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Política

LA ILEGITIMIDAD DE PINOCHET Y LA DOCTRINA OSCAR IZURIETA

LA ILEGITIMIDAD DE PINOCHET Y LA DOCTRINA OSCAR IZURIETA por Germán F. Westphal, Editor de PCS (13/XII/06)

 


El General Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Oscar Izurieta, en su discurso de homenaje a Augusto Pinochet Ugarte de ayer 12 de diciembre, ha tenido la desvergüenza de justificar el golpe de Estado encabezado por éste y el tal llamado “Gobierno de las FF.AA. y de Orden” administrado con poderes prácticamente absolutos por el Dictador.

 

En la medida que Izurieta ha hecho tal justificación, está tácitamente diciendo que bajo similares circunstancias, él o cualquier otro General de la República estaría plenamente justificado en repetir la "gesta" de Pinochet.

 

Esto es absolutamente inaceptable en la medida que refleja una postura de insubordinación ante el poder civil por su naturaleza altamente deliberante y sediciosa.

 

En efecto, la Presidenta de la República autorizó a Izurieta a rendirle honores a Pinochet única y exclusivamente en su calidad de ex Comandante en Jefe del Ejército y, por tanto, Izurieta debió haber restringido su homenaje a tal calidad. En la medida que su discurso elaboró y tuvo la osadía de justificar al Pinochet político y golpista, Izurieta infringió la autorización que recibió, incurriendo en abierta insubordinación frente al poder civil al que debe obediencia y respeto. Esto debería ser suficiente para removerlo de su cargo.

 

Sin embargo, Izurieta fue más allá con su justificación del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, haciendo pública su postura altamente sediciosa en la medida que tal justificación busca validar la ilegalidad e ilegitimidad del golpe mismo y del tal llamado “Gobierno de las FF.AA. y de Orden” que Pinochet le impuso al país por 17 años por la fuerza de las armas. En efecto, los Artículos 3, 4 y 22 de la Constitución Política de la República de Chile vigente al 11 de septiembre de 1973, establecían claramente:

 

"Art. 3.- Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infracción de este artículo es sedición."

"Art. 4.- Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuírse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo."

"Art. 22.- La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.

 

En la medida que Augusto Pinochet violó reiteradamente los artículos citados a pesar de que para otros efectos invocaba la Constitución que los incluía, la única conclusión posible es que los poderes que se atribuyó no tenían ninguna legalidad ni legitimidad. (*)

 

Por tanto, se sigue necesariamente que el discurso de Izurieta ha justificado la ilegalidad e ilegitimidad del golpe de Estado de 1973 y la dictadura pinochetista.

 

En la medida que los discursos de los Comandantes en Jefe establecen la doctrina con que manejan las instituciones militares bajo sus órdenes, tenemos lo que ciertamente podemos llamar "la doctrina Oscar Izurieta": los golpes de Estado en violación al ordenamiento constitucional vigente están justificados en cualquier situación de conflicto que el Comandante en Jefe considere insuperable, tal como hizo Pinochet en 1973.

 

La aberración de esta doctrina tácitamente incluida en el discurso de Izurieta ante el féretro de Pinochet, obliga a la Presidenta de la República a removerlo de su cargo pues refleja una ideología incompatible con el ordenamiento democrático del país, por precario y parcial que tal ordenamiento sea.

 

Si la Presidenta de la República falta a su obligación de defender la democracia como cuestión de principio, estará pavimentando el camino para el próximo "putch" militar, "tanquetazo", "boinazo", "ejercicio de enlace" o total desmantelamiento de las instituciones republicanas, tal como ocurrió el 11 de septiembre de 1973 --un desmantelamiento plenamente justificado según el sedicioso General de la República, Oscar Izurieta.

 

 

 

(*) Ciertamente se podría argumentar que a pesar de todo lo señalado, Augusto Pinochet fue legitimizado como “Presidente de la República” en virtud del pebiscito que aprobó la Constitución de 1980. Sin embargo, incluso si aceptamos este razonamiento como válido, el mismo razonamiento implica reconocer la ilegalidad e ilegitimidad de su gobierno por lo menos desde 1973 a 1980. Además, incluso el plebiscito que convocó es cuestionable en virtud de los mismos artículos citados, un debate en el cual no es necesario entrar pues el hecho es que tal plebiscito fue realizado sin registros electorales ni control democrático alguno y la ciudadanía se vio obligada a participar bajo la presión sicológica de los fusiles del Dictador, lo que invalida sus resultados desde todo punto de vista democrático

 

ABOGADOS DE DD.HH. PIDEN LA RENUNCIA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

por Jacmel Cuevas P.

Profesionales del área consideraron de ''suma gravedad'' los antecedentes dados a conocer por El Mostrador.cl respecto a la eventual intervención de Arturo Herrera para exculpar a un general activo del Ejército. Querellantes demandaron que se cite a declarar a todos los involucrados y, de comprobarse la denuncia, exigieron la salida del jefe de la policía civil.

Una serie de reacciones generaron entre las personas ligadas a organizaciones pro derechos humanos los antecedentes revelados por El Mostrador.cl, respecto a una arista judicial que involucra directamente al actual director nacional de Investigaciones, Arturo Herrera.

Dicha investigación, sustanciada por la ministra Rosa María Pinto, se refiere a las posibles presiones que podría haber ejercido este funcionario, a través de su jefe de gabinete, sobre integrantes de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales (BAES) para modificar un informe policial que involucraba a un general de Ejército en servicio activo, Miguel Trincado.

Al referirse al tema, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, sostuvo "me parece una situación gravísima, pero para nosotros no constituye una sorpresa porque de alguna forma habíamos tenido antecedentes que se habían ejercido presiones para influir en el trabajo de la BAES".

La dirigenta precisó que, hasta ahora, no estaban interiorizados de los reales motivos que existían detrás de estas informaciones.

Asimismo, sostuvo que el escenario que se genera a partir de estos nuevos datos tiene dos aspectos fundamentales: uno relacionado con el aspecto judicial, mientras que el segundo es relativo a una decisión política.

En el primer aspecto, abogó porque los tribunales esclarezcan a cabalidad este tema, es decir, la existencia de presiones impropias para exculpar al general Trincado. En tanto, en la segunda arista lo que correspondería -a su juicio-, es que de comprobarse estas imputaciones la Presidenta Michelle Bachelet debería exigir la renuncia de Arturo Herrera.

