QUEREMOS UNA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS
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organización: Aviso legal y Políticas de Privacidad © 2006 Amnistía Internacional - Chile
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SI ESTAS CABREADO, HAZTE FUNERO, PARTICIPA CON LA FUNA
NI LA REPRE, NI LOS ASESINOS, NI EL GOBIERNO
Nos Callarán
A DARLE CON MUCHO COLOR PORQUE
SE VIENE CON TODO
JUEVES 31 DE MAYO 17.30 HORAS
RANCAGUA CON VICUÑA MACKENA
CON MÁS FUERZA QUE NUNCA
A LUCHAR Y A FUNAR SE HA DICHO
¡¡ SI NO HAY JUSTICIA, HAY FUNA !!
CARTA ABIERTA A GUILLERMO TELLIER, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
En diaspora-chilenaNoSPAM@yahoogroups.com, Serafín Rodríguez
<pim_pin_serafin@...> escribió:
Señor Guillermo Tellier
Partido Comunista de Chile
Presente
Mi nombre tal vez no le diga nada, sin embargo deseo recordarle que hace dos días usted, junto a otro miembro del PC, llegaron al "Buffet Express", del Mall Estación San Borja, a tomar una bebida. Ahí los atendió una dependienta del lugar, que es mi nuera, a la que, al pedirle una coca cola y responder ella que no había, usted pidió otro refresco, que ni siquiera existe (Pap Diet), debido a lo cual finalmente se sirvió otro, mientras hacía llamar a la jefa del local para reclamar por la mala atención de la persona a la que le tocó servirle (mi nuera). Junto con lo anterior, estampó una denuncia contra ella en el libro de reclamos del local.
¿Qué tiene aquello de "anormal", es decir que un cliente presente un reclamo en contra de un empleado de un local comercial? Nada, señor, si no fuera porque su actitud, la típica de un patrón de fundo, deja mucho que desear, peor aún siendo usted miembro de un
partido que se dice respeta y lucha por los derechos de los trabajadores. ¿Qué saco en limpio de esto? Que esos que nos hablan hoy de los derechos de los trabajadores, como usted, son los mismos burgueses que se codean con el poder y que hacen que en este país la riqueza continúe en manos de quienes todos sabemos.
¿Sabe usted lo que le ocurrirá a mi nuera por su reclamo? Ni más ni menos que van a descontarle parte de su sueldo, más una amonestación verbal del dueño del local, que lo único que pretende es despedirla por ser mujer y estar, además, embarazada.
¿Por qué mentir, señor Tellier, si la realidad no fue esa? ¿O tal vez usted se molestó porque mi nuera no le hizo una reverencia por pertenecer usted a la farándula política?
Pues bien, ahora me voy a identificar. Mi nombre es Inés Castillo Jara, viuda de PATRICIO SOBARZO NÚÑEZ, ASESINADO POR LA DICTADURA EL 2 DE JULIO 1984, JUNTO A OTROS COMPAÑEROS, POR DEFENDER LA VIDA DE UN MIEMBRO DEL BRAZO ARMADO DE SU PARTIDO EN ESE ENTONCES, EL FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ. Mi nuera es estudiante de la carrera de Derecho y POR NECESIDAD TRABAJA, no por hobby, al igual que mi hijo, quien también estudia Derecho. Ella, además, es hija de un retornado del exilio.
¿Hasta cuándo es posible que tengamos que aguantar los atropellos de personas como usted? Pinochet ya murió Sr. Teiller, pero parece que usted ha heredado su legado de prepotencia y desaires con los más débiles.
Le comunico, además, que esta carta va dirigida a todos los medios de comunicación y las organizaciones que usted frecuenta como dirigente de su partido.
Inés Castillo Jara
Profesora
7.429.377-8
E-mail: ersdcl@...
Tomé, 24 de mayo de 2007
A MODO DE COMENTARIO CITO A PABLO NERUDA: "En efecto, de Infierno a Infierno, ¿qué hay?..."
A MODO DE COMENTARIO PARODIO A PABLO NERUDA: "En efecto, de político a político, ¿qué hay?
Máximo Kinast
EL BUQUE ESCUELA DEL HORROR
NOTA DE MAXIMO KINAST: La Armada de Chile es conocida en el mundo entero por su enorme cobardía moral, como lo demuestra este artículo publicado en 'El País', hoy en España. En Europa, los marinos chilenos son especialmente despreciados desde su fuga nocturna de la isla de Malta, después de que los cadetes navales chilenos acuchillaran a un pobre guardia de discoteca.
Amigos/Amigas:
Adjuntamos "Tribuna Libre" publicada hoy sábado 26 de mayo en El País, de España -
(La circulación diaria de El Pais es de 450,000 ejemplares).
Sábado, 26/5/2007, 12:55 h
Opinión:
El buque escuela del horror
Prudencio García* 26/05/2007
La verdad -siniestra, y tantas veces trágica- se abre paso una vez más. Durante décadas, la Armada de Chile negó toda implicación de su buque escuela Esmeralda en los crímenes y torturas de la represión pinochetista. Pero los testimonios se siguen acumulando sobre dicho buque como escenario de atrocidades, que van saliendo a la luz por vía policial y judicial.
