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Máximo Kinast Avilés

Derechos Humanos

VILLA GRIMALDI, EL TERRITORIO DEL HORROR

Fuente: La Nación del Domingo (15/10/2006)

Betzie Jaramillo

 

Sólo ruinas encontraron los ex presos cuando abrieron las puertas de Villa Grimaldi. Fueron los primeros en entrar. Durante años habían intentado ver lo que había dentro encaramándose por las altas rejas. Era una obsesión para ellos porque allí, en la calle José Arrieta 840, conocieron el infierno que marcaría sus vidas. Casi cinco mil personas pasaron por ese lugar, a 226 nunca se las volvió a ver. La mayoría tenía entre 20 y 22 años y hoy, más de 30 años después, los sobrevivientes siguen teniendo marcas en sus cuerpos, sus almas y sus mentes, de los profundos arañazos de los tormentos.  

“Recorrimos el lugar rearmando nuestros recuerdos poco a poco, cada uno con su visión parcial”, cuenta Carmen Rojas, una superviviente. No era fácil, ninguno podía dibujar el mapa completo de lo que fue el Cuartel Terranova de la DINA, porque vivían con los ojos vendados. “Pero los restos de azulejos nos indicaban que allí había estado el baño, unas baldosas rotas era las señales que quedaban de un pasillo”. Y pudieron reconstruir, con trozos de memoria, lo que los militares habían intentado borrar con bulldozers. También han tenido que hacer el recuento de quiénes pasaron por la villa, porque los militares jamás han querido entregar sus archivos. “Y existen, porque todos éramos fichados en cuanto ingresábamos”.  

Hoy, la primavera estalla en todos sus rincones y el gigantesco ombú es de lo poco que se conserva del pasado. En ese árbol se sentaban los prisioneros las pocas veces que los sacaban de sus jaulas, y allí podían comprobar quién seguía con vida. Unas placas de cerámica en el suelo señalan la zona de los atropellos, donde los prisioneros eran embestidos con autos, la piscina donde los ahogaban, el lugar donde los electrocutaban. Han reconstruido las “casas Corvi”, cajones de poco más de un metro cuadrado donde hacinaban a cuatro y cinco personas durante días, y lo peor de todo, “la torre”, donde en los descansos de la estrecha escalera fabricaron unas cajas en las que vivían encogidos, porque en ese espacio no era posible estar de pie. Allí estuvo encerrada Ángela Jeria, la madre de Michelle Bachelet. Casi todos los desaparecidos en Villa Grimaldi fueron vistos por última vez en esa torre maldita.  

En 2003, un grupo de supervivientes se reunió allí para un reportaje. Muchos no se veían desde hacía décadas. Rosa Elvira mostraba las fotos de su hija, que de alguna manera también es una superviviente, ya que estaba en el vientre de su madre mientras ésta era prisionera. Otras cinco mujeres también estaban embarazadas en la época, enero de 1975, en que la Presidenta y su madre fueron llevadas a ese recinto. Y la periodista Marcia Scantlebury, la médica Marisa Matamala, Fidelia Herrera, miembro del Comité Central del Partido Socialista, Teresa Izquierdo, hermana de María, la actriz, y Mira, la madre de Max Marambio. Ellas recuerdan los llantos de una guagua de un año, que luego fue encontrada en un hogar de menores tras la desaparición de sus padres, y jamás olvidarán a esa niña de tres años, detenida junto a su madre, que reproducía los gritos y los lamentos de los torturados cuando lloraba. Marcia, mientras guiaba al juez Garzón, le contó: “Escuchábamos que al otro lado del muro había niños jugando. Era tan raro escuchar sus risas en medio de esta locura”.  

CASI UN NIÑO

Osvaldo Torres estuvo detenido en la misma época que Michelle Bachelet. Hoy es concejal de Peñalolén, la comuna a la que pertenece Villa Grimaldi. Recuerda cuando llegaron al centro de torturas José Carrasco Tapia, Rodrigo del Villar, hoy presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y supo de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, entre tantos. “Y estaban con nosotros por lo menos dos chicos que no tenían más de 16 años”. A principios del ’75, ya sabían dónde estaban, a pesar de que era una cárcel clandestina. Su fama terrorífica era un secreto a voces. Monseñor Enrique Alvear se atrevió en esa época a golpear sus puertas pidiendo a gritos que soltaran a los presos. No hubo respuesta.  

Uno de los muchachos que recuerda Torres en verdad tenía 17 años, Claudio Durán Pardo. Era casi un niño; de hecho, los primeros pelos de su barba le crecieron allí. “Cada minuto era el final de mi vida en Grimaldi”, escribe en su libro “Autobiografía de un ex jugador de ajedrez” (porque fabricó las figuras del juego con miga de pan mientras estuvo prisionero). Después de Grimaldi recorrió varios campos de concentración y terminó viviendo en California, donde se hizo músico. Ahora está en Chile y estrenó su obra “Arqueología de la memoria”, ayer, en el teatro de la villa, ante la Presidenta. “De este lugar recuerdo la vergüenza de la desnudez, el daño que nos hicieron. Ahora mi desafío como artista es cómo transfiero mi experiencia, sin aterrorizar, pero que se entienda”. ¿Y cómo reparar el daño? “Con justicia. Espero que sea ejercida”.

