Corte de Apelaciones anuló proceso contra el clan Pinochet

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de amparo presentados por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, y sus hijos Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline, procesados junto a otras 18 personas por el delito de malversación de caudales públicos en el denominado caso Riggs, informó Radio Cooperativa. De esta forma, el único familiar de Pinochet que permanece procesado es su hijo Augusto, quien no recurrió contra el dictamen del juez Carlos Cerda.

Ante la decisión, adoptada los jueces Juan Eduardo Fuentes, Dobra Lusic y Mauricio Silva, el abogado querellante Alfonso Insunza adelantó una apelación ante la Corte Suprema.

Asimismo, se acogieron los amparos del ex procurador general Ambrosio Rodríguez; el ex albacea de Pinochet Oscar Aitken y el general en retiro Guillermo Garín Aguirre.

También fueron anulados los autos de procesamiento de José Hernán Sobrazo Poblete, Sergio Moreno Saravia, Jaime Enrique Lepe Orellana, Héctor Guillermo Letelier y Juan Fernando Romero Riquelme.

La medida se extendió, por oficio, a Patricio Madariaga Gutiérrez, hermano de la ex ministra Mónica Madariaga, y el coronel activo Mortimer Humberto Cofré.

Los únicos recursos rechazados fueron los interpuestos a favor de Gustavo Osvaldo Collao Lira y Eduardo Fernando Castillo Cádiz.

NOTA DE MAXIMO KINAST: Siento asco por los momios inverecundos que integran la Quinta Sala de la Corte Suprema de Chile. Una vez más se han burlado de la Justicia.

El abogado Eduardo Contreras expresa y fundamenta doctamente su opinión en este artículo difundido por Pedro Alejandro Matta:

FALLO DE LA QUINTA SALA ES EQUÍVOCO Y SIN FUNDAMENTO LEGAL

Eduardo Contreras, Abogado

La resolución de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 del presente mes de octubre que acogió la inmensa mayoría de los amparos presentados por los Pinochet y su círculo más estrecho dejando sin efecto los procesamientos por el delito de malversación de caudales públicos y que además, por iniciativa propia, obsequió otras 2 revocaciones de procesamiento ni siquiera solicitadas, aparece ante los medios judiciales y entre los hombres y mujeres de Derecho, como un fallo equívoco, sin fundamento legal, y que evoca motivaciones no jurídicas.

En efecto, el día 4 de este mismo mes el juez Carlos Cerda procesó a 23 personas, un grupo que hasta pudo considerarse una suerte de verdadera asociación ilícita, como autores del delito de malversación de caudales públicos en una sentencia seria y fundada, apoyada en una exhaustiva investigación y en informes técnicos y científicos de centenares de páginas, producto de la policía especializada. El intenso trabajo investigativo no pudo ser destruido a pesar de todas las maniobras procesales y resquicios empleados por los asesores de los Pinochet y que han apuntado desde el comienzo a tratar de sacar del proceso al juez Carlos Cerda con todo tipo de pretextos, todos falaces, sabedores como son que Cerda es de esos jueces, no abundantes, decididos a cumplir con su deber y su vocación de establecer la verdad y aplicar las sanciones que corresponda.

Procedencia de los amparos

Luego de la detención y notificación de los procesamientos, absolutamente realizados dentro de los marcos legales, el juez dispuso posteriormente la libertad provisional de los implicados. Este hecho significaba en la práctica, de haberse respetado la Constitución y las leyes, que se caían los amparos. Ya no había detenidos y toda discusión en ese escenario se tornaba improcedente. Pero, claro está, hay que contar que con los Pinochet en tribunales suele suceder algo que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Porque la vía del recurso de amparo, históricamente establecido con un fin específico y determinado, no es la vía idónea para discutir el fondo. No es la sede para pronunciarse acerca de los autos de procesamiento. Así lo ha resuelto invariablemente nuestra Excma. Corte Suprema, la que, dicho sea de paso, tiene ahora una magnífica ocasión para dejar las cosas en su sitio cuando conozca de la apelación contra el sorprendente fallo de la quinta sala. Es más, en círculos de tribunales se suele hablar de la “doctrina Chegneaux”, aludiendo a la persona del ministro que presidió la sala penal de la Corte Suprema que ha sido categórica en mantener la imposibilidad de abatir una decisión de procesamiento por la vía excepcionalísima del recurso de amparo, concebido para fines diferentes, cuando las partes tienen el recurso de apelación como la vía idónea para impugnar dicha decisión.

Así había sido siempre, hasta ahora, en que el peso de los Pinochet y de su círculo de hierro hace posible un fallo distinto en que se anula procesamientos por una vía no destinada al efecto. Esta sola circunstancia nos lleva a afirmar que el fallo de la quinta sala es equívoco, errado y sin fundamento legal y rompe la igualdad ante la ley pues a nadie más que no sean estos personajes privilegiados se le concede el revocamiento de un auto de encausamiento por el camino del amparo. El momento procesal jurídicamente válido es sólo el de la vista del recurso de apelación

Los supuestos “errores” de Cerda

a) Indebido interrogatorio de los imputados: Uno de los fundamentos esgrimidos para dejar sin efecto la determinación del juez Cerda ha sido el que las declaraciones de los imputados no se hayan efectuado con las formalidades precisas. No es que no se hayan hecho, no es que no hayan declarado, sino que la forma no fue la adecuada, es decir que en lugar de pedirle al interrogado que declarara bajo juramento sólo se le debió exhortar a decir verdad.