Ahora es la señora Patricia Gallardo Callahan, entonces esposa del que fue oficial de la Armada Ricardo Monje Mohr, la que, después de haber sido contactada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha prestado declaración ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Las terribles confidencias que le hizo su marido sobre lo que estaba ocurriendo a bordo del Esmeralda en aquellos días y semanas posteriores al golpe de septiembre de 1973 se convirtieron para ella en una pesadilla que la ha martirizado desde entonces. "Mi marido", dice, "no tendría que haberme dado información de esa naturaleza.
Yo no estaba preparada para una cosa así... No fui a la Escuela Naval, no era su igual ni su compañera de armas, sino su esposa. Hasta ahora ha sido un cargo de conciencia terrible". "Después de muchos años puedo gritar la verdad y hacerla pública. Y me he sentido cobarde por no hacerlo antes", confiesa aliviada tras su declaración.
El Esmeralda, hasta el día 10 de septiembre de 1973, pudo ser considerado como una embajada itinerante de la República de Chile, que recorría el mundo dando una honorable imagen de los hombres y las instituciones de aquel entrañable país.
Pero llegó el infausto 11 de septiembre de aquel año, y, ya al anochecer de aquella trágica fecha, fueron conducidos al buque, atracado en el puerto de Valparaíso, un nutrido grupo de hombres y mujeres, arrestados en las primeras horas del golpe militar.
Entre ellos se hallaba el abogado Luis Vega, letrado del Ministerio del Interior.
En su declaración jurada sobre los hechos vividos desde aquel momento y en los nueve días siguientes, el abogado Vega pormenorizó los atropellos y tratos inhumanos que desde aquel momento hubieron de sufrir a manos de los oficiales y alumnos guardiamarinas de la tripulación. "En cierto momento, las víctimas maltratadas superaban el centenar, entre hombres y mujeres.
El trato dado por estos marinos a las mujeres era ultrajante", precisa el declarante. Hasta el 10 de septiembre -dice- aquel navío había sido, para él y para diez millones de chilenos, la Dama Blanca, el Orgullo Nacional. "Representaba a la democracia chilena, la hombría, la caballerosidad de los oficiales y marinos chilenos".
Pero aquellos hechos ignominiosos lo convirtieron -afirma el abogado declarante- en una "cámara de torturas y azotes, cárcel flotante del horror, la muerte y el terror para chilenos y chilenas".
Otro notable caso, aún más trágico, fue el del sacerdote católico chileno-británico Miguel R. Woodward, profesor de la Universidad de Valparaíso. Detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre, fue conducido al Esmeralda, donde fue sometido a terribles torturas.
Ya en estado agónico, y por indicación de un médico de la Armada, fue enviado el 22 de septiembre al Hospital Naval de Valparaíso, donde falleció, víctima del irreparable estado físico que padecía. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado.
Por su parte, el testimonio de María Eliana Comené, estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, que contrajo una gonorrea como resultado de las repetidas violaciones sufridas en dicho buque, y después en la Academia Naval, resulta revelador respecto a los ultrajes y torturas que las mujeres allí recluidas tuvieron que sufrir.
A su vez, la declaración del propio alcalde de Valparaíso, Sergio Vuskovitz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta espeluznante en la descripción de las torturas que allí recibió.
Este uso ignominioso del buque escuela quedó reiteradamente denunciado por instituciones tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe de 24-10-74), Amnistía Internacional (Informe de 22-3-80), el Senado de los Estados Unidos (Resolución 361 de 16-6-86), así como, en el ámbito nacional, por el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990). Informes, todos ellos, que demuestran cómo el buque escuela Esmeralda fue utilizado como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso en aquellas trágicas fechas de 1973.
Durante tres décadas las autoridades navales chilenas negaron cínicamente todo reconocimiento público sobre los excesos cometidos a bordo de un navío tan representativo del Estado de Chile y de sus Fuerzas Armadas.
Y en un caso concreto tan destacado como el del padre Woodward, se negó expresamente que este sacerdote hubiera muerto como consecuencia de las torturas sufridas a bordo del buque.
No obstante, en sus respectivos testimonios individuales, dos altos oficiales, Guillermo Aldoney y Carlos Fanta, reconocieron ya en 1990, ante la Comisión Rettig, que la muerte del citado eclesiástico fue motivada por las torturas sufridas a bordo del buque escuela, aunque su muerte se produjo después en el Hospital Naval.
Sin embargo, el reconocimiento institucional iba a tardar mucho más en llegar. Ya en 2004, ante las abrumadoras evidencias acumuladas por la nueva Comisión Valech, la Armada hubo de reconocer que se cometieron actos de tortura y otras aberraciones a bordo del Esmeralda. Por último, en septiembre de 2006, la Armada hizo entrega oficial a la jueza María Eliana Quezada de la bitácora del buque escuela, donde, en contra de lo negado por tanto tiempo, aparecía registrado el ingreso del padre Woodward y de otras víctimas de aquella criminal represión.
Nuevamente la verdad se abre paso, aunque con desesperante lentitud. Ahora es la esposa de un antiguo represor la que aporta nuevas precisiones al esclarecimiento de unos horrores perpetrados, según proclamaban sus autores -nunca lo olvidemos-, en defensa de la civilización cristiana y occidental.
