"DE LA EMBOSCADA AL FISCAL ELGUETA
A LA ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA”
En Octubre de 2008, el caso fue presentado por la prensa, sensacionalistamente, pero mostrando a lo menos dos versiones al respecto, en la cual, el Ministerio Publico, el Gobierno, y la policía estaban divididos, entregando distintas versiones.
Por un lado algunos medios presentaron los hechos como un acto delictual relacionado al robo de madera, desvirtuando la problemática territorial de las comunidades en mapuche en conflicto y por otro, la derecha, a través de El Mercurio presentaba a un grupo paramilitar mapuche que habría organizado una emboscada al Fiscal Elgueta. Fue justamente ésta, 6 meses después, la teoría adoptaba por el Ministerio Publico y el Gobierno chileno para justificar la represión generalizada e indiscriminada de la Comunidad de Choque y otras aledañas, la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de 15 comuneros mapuche.
Sin embargo para la CAM y las comunidades en conflicto los hechos se enmarcan dentro de los continuos enfrentamientos entre las comunidades en lucha por su territorio y las fuerzas policiales al servicio de los intereses empresariales, que resguardan los predios forestales, todo esto en un contexto de cada vez mayor militarización de las zonas en conflicto. En resumen, la violencia generada al interior de las comunidades no es otra cosa que la resultante de la política del Estado de defensa irrestricta de las inversiones capitalistas.
La Comunidad de Choque ha venido desarrollando desde hace años una serie de acciones tendientes a la recuperación de sus espacios territoriales ancestrales, hoy en manos de las forestales, específicamente en el Fundo La Puntilla de Tranaquepe, cuestión que transformó a dicha zona en un escenario real de lucha. Para lo cual la policía chilena promovió, a través de su accionar, una serie de hechos de violencia en contra de esta comunidad.
En este caso, un Fiscal con dedicación exclusiva a causas mapuche, pero sin muchos resultados, se involucra a tal punto en los procedimientos que incluso toma parte de acciones represivas hacia las comunidades mapuche movilizadas.
En una de tales acciones represivas, un convoy de cerca de 10 vehículos policiales que incluía buses y tanquetas, allanó la Comunidad de Choque. En dicha caravana, supuestamente, habría estado el Fiscal Elgueta, quien habría resultado herido. Al respecto no existe ninguna constatación de lesiones que así lo confirme por lo cual dudamos, hoy día, de su real participación en los hechos, por lo que podríamos estar frente a un simple montaje comunicacional.
En base a este montaje, se detiene en Abril del 2008, a varios comuneros mapuche, la mayoría de Choque, pese a que se había dicho, previamente, que los involucrados no eran mapuche, sino afuerinos e infiltrados.
Recordemos que en la Formalización, la Fiscal Ximena Hassi, junto a un nuevo personaje, el Fiscal Cruz, presentaron orgullosos la tesis de la “Emboscada al Fiscal Elgueta”, y en forma detallada relataron los hechos y los roles de cada uno de los imputados, sin sobrar uno sólo. Todo esto quedó grabado por el Tribunal de Garantía de Cañete a menos que alguna falla técnica, como la ocurrida en Nueva Imperial en el caso de Roberto Painemil, hubiese borrado o impedido su grabación.
Desde este momento el Fiscal Cruz ha llamado la atención de todos por su estilo vehemente y apasionado, para entregar sus argumentos, sin dudar en ningún momento de la absoluta culpabilidad de los imputados.
Fiscales: Matonaje y compromisos económicos
Para quienes han participado en dichas audiencias, imputados y familiares, concluyeron estar ante un hombre de la derecha más dura y fascista, que defiende por convicción los intereses del empresariado y repudia a mapuche y oprimidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrieron con sorpresa que Andrés Cruz, había sido un destacado militante de las Juventudes Comunistas de Chile, que de acuerdo a sus cercanos aún se define comunista, y que inclusive habría obtenido una beca de perfeccionamiento a través de alguna instancia izquierdista. Lo anterior nos lleva a concluir que el Fiscal Cruz está en una cruzada para hacer carrera al interior del Ministerio Publico y transformarse en Fiscal Regional, cueste lo que cueste, es decir, aunque sea condenando y encarcelando a mapuche que luchan por sus derechos territoriales.
A los ya reconocidos y emblemáticos Fiscales anti-mapuche, Elgueta y Moya, quienes no dudan en crear montajes, realizar amenazas de muerte e inclusive presenciar torturas. Se suma, ahora, el ambicioso Fiscal Cruz. (Recordemos que la semana pasada un Juez en Santiago acusó al Ministerio Publico de “Matonaje”).
El Fiscal Moya, quien participó del interrogatorio y tortura al comunero de Vilcun Roberto Painemil, hoy día, con su gran imaginación transformó una barricada hecha por estudiantes, en una emboscada a la policía; y un corte de ruta en el cual se produce un “accidente” (un bus resulta apedreado por la prepotencia del chofer), en un criminal atentado terrorista. Invocándose en ambos casos la Ley Antiterrorista.
El Fiscal Elgueta, en tanto, es hoy día investigado por su responsabilidad en las amenazas y apremios ilegítimos en contra del comunero Cesar Parra Leiva. Cuestión que la justicia no se atrevió a investigar en el caso de Moya. Ambos casos fueron denunciados a organismos de derechos humanos a nivel internacional.
Respecto de la Fiscal Regional Ximena Hassi, no es menor el hecho de que ésta Fiscal es la sobrina del Senador Sabat, militante de la Democracia Cristiana Chilena con intereses económicos con algunas forestales, lo que debería significar su inhabilidad para investigar estos casos.
