comportamientos.

 

Artículo 3. La igualdad no es solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de seres humanos en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una filosofía. Para que sea respetada la libertad de pertenencia (o de no pertenencia) de cada uno, pueden hacerse necesarios “acomodos razonables” entre las tradiciones nacionales surgidas de grupos mayoritarios y las de grupos minoritarios.

 

La laicidad como principio fundamental de Derecho

 

Artículo 4. Definimos la laicidad como la harmonización en diversas coyunturas socio-históricas y geopolíticas de los tres principios ya indicados: respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; autonomía de la política y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; no discriminación directa o indirectamente hacia seres humanos.

 

Artículo 5. Un proceso de la laicización emerge cuando el Estado ya no está legitimado por una religión o por una corriente de pensamiento particular y cuando el conjunto de los ciudadanos puede deliberar pacíficamente, en igualdad del poder político. Respetando los principios indicados, este proceso se lleva a cabo en relación estrecha con la formación de todo Estado moderno que pretende asegurar los derechos fundamentales de cada ciudadano. Elementos de laicidad aparecen entonces necesariamente en toda sociedad que quiere armonizar relaciones sociales marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales.

 

Artículo 6. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.

 

Artículo 7. La laicidad no es el patrimonio exclusivo de una cultura, una nación o un continente. Puede existir en coyunturas donde el término no ha sido tradicionalmente utilizado. Procesos de laicización han tenido lugar, o pueden tener lugar, en diversas culturas y civilizaciones, sin ser forzosamente denominados como tales.

 

Debates de la laicidad

 

Artículo 8. La organización pública del calendario, las ceremonias fúnebres oficiales, la existencia de “santuarios cívicos” ligados a formas de religión civil, y de manera general el equilibrio entre lo que ha surgido de la herencia histórica y lo que se atribuye al pluralismo actual en materia de religión y de convicción en una sociedad dada, no pueden considerarse resueltos de manera definitiva y arrojarse al terreno de lo inimaginable. Esto constituye, por el contrario, lo central de un debate laico pacífico y democrático.

 

Artículo 9. El respeto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños; los matrimonios mixtos, la condición de los adeptos de minorías religiosas o no religiosas, los “no-creyentes” y aquellos que critican la religión.

 

Artículo 10. El equilibrio entre los tres principios constitutivos de la laicidad constituye igualmente un hilo conductor para los debates democráticos sobre el libre ejercicio de culto, la libertad de expresión, de manifestación de convicciones religiosas y filosóficas, el proselitismo y sus  limites por respeto al otro, así como las interferencias y las distinciones necesarias entre los diversos campos de la vida social, las obligaciones y los modos razonables en la vida escolar o profesional.

 

Artículo 11. Los debates en torno a estas diferentes cuestiones ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades. En ningún país y en ninguna sociedad existe la laicidad absoluta; tampoco las diversas soluciones disponibles en materia de laicidad son equivalentes.

 

La laicidad y los desafíos del siglo XXI

 

Artículo 12. La representación de los derechos fundamentales ha evolucionado mucho desde las primeras proclamaciones de derechos (finales del siglo XVIII). La significación concreta de la igual dignidad de los seres humanos y de la igualdad de derechos está en juego en las soluciones propuestas. El marco estatal de la laicidad se enfrenta hoy a problemas provenientes de estatutos específicos y de derecho común, de la compatibilidad entre los derechos de los padres y aquello que las convenciones internacionales consideran como derechos del niño, así como del derecho a la “blasfemia” o la libertad de expresión.

 

Artículo 13. En diversos países democráticos, para numerosos ciudadanos el proceso histórico de la laicización parece haber llegado a una especificidad nacional, cuyo cuestionamiento suscita temores. Y entre más largo y conflictivo ha sido el proceso de laicización, en mayor medida se manifiesta el miedo al cambio. No obstante, en la sociedad tienen lugar profundas mutaciones y la laicidad no podría ser rígida e inmóvil. Es necesario por lo tanto evitar crispaciones y fobias, para saber encontrar respuestas nuevas a los nuevos desafíos.