Sólo la paciencia infinita de algunos supervivientes consiguió que los mandamases de la DINA y algunos subalternos, de oficio torturadores, como Manuel Contreras, Miguel Krasnoff, Marcelo Morén Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo, estén pagando con cárcel. Paciencia infinita para ir una y otra vez a declarar a los tribunales, y mucho valor para enfrentar los careos en mínimas salas donde casi se rozaban con sus verdugos. Nubia Becker es una de ellas y aún recuerda cómo la actuaria, con un descriterio notable, abandonó el lugar del careo y se quedó a solas con Krasnoff durante minutos que parecieron eternos. Antes, mientras esperaba a que la llamaran, se acercó un hombre: “Hola, Nubia, ¿no te acuerdas de mí? Yo nunca te he olvidado. Fui tu carcelero en la villa. Ahora soy un desertor y vivo fuera, en Europa. Sólo vengo porque soy testigo de cargo contra estos tipos”. 

Pero el principal responsable de todo lo que allí ocurrió, Augusto Pinochet, había quedado inmune ante las mil y una acusaciones. Hasta ahora. El 4 de octubre, la Corte Suprema desaforó al general en retiro por 23 casos de torturas en Villa Grimaldi y 36 secuestros. La noticia dio la vuelta al mundo, porque Pinochet había sido requerido por la justicia por lavado de dinero y asesinatos, pero jamás por torturas. Esta semana, al juez Alejandro Solís se le notificó el “cúmplase la petición de desafuero” por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en cualquier momento puede ir a interrogarlo. Tras eso, el proceso, el juicio y su posible condena, la primera contra él, si llega a producirse. En esta causa están 25 ex prisioneros de Villa Grimaldi que tienen como abogado a Hiram Villagra, y desde el 2004 han tenido que hacer el penoso recorrido de recordar, afinar detalles, someterse a exámenes físicos y sicológicos para que el juez Solís pueda actuar. “El caso es muy contundente. Villa Grimaldi no podría haber existido sin la autorización de Pinochet”. Y una demanda civil pretende que el general (R) pague las indemnizaciones con su patrimonio, no como el caso de las víctimas de los informes Rettig y Valech, en que todos los chilenos han tenido que pagar por las culpas del terrorismo de Estado.

PARQUE POR LA PAZ

La historia del Parque por la Paz es también una historia de tenacidad. La villa, tras muchos intentos por borrarla de la memoria y de venderla, fue finalmente expropiada por el Estado, gracias al empecinamiento de mucha gente, como la fallecida diputada humanista Laura Rodríguez, Coral Pey, promotora de la Mesa de Derechos Humanos, el cura José Aldunate y la voluntad política del Gobierno de Aylwin. Hoy es Patrimonio y Monumento Histórico Nacional. No se cobra entrada y subsiste gracias a aportes privados, otros del Estado y la luz y el agua la paga el Municipio de Peñalolén. Hay muchos proyectos, como el teatro que ayer se inauguró, y el museo, que ya tiene los rieles con que lanzaron los cuerpos de prisioneros al mar en las costas de Quintero.

Ayer, por primera vez un Mandatario, en este caso la Presidenta Michelle Bachelet, volvió al lugar donde estuvo prisionera. ¿Cuántas cosas se le removieron al ver una vez más ese sitio? Ahora es tan distinto, es el Parque por la Paz, un hermoso lugar donde resulta difícil imaginar todas las barbaridades que allí se cometieron. Son los propios supervivientes los que guían a los visitantes y les cuentan lo que vivieron. Llega mucha gente, familiares que vuelven siempre a recordar a sus ausentes, expertos internacionales a buscar información, estudiantes que preparan tesis sobre la memoria histórica, invitados ilustres que en sus visitas a Chile piden ver lo que fue aquello. Y por muchas veces que se haya estado allí, cuando quedan solos mirando los jardines, la silueta de la torre, los pájaros y los niños corriendo por entre las flores, no siempre es posible evitar un dolor profundo en el corazón y ganas de romper a llorar a mares.

De todos los testimonios del horror, el que más golpea es la pequeña exposición con recuerdos de los muertos. Son unas cajitas con objetos simples, como el cuello de lana que usaba un joven muerto y que la familia recuperó y que se turnaban para usar en los días de frío, y de esa manera sentirlo un poco cerca. Madres, hermanos, a veces hijos, que saben que sus muertes fueron horribles y que no hubo piedad. Ni el calor del verano de 1975 ni la tibia primavera de 2006 pueden aplacar este tremendo escalofrío. LND

ESTO SI ES NOTICIA

Nota de Máximo Kinast: La FUNA siempre es noticia. Y una noticia alegre. Mientras haya jovenes dispuestos atomar el relevo que vamos entregando los viejos, podemos decir como Manuel Rodríguez: ¡Aún tenemos Patria, ciudadanos!
Vamos muchachos, no aflojen. A donde vayan los iremos a funar. 
Este es un mensaje desde 'Funachile' Mensaje:
OLE OLE.......