"Esto de alguna manera es un reflejo de una serie de situaciones poco claras que están sucediendo en el país y que, de alguna forma, permanecen en la sombra. Además demuestra que los personajes de la dictadura y sus personeros aún cuentan con grados de protección importantes", añadió.

Solicitarán diligencias

Por su parte, uno de los querellantes en el caso "retiro de televisores" en Calama, Eduardo Contreras, anunció que presentará un escrito para solicitar que la ministro Pinto cite a declarar a todos los mencionados en el artículo que publicó este medio. Es decir, a Arturo Herrera, su jefe de Gabinete Claudio Preller, a los detectives Sandro Gaete y Abel Lizama, y al periodista Jorge Escalante.

"Esta información arroja luces sobre un tema que hace mucho tiempo se manejaba en los pasillos de tribunales. De ser efectivo sería gravísimo y el señor Herrera no debiería permanecer ni un minuto más en su cargo", enfatizó el abogado.

En esa medida, Contreras recordó que "cuando se postuló al actual director de la policía civil, en reemplazo de Nelson Mery, el mundo de los derechos humanos objetó su nominación, debido a que Herrera fue ayudante del señor Paredes, director de Investigaciones en el peor tiempo de la dictadura".

"En ese momento, pareció una designación apropiada por parte del ex Presidente Ricardo Lagos", añadió.


Inmediata renuncia

Por su parte, el otro querellante particular en el proceso, Hugo Gutiérrez, consideró que "ante esto, la única alternativa posible es que la Presidenta le pida la renuncia a Herrera, porque de no hacerlo es estar apoyando a un funcionario que intentó distorsionar el trabajo de la justicia y eso es un hecho muy grave".

"Lo dado a conocer, sin duda, cuestiona uno de los principales pilares de nuestro Poder Judicial y los organismos policiales, es decir, es un golpe a la eficacia de nuestro estado de derecho, ya que sí se actúa de esta forma no es posible tener confianza en el desarrollo de las investigaciones judiciales", recalcó.

Para Gutiérrez, "a estas alturas la Presidenta de la República ya debería estar al tanto de todo, por lo cual parece inaudito que Herrera siga en su cargo".


Secreto de sumario

Ante los insistentes requerimientos de este medio para obtener una versión del director de Investigaciones sobre los hechos, el departamento de Comunicaciones del organismo designó al prefecto inspector Rafael Castillo para que se refiriera al tema.

El jefe policial explicó que no podía desmentir ni afirmar los antecedentes publicados por estar siendo objeto de una investigación judicial y, como funcionario policial, tiene un deber de reserva respecto a los hechos que son parte de un sumario.

"Por eso yo no hablo de estos temas y no es soberbia, yo no hablo porque estaría faltando a mi deber. Esos hechos, aunque me puedan afectar o favorecer, lamentablemente no los voy a ventilar a la opinión pública. Soy muy disciplinado de mi mando y le debo respeto y lealtad al señor Herrera, como siempre lo he hecho, por eso no voy a hablar sobre un tema que lo puede desfavorecer o favorecer a él", dijo.

"En la publicación que apareció (este miércoles) yo tengo cero participación, a mí me interesa aclarar eso, que nuestro alto mando y el director sepa que yo no lo estoy atacando, ni a él ni a la institución. Ahora, respecto al señor Trincado, la ministro está en Santiago haciendo diligencias y si me meto a dar una opinión, puedo interferir en lo que ella está haciendo, por eso me guardo todo esos antecedentes"

Más allá de que usted no fue una de las fuentes consultadas, usted ¿desmiente o afirma los antecedentes que se dieron a conocer?

Yo no estoy negando ni aceptando nada. No opino, porque si digo eso es cierto o mentira ya estoy faltando a mis deberes.

Pero el director de comunicaciones, Jaime Méndez, dijo que había ciertos elementos interpretativos en la nota que no se ajustaban a la realidad. ¿Cuáles son esos elementos?

-La persona adecuada, la voz oficial en esto, creo que debería ser nuestro señor director o nuestro jefe de comunicaciones. Ahora, yo no puedo decir, ni opinar nada, porque hay una investigación abierta que está viendo una ministro y no puedo interferir en lo que ella está haciendo.

¿Su relación con el director se ha tensionado en los últimos meses, por ejemplo a raíz que lo excluyera en el alto mando?

-El director tiene la potestad de modificar a los mandos y eso yo acepto que sea así. Ahora, que yo hubiese tenido una intervención directa en contra del director, eso no ha ocurrido.

Para mí es muy complicado que aparezca que soy el causante de esto, porque son cosas que yo no he hecho. Soy sumamente transparente y si me hubiese equivocado, tenga la seguridad que yo presento inmediatamente mi renuncia, porque tendría que asumir algún costo, pero acá no es así, he cumplido cabalmente lo que han dicho los jueces y ministros que investigan DD.HH.

Postura institucional

Consultado el jefe de comunicaciones sobre por qué el director de Investigaciones no quiso referirse al tema, sostuvo que "existen políticas institucionales en las cuales la derivación de las entrevistas se van a los canales técnicos; en este caso, el ente técnico era el señor Castillo".

Pero el directamente afectado es el director Herrera...

-Nosotros tenemos una visión diferente a la periodística, que es la institucional, y esa es que debe ser el ente técnico el que responde dentro de su área de gestión.

Sin embargo, aquí el interés radica en que sea el director el que aclare los puntos en que aparece mencionado en la nota

-La reserva es para todos los detectives.

No obstante eso no impide que él haga sus descargos o desmienta una información tan grave como ésta. Con ello no estaría vulnerando ningún secreto de sumario.

-Insisto que el ente calificado es el señor Castillo.

Pero Castillo acaba de decir que la voz autorizada para hablar de esto es el director...

-Pero eso es en temas macro, en ese tipo de temas el director puede hablar, sobre otros temas técnicos corresponde que lo haga la correspondiente jefatura.

 

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Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
CODEPU 
Paseo Bulnes 188 of 62
Telefono 6988863

 

 

COMUNICADO PÚBLICO

 

Ante las informaciones de prensa que dan cuenta de las presiones ejercidas sobre integrantes de la Brigada Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) de la Policía de Investigaciones de Chile, por parte del actual Director Nacional, Arturo Herrera, y que tendrían por objeto intervenir un informe pericial a efectos de descartar las responsabilidad del General de Ejército en servicio activo, Miguel Trincado, en las causas por las exhumaciones ilegales practicadas por agentes del Estado, conocida públicamente como operación “retiro de televisores”, CODEPU se hace un deber manifestar a la opinión pública lo siguiente:

 

1.- En el largo camino por la búsqueda de la verdad y la justicia, un elemento fundamental lo ha constituido la Policía de Investigaciones de Chile y su equipo de profesionales especializado en Derechos Humanos.