 

Artículo 14. Allí donde han tenido lugar, los procesos de laicización han correspondido históricamente a una época en la cual las grades tradiciones religiosas dominaban los sistemas sociales. El éxito de dichos procesos ha engendrado una cierta individualización de los religioso y de lo concerniente a las convicciones, lo cual se transforma en una dimensión de la libertad de decisión personal. Contrariamente a lo que se teme en ciertas sociedades, la laicidad no significa la abolición de la religión sino la libertad de decisión en materia de religión. Esto implica hoy todavía, allí donde es necesario, desconectar lo religioso de lo que se da por sentado en la sociedad y de toda imposición política. Sin embargo, quien habla de libertad de decisión se refiere igualmente a la libre posibilidad de una autenticidad religiosa o de convicción.

 

Artículo 15. Las religiones y convicciones filosóficas constituyen entonces socialmente lugares de recursos culturales. La laicidad del siglo XXI debe permitir articular diversidad cultural y unidad del vínculo político y social, de la misma manera que las laicidades históricas tuvieron que aprender a conciliar las diversidades religiosas y la unidad de este vínculo. Es a partir de este contexto global que es necesario analizar el surgimiento de nuevas formas de religiosidad, así se trate de combinaciones entre tradiciones religiosas, de mezclas entre lo religioso y lo que no lo es, de nuevas expresiones espirituales, pero también de formas diversas de radicalismos religiosos. Es igualmente en el contexto de la individualización que se debe comprender por qué es difícil reducir lo religioso al sólo ejercicio del culto, y por qué la laicidad como marco general de la convivencia armoniosa es más que nunca deseable.

 

Artículo 16. La creencia en que el progreso científico y técnico podía engendrar progreso moral y social se encuentra actualmente en declive; esto contribuye a volver el futuro más incierto, a hacer su proyección más difícil y a hacer menos legibles los debates políticos y sociales. Después de las ilusiones del progreso se corre el riesgo de privilegiar unilateralmente los particularismos culturales. Esta situación nos incita a ser más creativos, en el marco de la laicidad, para inventar nuevas formas del vínculo político y social capaces de asumir esta coyuntura inédita y de encontrar nuevas relaciones con la historia que construimos en conjunto.

 

Artículo 17. Los diferentes procesos de laicización han correspondido a los distintos desarrollos de los Estados. Las laicidades, por otra parte, han tomado formas diversas según el Estado fuese centralista o federal. La construcción de grandes conjuntos supraestatales y el relativo pero real desprendimiento de lo jurídico respecto a lo estatal generan una nueva situación. El Estado, sin embargo, se encuentra quizás más en una fase de mutación que de verdadero declive. Tendencialmente, actúa menos en la esfera del mercado y pierde, por lo menos de manera parcial, el papel de Estado Benefactor que ha tenido en mayor o menor medida en muchos países. En cambio, interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas sobre seguridad, algunas de las cuales pueden amenazar las libertades. Necesitamos por lo tanto inventar nuevos vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía y la ampliación de las libertades individuales y las colectivas.

 

Artículo 18. Al mismo tiempo que se vigila que la laicidad no tome en este nuevo contexto aspectos de religión civil o se sacralice de alguna forma, el aprendizaje de sus principios inherentes puede contribuir a una cultura de paz civil. Esto exige que la laicidad no sea concebida como una ideología anticlerical o como un pensamiento intangible. Por lo demás, en contextos donde la pluralidad de concepciones del mundo se presenta como una amenaza, ésta debe aparecer más bien como una verdadera riqueza. La respuesta democrática a los principales desafíos del siglo XXI llegará a través de una concepción laica, dinámica e inventiva. Esto le permitirá a la laicidad mostrarse realmente como un principio fundamental de convivencia.