OLE OLA......

COMO A LOS NAZIS LES VA A PASAR

ADONDE VAYAN LOS IREMOS A FUNAR!!!!

Te invitamos a participar en nuestra nueva acción de denuncia

En memoria de los luchadores sociales y jóvenes combatientes

SABADO 14 de OCTUBRE
11:30 horas


NOS JUNTAMOS
Plaza Italia
(Parque Bustamante)
(Monumento Manuel Rodriguez)

¡NO GENERAL IZURIETA!

General Izurieta dijo: La Transición A La Democracia, Para Las

Fuerzas Armadas, Ha Concluido...    

¡No General Izurieta!, no es posible que haya terminado la transición a la democracia para las Fuerzas Armadas, mientras que para el resto del país, siguen pendientes tantas cosas: como los derechos laborales de los trabajadores; los derechos sindicales; las indemnizaciones justas para los que estuvieron presos; torturados y desaparecidos (comisión Valech); una previsión justa para los exonerados (a ellos la dictadura les negó el derecho al trabajo y a una jubilación); la recuperación de las riquezas nacionales que fueron entregadas por simple gracia por la dictadura militar; recuperación de las empresas del Estado que fueron repartidas a vil precio; establecer una constitución libremente establecida por todos; cancelar la deuda social que generó la dictadura y que se ha mantenido vigente hasta hoy por medio de las leyes de amarre que se manejan en el Congreso Nacional; reestablecer el estado de bienestar nacional que existía antes del golpe militar… 

General Izurieta, ¿piensa usted que las Fuerzas Armadas son una institución con un destino superior, ajeno y distinto al del resto de las instituciones nacionales y del pueblo de Chile?  

Si su respuesta es afirmativa; sin ser adivino, le puedo asegurar, que su mando y la institución que preside, no tendrán cabida en el corazón del pueblo de Chile.

  

Sus dichos General, contribuyen fuertemente a desmejorar el rendimiento profesional de las Fuerzas Armadas de Chile, ya que es sabido que para qué un cuerpo armado pueda defender eficientemente un territorio y su gente, los habitantes de dicho territorio deberán aceptar como sus defensores a ese cuerpo armado, situación que se da más bien al contrario; ese cuerpo armado es quién los torturó, les robo, hizo desaparecer a miembros amados de sus familias y ocultó los datos para ubicar los restos y destino de los desaparecidos, como un sufrimiento provocado a  sus familias.   

 

En Chile se está librando algo así como una guerra fría, desde la afiebrada locura que manifestó antaño el Benemérito y que actualmente reemplaza usted, contra un pueblo vejado y herido.   

  

El desbalance de las fuerzas en pugna, en un combate de lobbys, nacional, internacional e histórico, anuncia el resultado del enfrentamiento: 300 torturadores con una jubilación en promedio de un millón de pesos, medio locos y enfermos, fondeados en sus casas para evitar la vergüenza que les provocan las miradas de sus vecinos, contra más o menos 200.000 (exonerados más comisión Valech), todos ellos con sus familiares (quizás cuantos serán en total), enrabiados por la injusticia que están viviendo, sin salud ni previsión adecuadas además de las vejaciones que el régimen militar les provocó antaño, ellos y sus familiares, andan haciendo marchas y tomas por todas partes, manteniendo un diálogo con la ciudadanía que no le favorece al bando militar.    

 

General Izurieta; en la academia de guerra usted estudió varias alternativas para resolver problemas como el de este enfrentamiento.    

 

En el ánimo de ayudarlo un poco, le puedo adelantar que esta guerra no puede ser eterna y que el tiempo está construyendo el podium para el legítimo vencedor.    

  

Por si no le agrada la alternativa anterior, le recuerdo aquel refrán que reza "si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él".   

Otra vía sería renunciar al puesto que ocupa, para permitir que otro colega suyo, se haga cargo de resolver este grave problema del enfrentamiento desigual.     

 

Otra solución, puede ser la adoptada por el Capitán Arturo Prat, que saltó al abordaje y pereció en el intento de alcanzar el triunfo por un camino de excepción.     

 

Finalmente, sin desconocer que usted debe tener un largo listado de opciones, me atrevo a proponerle la última alternativa que me viene a la mente: pida perdón y capitule.   