 

Es de público conocimiento, que la labor de la BAES en la depuración de las responsabilidades penales de agentes del estado, en las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas durante la dictadura militar, ha sido vital para  que los jueces puedan finalmente esclarecer los hechos e imponer sanciones a los criminales. En reiteradas oportunidades, organismos de DDHH, organizaciones de Víctimas, y abogados y trabajadores de DDHH, hemos reconocido el criterio, sensibilidad, seriedad, profesionalismo y compromiso con la justicia de dichos funcionarios. Lo reiteramos una vez más, sin la acción investigativa emprendida por la BAES muchos casos aún seguirían en la penumbra de la impunidad absoluta.

 

2.- La denuncia aparecida en los medios de comunicación reviste de una extraordinaria gravedad, y requiere de una investigación a su respecto. En este sentido, exhortamos a los tribunales de justicia y a la propia Policía de Investigaciones, a hacer todo lo necesario para dilucidar las responsabilidades judiciales y administrativas involucradas, pues de ser cierta dicha denuncia, configuraría a lo menos el delito de obstrucción a la justicia, lo que se debiera traducir en la baja inmediata de las filas de la Policía de Investigaciones de Arturo Herrera.

 

3.- A CODEPU, le asiste la convicción, que el éxito de la BAES en estas materias se funda precisamente en la independencia pericial del investigador policial, y que las apreciaciones e informes elaborados por la Policía de Investigaciones requieren de dar garantías para que la práctica forense continúe gozando de independencia e imparcialidad. Dar garantías de acceso efectivo a la justicia, por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, requieren fortalecer los cuerpos profesionales que en su calidad de auxiliares de la justicia, resultan indispensables para la acción de la justicia.

 

4.- Por último, en cabal conocimiento del trabajo de la BAES, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los comisarios Sandro Gaete y Abel Lizama.

 

Anabel Caballero

Hiram Villagra Castro

Programa de Protección y Asistencia

CODEPU                               

 

                                                                  Santiago, 14 de diciembre de 2006

 

P.S.:  Me permito agregar mi total apoyo a la precedente declaracion de CODEPU y manifestar mi aprecio y mi solidaridad al Prefecto Inspector Rafael Castillo y a los Comisarios de la Policia de Investigaciones Sandro Gaete y Abel Lizama, como asimismo a cada uno de los integrantes de la BAES.

Pedro Alejandro Matta.

LAS FF.AA. SE MANDAN SOLAS

Hace pocos días, en un artículo difundido a través de Internet y varios medios progresistas de comunicación, la periodista Patricia Verdugo preguntaba "¿Quién manda al Ejército?"

La temida respuesta nos la ha dado hoy el Gobierno: el Ejército de Chile se manda solo y le hará funerales de honor a Augusto Pinochet Ugarte en su calidad de ex Comandante en Jefe, aunque es quien traicionó la doctrina consitucionalista más preciada de la Institución, indultó a los asesinos de otro ex Comandante en Jefe, el General René Schneider, y dispuso el asesinato de otro más, el General Carlos Prats González, su antecesor y ex superior jerárquico.

¿Qué racionalidad tiene esto para el Ejército?

Algunos dirán que el Ejército se debe a su ex Comandante en Jefe y punto.

Su ex Comandante en Jefe, ¿o sus ex Comandantes en Jefe?

Por lo visto, sólo se debe a Pinochet, pues de lo contrario debería haber puesto en la balanza institucional los nombres de los ex Comandantes asesinados, pero no lo ha hecho. Y si se debe sólo a
Pinochet, la temible gran pregunta es ¿por qué?

La única respuesta posible, tan temible como la pregunta misma y la respuesta que nos ha dado hoy el Gobierno: el Ejército es una institución ideológicamente controlada por el fascismo que Pinochet
representa y simboliza. De lo contrario, no le estaría rindiendo los honores que le rinde.

A esto cabe agregar que, en términos prácticos, como dice un muy respetable jurista amigo, "un Jefe del Estado no está realmente en condiciones de remover a un Comandante en Jefe en quien no tenga
confianza. Esta imposibilidad está reforzada --aunque hipócritamente maquillada-- en la tal llamada Constitución de Ricardo Lagos, la cual establece que una eventual decisión del Jefe de Estado de relevar a un mando desleal sea aprobada por el Senado en una especie de "juicio político". Esta es una vía necesariamente impracticable pues ningún Jefe de Estado sensato en el mundo cometería la irresponsabilidad de abrir un "juicio político" a quien tiene el dedo en el gatillo ante senadores amedrentados, amedrentables o cómplices del centurión."

En síntesis, el Ejército de Chile, más propiamente las FF.AA. de Chile, se mandan solas y el poder del Ejecutivo para someterlas a su voluntad es prácticamente nulo. Un poder que las FF.AA. sí tienen de
hecho respecto al Ejecutivo y demás poderes del Estado --el poder de veto que da el monopolio de las armas.

Que los funerales de honor por Pinochet, que deshonran y rebajan moralmente al país ante las naciones del mundo, sirvan de aviso de que el fascismo está vivo y latente en los mandos del Ejército y
demás ramas de las FF.AA. chilenas que también le rendirán honores.


Germán F. Westphal
Universidad de Maryland
Sede Baltimore, EE.UU.

LA CONCERTACION Y LA ELIMINACION DE LA PRENSA LIBRE

Debate culpó a la Concertación de asfixiar prensa que combatió a Pinochet

por Jorge Escalante (La Nación - Chile)

Los panelistas coincidieron en que los medios que ayudaron a derrotar a la dictadura resultaron incómodos para el pacto de transición que la Concertación y el Gobierno de Aylwin hizo con las FFAA y el ex dictador.

Fuertemente criticados resultaron los partidos y especialmente los gobiernos de la Concertación en el debate público organizado por La Nación en la Plaza de la Constitución entre el 6 y 7 de diciembre, acerca de las causas por las que, reconquistada la democracia, desaparecieron todos los medios de comunicación que ayudaron a derrotar a la dictadura.