La encrucijada de Cruz
Pero el fiscal Cruz no sólo esta en una cruzada y obsesionada idea de condenar a mapuche, especialmente, a los militantes de la CAM, si no que también en una encrucijada.
Específicamente, en el caso de Choque, la hipótesis inicial estaría sufriendo radicales transformaciones, dada la falta total de pruebas incriminatorias, pero además, por razones políticas.
En este sentido podemos analizar lo siguiente. Para el Gobierno, presionado por la opinión internacional, es impresentable políticamente condenar a tantos comuneros mapuche, la mayoría de una sola comunidad, para lo cual se ordena minimizar la responsabilidad, en los hechos, de algunos de ellos que “no estarían tan comprometidos”, con el fin de lograr su desprosesamiento, y desde ya permitirles la revocación de la prisión preventiva.
La gran encrucijada de Cruz, es que para hacer este cambio de estrategia, deberá modificar las declaraciones de los testigos protegidos, resituar y cambiar los roles de los supuestos participantes de la emboscada.
Un ejemplo de ello es que los antiguos “testigos claves” ya no lo son tanto, pues, de testigos directos pasaron a testigos de oídas, permitiendo con ello, la libertad de algunos comuneros.
Cabe señalar, que tales testigos son personas enfermas de la comunidad, quienes padecen de alcoholismo, y que reconocen en sus declaraciones haber estado bajo los efectos del alcohol. Estos “testigos” señalan además, haber estado bebiendo en la casa de Santos Jorquera, quien a vista y paciencia de carabineros y autoridades, entre ellas la Fiscal Hassi y el Fiscal Elgueta, ha mantenido por años un negocio clandestino de expendio de bebidas alcohólicas. Lo que queda totalmente establecido en la carpeta investigativa.
Con la modificación de las declaraciones de los testigos y el probable desprosesamiento de algunos comuneros de Choque, se desmorona la tesis de la “emboscada” y Cruz debe solucionar lo antes posible su encrucijada.
Toda esta situación ha quedado develada con la apertura de la carpeta investigativa, en la cual se revela, además, que existiría un solo testigo clave, un comunero mapuche, quien en sus primeras declaraciones señala haber participado de los hechos, sin embargo, extrañamente, se le vuelve a hacer declarar, indicando ahora, que sólo habría observado los hechos, desligando de responsabilidad a algunos comuneros que antes había acusado y responsabilizando del supuesto ataque sólo a algunos, la mayoría, miembros de la CAM.
A lo anterior se suma que familiares y cercanos a este hermano, han manifestado que éste estaría siendo victima de presiones y de extorsión por parte de la Fiscalía, por tener una causa pendiente, por un delito común anterior. En este sentido sus familiares señalan sentir temor pues éste comunero desapareció de la comunidad y nadie conoce su paradero.
Asociación Ilícita Terrorista
Para lograr superar la encrucijada, Cruz decide hurgar en hechos pasados, como la quema al Campamento Ranquilhue el año 2005, formalizando nuevamente al dirigente de la CAM, Héctor LLaitul Carrillanca, a los dirigentes de la Comunidad Pascual Coña Marcos y Juan Carlos Millanao, y para sorpresa de todos al comunero de Choque Cesar Parra Leiva, que en aquel tiempo ni siquiera conocía a las otras tres personas (¿?).
Al mismo tiempo, deciden sumar a la Causa de Choque, las causas que mantienen en prisión a los comuneros de Pascual Coña, presos en la cárcel de Lebu.
Estas nuevas formalizaciones, a comuneros y dirigentes mapuche de LLeu-LLeu, han sido presentadas de forma incoherente y sin pruebas reales, solamente utilizando a los “súper testigos sin rostro”, quienes como una especie de “comodines” han sido testigos de todos lo hechos, han estado en los cerros, en los caminos, arriba y abajo, han visto, escuchado y participado
Lo anterior para ir configurando la nueva estrategia persecutora del Ministerio Publico “La Asociación Ilícita Terrorista”, cuyo objetivo es condenar, principalmente, a los miembros de la CAM. Dejando a los demás comuneros de Choque bajo la figura de “Asociación Ilícita para el robo de madera”. Cuyo objetivo político es desconocer el conflicto territorial de dicha Comunidad.
Sin embargo, la Fiscalía, no se imaginaba que el “testigo clave” en el caso Ranquilhue, no daría más con las presiones y relevaría en el mismo tribunal, durante la Audiencia de Formalización, haber sido sujeto de torturas, y amenazas de muerte del propio Fiscal Elgueta, para acusar a los miembros de la CAM
Lo que ya era un secreto a voces, esta vez, con la declaración de Cesar Parra Leiva se ha abierto una investigación al respecto.
Pero las presiones a éste no se dejaron esperar. En el momento en que Cesar Parra iba a ser trasladado a la Fiscalia de Talcahuano, donde lo esperaba el abogado de derechos humanos Sr. Adolfo Montiel, para ratificar su declaración, el Fiscal Elgueta aparecía, casualmente, por el penal de El Manzano de Concepción, situación que no logró intimidar a Parra. Día después llegan de parte de la Fiscalia ofrecimientos de libertad, para algunos de los imputados, a cambio de información prefabricada para incriminar a otros.
Concluimos que todas estas presiones no muestran más que la desesperación del Ministerio Publico ante la imposibilidad de configurar su montaje.
¿Cuánto tiempo más el Gobierno avalará este oscuro proceso a través del abogado querellante de la Gobernación de Arauco?
Queda claro que, nuevamente, nos encontramos ante un montaje judicial que sólo busca la persecución política a las comunidades mapuche en conflicto y a la CAM para la defensa de los intereses económicos de las forestales.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
LIBERTAD A LA NACION MAPUCHE
Comisión Prisión Política
CAM
Wallmapu, Noviembre 26 de 2009