 

GUILLERMO  FONCK 

Nota de Máximo Kinast: Guillermo Fonck es dirigente de la Comisión de DD.HH del PPD, Editor de Provincia Virtual y fue Oficial de la Fuerza Aérea de Chile, leal al Gobierno legítimo del Dr. Allende, exonerado, preso y torturado por la Dictadura. (Comisión Valech)

EN RECUERDO DE ORLANDO LETELIER

ESTIMADOS COMPAÑEROS:    

A título muy personal, quiero rendir mi más sentido homenaje a Orlando Letelier, víctima de uno de los peores atentados contra los Derechos Humanos que se hayan cometido en nuestra historia republicana. Hoy se cumplen 30 años desde su brutal asesinato en Washington por parte de agentes de la DINA, uno de los más siniestros terrorismos estatales que hayamos conocido en la historia de América Latina.  

Letelier, además de ser una de las principales figuras del gobierno del presidente Allende, fue uno de los más grandes forjadores de la recuperación de la democracia en Chile.   

Es por ello que en un día como hoy, 21 de septiembre, quiero invitar a reflexionar esta tragedia no para que "hechos como estos no se repitan", como se dice vulgarmente, sino para reafirmar, una vez más, que el respeto a los Derechos Fundamentales de todos los seres humanos y el ejercicio de la Democracia, que hasta ahora ha sido el único medio posible para su salvaguardia, son los pilares que nos permiten vivir y hacer vivir para seguir construyéndonos como especie humana a través de la razón y el entendimiento mutuo.  

Les saluda muy cordialmente,  

Eduardo Saavedra
Coordinador Equipo Red Jurídica
Amnistía Internacional - Chile
Tel  +56 2 235-5945
esaavedra@amnistia.cl
www.amnistia.cl

CARTA PUBLICA DE CODEPU A LA SENADORA MATTHEI

CODEPU ACUSA A FERNANDO MATTHEI, AUTOR DE CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Carta Pública a la Senadora Evelyn Matthei



Senadora:



Su voz estridente denunciando la presencia de “el desgraciado” Juez Baltazar Garzón, la retrata de cuerpo entero en su fanatismo, en la supina ignorancia, en su intención por torcer los porfiados hechos, por desconocer la fuerza de la razón y la prevalencia del derecho y la justicia, por sobre el atropello y los atentados graves a los derechos fundamentales de las personas.


Usted  debe saber que cuando el Estado reclama para sí el monopolio de la fuerza  o de las armas, lo hace con la finalidad última de resguardar al soberano, es decir, al pueblo. Pero cuando el poder se pervierte y degenera en yugo que somete al soberano, violando sistemática, institucionalizada y masivamente los derechos inalienables y fundamentales a la vida y la integridad física y psíquica de quienes son sus  titulares, sujetos destinatarios a la protección del Estado, se impone a la comunidad toda, -incluida la comunidad internacional- el imperativo ético y  jurídico de determinar las responsabilidades penales, de quienes violando sus juramentos de lealtad a la patria se confabularon, precisamente para acometer crímenes contra sus propios ciudadanos.  

 

Usted Senadora, no puede menos que saber, que en Chile, durante 17 años, como expresión de una política de estado, se violaron los derechos humanos, y que su padre, en la ignominia y la infamia infinita, en la trasgresión más cara a los valores de un militar, se puso al servicio de esa política de Estado. No sólo eso,  a sus propios  camaradas de armas, a sus compañeros oficiales y suboficiales del Fuerza Aérea, los dejó a merced de torturadores y criminales, a sabiendas que eran objeto de apremios y vejámenes  de todo tipo.  

 

Por si usted no lo sabe, el año 2001, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- , en representación de civiles y ex oficiales y suboficiales de la FACH, sobrevivientes de la AGA,  deducen querella criminal por los delitos de secuestros y torturas, perpetrados precisamente en el recinto formador de futuros oficiales de la república.  

 

Le informamos Senadora que:  “…. después de ocurridos los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, sujetos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile procedieron a detener a diversas personas miembros de esa rama de las Fuerzas Armadas, a fin de investigarlos por presuntas acciones estimadas contrarias al Gobierno Militar, como también a civiles que habrían sido señalados como pertenecientes a grupos de tendencias de izquierda o contrarios al régimen militar imperante….   

 

Una vez detenidas, las personas consideradas peligrosas eran llevadas hasta el recinto de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea, ubicada en calle La Cabaña Nº 711, comuna de Las Condes, lugar en que la mayoría de los detenidos eran mantenidos en el subterráneo de dicha Academia y, los demás, en otras dependencias de ese edificio, siendo custodiados por funcionarios de ese organismo a cargo de oficiales de dicha institución;  que las personas eran interrogadas por ellos y, con el objeto de obtener informaciones y antecedentes de otras personas involucradas en actividades que se consideraban extremistas, eran sometidas a diversos apremios psicológicos o físicos consistentes, estos últimos, en mantenerlos permanentemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire (pau de arara), aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles  del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes, obligándoles a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida o sometiéndolos a simulacros de fusilamiento. …, después de permanecer un  tiempo prisioneros, se les dejaba en libertad sin cargo alguno o, en otras, fueron inculpados de delitos que fueron investigados por alguna de las dos fiscalías de Aviación en tiempo de guerra que también funcionaron en ese recinto”.  