Los diversos expositores y gran parte del público que participó del debate con su opinión, coincidieron en que, a partir de 1990, estos medios resultaron incómodos para el Gobierno de la Concertación y sus partidos, que pactaron la transición a la democracia con las Fuerzas Armadas y principalmente con el ex dictador Augusto Pinochet, asegurándole impunidad personal y la no destrucción de los pilares de amarre que dejó su régimen.

De acuerdo a lo expuesto por los panelistas que participaron en el foro, la continuidad de estos medios entorpecía la pactada transición porque querían seguir manteniendo una prensa crítica, fiscalizadora, y sobre todo denunciante de los episodios hasta entonces desconocidos de la represión y el régimen militar.

En las exposiciones se responsabilizó incluso directamente al ex Presidente Patricio Aylwin de, a través de su ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, bloquear una importante ayuda económica que el gobierno de Holanda ofreció a comienzos de la
década de los 90 a los directores de los diarios "Fortín Mapocho" y "La Época" y de las revistas "Análisis", "Apsi" y "Hoy", para que pudieran subsistir al menos un tiempo más.
Según lo denunció el ex director de "Análisis", periodista Juan Pablo Cárdenas, la advertencia que se hizo al Gobierno holandés fue que estaba "interviniendo en los asuntos internos" del Gobierno chileno.

Otro ejemplo entregado en ese mismo sentido por el ex periodista de "Fortín Mapocho" Sergio Gutiérrez fue que, siendo él subdirector de "Fortín" a comienzos de 1990, el presidente de Polla Chilena de Beneficencia José Cademártori, lo llamó para informarle que desde La Moneda había recibido la orden de cortar el avisaje que la Polla publicada en "Fortín".

De acuerdo a los panelistas, todos estos medios escritos al igual que algunas radios y revistas culturales como "La Bicicleta" y "Pluma y Pincel", sufrieron el mismo destino planificado desde La Moneda.



Publicidad estatal

Otra de las causas por las que según los expositores desaparecieron estos medios que combatieron a la tiranía arriesgando las vidas de sus periodistas, fue la "vergonzosa" concentración de la publicidad estatal en los monopolios derechistas de "El Mercurio" y "La
Tercera" (Copesa). Como lo expuso el ex director de "Apsi" Marcelo Contreras, "El Mercurio" recibe 50% de ésta, mientras "La Tercera" capta 39%, quedando apenas 10% sobrante.

Para el gerente general de la Empresa Periodística La Nación S.A., Francisco Féres, la iniciativa de La Nación apunta a que, finalmente, se abra un debate político y parlamentario "para asegurar la descentralización y la diversidad de los medios de comunicación, lo que debe ser regulado por ley", incluyendo por cierto una redistribución equitativa y racional de la publicidad estatal.

El director de La Nación, Rodrigo de Castro, destacó el peligro que implica para los medios alternativos mantener esta política de concentración de la publicidad entre los monopolios de "El Mercurio" y Copesa.

En el mismo sentido se han venido planteando en el último tiempo medios como "Punto Final", "El Siglo" y "The Clinic".

Otra de las coincidencias relevantes del debate fue que, hasta ahora, la Concertación incluyendo el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no muestra interés político en revertir esta situación, por lo que se requiere situar esta discusión en la ciudadanía. LN

DIAGNOSTICO DE COYUNTURA

por Paul Walter

Fuente: http://www.elclarin.cl

Enviado por Política Cono Sur

 

Felipe Portales: “Este es uno de los países más corruptos del mundo”

 

Lo que vive en estos días el gobierno de Michelle Bachelet, que tiene a estas alturas a su favor no mucho más que ser la primera mujer en la presidencia de Chile, son episodios muy similares a los sufridos hace dos o tres años por su predecesor en La Moneda. Durante un largo período, bien podemos recordar, Ricardo Lagos estuvo asediado por el desvío de fondos públicos para el financiamiento de campañas políticas.

 

Las denuncias, que buscaban al mismo presidente, envolvieron durante más de un capítulo a miembros de su propia familia, sin embargo no lograron involucrarlo personalmente. Aun cuando las investigaciones que realizan los tribunales de justicia no están del todo cerradas, hubo durante su gobierno, también recordamos, un pacto con la oposición que condujo a una distensión, y más tarde retiro progresivo de la agenda política, del asedio por corrupción.

Pese a las similitudes, las circunstancias que vive Bachelet podrían ser otras. El vistoso proyecto de Lagos, que le obligaba a inauguraciones y cortes de cintas prácticamente todas las semanas de los últimos meses de su mandato, no se repite ni se repetirá. No hay tampoco próximos grandes eventos en materia de apertura comercial, y aun cuando los hubiere, éstos ya han perdido el interés político y ciudadano inicial. Pero, principalmente, lo que no hay son grandes reformas políticas en el horizonte ni proyectos que canalicen o lleguen a la altura de las grandes expectativas ciudadanas creadas. Bien recordamos, porque de ello no ha pasado ni un año, que Bachelet llegó a La Moneda con un discurso de renovación y realizaciones. De ello, poco se sabe.

 

Aun cuando dé un giro, que nunca es imposible, hay otro factor. La oposición, que también controla los medios de comunicación, debería dejarla gobernar. Hoy toda la agenda política está copada por los escándalos de corrupción, los que cruzan no sólo desde varias reparticiones públicas hacia el Partido por la Democracia (PPD), sino se hunden en una zona oscura entre el gobierno de Lagos y el de Bachelet.

 

El PPD, hoy en el centro del escándalo, no sólo expresa las pequeñas y miserables guerras por el poder político entre bandos internos, sino que es una imagen de un mal mayor: el deterioro del PPD es un espejo del estado actual de la Concertación.

 

Es la percepción que cruza desde la oposición a la misma coalición de gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Antonio Leal, ha admitido que “si la Concertación pierde el poder, será única y exclusivamente por la reiteración de hechos de corrupción", en tanto ha reconocido que los escándalos en su propio partido son el efecto de una descarnada lucha por el poder, donde, del mismo modo que en otros partidos, han florecido los caudillismos.

 

El senador socialista Carlos Ominami ha declarado que se trata “desde lejos, del episodio más delicado y más difícil que haya vivido la coalición de gobierno, porque los temas de corrupción han calado hondo en la ciudadanía".