*Prudencio García es investigador y consultor del ‘Instituto Ciencia y Sociedad’.
La noticia en otros webs
SOBRE EL NUEVO SUICIDA DE LA DINA
NOTA DE MAXIMO KINAST. Es de público y universal conocimiento que en la mafia impera la Ley de la Omerta, o sea del silencio. El que la rompe o amenaza romper es eliminado, a menudo en un suicidio simulado.
El enorme parecido de la mafia con las Fuerzas Armadas de Chile me obliga a pensar en esta coincidencia. ¿por que esa lealtad al genocida Pinochet? ¿por qué guardar el secreto de los crímenes? ¿por qué no se rinde igual homenaje a verdaderos héroes honestos y constitucionalistas, como Prats o Schneider? La respuesta está en otras preguntas: ¿Quienes se han enriquecido con Pinochet? ¿Sigue habiendo negociados y negocios sucios en las filas de nuestras Fuerzas Armadas? Y yendo más lejos, ¿Están nuestros uniformados involucrados en el tráfico de drogas, además del tráfico de armas?
La nota de prensa que he recibido es muy escueta -pero es suficiente para pensar. y dice así:
NOTA DE PRENSA
Se suicida ex Dina procesado por caso Calle Conferencia
El empleado civil del ejército y miembro de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Carlos Marcos Muñoz, uno de los procesados en el caso Calle Conferencia, se quitó la vida en la madrugada de hoy en su celda del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplía la prisión preventiva ordenada por el juez Víctor Montiglio. El individuo se ahorcó tras haber sido sometido a nuevas diligencias.
De acuerdo a fuentes castrenses, Marco dejó en su habitación cuatro cartas explicando los motivos que lo llevaron a adoptar la drástica determinación de autoeliminarse.
Este hecho se suma a la muerte del coronel (R) de Ejército Germán Barriga, quien se lanzó del piso 18 un edificio el 2005.
Sobre ambos pesaba una encargatoria de reo por su presunta responsabilidad en el secuestro y la desaparición de seis dirigentes comunistas, en mayo de 1976, caso conocido como Calle Conferencia.
Las víctimas son el ingeniero Jorge Muñoz -esposo de Gladys Marín- Mario Zamorano, Uldaricio Donaire, Elisa Escobar y Jaime Donatto. También fueron detenidos con anterioridad el secretario general del PC, Víctor Díaz López, y el ex diputado Bernardo Araya y su esposa, Olga Flores.
FIN DE LA NOTA
Otra Nota de Prensa:
Diario La Segunda.
Ex miembro de la DINA se suicida en recinto militar
Jueves 24 de Mayo de 2007
Fuente :La Segunda Internet
Juan Marcos Muñoz estaba procesado en el caso de la desaparición de la directiva del PC. Es el tercer caso de suicidio de inculpados por derechos humanos
Ahorcado fue encontrado hoy uno de los procesados por el caso “Conferencia’’ en el Regimiento de Policía Militar del Ejército en Peñalolén, lugar donde permanecía privado de libertad por orden del ministro en visita Víctor Montiglio.
Según informaciones extraoficiales, el fallecido es Juan Marcos Muñoz, de 72 años, un ex empleado civil que cumplió labores de cocinero en la DINA. El estaba imputado como presunto autor del delito de homicidio calificado y cumplía reclusión desde hace dos meses.
El fiscal militar de turno y detectives de la Brigada de Homicidios de Investigaciones se constituyeron en el lugar para indagar el deceso, y se presume un suicidio.
Marcos Muñoz dejó una serie de cartas a sus familiares y al juez a cargo de la investigación.
En enero de 2005, Germán Barriga, otro de los procesados en el caso Conferencia, se quitó la vida lanzándose desde la azotea de un edificio en la comuna de Las Condes.
Además, en octubre de 2006 también se auto eliminó el teniente coronel (r) del Ejército Gonzalo Asenjo Zegers, quien había sido encausado por el juez Haroldo Brito, en calidad de encubridor del secuestro de militantes de izquierda.
El caso Calle Conferencia da cuenta de la desaparición, en mayo de 1976, de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), operativo en que se perdió el rastro de una decena de dirigentes de la tienda, entre ellos Jorge Muñoz, esposo de la ya fallecida Gladys Marín
MENSAJE DE SILVIO RODRÍGUEZ AL PUEBLO DE TALCA
Queridos hermanos: el Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño "Por la Unidad y la Soberanía de Nuestra América" pone a su consideración la siguiente información:
Queridos hermanas y hermanos:
Por favor divulguen este mensaje dirigido al pueblo de Talca, Chile por los medios que dispongan.
Muchas gracias.
Silvio Rodríguez
AL PUEBLO DE TALCA, EN CHILE:
El alegato de defensa del Dr. Eduardo Contreras ha dejado claro que no he cometido infracción alguna y que en ningún momento pretendí ofender al pueblo de Talca. Sin embargo cierta prensa se ha apresurado a simular que me autocastigo. Pretenden falsear mi deseo manifiesto de cantarle a los pueblos, como si la petición que le hiciera a la presidencia de Chile, antes de la suspensión del concierto y basada en una práctica constante, pudiera maquillarse para hacerla parecer un arrepentimiento. Tratan de hacer creer que mi insistencia en cantar gratuitamente, expresada en el juicio por mi representante, es una rectificación por haber suspendido el concierto.