 

Lo dicho, no constituye  una afirmación peregrina, es parte de la acusación, que el Juez de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Fuentes Belmar, ha deducido en la causa ROL 1058-2001,  el  24 de julio del presente año, con lo cual se a probado fehacientemente que la Academia de Guerra Aérea, devino en centro de exterminio y torturas, en circunstancias que su padre era el  Director de dicha institución.  



En efecto, en el mismo expediente, a fojas  1435,  se consigna la Hoja de Servicios de la  Fuerza Aérea de su padre, Fernando Matthei Aubel, en la que se señala  que el 18 Diciembre 1973 es nombrado Director de la Academia de Guerra Aérea.   



Senadora; el espacio de horror indecible, en el que fue convertida la AGA, no era en absoluto desconocido por su padre. El   5 de abril de 2006, en  Declaración Judicial  prestada por su progenitor, en este proceso,  se lee :  “Mis funciones como Director consistían en cuidar la propiedad de la Academia y sus instalaciones para que pudiera volver a funciones como tal, cuidar de la seguridad del perímetro exterior, apoyar a la fiscalía con transporte y alimentación.  


Mientras fui Director de la AGA y, como ésta estaba en receso y transformadas sus dependencias en un “campo de concentración” mis actividades allí eran mínimas. 


Desde el 11 de septiembre de 1973 habían comenzado a llegar detenidos al recinto de la Academia, según me contaron al hacerme cargo de las funciones de Director. Pensé en ese entonces que se trataba sólo de personal de la Fuerza Aérea. 


Había hombres de la Fiscalía en la escalera entre el primer piso y el subterráneo. Era en el subterráneo dónde se mantenía a los detenidos, los que se encontraban a disposición del fiscal Oteíza, que era uno de los fiscales que funcionaba en la Academia.  


Sólo una vez bajé al subterráneo a buscar un libro a la biblioteca; me parece que fue alrededor del mes de abril de 1974. Allí vi varios detenidos en una de las salas de clase, pero no reconocí a nadie. Vestían de civil y se les veía en buenas condiciones. No intercambié ninguna palabra con ellos. Ignoro si el general. Bachelet se encontraba detenido allí en esa fecha.  


No tuve interés en saber que sucedía con los detenidos ya que yo nada podía hacer al respecto, era entrometerme en un problema al que nada tenía que ver yo; además, yo estaba en profundo desacuerdo con estar juzgando a ex camaradas por pensar distinto. …Pero sí preguntaba yo por Bachelet, por Galaz y por Miranda, con quienes yo había tenido buenas relaciones…”



Usted sabe mejor que nosotros, que en 1977 su padre fue, no obstante ser la cuarta antigüedad, nominado por su amigo Augusto Pinochet, comandante en jefe de la FACH y designado miembro de la Junta Militar, cargo que desempeña hasta 1990.  

Trece años formando parte del circulo de poder que cercenó y conculcó libertades y derechos esenciales, 13 años en que se continuó asesinado, torturando, despareciendo, quemando, exiliando, exonerando, y avasallando a quienes había juramentado defender, ofreciendo su vida si fuera necesario. Asesinaron a dirigentes sindicales, degollaron a profesionales, quemaron vivos  a jóvenes, asesinaron a cientos de chilenos y chilenas bajo el pretexto de falsos enfrentamientos, entre ellos a Patricio Sobrazo, secretario Ejecutivo de nuestra institución (CODEPU). Probablemente su padre, tampoco quiso saber lo que sucedía en el país mientras ejercía la totalidad de los poderes.



El peor sordo, senadora, es el que no quiere escuchar. Lo mínimo que se le puede exigir, si se niega persistentemente en reconocer la aciaga realidad, es guardar silencio.



Dra. Paz Rojas Baeza
Presidenta CODEPU
                                               Santiago, 29 de agosto de 2006


COMENTARIO DE MAXIMO KINAST:

Honorable Senadora. La pregunta no es si su padre fue un genocida. Eso es un hecho comprobado. Lo que me gustaría saber es si robo poco o mucho. ¿Cual fue el precio de su complicidad en la Junta de Gobierno Militar? Algun dia aparecera otro Riggs Bank con las cuentas secretas de su padre y entonces, los chilenos sabremos cual fue el precio de la infamia. Mientras tanto, quedese calladita, mire que como bien dicen los catalanes 'no remenis, que fa pudor', o dicho en chileno, no lo revuelva, que huele muy mal.

Este es un mensaje desde 'Funachile' Mensaje:


¡¡ A NO DAR TREGUA A LOS ASESINOS !!


¡¡ A FUNAR A FUJIMORI !!



Te esperamos el Sábado 19 de Agosto a las 12.00 hrs.


HOSPITAL DIPRECA - LAS CONDES (VITAL APOQUINDO 1200)



Por todos los compañeros peruanos y latinoamericanos caídos



¡¡ SI NO HAY JUSTICIA !!


¡¡ HAY FUNA !!