 

BOLIVIA: PRONUNCIAMIENTO DE LOS ARCHIVISTAS DE LA PAZ

SOBRE EL ACCESO A DOCUMENTOS MILITARES RESERVADOS

En reunión realizada en el Salón Rojo de la Cancillería de la República, el viernes 22 de mayo de 2009, los Archivistas de la ciudad de La Paz hemos tomado conocimiento de la legítima reivindicación elevada al Supremo Gobierno por Olga Flores, Martha Monthiel y Hortensia Gutiérrrez de Flores, familiares de detenidos-desaparecidos forzosos durante las dictaduras militares en el período de 1969 y 1982, que piden el cumplimiento del derecho fundamental de acceder y usar los documentos militares conservados en los archivos castrenses que contengan datos, registros e información, sobre el destino final de sus familiares.

Los Archivistas de La Paz, luego de la deliberación sobre este tema de alta sensibilidad humana, manifiestan a la opinión pública lo siguiente:

1.      Expresamos nuestro apoyo solidario a la reivindicación de las tres compañeras, en huelga de hambre desde hace 18 días.

2.      A pesar que el Ministerio de Defensa Nacional ha instruido mediante Resolución expresa abrir los archivos castrenses por primera vez desde 1982, las compañeras continúan con su medida de presión por lo que pedimos respetuosamente al Gobierno Nacional y en especial al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, resolver a la brevedad posible esta sensible situación, en atención al delicado estado de salud de las compañeras en huelga de hambre.

3.      Invocamos por ello se de cumplimiento a los derechos constitucionales en vigencia, expresados en el Artículo 21.6 (Derecho de acceso a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente), al Artículo 24 (Derecho a la petición y a la obtención de respuesta formal y pronta, sin otro requisito que la identificación del peticionario), y al Artículo 134 (que obliga al cumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la norma omitida).

La Paz, Salón Rojo de la Cancillería de la República.

Luis Oporto Ordóñez.

Esther Aillón Soria.

Raúl Javier Calderón.

Fernando Chuquimia Bonifaz.

Teresa Rocabado F.

Luis Reynaldo Gómez.

Juan Carlos Fernández Peñaranda.

Waldo Espinar.

RECHAZO A LA 'ESMERALDA' EN QUEBEC (CANADA)

Fuente: El Trabajo Nº 239 Diario del Partido de los Trabajadores

Declaración Pública

El Comité chileno por los Derechos Humanos* (Montreal) declara públicamente su rechazo a la nueva visita que la “Esmeralda”, Buque-escuela de la Armada de Chile, realizará en aguas canadienses, recalando en el puerto de Quebec entre el 8 y el 10 de mayo del 2009.

Una vez más, el buque-escuela, recorre el mundo sin que la justicia, el gobierno y la Armada de Chile hayan hecho lo suficiente para terminar con la impunidad de los crímenes allí cometidos.

La ministra Eliana Quezada ha establecido fehacientemente que el Buque Escuela Esmeralda, la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, y el buque Lebu fueron utilizados como centros de detención, interrogatorio, tortura y asesinato y después de 36 años de impunidad, las torturas, golpizas, vejámenes y muertes no han sido olvidadas.

La Armada de Chile sigue negando estos hechos que han sido demostrados y documentados por varios jueces, víctimas y testigos. Hoy la verdad se ha impuesto y es necesario que la Armada de Chile reconozca de una vez por todas que La “Esmeralda”, buque conocido también como La “Dama Blanca”, tiene su cubierta llena de sangre de personas indefensas que fueron salvajemente torturadas.

Mientras no se reconozcan estos hechos, se lleve a los culpables ante la justicia y se pidan disculpas públicas, La “Dama Blanca” seguirá recorriendo los mares del mundo dejando una estela de vergüenza e impunidad.