 

Ominami establece una diferencia con otros episodios similares, como el sufrido durante el gobierno de Lagos, que finalmente pudo sortear el problema y terminar con éxito su administración. El parlamentario encuentra también causas en la falta de experiencia política de Michelle Bachelet y su gobierno en el manejo de crisis. Aun cuando son evidentes los “elementos de descomposición” de los partidos políticos, el “gobierno tiene dificultades para manejar este tipo de situaciones difíciles".

 

Desde la Democracia Cristiana también hacen una evaluación similar. El senador Jorge Pizarro afirma que elementos como el vaciamiento ideológico de los partidos y la mala formación de los militantes son causas de la actual crisis, pero también cree que el gobierno no ha sabido enfrentar las crisis. No lo ha hecho bien con ésta, pero tampoco ha manejado bien los problemas con organizaciones sociales, como los estudiantes o los deudores de hipotecas de viviendas.

 

Pizarro también apunta a la desaprensión que tienen los partidos de la Concertación hacia el gobierno. Las discusiones respecto a quién o quiénes serán las figuras con mayores posibilidades para las elecciones del 2009 han sido una perfecta muestra del poco apego que hoy le merece el gobierno a los diversos líderes y caciques. Ante este escenario, Pizarro estima que Chile está en una coyuntura “extremadamente compleja. El riesgo que la Concertación termine antes que el gobierno de Bachelet es muy alto”.

 

Corrupción, movilizaciones sociales, desorden al interior de la coalición gobernante y otras crisis variadas. Todo ello ha modelado el irregular y crecientemente complejo primer año de Michelle Bachelet en La Moneda, que ha derivado en una caída en su apoyo ciudadano y en una parálisis ejecutiva. Como ejemplo es posible citar el reclamo del senador socialista Jaime Naranjo: en materia de derechos humanos el gobierno de Bachelet no ha hecho absolutamente nada.

 

El sociólogo Felipe Portales, autor de los ensayos ‘Chile, una democracia tutelada’ y ‘El mito de la democracia en Chile’, observa el actual momento sin pasión, con extrema racionalidad. No hay, según su parecer, nada de qué alarmarse, como tampoco nada de qué alegrarse. Las ataduras de la transición son tales, que el poder de la derecha y los liderazgos de la Concertación se han modelado para la funcionalidad de aquella armazón política. El paquete heredado de la dictadura, bien sellado y cautelado durante la transición, permanece intacto, por lo que más allá de cambios menores, de ciertamente mucho ruido, estas turbias y pestilentes aguas regresarán a sus originarios cauces.

El actual episodio de corrupción, que ha derivado en todo tipo de declaraciones al interior del sistema política y de la misma Concertación, ¿en qué medida lo afecta?

-No creo que haya cambios políticos importantes en el corto plazo. En primer lugar, ”la gran obra” de la Concertación ha sido consolidar el modelo económico, social y cultural que dejó la dictadura y en eso hay un consenso muy fundamental entre quienes hegemonizan el liderazgo de la Concertación y la derecha.

 

Desde ese punto de vista, el tema está tan consolidado, es tan estable, que episodios como los que hemos visto en los últimos tiempos me parece que no son capaces de afectar esa estabilidad, porque en definitiva esa estabilidad está basada en acuerdos muy sustantivos. Además, creo que está incorporado el tema de la corrupción en términos más institucionales.

 

No sólo el proceso de corrupción específica que se dio durante la dictadura, que significó miles de millones de dólares regalados al sector privado, sino que además el mismo sistema económico consolidado es un sistema corrupto, donde hay una colusión gigantesca entre los grandes grupos económicos y el aparato estatal.

 

El conjunto de las políticas que se diseñan está absolutamente condicionado por esos grandes poderes económicos. En un sentido profundo, eso es corrupción, y es enorme. Porque va condicionando todas las decisiones políticas en el interés de los grupos económicos. No es la corrupción personal, individual, de la coima. Es mucho peor que eso. Los grandes grupos económicos tienen una hegemonía incontrarrestable sobre las políticas que tienen que ver con lo económico. Desde ese punto de vista, vivimos en un país que es de los más corruptos del mundo en este profundo sentido de la expresión.

 

“En Chile se elude sistemáticamente impuestos por sociedades fantasmas”

Bajo este punto de vista, estos escándalos, como Chiledeportes, constituirían más bien estrategias electorales que un debate que apunte hacia una solución real.

-Podría ser. Pero es claro que ha habido un aumento de la corrupción más tradicional, porque además hay un proceso de desmoralización profunda de la sociedad chilena. Se expresa en todos los ámbitos, y en los económicos se expresa de manera cada vez más preocupante. Está el caso cada vez más reiterativo de malversación de fondos públicos orientada a financiar campañas políticas.

 

Pero hay otro fenómeno de corrupción que casi no se habla, que es aquella en la cual es Estado no participa directamente aunque sí lo hace por omisión. Es el hecho que la clase alta y media alta sistemáticamente está eludiendo impuestos a través de estas sociedades fantasmas. Curiosamente estas sociedades fantasmas han estado dando pie por el caso de los fraudes con respecto a Impuestos Internos. Hay un problema mucho más profundo que es el hecho de la creación de estas sociedades para eludir el pago de impuestos. Eso está sumamente extendido, lo que significa una disminución de fondos del Estado de dimensiones gigantescas.

 

Aprovechando que los impuestos a las personas son mucho más altos que los impuestos a las empresas, un grupo muy generalizado de gerentes, profesionales de alto vuelo, etc., utiliza estos instrumentos, que son legales, pero absolutamente inmorales, para eludir impuestos vía adjudicación de ingresos a unas sociedades que son fantasmas.

 

Eso está sumamente extendido pero nadie habla. No lo hacen porque hay mucha gente involucrada y de gran influencia. Eso es obviamente corrupción. Si uno va viendo elementos de tipo personal, estos están también muy generalizados. A lo que voy, es que de todas formas se olvida lo más esencial, que esta corrupción es institucional, que es un maridaje, una colusión entre los grandes grupos económicos y el Estado en todo lo que son las grandes decisiones de política económica. El caso Celco es patético y patente en este sentido.

 

Su tesis apunta a que la génesis del momento actual está dada por la dictadura y se consolida durante la transición.

Sí. El génesis básico surge en la dictadura y se consolida en los regímenes democráticos. Desde ese punto de vista, viene de la dictadura y es avalada y consolidada en la democracia.