Organiza Coordinadora Contra la Impunidad Chile
Adherere Comisión Funa

EL ÚLTIMO NAUFRAGIO DE LA ARMADA / ADIOS A LA JUSTICIA MILITAR PARA CIVILES

Domingo 13 de agosto de 2006

Fuente: La Nación www.lanacion.cl

CASO PALAMARA:

ADIOS A LA JUSTICIA MILITAR PARA CIVILES

El último naufragio de la Armada   



Humberto Palamara estaba solo contra un gigante. Vejado, indefenso y aislado por “traidor”. Todo por querer publicar un libro. La justicia militar lo aplastó y la civil rechazó todas sus apelaciones. Perdió
trabajo, familia y carrera. Hasta que un egresado de derecho le habló de la Corte Interamericana de DDHH. Chile acabó condenado.


por Antonio Valencia

Lunes 7 de agosto de 2006. Avisos clasificados de La Nación. “En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, se publica el
capítulo relativo a...”. En minúscula letra, el encabezado es seguido de tres páginas con el contenido del fallo que por segunda vez condenó al Estado chileno en materias de libertad de expresión. La
primera fue “La última tentación de Cristo”, historia zanjada en 2001.

No era todo. Tres días después, las primeras cinco páginas del Diario Oficial daban cuenta del mismo hecho, del mismo fallo, de las mismas violaciones al derecho internacional cometidas por Chile. La
resolución es tan contundente que obliga al Estado a dar íntegra publicidad al texto legal que, además de brindar un nuevo triunfo a la libertad de opinión, cambiará la justicia militar tal como se conoce hasta ahora.

La historia suma años de litigios, injusticias y calvarios. Trece años después del incidente inicial, Chile fue castigado por arrollar los estándares internacionales sobre libertad de expresión y por violar los derechos de un civil sometido a la maquinaria institucional de la Armada y al peso de la poco independiente justicia militar. Todo por querer lanzar el libro “Ética y servicios de inteligencia”.

Todo comenzó el verano de 1993, cuando Humberto Palamara, ingeniero naval mecánico, ex oficial de Marina entre 1973 y 1992, y a la fecha funcionario “civil a contrata” de la Armada en Punta Arenas, mandó a imprimir mil ejemplares del texto cuyo último capítulo, “Guerra sucia”, desató la censura previa del alto mando. Allí, sin nombres ni casos precisos, cuestionó la tortura, el secuestro y el asesinato con fines de “inteligencia”.

“Nunca imaginé que podía pasar todo lo que vino después”, comenta hoy Palamara. El primer Obstáculo fue la Ordenanza de la Armada, que prohíbe publicar sin autorización textos que critiquen a la institución o develen asuntos secretos. De eso, el funcionario civil supo una vez que le comentó la idea a su jefe.

Y entonces, conducto regular de por medio, Palamara repartió cuatro de las copias y pidió la obvia autorización. El “no” fue rotundo, pues el alto mando estimó que el libro comprometía la seguridad
nacional.
Como no estuvo de acuerdo, insistió en publicar. Y peor le fue. No pasó un día y le ordenaron entregar los libros impresos. Y como Palamara contó esto a la prensa, la Armada lo acusó de
“quebrantar solemne juramento”, instruyó un sumario, inició un proceso por desobediencia y otro por incumplimiento de deberes militares. Nada menos.  

En un mes, Palamara pasó de manifestar su intención de publicar a estar procesado en un tribunal militar por varios delitos. Y más. Allanaron la imprenta y su casa, decomisaron un diskette con el
original del libro, se llevaron la matricería, borraron el disco duro del computador, decretaron orden de arraigo y hasta lo detuvieron (15 de marzo de 1993) sin notificarle motivo ni cargos.

Y no era todo. A fines de marzo, la enfurecida Armada dio curso a otro proceso por desobediencia cuando Palamara opinó en “La Prensa Austral” que le parecía “increíble” que la Corte de Apelaciones –
argumentando que “no era de su incumbencia”– haya rechazado un recurso de protección por vulnerar garantías constitucionales. Dicho fallo dejó huérfano al civil Palamara. A entera disposición de la justicia militar.

Y claro, más procesos le cayeron. En abril, dos peritos de la Armada confirmaron que el libro ni revelaba secretos militares ni comprometía la seguridad nacional. Además parecía normal que su superior directo fuera comandante en jefe de la III Zona y además juez naval de Magallanes. Juez y parte.

La prensa se convirtió en el único refugio de Palamara, que a esa altura era objeto de seguimientos y amenazas veladas. “El miedo me llevó a hacer todo público”, declara. El tercer proceso por desobediencia comenzó cuando el 5 de mayo de 1993 dio una entrevista en Radio Nacional de Punta Arenas. Le habían ordenado guardar silencio.

La bola de nieve parecía imparable. El civil Palamara fue encarcelado de nuevo y el tribunal militar impuso férreo secreto de sumario. Fue tanto el celo, que sólo después de un año y siete meses la defensa logró ver, por primera vez, el expediente de su defendido.