¿De qué me voy a arrepentir? ¿De haberme negado a realizar un concierto de entradas prohibitivas, enterado de que sería en una de las zonas más pobres de Chile, en un teatro para mil personas? ¿Arrepentirme de ser un trabajador de la cultura y no un bien de consumo?
Aclaro que en mi caso no hay remedio. No tengo ni pretendo el balbuceo de los que de súbito quisieran ser otros. Es más: estoy de acuerdo con mi significado, por adverso que pueda resultar. Siento que canto con Víctor Jara, que amo a Violeta Parra, que admiro a Manuel Rodríguez, el guerrillero asesinado en Tiltil. Ellos encabezan mi familia chilena y simbolizan mi arco de las alianzas. Comprendo que por no traicionar a Cuba ni a Chile algunos de allá o de acuyá me quieran mal y hagan cositas que esperan me lastimen. Pero fuerzas
colosales no han podido despojarme de Cuba y nadie me arrancará de Chile.
Volveré a Talca cuando pueda disponer de los recursos logísticos para hacer el concierto que merecen los que deseaban escucharme y no podían pagar las onerosas entradas. Cantaré para aquellos que luego de adquirir los boletos se vieron sin concierto... y prefirieron no acusarme. Nada de esto lo haré por penitencia, sino porque mis canciones salieron de un pueblo como ustedes y ver a su familia las completa.
Gracias y hasta entonces.
Silvio Rodríguez Domínguez,
La Habana,15 de mayo, 2007.
¿POR QUE NO SE APROBÓ EL DERECHO A VOTO DE LOS CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?
El Gobierno y los partidos políticos que lo apoyan han demostrado una ineptitud sin paralelo en su manejo con la oposición. Cuando se trata de un proyecto de Ley Orgánica Constitucional tan trascendente como el relativo al voto en el extranjero, no se improvisa; no se tira al hemiciclo de la Cámara de Diputados el proyecto de la noche a la mañana, sin estar seguro de que va a ser aprobado, a menos que se quiera utilizar políticamente su rechazo, como en los hechos ha sido el caso.
En efecto, se lanzó el proyecto a la Cámara de Diputados sin tener acuerdo previo con la oposición para obtener los cuatro votos que se necesitaban para aprobar la idea de legislar. Bajo estas circunstancias, la Cámara postergó la discusión para dar lugar a algunas negociaciones que no prosperaron. Era demasiado tarde.
Simplemente es imposible negociar un proyecto como éste de la noche a la mañana, tratando de improvisar acuerdos con una oposición que se sabe que es retorcida. En otros términos, ni el gobierno ni los diputados concertacionistas, especialmente los diputados
patrocinantes, hicieron su tarea de comprometer anticipadamente los cuatro votos que necesitaban.
Peor aún, sabiendo que no contaban con dichos votos, sabiendo que la idea de legislar no iba a prosperar, no retiraron el proyecto y lo
terminaron enviándolo al purgatorio por un año, haciendo imposible su presentación antes de que se cumpla dicho plazo.
¿Es que el gobierno y los diputados que lo apoyan son imbéciles?
Aunque hay quienes se inclinan por una respuesta afirmativa, en este caso el hecho es que sabían perfectamente lo que estaban haciendo y las consecuencias que ello tendría para las aspiraciones de los chilenos en el extranjero.
Sin embargo, de manera aún más importante, también sabían que podrían usar la coyuntura para criticar fuertemente a la oposición, lo que por lo visto les resultó más importante que mantener la posibilidad de volver a presentar el proyecto en los próximos meses, una vez que hubiera sido adecuadamente consensuado con la oposición.
Así, hoy rasgan vestiduras culpando a la oposición --lo que era previsible-- y una buena parte de los chilenos en el extranjero les
hace coro, sin siquiera darse cuenta que se hizo un uso meramente político de sus legítimas aspiraciones, sin importar en nada el fondo de ellas, excepto en las palabras, en el discurso cínico, inmoral e hipócrita de quienes calculadamente sacrificaron por un año tales
aspiraciones para poder criticar a la oposición.
Algo similar ya había ocurrido antes pues ésta es la tercera vez que el texto del proyecto es debatido con los mismos resultados.
Por lo visto, el resultado paga dividendos, especialmente en circunstancias en que el gobierno recibe fuertes críticas a su gestión no sólo de la oposición sino que de manera mucho más importante, de la ciudadanía, la cual se expresa a través de las encuestas.
Así, ayer, a las 14:34 horas, escuchábamos a la Presidenta afirmar categóricamente que no abandonará su promesa del derecho a voto en el extranjero, aunque la señora sabe perfectamente que no tiene los votos necesarios y que después de antagonizar a la oposición de la manera en que se la ha antagonizando, se hace incluso más difícil obtener los cuatro votos necesarios.
Sin embargo, no es eso lo que importa.
No es el voto en el extranjero lo que importa.
Lo que importa es montar un tinglado que permita fustigar a la oposición, especialmente con vistas a las próximas elecciones, si es
del todo posible.
