LAS OTRAS VERDADES SOBRE LA PENA DE MUERTE
Por Jimena Sanchez Velarde*
http://www.huyamosdelmonton.blogspot.com
¿Tiene sentido debatir sobre la aplicación de la pena de muerte? ¿Qué otros temas están siendo colocados en la agenda pública mientras los que defendemos los derechos humanos nos enfrascamos en esta discusión?
Ayer durante la ceremonia por el día de la Marina, el Vicepresidente de la República, Almirante Giampietri, señaló que los militares que combatieron al terrorismo son objeto de una persecución injusta mediante procesos judiciales “inducidos por intereses ajenos a los valores de justicia”. Declaró además que las Fuerzas Armadas “combatieron la subversión en estricta observancia de las órdenes e instrucciones”.
Hoy Alvaro Vargas Llosa en una entrevista en Correo alerta sobre el pacto que se está tejiendo entre el fujimorismo y el APRA. Esta semana la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho excluyó de la denuncia penal al siniestro “Comandante Camión”, Alvaro Artaza, responsable de la desaparición del periodista de la República Jaime Ayala. El periodista Jaime Ayala fue “desaparecido” luego de ingresar a una dependencia de la Marina en Huanta.
Keiko Fujimori, hija del prófugo y que seguramente cuenta también con nacionalidad japonesa, ha sido nombrada presidenta de la “Liga Parlamentaria de Amistad con Chile”, mientras en el país del sur está entrando en etapa final la extradición de su padre.
Rolando Souza, abogado del extraditable, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Este “señor” es el encargado de monitorear desde el Congreso la extradición de su patrocinado. Quien piense que la extradición del japonés es un proceso netamente judicial, donde no interviene la política exterior, es francamente ingenuo, por no decir otra cosa…
Mientras esto sucede, Amnistía Internacional ha convocado para el martes 10 de octubre a una manifestación contra la pena de muerte. ¿Tiene sentido manifestar contra la pena de muerte? ¿Es la pena de muerte lo que está en la agenda inmediata del gobierno o es acaso consagrar el manto de impunidad y silencio sobre los procesos pendientes en materia de derechos humanos?
De acuerdo con el artículo 2º inciso 1 de la Constitución vigente, toda persona tiene derecho a la vida. El artículo 140º señala además que la Pena de Muerte sólo puede aplicarse en casos de traición a la Patria en caso de guerra o terrorismo.
Sorprende el desconocimiento que sobre la Constitución tienen los Padres de la Patria (o quizás debería decir las “sanguijuelas” de nuestra sufrida Patria). La señora Lourdes Alcorta ha presentado un proyecto de ley para regular la aplicación de la pena de muerte para el caso de violaciones de niños menores de siete años. Habría que preguntarle a la congresista Alcorta si la violación de un niño de 9 años es menos grave que la de un niño de siete años…
El Presidente Alan García ha enviado al Congreso un proyecto similar. El Canciller Joselo García Belaúnde ha señalado que el Perú no denunciará el Pacto de San José de Costa Rica.
Yo no sé si todos estos señores han leído la Constitución, como debo suponer que sí, es evidente que algo se traen entre manos para presentar con total desparpajo un proyecto que nunca se podrá aplicar en el Perú, simple y sencillamente porque la Constitución no lo permite.
Nuestra Constitución señala en su artículo 32º que no pueden someterse a Referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona son los que están regulados en el artículo 2º, como el derecho a la vida. Si mediante referéndum que es la expresión máxima de la voluntad popular no puede suprimirse el derecho a la vida, es evidente que el Congreso no puede promulgar una ley en ese sentido. No habiendo posibilidades mediante la vía de la consulta popular, algunos congresistas han planteado que se realice una reforma constitucional. Habría que recordarles que la reforma de la Constitución, tampoco procede para disminuir los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales no están sujetos a la voluntad política de turno ni a la temperatura del clamor popular. Son derechos que corresponden a todos por el simple hecho de ser personas. Tan inalienables son los derechos fundamentales, que ni siquiera mediante la expresión máxima y directa de la voluntad popular pueden ser menoscabados. Esto porque vivimos (al menos en teoría) en un Estado democrático de derecho.
Podemos estar en contra o no de la pena de muerte, pero es un debate estéril que no merece otro sitio que un asiento en un café filosófico. Puede incluso resultar un ejercicio académico interesante su debate, pero la única posibilidad de aprobar la pena de muerte en el Perú sería violando la Constitución y eso lo saben perfectamente los congresistas y el presidente García.
¿Qué verdades están jugándose en torno a este debate sobre la pena de muerte?