Pero faltaba más. También en mayo de 1993 lo habían procesado por desacato luego de que convocara una rueda de prensa para denunciar que la libertad de expresión estaba siendo reprimida y que tenía razones para suponer que se habían adulterado documentos y mentido a la Corte de Apelaciones para evitar un fallo adverso.

Ahí vino otra amarga sorpresa. Palamara llegó a ser absuelto del desacato, pero los acusadores acudieron a una instancia superior, la Corte Marcial, y el ente, que revocó la absolución, condenó a 61 días de reclusión y lo multó con 11 sueldos vitales. Ya en el suelo, en julio de 1995 un recurso de queja en la Corte Suprema pareció ser la salvación. Pero otra vez la justicia ordinaria le dio la espalda a
Palamara: recurso rechazado.

Y peor. En junio de 1996 le impusieron 61 días de reclusión por incumplimiento de deberes militares, 540 días por desobediencia y otros 61 días nuevamente por desobediencia.    

Pero no todo parecía perdido. En enero de 1997, el fiscal de la Corte Suprema acogió el recurso de casación y señaló que no correspondía someter a civiles a tribunales militares. Sólo era un espejismo. Seis meses después, la bofetada de la Suprema fue demoledora. Rechazaron el recurso de casación. “Perdí 6-0, fallo en que votó el auditor general del Ejército”, recuerda. La indefensión era total. 

 


A LA DERIVA

Tras años de diversos procesos, Palamara no sólo transitó el tormento castrense. Las esquirlas lo dañaron por todos lados. En mayo de 1993 lo despidieron del trabajo y, tras 19 años de vinculación, le
impidieron completar los 20 años necesarios para recibir una pensión. 

Sin trabajo y profesionalmente vetado en la Armada, Palamara tuvo que dejar a su esposa y sus tres hijos en Punta Arenas para trasladarse a Valparaíso. Pero en Viña la “familia naval” lo aisló. Relacionarse social y laboralmente con el “traidor”, como le enrostraban a sus hijos en Punta Arenas, era mal visto y hasta peligroso. Nadie confiaba en él. Palamara se convirtió en un paria. Sólo una persona le dio una mano: Manuel Losada –el mismo de la Operación Océano– había comprado unos barcos rusos en una ganga y buscaba un ingeniero naval en mecánica. El vínculo duró poco.

Su esposa y dos de sus hijos se alejaron de la pesadilla y se fueron a España. Adiós matrimonio. Adiós familia. Todo estaba perdido. En Chile no había nada más que hacer. Pero la batalla podía cruzar
fronteras.  

 



BENDITA CORTE 


“Yo no tenía idea que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, confiesa hoy Palamara. Fue un joven abogado el que lo ubicó. “Yo tenía 24 años. No me acuerdo cómo conseguí su teléfono, pero lo contacté y fui a verlo”, cuenta, diez años más tarde, Nicolás Espejo.

El recién egresado trabajaba como ayudante en una investigación de la U. Diego Portales sobre libertad de expresión y no en cualquier contexto: el 21 de agosto de 1990, Chile reconoció la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese día, el país no sólo globalizó su economía. También el derecho.

Las primeras diligencias se iniciaron en 1996. El caso lo tomaron Mauricio Duce y luego Francisco Cox, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En octubre de 2001 la causa fue admitida por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a las partes para buscar una salida amistosa. Pero Chile ni asomó.

Ya en 2003 la Comisión había recomendado restituir al ex marino sus derechos vulnerados, reintegrar los libros, reparar los daños e impulsar una legislación interna acorde al derecho internacional en materia de libertad de expresión y competencia de la justicia militar. Pero nada. Ni una respuesta del Estado.

Chile solicitó tres prórrogas, pero nunca presentó sus observaciones.
El plazo venció en abril de 2004 y entonces la Comisión Interamericana demandó al Estado chileno en la Corte Interamericana. Dos años y medio después, la democracia chilena fue condenada por violar nada menos que cinco derechos básicos: libertad de pensamiento, propiedad privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal. Palamara, por fin, respiró aliviado.

El fallo obliga a permitir la publicación del libro, a restituir el material incautado, a indemnizar con casi 50 mil dólares al afectado, a anular las tres sentencias condenatorias de la justicia militar y a darle publicidad al fallo en el “Diario Oficial” y en un diario de circulación nacional. Pero más importante aún –apuntan Espejo y Cox–, el fallo le dice a Chile que debe modificar en un plazo razonable la normativa interna para hacerla compatible con los estándares internacionales.

“Este fallo firmó el acta de defunción de la justicia militar en Chile”, concuerdan Espejo y Cox. No sólo porque nunca más un civil puede ser juzgado por militares –“lo que incluye el maltrato de obra
a carabineros e incluso lleva a tribunales ordinarios las muertes ocurridas en los cuarteles”, ejemplifican–, sino que convierte al Código de Justicia Militar casi en una normativa disciplinaria.