Allí estuvieron el sacerdote Miguel Woodward quien murió en la tortura, Claudina Moreno, el músico Juan Azua, la fotógrafo María Eliana Comené, las hermanas Rosa y María Huerta, el concejal por Valparaíso Alberto Neumann, María Isabel Vásquez, el ex alcalde de Valparaíso Sergio Vuscovic, el cabo 2do Ricardo Alberto Tobar Toledo, el Abogado del Ministerio del Interior Luis Vega, y tantos, y tantos otros que no hemos olvidado.

En este mes de mayo no nos hablen del mes del Mar ni de las Glorias Navales de Chile.

Llamamos a mantener viva la denuncia internacional respecto a la impunidad en que se mantienen los crímenes en la “Esmeralda”.

Denunciamos el doble carácter emblemático de este buque, que es en sí incompatible: por una parte, la impunidad en que permanecen los crímenes que se cometieron a bordo en 1973 y, por otra, el hecho de que año a año se la pretenda usar como embajadora de todos los chilenos en los puertos del mundo.

Comité Chilien pour les Droits Humains - Montréal, Canada 5 de Mayo, 2009

* El Comité Chileno por los Derechos Humanos es miembro de la Ligue des droits et libertés, Section de Québec, y representa en Canada a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, AFDD (Chile)

CARTA DE SILVIO A PETE SEEGER

NO DEJARON ENTRAR A SILVIO

Noticia enviada por La Peña del Bronx

Fuente: http://www.lapena.org/index.php?s=28

La Habana, 3 de mayo de 2009.

 Admirado y querido Maestro Pete Seeger:

 En estos momentos se está celebrando el concierto de homenaje que decenas de cantores justamente te ofrecen. Pasan por mi mente algunas de las veces que tuve el privilegio de disfrutar de tu talento seductor de multitudes. Así te recuerdo  en La Habana, cantando solidario junto al Grupo de Experimentación Sonora; así te recuerdo en aquella gira dedicada a Víctor Jara, por varias ciudades de Italia; y así también revivo aquella helada noche de febrero de 1980 en que respondiendo a tu llamado viajamos desde Nueva York hasta Poughkeepsie y te escuchamos „Snow, Snow, obra maestra de quien se hizo preguntas ante un paisaje invernal.

Traté de volver a estar contigo hoy, pero, como bien sabes, no me dejaron llegar los que no quieren que los Estados Unidos y Cuba se junten, se canten, se hablen, se entiendan. Son los que piensan que el mundo se divide en poderosos y en débiles; los que sólo aprecian a los que son ricos y fuertes. Son los que no nos perdonan que aún siendo pequeños hayamos decidido vivir de pie. La realidad grita que cada vez deben ser menos estos brutos,  pero de alguna forma esa minoría todavía impera y manda. Algunos de ellos vieron un peligro en que nos encontráramos y que un simple acto de fraternidad simbolizara a dos pueblos vecinos que pueden coincidir en canciones y afectos.

Pero no solo yo, querido Pete: todo mi digno y sin dudas mejorable país te admira, te respeta y celebra tus honorables nueve décadas defensoras de la justicia social, la paz y la cultura.

Aquí nadie te ve como un peligro sino como un extraordinario amigo que no nos dejan abrazar con la libertad que quisiéramos. Por eso, más que yo, toda esta Cuba que te quiere, bloqueada todavía por los abusadores, está a tu lado ahora cantando tu profética We Shall Overcome y nuestra martiana Guantanamera.

Un beso para Toshi y un fuerte abrazo para ti de
 

Silvio Rodríguez Domínguez.