 

Pero creo que hay otro tipo de corrupción que genera efectos funestos en Chile. Es la corrupción ideológica y política del liderazgo de la Concertación. Corrupción, si vamos a la etimología, es lo que va decayendo, lo que se va pudriendo; entonces también podemos hablar de una corrupción ideológica y política en la medida que el liderazgo de la Concertación ha abandonado completamente el proyecto histórico que dijo representar al oponerse a la dictadura y de alguna manera se tradujo en el programa de 1989.

 

Si vemos eso hoy, nos podemos dar cuenta de forma impactante de los cambios profundos que ha experimentado ese liderazgo. Programa que podría estar aplicándose hoy con la mayoría parlamentaria que tiene la Concertación y el gobierno de Michelle Bachelet, lo que, por cierto, ha sido olvidado. Para ilustrarlo, el programa de la Concertación de 1989 se planteaba, en otras cosas, la modificación sustancial del la legislación laboral y sindical. Eso habría significado cambios sustanciales en el derecho a la sindicalización, en el derecho a la negociación colectiva, en el derecho a huelga. En suma, en hacer efectivos esos derechos.

 

¿El actual episodio de corrupción, si lo comparamos con hechos recientes similares, es más grave o estamos hablando de ruido, de espectáculo político, de todo aquello que ya bien se conoce?

-Yo no sé si esto es mayor o más grave que el MOP-Gate. Aquel episodio evidentemente tenía implicancias que podrían haber afectado a la gestión del ex ministro de Obras Públicas y entonces presidente Ricardo Lagos. Se habló en un momento que habían serias posibilidades de que, incluso, se buscara la salida de Lagos. Eso se paró, se dice, con una gran negociación entre la derecha y el gobierno de la época.

 

Yo no sé si Chiledeportes sea mayor. Tal vez está siendo más debatido, tiene más efectos en la opinión pública, pero yo diría que desde el punto de vista de los riesgos para la coalición, creo que fue más grave el fenómeno MOP-Gate, el que fue resuelto en la línea que señalo: los consensos básicos de la derecha con el liderazgo de la Concertación son tan profundos y, todavía más, la satisfacción que tiene la derecha económica en la Concertación es tan profunda, que todo este tipo de eventualidades no tienen por qué afectar esta estabilidad.

 

¿Por qué? ¡Por favor! si fuera por eso entonces tendrían que estar haciendo algún escándalo por lo que significó la corrupción de la dictadura y nadie está interesado en eso. En definitiva lo que se están buscando es, creo yo, ir poniéndole paños fríos a esto porque los grandes intereses económicos no querrán que este episodio afecte la estabilidad política o al gobierno de la Concertación. Creo que si las cosas se ponen más feas para el gobierno podrían aparecer líderes empresariales en rescate de Bachelet, tal como lo vimos con el gobierno de Lagos.

 

Si no ve grandes cambios en el sistema político a raíz de este tipo de episodios, ¿qué sucede con la ciudadanía?

-Creo que la gente está todavía muy aplastada en Chile, atomizada. Entonces, pese que esto genere un mayor malestar, no creo que la población esté en condiciones de ver o entender más activamente este malestar. Creo que el sistema económico está muy consolidado, la gente de base de la Concertación la ve como un mal menor respecto a la derecha. La gente, aunque esté asqueada en muchos aspectos, va a seguir votando por la Concertación en relación a las posibilidades de la derecha. Siempre se va a buscar algunos chivos expiatorios de rangos medios. Pueden llegar a procesarse a mandos medios para que la dirigencia de la Concertación pueda señalar hipócritamente que aquí se ha hecho una limpieza. Hay muchas formas de presentar, de comunicar una dinámica de este tipo, más aun cuando los principales medios de comunicación están predispuestos a ser funcionales a estrategias de esta naturaleza.

 


“Esta es la dictadura perfecta”

The Economist publicó hace unas semanas un informe mundial sobre calidad de las democracias, informe en el que Chile sabe bastante mal evaluado. Ese estudio está, por cierto, muy en la línea de sus tesis desarrolladas en sus ensayos.

-Creo que vivimos en una democracia de fachada. Podemos parafrasear la expresión de Mario Vargas Llosa con el PRI. ¡Esta es la dictadura perfecta, la de Chile. Es mucho más convincente! Basta ver la imagen exterior que tiene Chile. Pero si uno analiza desde la constitución misma, del sistema electoral binominal, existen fuertes obstáculos para que las grandes mayorías puedan ser efectivas a la hora de establecer la constitución y las leyes.

 

Pero además no sólo desde el punto de vista jurídico, sino constatemos algo que es de sentido común. Qué peso tienen hoy día en Chile los sindicatos, las juntas de vecinos, los colegios profesionales, el movimiento de cooperativas, los gremios de pequeños productores. En definitiva, qué peso tiene la clase popular o los sectores medios en la forma como se adoptan las decisiones clave en Chile. Todos los indicadores nos dicen que casi cero.

 

¿Quiénes son los que pesan política y económicamente en Chile? El gran empresariado, las grandes corporaciones gremiales que los agrupan, las elites políticas y muy poco más. Podemos recordar la agenda reactivadora del Gobierno de Lagos. Bastó que el gobierno se pusiera de acuerdo con la Sofofa y con algunos grandes entes empresariales. Nunca se contempló en esta agenda a los trabajadores, a los pequeños empresarios, universidades... Eso estaba absolutamente descartado de plano, y ya no nos asombra. Todos esos son indicadores que te dicen que aquí no hay un sistema democrático mínimo.

 

 

Baja participación, mínima representatividad. ¿Qué le merece la movilización de los estudiantes secundarios en mayo pasado? Si estuviésemos en mayo tal vez haríamos otro diagnóstico.

-Evidentemente que el movimiento de los pingüinos fue importante. Fue la primera vez que desde un movimiento social se cuestiona una de las herencias clave de la dictadura, como es la LOCE y el sistema educativo. Eso es ciertamente un hito. Pero es un hito que viene a insertarse en un esquema tremendamente consolidado del poder y de sociedad. Entonces, mal uno podría pensar que eso va a ser decisivo para un cambio sustantivo. Como un primer comienzo hay que valorarlo, pero es necesario tener en cuenta que los jóvenes secundarios, por su misma naturaleza, no tienen tanta fuerza, además es un grupo cambiante en cuanto su composición y hemos visto como el gobierno y el Estado tiene múltiples formas de neutralizarlos.