Como chileno en el extranjero, espero poco o nada de la oposición, pero lo del gobierno y los partidos que lo apoyan resulta absolutamente inexcusable. Bajo estas circunstancias, expreso mi repudio y repugnancia al uso que han hecho y están haciendo de las legítimas aspiraciones que comparto con la gran mayoría de mis compatriotas fuera del país.
Germán F. Westphal
Baltimore, EE.UU.
COMENTARIO DE MÁXIMO KINAST: El Dr. Westphal tiene razón. Nunca le ha interesado a la Concertación que los chilenos residentes en el extranjero tengamos derecho a voto. Saben que una mayoría esta contra el sistema bipartidista, contra la expropiación, robo, saqueo o privatización (que es lo mismo) de los bienes de propiedad nacional. En fin, que no les conviene que seamos ciudadanos como los demás. Pero si pueden usar y usan nuestras legítimas aspiraciones para tocarle eso mismo a la oposición. Esta es una de las rzones por las que siento un profundo desprecio por nuestra clase política.
LA ARMADA SE HUNDE EN LA MENTIRA
La Armada sigue empeñada en obstruir la justicia y en negar toda responsabilidad institucional por su pasado criminal durante la dictadura. El almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe, es una persona más abierta que sus antecesores en el cargo pero mismo si quisiera admitir la culpabilidad de la Armada, el ambiente dentro de esa institución no lo permitiría.
El almirante Codina insiste en que no puede investigar los crímenes bajo la dictadura porque no tiene autoridad sobre los marinos jubilados. Alega (en las páginas web de la institución) que en la Armada él es el único que estaba en servicio activo en 1973. La realidad es otra: en el cuerpo de almirantes, el comandante en jefe está rodeado de vice-almirantes que iniciaron sus carreras en esa época o antes.
Siguiendo esas pautas, el almirante Codina opina (La Nación, 28 de mayo de 2006) que no fueron muchos los crímenes cometidos por la Armada. Añade que en todo caso, las responsabilidades eran individuales -o sea, de los autores materiales y de los mandos directos que estaban a cargo de algunas unidades específicas-. No eran, enfatiza, de los mandos superiores.
Los marinos siguen recalcitrantes y para que no vuelvan a asesinar algún día, es imprescindible que sean obligados por la ley a asumir sus responsabilidades. Entre otras medidas, el Código de Justicia Militar debe ser reformado profundamente.
LOS CRIMENES INSTITUCIONALES
Donde más reprimió la Armada fue en la V Región. Los datos “oficiales” de víctimas en esa Región reconocidos por el Estado provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Dan como detenidas desaparecidas a 36 personas.
Sin embargo, se ha comprobado que la cifra real de detenidos desaparecidos es más elevada. Así se desprende no sólo del hallazgo de cuerpos de personas asesinadas y no “contabilizadas” oficialmente, sino también de las conclusiones de otros informes, declaraciones de testigos y de la propia documentación de la Armada.
Los altos mandos de la Armada, aunque reconocen en privado que existía documentación comprometedora, alegan que todo fue destruido “en la época del almirante Merino”. Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad: existen pruebas fehacientes de sus crímenes en sus propios registros, mantenidos meticulosamente por los guardias de instalaciones navales y funcionarios sujetos a disciplina militar.
Abundan pruebas que indican que los mandos superiores estaban involucrados en los crímenes, en muchos casos planificándolos y asegurando la colaboración entre diferentes unidades que incluían la Academia de Guerra, el cuartel Silva Palma, la base aeronaval de El Belloto, isla Riesco, Melinka y los buques Esmeralda, Lebu, y Maipo. Había un flujo constante, desde una instalación a otra, de detenidos y de información resultante de torturas e interrogatorios.
Los interrogadores eran gente experta, procedentes de Inteligencia Naval, Infantería de Marina y de las fuerzas de seguridad. Sus métodos llegaron a extremos de bestialidad: en un caso bien documentado (Simulacro de Muerte, Califa 2005) los marinos de la Academia de Guerra obligaron a miembros de una misma familia a practicar actos de perversión sexual entre ellos.
La Armada, además, creó un tejido de complicidades con otras instituciones. En el caso de la Iglesia Católica, el vicario general de la Diócesis, monseñor Jorge Bosagna, mantuvo estrecha relación con la Armada. Ocupó una “oficina” en el Lebu, buque de torturas amarrado a un molo en que se alineaban hileras de cuerpos de muertos y detenidos. Monseñor Bosagna facilitó información confidencial a los interrogadores, proveniente de los archivos de la Diócesis y estaba presente, él mismo, en al menos el interrogatorio de un sacerdote detenido (Chile. La memoria Prohibida, 1990). Tal grado de colaboración sólo sería posible por medio de acuerdos a alto nivel entre ambas instituciones.
Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados por la Armada pasaron, por lo menos, por tres canales distintos. En cada caso, la responsabilidad institucional de la Armada es clara. Eran sistemáticos los atropellos a los derechos humanos y los altos mandos necesariamente estaban involucrados.
EJECUTADOS DEL HOSPITAL NAVAL
Las personas que murieron en el Hospital Naval de Valparaíso tras ser detenidas, estaban registradas en el libro de guardia del hospital y por lo tanto, la Armada tuvo que recurrir a un proceso de falsificación de certificados de defunción y de inscripciones en el Registro Civil. Luego, procedió a la inhumación ilegal de los cuerpos.