ALMIRANTES INVERECUNDOS Y FELONES EN LA ARMADA DE CHILE

Después de todo quedó claro que el inverecundo Almirante Arancibia es un cobarde y un mentiroso, como se lo dije numerosas veces por email y en varios artículos que he escrito sobre la cobardía habitual de la Armada de Chile. Una vez, aprovechando un viaje a Viña, fui al Congreso Nacional acompañando al padre de Marcela Rodríguez e intenté visitar al Almirante Arancibia. Tengo la impresión de que se negó a recibirme y se escondió en su escritorio. Al menos eso decía el lenguaje facial del rostro de su ayudante. El siguiente articulo demuestra que Arancibia es un felón, mentiroso e inverecundo, al igual que otros pares suyos en la Armada de Chile.

 

Máximo Kinast


El Archivo Secreto de la Armada

Fred Bennetts

Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación  de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es lo de la Armada.

Hace tiempo se sabía que en 2006 la Armada, por orden de su Comandante en Jefe Rodolfo Codina, entregó la bitácora de la Esmeralda “voluntariamente” a la Ministro Eliana Quezada, que instruye el caso Miguel Woodward, - escenario de torturas, violaciones, y asesinatos de al menos 110 personas. Lo que no se supo por entonces era que la Armada, al entregar la bitácora, no dio explicación alguna de la demora, tras casi 33 años de silencio, en cumplir con su obligación legal de hacer conocer a la Justicia “hechos que podrían constituir un delito”. Tan poco reveló donde se había guardado la bitácora durante ese tiempo.

Las respuestas a estas preguntas se han conocido en los últimos días gracias a una orden policial emitida por la Ministro Quezada. Han revelado la existencia de un Archivo secreto  ubicado en la bóveda del Estado Mayor General de la Armada donde existen todos los documentos sobre los crímenes de la Armada durante la dictadura y han confirmado que en concreto la bitácora de la Esmeralda fue ocultada deliberadamente.  Los responsables de esta interferencia con, y obstaculización de la justicia son tres ex-Comandantes en Jefe de la Armada: Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia, y Miguel Vergara.

Fue el Almirante, y Senador de la República, Arancibia quien, en un descuido durante un interrogatorio por la policía el 13 de agosto de 2007, reveló lo siguiente: “Hago presente que, durante el Gobierno Militar el Archivo de la documentación secreta y reservada de la Armada dependía del Estado Mayor General de la Armada y dicha documentación se custodiaba en una  bóveda de sus dependencias.”

Se le había mostrado al Almirante Arancibia una “Guía de Entrega” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), dando fe del traslado de la bitácora de la Esmeralda de esa institución a la EMGA en julio de 1987. El  Almirante Arancibia comentó que suponía que hubiera sido custodiado en el EMGA “por orden de”  los Almirantes Toribio Merino, Comandante en Jefe en 1987, y su sucesor el Almirante (R) y ex-Senador Jorge Martínez Busch. Sin hacer referencia a una posible responsabilidad suya  en el asunto, dado que sucedió al Alm. Martínez Busch, añadió con su cinismo  habitual “nunca vi la Bitácora del Buque Escuela Esmeralda y nunca consulté por ella, por no tratarse de un tema transcendental o de importancia para mí”.

El significado de esta declaración del Senador viene del hecho de que la Ministro Quezada ha requerido en múltiples ocasiones la entrega de información que la Armada alegó no encontrar en los archivos de sus instalaciones. Así, para el periodo de 1973 en adelante, la Ministro pidió las “bitácoras terrestres” de cuatro instalaciones navales donde se había torturado y asesinado: la Escuela de Operaciones de Las Salinas, Academia Naval, Cuartel Silva Palma y Hospital Naval. En otro Oficio también requirió para el mismo periodo las bitácoras de la unidad de la  Escuela de Operaciones que había operado en la Universidad Federico Santa María, y de las unidades de Inteligencia Naval Ancla II y SICAJSI. 

El Secretario General de la Armada, Almirante Carlos de la Maza en su  carta de contestación a la Ministro, del 23 de julio de 2007,  afirmó que, en el caso de las bitácoras del año 1973, no fue posible encontrarlas  en los archivos que se habían consultado. Esos archivos, sin embargo, eran las de las propias instituciones involucradas: Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Guarnición IM “Orden y Seguridad” (ex. Cuartel Silva Palma) y Hospital Naval. El Alm. de la Maza no hizo referencia alguna a los archivos de la EMGA.