Para nadie es un secreto que el “cargamontón” realizado contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como los ataques contra las Ongs de Derechos Humanos son parte de una agenda política a favor de la impunidad que no sólo compromete al APRA. Tanto el APRA como el Fujimorismo fueron señalados por la CVR como responsables políticos del asesinato, torturas y desaparición forzada de miles de peruanos. Ambos comparten un mismo frente común, pese a que algunos quieran tildar de descabelladas las denuncias de Alvaro Vargas Llosa.
Tuve el privilegio de ser voluntaria en la CVR y poder compartir junto con muchos jóvenes el dolor y la esperanza. El dolor al ver cómo se había desangrado nuestra Patria. Hasta ahora guardo en mi memoria las lágrimas de impotencia de quienes fueron víctimas de la violencia subversiva y de la violencia en manos del Estado. El dolor es algo que nunca olvidaremos, la esperanza, al menos a mi me la han arrebatado.
Esos dos años que duró la CVR los voluntarios tuvimos la esperanza de un país mejor, pensábamos que al fin se podría hacer justicia en un Perú marcado por la impunidad. Vivimos una suerte de “primavera democrática” en la que pensábamos que era imposible que el país entero le diera la espalda a una dolorosa realidad. Se nos hacía inverosímil pensar que asesinos como Telmo Hurtado, el general Noél o el comandante Camión no fueran a ser castigados por sus delitos. El general Noél murió durante el gobierno de Toledo y fue enterrado con honores militares.
La ingenuidad es algo que se va perdiendo conforme uno crece. Conforme fuimos observando cómo se fue pulverizando el informe de la CVR, para terminar como tanto temíamos, satanizado y olvidado en una oscura dependencia del Estado. Me pregunto si terminó en algún cajón del Almirante Giampietri. El mismo que piensa que se está persiguiendo a los militares que nos salvaron de la subversión.
Lo mismo se dijo en Chile, que se estaba persiguiendo a los valerosos chilenos que habían combatido al comunismo internacional. Cuánto le sigue pesando esa realidad a Chile, que más de treinta años después, aún no puede cerrar sus heridas.
Así como Giampietri sostiene que esta “persecución” está guiada por “intereses ajenos a los valores de justicia”, este olvido y punto final no tiene como fin reconciliar al país ni mucho menos proteger a los militares que pueden estar siendo objeto de una persecución injustificada. La verdad es otra y la dijo ayer el mismo Giampietri: las Fuerzas Armadas “combatieron la subversión en estricta observancia de las órdenes e instrucciones”. La obediencia debida, tantas veces reclamada por los militares en Chile y Argentina.
Me pregunto si la Matanza de Accomarca fue en observancia de las órdenes que señala el Almirante Giampietri. En 1985, durante el gobierno del hoy presidente Alan García, efectivos del ejército asesinaron a 69 comuneros. El teniente Telmo Hurtado, principal responsable de la matanza llegó a justificar el asesinato de niños, señalando que los comunistas adoctrinan a sus seguidores desde muy temprana de edad. El fuero militar hizo suyo el caso y todos los militares fueron absueltos. Para nadie es un secreto que el fuero militar depende en la realidad del Presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Desde el momento en que Alan García fue elegido presidente, fue automáticamente “amnistiado” por el pueblo. Pretender establecer responsabilidades penales de Alan García ya no tiene sentido. Desde el momento en que fue elegida la “plancha de la impunidad” sabíamos lo que se venía.
Estos años que vienen son esenciales para el futuro de los derechos humanos en el Perú, de la cohesión de sus fuerzas dependerá que no se retroceda más en esta materia. Que no se retroceda más, ojo, que no menciono la palabra avanzar.
La imagen de las Ongs de derechos humanos ha sido tan dañada que tendrán que hilar muy fino para poder revertirlo. Tendrán que hacer grandes gestos para reconciliarse con un gran sector de la población que les ha dado la espalda. Sus funcionarios tendrán que ser austeros con los sueldos y más sensibles ante los problemas del día a día que afectan a los peruanos. Mantenerse sin pronunciarse sobre aspectos claves como la seguridad ciudadana las seguirá alejando cada vez más de la gente. ¿Fue un error enfrascarse en el caso de la toma de la embajada de Japón? ¿Era necesario iniciar la lucha post CVR con ese caso?
La agenda pública ya está dada y para nadie es un secreto las coincidencias entre el fujimorismo y el partido de gobierno. De la cohesión y reingeniería del Movimiento de Derechos Humanos dependerá que no nos distraigamos en debates que no conducen a nada.
* Bachiller en derecho por la PUCP.
Presidenta de 'Dignidad Ciudadana'