 

Así hemos visto la creación de este Consejo Asesor. Si todo indica que va a introducir algunos cambios, no va a buscar una modificación sustantiva del modelo educacional. Creo que se sacaron conclusiones demasiado apresuradas de un movimiento que tuvo fuerza pero que también tenía profundas limitaciones en la medida que estaba acotado a ese universo. Una sociedad no puede cambiar simplemente por una buena manifestación o una buena organización de secundarios. Sería absurdo pretender que eso constituya un cambio en la sociedad.

 

 

Tenemos por un lado un modelo político consolidado. La otra cara de la medalla son sus efectos políticos, sociales y económicos: desigualdad, concentración del poder, de la riqueza, un silencioso malestar ciudadano. ¿Cómo se expresa una tensión, una contradicción de esta magnitud?

-Como estamos en una virtual dictadura, eso se expresa en una serie de variables bastante lamentables. Por ejemplo, el tipo de enfermedades mentales, el auge de la depresión, que hace de Santiago una de las ciudades que lidera este mal en el mundo, drogadicción, alcoholismo, delincuencia en general, incluyendo la infantil, exceso de trabajo, precariedad laboral, lo que reproduce el conformismo. Como señaló Moulian, el propio sistema económico va disciplinando a la población, por la precariedad laboral, por el endeudamiento, todos elementos que ayudan a que muchas personas se sientan muy desprotegidas y muy inermes ante su empleador y al mismo tiempo, como no tienen redes de protección en términos sindicales, políticos o sociales, entonces se siente muy vulnerable y busca su satisfacción en lo único que le queda, que es el consumo.

Así acentúa su vulnerabilidad y se convierte en un sujeto totalmente pasivo, capaz de aceptar todo tipo de arbitrariedades y excesos en su lugar de trabajo. Eso contribuye a un sentimiento de desmoralización e impotencia que tiene la generalidad de la población respecto a su destino y su futuro. Simplemente la gente se rasca con sus propias uñas. Eso, a su vez, va generando una exacerbación de la desconfianza entre las mismas personas, y una desconfianza hacia las instituciones. Pero eso no se traduce en una actitud contestataria, en algún tipo de organización social o política contestataria, sino en una suerte de resignación y de explosión del malestar a través de los signos señalados.

 

 

¿Por qué esta parálisis en Chile y no en el resto de Latinoamérica? ¿Cuál es nuestra especial condena?

-Porque Chile tiene una virtual dictadura. El resto de los países latinoamericanos tendrán democracias muy precarias, muy frágiles, muy imperfectas, pero no tienen esta dictadura virtual que ha continuado en Chile.

 

Recordemos que todos los países latinoamericanos o volvieron a las constituciones que tenían antes de las dictaduras militares o establecieron nuevas constituciones generadas democráticamente. Más allá de la precariedad de sus democracias, al menos, desde el punto de vista formal, electoral, del surgimiento de los poderes públicos, son democracias. En Chile no existe todavía una democracia estrictamente hablando en relación a las instituciones políticas. Hay una gran falsedad, un gran autoengaño de los líderes políticos y de la misma población.

 

Entrevista publicada en Revista Punto Final

CARTA DE LA AFDD AL SENADO DE LA REPUBLICA DE CHILE

NOTA DE MAXIMO KINAST

La AFDD esta diciendo de forma fina y elegante lo que en buen romance digo: La Corte Suprema esta integrada todavía por unos cuantos Momios de Mierda de tiempos de Pinochet, que no respetan la Justicia porque son fascistas, cómplices y encubridores de delitos contra la Humanidad. El Senado de Chile se pegaría una gran pifia (patinazo, error), si nombra al momio fascista Pedro Pierry Arrau para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, como hizo en su oportunidad Ricardo Lagos al nombrar a un  pinochetista de Ministro de la Suprema.

Este es el texto d ela carta de la AFDD que se ruega difundir:

 

Señores Senadores de la República de Chile

Presente

 

De nuestra consideración

 

 

Por medio de la prensa nos hemos informado de la designación presidencial del señor Pedro Pierry Arrau, para el cargo de ministro de la Corte Suprema en su condición de abogado extraño.

Con lo anterior se reitera el insulto del Estado de Chile a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En efecto, el señor Pierry ha sustentado desde la cátedra y el foro doctrinas que, en la época del gobierno militar, sirvieron para justificar la irresponsabilidad del Estado terrorista. Partidario de la denegación de justicia, a través de la aplicación de la prescripción civil al genocidio, sostuvo, repetidamente, la irresponsabilidad de la Administración.

En consecuencia, su integración en la Corte Suprema es una manifestación más de la imposibilidad de encontrar legítimas reparaciones.

El destacado jurista Jaime Castillo Velasco efectuó un grave reproche a las doctrinas del señor Pierry impugnándolas como peligrosas para el Estado de Derecho.

Acompañamos artículo de La Semana Jurídica, del 5 al 11 de febrero de 2001, en donde se acredita lo anterior.

Creemos que si el Senado de Chile ratifica este nombramiento, se hará participe de la cultura autoritaria del seños Pierry que ofende los principios básicos de un Estado democrático y constitucional.

 

Atentamente

 

 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

1 de Diciembre de 2006

TRIUNFO DE LOS CHILENOS, LAS CHILENAS Y DE LA DEMOCRACIA.

TRIUNFO DE LOS CHILENOS, LAS CHILENAS Y DE LA DEMOCRACIA.

Comunicado Público.

 

 

*      El gobierno había presentado al Senado la indicación que incluía a la provincia de Osorno en la nueva región de Los Ríos con capital Valdivia.

*      Por  el   amplio   debate  ciudadano  en   relación  a   que    la   Provincia   de   Osorno permanecería en la Región de Los Lagos, capital Puerto Montt o si se trasladaba la nueva Región de los Ríos: las Municipalidades de Purranque y Osorno organizaron una Consulta Ciudadana.

Los ciudadanos de Puerto Octay, Purranque, Puyehue y Río Negro: decidieron permanecer en la Región de Los Lagos por más del 80%.

En Osorno: por el 92,01% de los votantes. Es un llamado de sus habitantes a ser partícipes activos en el proceso de descentralización.

*      Increíblemente   la  Subsecretaria  de  Desarrollo   Regional    Serrano  había   expresado, autoritariamente, el 20 de Noviembre: que esta es solamente “una información adicional” y no retirará del Congreso la indicación del gobierno que se incluya la Provincia de Osorno en la nueva Región de los Ríos.