Es en ese archivo secreto custodiado en la bóveda del EMGA  que debe buscarse ahora el material entonces requerido. ¿Y que pasará con la demás documentación secreta que pueda existir en ese Archivo sobre otros casos de ejecutados y desaparecidos?

Lógicamente debería el Ministro de Defensa, igual que hizo su homólogo en Argentina hace tiempo, obligar a la Armada hacer público todo el contenido de su Archivo de documentación secreta y reservada. Si se alegara que el material fue destruido, deben requerirse las Actas de Incineración correspondientes. Según fuentes de la Armada, éstas identificarían quienes destruyeron la documentación, quienes ordenaron su destrucción, y la naturaleza de lo que se destruyó.

En todo caso, deben procesarse los ex – Comandantes en Jefe ya. Como máximo responsables de la ocultación en un Archivo secreto de la bitácora de la Esmeralda, infringieron la Ley Penal que les obligaba a hacerla conocer a las autoridades judiciales.

La ocultación se inició en los años ´80, cuando el Capitán de Navío Eduardo Barison (ex - Segundo Comandante de la Esmeralda) era Director del Instituto Hidrográfico y Oceanográfico, actual SHOA, y su Sub-Director le consultó sobre  la bitácora de la Esmeralda, entonces custodiada por esa institucion. En opinión del Sub-Director, contenía descripciones que “comprometerían la Armada”.

Más tarde, en Julio 1987, el nuevo Director del SHOA, Capitán de Navío Fernando Espinosa Simonetti  (también había servido en la Esmeralda en 1973) recibió una llamada del  Comandante en Jefe Almirante Toribio Merino quién le ordenó entregar la bitácora de la Esmeralda a él personalmente en Santiago. Se trasladó el próximo día a la capital y, según él, en ausencia del Comandante en Jefe, entregó la bitácora al Jefe del EMGA, Vice -Almirante Hernán Rivera Calderón

Posteriormente sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, desde 1987 hasta 2006, alegaron reiteradamente ante las peticiones  de los familiares de Miguel Woodward no poder encontrar la bitácora. Aún más significativo, la existencia de la bitácora de la Esmeralda no fue revelada por cualquiera de los dos Comandantes en Jefe –Almirantes Jorge Arancibia y Miguel Vergara– de  la época en que se preparó y realizó la “Mesa del Dialogo”. Iniciativa ésta promovida por la Armada de Chile en que cada rama de las  fuerzas armadas  se comprometió ante las demás instituciones del Estado a hacer conocer cualquier delito cometido por ellos durante la dictadura.

En estas circunstancias tiene un valor muy relativo el hecho de que el Senador Jorge Arancibia alega en su declaración policial no haberse enterado de que se custodiaba la bitácora en el EMGA durante el periodo de  su Comandancia en Jefe de la Armada. Según  ex-oficiales de Inteligencia Naval,  en todos los cambios de mando en la Comandancia en Jefe se firman a distintos niveles “actos de entrega” de documentación entre los equipos entrantes y salientes en la presencia de un “interventor” (un oficial de mayor rango).

La responsabilidad  directa de custodiar el Archivo secreto dentro de la bóveda del EMGA hubiera sido de un suboficial mayor, entregándolo al suboficial mayor del equipo entrante. El próximo escalafón sería del Departamento del EMGA que custodiaba el Archivo y los responsables que firmarían el acto de entrega a ese nivel tendrían el rango de Capitán de Fragata o Capitán de Navío. Siguiendo la misma lógica, el último escalafón en que se practicaría un “acto de entrega” sería de los Jefes del EMGA, entrante y saliente, con el Comandante en Jefe actuando como interventor.