En los últimos meses se ha analizado el Registro Civil y se ha consultado con el Instituto Medico Legal de Valparaíso buscando referencias de personas cuya causa de muerte fuese “herida de bala”, o alguna otra causa que pudiera indicar una muerte violenta durante el período de tres meses entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de enero de 1974.
Se encontraron 20 casos de esas características -18 identificados con nombres y apellidos y 2 (procedentes de Los Andes) que eran “desconocidos”-. El registro indica que los cuerpos fueron enviados al Instituto Medico Legal para ser autopsiados y en la mayoría de los casos se especifica que un juzgado civil autorizó su entierro, siendo obligatorios ambos trámites.
En el caso de 10 de esos cuerpos, sin embargo, el actual director regional del Instituto Medico Legal, Dr. Gabriel Zamora Salinas, declaró que, revisados los registros tanatológicos, no habían sido sometidos a autopsia en el Instituto. Por lo tanto, las inscripciones en el Registro Civil con sus referencias al IML y a los juzgados civiles, eran ilegales. De esos 10 certificados falsos, 3 fueron firmados por el Dr. Mario Ibarra y 7 por el Dr. Carlos Costa Canessa. Este último, que no tenía vinculo alguno con el IML, era un pediatra y oficial de reserva de la Armada que ejercía en el Hospital Naval.
Este proceso de falsificación supone que intervinieron miembros de Inteligencia Naval que, se ha comprobado, ocuparon cargos en el Registro Civil. Según el actual director regional, Omar Márquez, las autoridades militares mantuvieron su presencia en esa institución hasta el año 1990, primero con personal de la Armada y más tarde con agentes de la Dina y CNI.
En el caso de uno de esos cuerpos, el del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, se puede seguir los trazos de las acciones ilegales de la Armada desde su ingreso en el Hospital Naval hasta su inhumación. El padre Woodward, tras ser torturado, fue atendido por un médico naval, Kenneth Gleiser Joo y, por orden del jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, capitán Guillermo Aldoney Hanssen, trasladado desde el buque escuela Esmeralda el 22 de septiembre al Hospital Naval, donde llegó muerto.
Consta en el expediente judicial 140.454 que en el Hospital Naval el Dr. Costa Canessa firmó el certificado de muerte de Miguel Woodward. Sin embargo, ese formulario había sido llenado anteriormente por un funcionario del hospital, sin que el Dr. Costa tuviera pruebas de la identidad del muerto. En el certificado, que indicaba que el cuerpo había sido encontrado en la vía pública, el Dr. Costa indicó que Woodward había muerto de un “TEC agudo cerrado con paro cardio-respiratorio” y que su cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal.
El Dr. Costa, en una declaración policial, reconoció que sabía que el procedimiento era ilegal y consultó al respecto a un fiscal naval de la I Zona. Este le dijo textualmente: “Mire usted, de los muertos no se va a enterar, cumpla sólo con lo que se ha ordenado”. Este fiscal fue identificado más tarde como Enrique Vicente Molina, hoy fiscal procurador del Consejo de Defensa del Estado en la V Región.
El ex-vicario general monseñor Jorge Bosagna, dijo haberse enterado de la muerte de Miguel Woodward por un capellán y haber pedido que el cuerpo fuese entregado a las autoridades eclesiásticas. La Armada se negó. El 25 de septiembre, según el ex administrador del cementerio de Playa Ancha, llegaron en un vehículo naval dos funcionarios del Hospital Naval con un cuerpo envuelto en una sábana. Dijeron que se trataba de un “religioso inglés” y entregaron un certificado de muerte a nombre de Woodward. Su cuerpo fue enterrado en presencia del administrador y de los dos marinos en una sepultura dentro de lo que es hoy el “cuartel en tierra” número 13. El lugar no fue inscrito en el registro del cementerio, sino las palabras “fosa común”. Era un calificativo reservado a los muertos que no tenían nadie que cuidara de sus cuerpos.
ENTIERROS CLANDESTINOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
En el caso de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados, ocultar sus cuerpos resultó más fácil para la Armada. Mantenía un férreo control sobre la zona e indudablemente algunos cuerpos fueron enterrados en lugares eriazos o lanzados al mar: los dueños de las lanchas y pequeños barcos en la bahía fueron advertidos que no debían rescatar ningún cuerpo que encontraran flotando en el mar.
El entonces capitán (hoy senador y ex-comandante en jefe) Jorge Arancibia Reyes, admitió en una declaración judicial que el 17 de septiembre de 1973 vio en el molo de abrigo de Valparaíso una hilera de civiles muertos (se calcula que fueron unos 20), sin denunciar el hecho. Esos muertos no constan en ningún registro oficial.
Lo más expedito hubiera sido enterrarlos clandestinamente en el cementerio de Playa Ancha, ocupado por la Armada el mismo día del golpe. Tres testigos han dejado constancia en los últimos años que vieron a marinos descargando cuerpos desde vehículos navales y enterrándolos en ese cementerio.