 

*      Hoy nos informamos que el gobierno a través del Ministro del Interior Velasco expresó a la Comisión de Gobierno Interior del Senado que el ejecutivo retirará la indicación que incluye a Osorno en el Proyecto de Ley que crea la Región de Los Ríos.

En la reunión Velasco señaló que la votación democrática de los ciudadanos expresada en las Consultas Ciudadanas arriba mencionadas fue importante para esta determinación.  

 

*      Nos sentimos felices y orgullosos que estas ideas, en la que perseveraron los ciudadanos que conforman nuestro Movimiento y centenares de miles, hayan logrado abrirse camino.

  

*      La  Presidenta Bachelet ha expresado: que si no existe acuerdo para reformar la Ley Electoral debe hacerse una Consulta Ciudadana.   

¿Qué razón puede existir para que se realice un plebiscito solamente para una reforma electoral? Por ejemplo: La propuesta de las principales definiciones de las Reformas a la Educación y de la Previsión, que se están discutiendo a nivel presidencial, deben ser consultadas a través de un Consulta Ciudadana. Un   plebiscito puede incluir –simultáneamente- varias preguntas sobre distintas materias.

 

 Atenta y cordialmente:

Dr. Edgardo Condeza Vaccaro

Presidente

MOVIMIENTO POR LA CONSULTA Y  LOS DERECHOS CIUDADANOS

econdeza@entelchile.net   09-8867508   41-913661

 

PALESTINA, PAZ NO APARTHEID

PALESTINA, PAZ NO APARTHEID
Jimmy Carter: "Palestina, Paz no Apartheid"
Fuente: El Mercurio, 19 de noviembre de 2006
"Palestina, Paz no Apartheid" es el reciente libro de Jimmy Carter, el ex Mandatario norteamericano analiza el conflicto israelo-palestino. "La paz llegará a Israel y Medio Oriente sólo cuando el gobierno israelí esté dispuesto a cumplir la ley internacional y honrar sus compromisos previos. Será una tragedia, tanto para palestinos, como para israelíes y el mundo, si la paz es rechazada y prevalece un sistema de opresión, apartheid y violencia sostenida". Carter critica el sistema de Apartheid y opresión de Israel hacia los palestinos. ¡A lo mejor los sionistas lo acusarían de “antisemita” por estas críticas!.

El último libro de Jimmy Carter, "Palestina, Paz no Apartheid" ha molestado fuertemente a la comunidad pro-israelí en Estados Unidos.

Y es que en su análisis, el ex Presidente responsabiliza directamente a la hegemonía de Israel, como el principal obstáculo para la paz.

Aunque la obra, lanzada esta semana, describe la relación del ex Mandatario con diversos líderes del Medio Oriente y ofrece una visión interna sobre momentos cruciales en los intentos de pacificación de la zona, la magnitud de la crítica de Carter a Israel ha llamado la atención en un país cuyo gobierno casi nunca ha cuestionado a ese Estado.

"Los líderes israelíes se han embarcado en una serie de decisiones unilaterales, ignorando a Washington y a palestinos (...) Tienen un sistema de apartheid con dos pueblos ocupando la misma tierra, pero completamente separados el uno del otro, con los israelíes totalmente dominantes utilizando una opresiva violencia, privando a los palestinos de sus derechos humanos básicos", dice Carter.

"La paz llegará a Israel y Medio Oriente sólo cuando el gobierno israelí esté dispuesto a cumplir la ley internacional y honrar sus compromisos previos. Será una tragedia, tanto para palestinos, como para israelíes y el mundo, si la paz es rechazada y prevalece un sistema de opresión, apartheid y violencia sostenida", añade.

Especialmente el uso de la palabra "apartheid", que rememora el sistema de segregación racial en Sudáfrica entre 1948 y 1994, ha sido cuestionado por varios de los poderosos grupos pro-israelíes, incluso antes de que se lanzara el libro.

Pero no sólo la posición de Israel fue cuestionada en el análisis de Carter, ya que el descenso de los esfuerzos de paz de EE.UU. también fue mencionado como uno de los obstáculos para la resolución del conflicto.

"La única respuesta racional a esta continua tragedia (violencia) es revitalizar el proceso de paz a través de negociaciones entre israelíes y palestinos, pero EE.UU. ha abandonado este esfuerzo", sostiene Carter.

"Washington está malgastando su prestigio internacional e intensificando el terrorismo anti-estadounidense global, perdonando e incitando no oficialmente la confiscación y colonización israelí de territorios palestinos", enfatiza.

El ex Presidente destaca varios puntos que a su juicio son necesarios para sacar adelante el proceso de paz, como la garantía de seguridad para Israel, la resolución de los debates internos en ese país y el respeto por la soberanía de todas las naciones del Medio Oriente.

Carter también se centra en la necesidad de que Israel se remita a cumplir el acuerdo "Hoja de Ruta", propuesto en 2002 con el apoyo de EE.UU., la Unión Europea, Rusia y la ONU. En éste, se llamaba a un reconocimiento total de un Estado palestino independiente. Sin embargo, analistas han visto esta opción como inviable debido a la resistencia de Israel a avanzar, especialmente tras del triunfo de Hamas en el Parlamento palestino.

Repercusiones

El libro del ex Mandatario no sólo ha tenido eco para la comunidad israelí y árabe, sino también a nivel interno. Varios demócratas han sido cuestionados a partir de las aseveraciones de Carter, en relación con la postura de su coalición en el conflicto en el Medio Oriente.

Durante la campaña previa a las elecciones, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, aseguró que Carter "no hablaba por el partido demócrata en el tema de Israel". "Es incorrecto sugerir que la comunidad judía apoyaría a un gobierno en Israel o en cualquier parte, que institucionalice la opresión", dijo.

Ahora que la balanza política ha cambiado en EE.UU., se desconoce si habrá algún cambio en la política de Washington en el Medio Oriente, y si las palabras de Carter tienen influencia.

Una fructífera trayectoria

El demócrata James (Jimmy) Carter, de 82 años, fue Presidente de EE.UU. entre 1977 y 1981. Entre los logros de su mandato se destacan los Acuerdos de Camp David, donde se llegó al acuerdo de paz entre Israel y Egipto.

Hoy Carter actúa como mediador internacional desde la dirección del Centro Carter, organización que defiende la democracia y los DD.HH. Carter ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2002.