Humberto Palamara vive en casa de su madre en Viña del Mar y se las arregla explotando un pequeño bosque de eucaliptus de su padre. También administra un pub y de pronto hace clases de ciencias
políticas. Pero aún no le devuelven los libros ni la matricería. Tampoco ha recibido un peso de la indemnización y sus papeles siguen manchados. Pero ahora piensa que es cosa de tiempo. También sabe que ya no está solo. Sabe que por fin ganó.

FUNA A LOS ASESINOS DE LOS HERMANOS VERGARA

A nuestros amigos, compañeras y hermanos:  

Luego que el Ministro Carlos Gajardo, con fecha 31 de julio de 2006, dictara auto de procesamiento en contra de los cuatro uniformados que integraban la patrulla Z-955 de la Tenencia Alessandri, de la Comuna de Estación Central, como autores del delito de Homicidio Calificado de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, el 29 de marzo de 1985, los llamamos a FUNAR a los asesinos de Eduardo y Rafael, publicando sus nombres y sus domicilios en cada rincón de nuestras poblaciones, centros de trabajo y estudios, exigiendo el Castigo que les corresponde, no nos basta con saber la Verdad, es necesario y urgente que la Justicia no siga amparando y encubriendo a los uniformados y los ricos ladrones de este país.   

Los días martes 1º y miércoles 2 de agosto,  un grupo pequeño de personas estuvimos en espera de encontrarnos con los asesinos al momento que fueran notificados de su encargatoria de reo, lo cual fue imposible porque el Poder Judicial y la Institución de Carabineros los están protegiendo con grandes operativos policiales, desinformación y una fuerte y desmedida represión.  Los medios de comunicación oficiales fueron burlados y no pudieron registrar los rostros de los asesinos, ahora en calidad de acusados y reos

En este momento, tres de los cuatro carabineros, están detenidos en espera que se dicte la condena.    

El Capitán Alex Ambler Hinojosa se encuentra en el Edificio Norambuena que es la Mutual de Carabineros, ubicado en la esquina de Catedral con Amunátegui.     

Francisco Toledo y Marcelo Muñoz están detenidos en un anexo del Hospital de Carabineros, ubicado en Marchant Pereira 2895.     

Jorge Marín Jiménez de Concepción, se encuentra en calidad de FUGADO.  Este último es quien ejecutó con un tiro en la nuca a Rafael, bajo la orden de Alex Ambler Hinojosa.

La única forma de revertir esta situación de encubrimiento de los asesinos del pueblo, son nuestras acciones y movilizaciones y la difusión por los medios alternativos de comunicación.      

Es por ello que los convocamos a realizar una FUNA al Capitán Alex Ambler Hinojosa, detenido en el Edificio de la Mutual de Carabineros, ubicado en la esquina de Catedral con Amunátegui, el día Sábado 5 de agosto de 2006, a las 11:00 Hrs. (en punto).      

La FUNA está extendida hacia la Institución de Carabineros, la que se ha destacado por la protección a sus miembros a pesar de ser encargados reo.  Uno de ellos, Marcelo Muñoz Cifuentes, sigue activo en sus filas.    

Les enviamos todos los antecedentes que tenemos de los cuatro uniformados, para que se puedan utilizar y difundir como ustedes lo estimen conveniente, teniendo en cuenta que a pesar de estar inculpados por el Homicidio Calificado de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, existe la posibilidad cierta que puedan salir en libertad bajo fianza o bien ser beneficiados con condenas vergonzosas, a pesar que el “delito de Homicidio Calificado previsto y sancionado en el artículo 391 Nº 1 circunstancias primera y quinta, del Código Penal” implica entre 10 años y cadena perpetua para los responsables. 

Alex Vicent Ambler Hinojosa, Rut: 8.927.416-8, Capitán en retiro, actualmente contratista de minería y construcción, domiciliado en Avda. Suecia 2980, Depto. 43, Ñuñoa-Santiago, fono: 2740327 – 09/4346175;  

Francisco Nelson Toledo Puente, Cabo 1ro en retiro, actualmente taxista, domiciliado en Calle Los Tamarindos 5.500, Block 10, Depto. A-21, Lo Prado-Santiago, fono: 7746388;

Marcelo Segundo Muñoz Cifuentes, Sargento 1ro en servicio en el Comando de Telecomunicaciones de Copiapó, domiciliado en La Salitrera, La Perla 1419, El Palomar-Copiapó, fono: 09/3262199;

Jorge Segundo Marín Jiménez, Cabo 2do en retiro, se desempeña como conductor (?), domiciliado en calle Santiago 240, Talcahuano-VIII Región.  Actualmente en calidad de FUGADO.  

Reafirmamos ahora más que nunca, que sólo la lucha, la movilización y la memoria popular asegurarán la justicia y el castigo a los asesinos y represores de nuestro pueblo.     

¡Rafael y Eduardo Vergara Toledo! ¡Presente!  

Agradecemos el apoyo y el cariño de todos ustedes.

Familia Vergara Toledo

Santiago, 4 de agosto de 2006