Un antiguo sepulturero dio testimonio judicial en enero de 2007: en dos ocasiones fue obligado a acompañar a marinos que descargaron cuerpos de sus vehículos en el cuartel 14 del cementerio. Con marinos apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores enterraron seis personas en dos sepulturas, tres en cada una. Habían muerto por impactos de balas y uno todavía sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación de esos cuerpos. Ocurre, sin embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia del sitio señalado por el testigo (todavía en el cuartel 14), durante unas excavaciones aparecieron las osamentas de unos 15 cuerpos sin identificar. Se apreciaba en dos de ellos impacto de bala craneal y se encontró una vainilla.
La policía determinó que era de un calibre utilizado por las fuerzas armadas. Sin embargo, cuando los peritajes forénsicos fueron realizados un año más tarde, ni la vainilla ni el Informe Balístico fueron enviados al Servicio Medico Legal.
LA ARMADA Y LA DINA
El ministro en visita que instruye el caso calle Conferencia sometió a proceso en enero y febrero de 2007 a numerosos agentes de la Dina por el secuestro y muerte del ex-secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz. Entre ellos, a cuatro agentes mujeres de la Armada que operaban con la Dina en la Brigada Lautaro: Celinda Aspeé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. También inculpó a cuatro suboficiales (r), entre ellos Marina Bernardo Daza y Sergio Escalona quienes dieron muerte a Víctor Díaz asfixiándolo con una bolsa de plástico. Las indagaciones del magistrado develaron la numerosa participación de agentes de la Marina en la Dina después de 1975, cuando esa institución sostiene que retiró a sus oficiales, suboficiales y cuadros permanentes de esa asociación ilícita criminal.
Otro vinculo de la Armada y la Dina afloró en el proceso A-637 de Valparaíso. Se inició ante la justicia militar a comienzos de 1975 y fue sobreseído temporalmente (en parte) el 29 de marzo de 1976. La sentencia contiene referencias a denuncias emanadas de los servicios de seguridad de la Armada y a informes de los servicios de informaciones de Valparaíso. Entre las 109 personas cuyos nombres constan en el proceso como “inculpados en rebeldía” hay tres que meses más tarde alegadamente fueron encontrados muertos en Argentina, formando parte de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Eran Mario Calderón Tapia, periodista, Carlos Gajardo Wolff, arquitecto, Alfredo de García Vega, profesor de la Universidad de Valparaíso.
El proceso sirvió a la Armada, además, para camuflar otros casos de detenidos desaparecidos ya asesinados o destinados a ser asesinados. En cuanto a los primeros, incluían al padre Miguel Woodward. La Dina también aprovechó el proceso de la Armada para encubrir algunos de sus asesinatos. Entre los “inculpados en rebeldía” se encuentra el padre Antonio Llidó, asesinado por la Dina en 1974.
La Nación del 12 de septiembre de 2004 asevera que, entre 1974 y 1975, marinos lanzaron en alta mar, frente a San Antonio, 50 a 100 detenidos desaparecidos desde el remolcador Kiwi, según un expediente judicial instruido en Santiago por el ministro Alejandro Solís. Eran prisioneros que habían sido sacados por la Dina en camiones frigoríficos del campo de Tejas Verdes, en San Antonio, y de los centros de tortura de Londres 38, Villa Gimaldi y José Domingo Cañas, en Santiago. Sus cuerpos fueron entregados a la Armada y lanzados al mar en una operación coordinada desde la gobernación marítima de San Antonio.
ENCUBRIMIENTO EN DEMOCRACIA
No se puede culpar a los miembros de la Comisión Rettig por no identificar públicamente a los responsables de los crímenes: no tenían autorización para ello. Sin embargo, tenían la obligación de denunciar a la justicia a los responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además, que un miembro de la Comisión, Gonzalo Vial Correa, actuara de forma desleal en connivencia con el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Martínez Busch.
En el Archivo Rettig se ha encontrado un informe preparado por el abogado Pedro Aylwin Chiorrini, responsable del equipo investigador de la comisión en la V Región, que fue sometido a extensas manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig. Las anotaciones en el informe original, escritas a mano, fueron de la autoría de Vial Correa (ver PF 637).
Con los años se ha ido extendiendo la evidencia del grave daño causado por estos encubrimientos. Se supo en 2006, por medio de Luis Bork, ex presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en Valparaíso, que en 1986 ese organismo elaboró un balance de detenidos desaparecidos. Fueron identificadas 89 personas. Una copia del informe fue entregada a la Comisión Rettig en 1990. Las restantes copias fueron robadas desde la oficina de la CCHDH en Valparaíso. También fueron robados los archivos que incluían expedientes de casos que habían pasado por la Fiscalía y los Juzgados Navales. Entonces se sospechó que los responsables estaban vinculadas a la propia CCHDH. Hoy, conociendo la presencia en la comisión Rettig del Comisionado que traicionó su juramento, hay que formularse otra hipótesis.
Las manipulaciones del informe de la Comisión Rettig y de su archivo crearon condiciones propicias para que la Armada pudiera seguir encubriendo sus crímenes. Algunos marinos han sido inculpados pero la Armada sigue sin privarles de sus privilegios, prebendas y honores. En cuanto a los demás imputados por la justicia o involucrados en casos bajo investigación, los altos mandos de la Armada insisten en que no pueden realizar investigaciones internas.