Por lo tanto, cada nuevo Comandante en Jefe de la democracia asumía las responsabilidades y los compromisos de su antecesor. Entre ellos, ese que sabiendo que la Armada guardaba “secretos” sobre los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, consideraba que no se trataba de un tema “transcendental o de importancia”...

Para remediar este desafío permanente por parte de la Armada hacen falta acciones contundentes por parte de las autoridades judiciales y políticas. Hasta entonces  el país seguirá desprestigiándose y las victimas de la dictadura no serán reivindicadas. 


Interferencia con, y obstaculización de,

la investigación judicial

del caso Miguel Woodward

Según declaró el 14 de mayo de 2007 el Almirante (R) José Antonio Galván Bernabeu,  ante la Ministro instructora Eliana Quezada en dos ocasiones, siendo Auditor General de la Armada, y actuando al requerimiento de sus mandos superiores, realizó actos que podrían ser constitutivos de interferencia con, y obstaculización de, la investigación judicial del caso Miguel Woodward. Las órdenes que recibió al respecto eran, en el Año 2004, del Comandante en Jefe Miguel Ángel Vergara y, en 2006, de su sucesor como Comandante en Jefe, el Almirante Rodolfo Codina.

En cuanto al primero de estos casos, los altos mandos de la Armada se habían enterado (no se sabe por que canales) a principios de 2004 que la Ministro Gabriela Corti, instructora de la causa Miguel Woodward, proponía realizar una inspección ocular a bordo de la Esmeralda poco antes de que el buque zarpara en su crucero anual en que cumpliría con el papel de “embajadora de Chile” en varios puertos extranjeros. 

En consecuencia, el Almirante Galván, siguiendo órdenes del Almirante Vergara, pidió audiencia con la  Ministro Gabriela Corti, por entonces instructora del caso Miguel Woodward, y le pidió que postergara la inspección ocular hasta que el buque hubiera regresado a puerto dentro de seis meses. Como resultado de dicha gestión la reconstitución no se realizó antes de la salida del buque y, por fin, la Ministro Corti nunca la llevó a cabo.

Fue casi tres años más tarde, en diciembre de 2007, que la autoridad judicial competente, por entonces la Ministro Eliana Quezada, subió a bordo de la Esmeralda, para realizar una inspección ocular. En esa ocasión fue acompañada por varios ex altos mandos de la Armada algunos de los cuales fueron sometidos a proceso posteriormente. Ningún argumento de “obediencia debida” a un superior tendría justificación: el Almirante Galván tenía que ser plenamente consciente de la gravedad de su actuación.

Los hechos y sus consecuencias son gravísimos en sí y adquieren aún más relevancia por haber sido perpetrados por la máxima autoridad de la Armada y por el máximo responsable jurídico de la institución. El Alm. Galván, además de haber ocupado ese último cargo es un conocido abogado y Profesor de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso,

Al enterarnos más tarde de los hechos los denunciamos, primero al Almirante Rodolfo Codina, que ya había asumido como Comandante en Jefe quien, consternado, dio instrucciones al Almirante Cristian Millar, por entonces Secretario General de la Armada para investigarlos. Después de algunos meses sin recibir noticias al respecto, denunciamos el asunto a La Nación que, tras consultarlo con la Armada, publicó el 15 de marzo de 2006 un artículo con el titular Armada niega haber evitado diligencia en la“Esmeralda”.  seguido del siguiente texto:

El contralmirante Millar manifestó “como secretario general de la Armada he acompañando estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina, o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”.

En cuanto al Almirante Codina, según el Alm. Galván le había ordenado informar de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a tres de los marinos referidos en la misma antes de que fuesen interrogados judicialmente. De esa forma, les dio la oportunidad de coludir entre ellos o preparar  una coartada – lo que efectivamente parece haber pasado, alegando uno de los tres que la Armada había falsificado la bitacora.