La Armada insiste, además, en que ya ha facilitado toda información de relevancia a las investigaciones judiciales. Sin embargo, la entrega, el año 2006, de la bitácora de la Esmeralda, tras años de negar su existencia, representó un hito decisivo. Dejó claro que las bitácoras, tanto de los buques como de las instalaciones navales en tierra, a cargo de guardias sujetos a disciplina militar, dan fe de todas las personas que entraron y salieron de los sitios donde la Armada interrogaba y torturaba detenidos.
Incluyen, por lo tanto, nombres de interrogadores “profesionales” (normalmente del Servicio de Inteligencia Naval, algunos formados en la Escuela de las Américas) y otros torturadores (entre ellos muchos infantes de Marina) miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas, y civiles (probablemente de Patria y Libertad u organizaciones afines). Habiendo determinado por este medio quiénes estaban presentes en los recintos de tortura, resultaría fácil, si la Armada quisiera, indagar detalles de cada uno por medio de su “hoja de vida” y por los registros de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena. En este caso habría que averiguar el pago de los sobresueldos que caracterizaba la pertenencia a los servicios de inteligencia.
El encubrimiento ha continuado, obstruyendo a la justicia hasta nuestros días. En 2004 la ministra Gabriela Corti, que instruía entonces el caso de Miguel Woodward, citó a varios miembros de la dotación de la Esmeralda, cuyos nombres le habían sido facilitados por el secretario general de la Armada, almirante Cristián Millar. Antes que fuesen interrogados, las autoridades navales convocaron a aquellas personas, ya jubiladas, para acordar lo que debían testificar. Uno de ellos ha reconocido estas circunstancias judicialmente y ciertas frases han quedado registradas, de forma repetitiva en varias actas, referentes a que los detenidos en la Esmeralda estaban “en tránsito” a otras instalaciones navales, y que “el trato era estricto” pero sin apremios.
Igualmente se ha sabido que el año 2004 la ministra en visita Gabriela Corti recibió a un almirante en servicio quien la convenció que, por cuestiones de imagen, no debía llevarse a cabo una reconstitución de escena en la Esmeralda, hasta que el buque regresara de su crucero anual. En definitiva, nunca se realizó. Este hecho fue denunciado, en enero 2006, por un familiar del padre Woodward al almirante Rodolfo Codina, actual comandante en jefe.
DESOBEDIENCIA LEGITIMA
Los hechos descritos han sido denunciados, en parte o en su totalidad, en altos niveles del gobierno, incluyendo el Ministerio del Interior. En este caso se informó por carta en una primera instancia al ex subsecretario, Jorge Correa Sutil, que fue secretario general de la Comisión Rettig (y es hoy miembro del Tribunal Constitucional).
Correa no contestó y las demás autoridades políticas se limitaron a decir que en democracia sólo la justicia debe actuar. Las denuncias a las autoridades judiciales para que se investiguen las osamentas encontradas en el cuartel 14 del cementerio de Playa Ancha no han dado resultados, ni la petición para que se busquen otros restos en ese lugar.
En este proceso de encubrimiento la falta de reacción inicial probablemente reflejaba un temor a “desestabilizar” la flamante democracia en Chile. Pero fue prolongándose en el tiempo por cambiantes motivos. Finalmente, nadie se atrevió con los culpables o sus encubridores. Lo que algunos admitían en privado no lo repetían públicamente ni ante la justicia.
Hoy son muchos los que sacrificando su propio honor siguen ocultando lo que pasó. Con su silencio condenan a muchas víctimas y a sus familiares a seguir sufriendo la injusticia. Por no desafiar la impunidad arriesgan que, en algún momento, si se repitieran las circunstancias, las Fuerzas Armadas volverían a asesinar.
Los códigos militares modernos establecen una doble prohibición: las órdenes criminales no pueden ser dadas por ningún superior ni pueden ser cumplidas por ningún subordinado. Ello exigirá introducir modificaciones a los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar chileno cuya esencia es que “el derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.
Siguiendo las recomendaciones del especialista y sociólogo militar Prudencio García (consultor de la ONU), debería suprimirse la vieja eximente de "obediencia debida", imponiendo el deber de desobediencia legítima a las órdenes criminales, y castigando al subordinado que comete crímenes obedeciendo aquellas órdenes criminales que esté militarmente obligado a desobedecer. También debería imponerse a los mandos la obligación de impedir, denunciar, investigar y sancionar las acciones que sean imputables a sus subordinados, so pena de incurrir ellos mismos en responsabilidad criminal.
Es revelador del actual panorama político chileno que las únicas modificaciones al CJM que están en estudio se refieran a cuestiones de competencia (limitándola a la esfera militar) y de autonomía (de los jueces militares). De normativas para obligar a los militares a asumir sus responsabilidades, no se habla.
Si el gobierno chileno no pone su casa en orden, deberían asumir esa responsabilidad los países que suministran armamentos a Chile. En la mayoría de ellos -Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, España- los códigos de justicia militar imponen a los militares claras obligaciones éticas. Si la venta de sus armas fuese limitada a los países que comparten los ideales democráticos, contribuirían a asegurar que la historia no se repita
FRED BENNETTS (*)
(*) Licenciado en historia por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultor para la ONU y los gobiernos del Reino Unido, España y Portugal. Su esposa, Patricia, hermana del padre Miguel Woodward asesinado en la Esmeralda, colabora con Amnistía Internacional.