Desde luego hay que recordar que en su propia sentencia el juez Cerda abordó esta circunstancia y advirtió que tal situación no le parecía “un escollo procesal insalvable” teniendo en cuenta que la defensa de los implicados en el delito había afectado el curso normal de la investigación habida consideración de las reiteradas suspensiones del juez provocadas por los asesores de los culpables y que hay un principio rector de prontitud que obliga a los jueces a no retardar su decisiones como lo dispone el Código Orgánico de Tribunales y además la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por el Estado de Chile. Este principio sin duda alguna avala la conducta del magistrado, tanto más cuanto que, como ha quedado dicho, la defensa de los implicados generó lo que se conoce como “manifiesto retardo”. Todo lo cual la quinta sala olímpicamente ignora.

La larga suspensión de funciones del ministro Cerda no pudo ser reemplazada por la actuación del subrogante a la luz de lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal que limita absolutamente la actuación de dicho subrogante. Siendo así, el deber del juez al reasumir sus funciones, máxime si existía ahora un voluminoso informe técnico que probaba la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad que en ellos cabe a los implicados, era proceder con la máxima energía y rapidez. El bien jurídico en juego es nada menos que el interés y el patrimonio del Estado.Y es lo que hizo Cerda.

Pero es más, el magistrado estaba expresamente autorizado por la ley a hacerlo, porque ha de saberse que por mandato del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, paradojalmente invocado en sus considerandos por el lamentable fallo de la quinta sala que comentamos, se puede incluso omitir el tomarle declaración al imputado si el juez considera que está suficiente acreditada la existencia del delito y la responsabilidad de quienes aparecen como sus autores.

Síntesis: hubo declaraciones, el juez actuó con la oportunidad y prontitud que le exige la ley chilena y los tratados internacionales y, por si fuere poco, éste es un caso típico en los que la norma jurídica autoriza a prescindir de interrogatorios y declaraciones. En efecto, delito y participación estaban más que acreditados ya antes de octubre de 2007.

Sobre este punto de la garantía procesal relativa a la declaración indagatoria, digamos además que resulta irónico que la resolución que comentamos aluda a las normas constitucionales en materia de defensa de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, artículos 5 y 19 nº 3 y 7 de la Constitución Política vigente. Si hay a quienes se les ha respetado hasta la exageración el debido proceso y todos sus derechos procesales es precisamente a quienes están directamente relacionados con los principales violadores de los derechos humanos de toda la historia del país. Contrasentidos de nuestra sociedad.

b) delito exclusivo del funcionario público: El otro fundamento contra la decisión de don Carlos Cerda consiste en afirmar que el delito de malversación de caudales públicos es de aquellos llamados especiales propios, es decir con requisitos particulares que marcan su especificidad. En efecto en principio el sujeto activo sólo podría ser quien tenga la calidad de empleado público, pero, como todo en la vida, las cosas no se dan en blanco o negro y ello no es tan así.

Porque una visión así de inflexible se divorcia absolutamente del principio jurídico de la comunicabilidad, acogido por la doctrina penal y que en Chile tiene precedentes jurisprudenciales objetivos y que consiste, en esencia y con toda razón, en la indivisibilidad del título de incriminación. Y en el caso que analizamos hay procesados que tienen la condición de empleados públicos, por lo que es precisamente el caso. Esto significa que no puede una misma conducta constituír un tipo penal para uno de los partícipes y un tipo penal diferente para otros partícipes. El ilícito penal es uno solo. Un mismo hecho no puede ser homicidio para uno y robo para otro, por ejemplo. Y en este caso, para superar tal dificultad, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que la especificidad de la calidad de empleado público es por así decirlo traspasada, comunicada, a los copartícipes del delito.

Tanto es así que el propio fallo de la quinta sala discurre al respecto y expone resumidamente las diversas posiciones doctrinales y, repare el lector, comenta el fallo que este asunto doctrinal “no puede abordarse en una acción urgente y extraordinaria como la actual”. Sugestivo, no puede abordarse. Pero lo abordan y a favor de los Pinochet. De paso reconocen la calidad de “extraordinario” del amparo. Pero se pronuncian sobre el procesamiento.

Lo que viene

Desde luego habrá que esperar a lo que resuelva la Corte Suprema y en este orden de cosas lo probable será que se mantenga a firme la llamada “doctrina Chegneaux” en cuanto a la imposibilidad de impugnar los procesamientos mediante un recurso de amparo, teniendo la ley a favor de los procesados una sede especial habilitada al efecto. Si ello sucede así, como normalmente debiera ser, quedará sin efecto el fallo de la quinta sala y se mantendrán los procesamientos.

Por otra parte y tal como sucedió hace algunos años, pero entonces por la vía de la apelación, cuando la Corte revocó un procesamiento del juez Juan Guzmán a Augusto Pinochet por una supuesta falta de declaración indagatoria, el magistrado simplemente volvió a interrogar al imputado, hecho lo cual lo procesó y dispuso su detención.

Con lo que quiero hacer presente que este episodio judicial está muy lejos de haber concluido y que cabe esperar que finalmente los culpables sean condenados.

De no ocurrir así, el país estará notificado de la voluntad del sistema de poder actual en Chile en orden a “dar vuelta la página”, poner “punto final” y”mirar al futuro” que son los eufemismos más empleados para tratar de esconder la basura bajo la alfombra, y en este caso dar el perdonazo a quienes construyeron al margen de la ley una de las más impresionantes fortunas de la historia y en que se mezclan no sólo la malversación y la estafa sino el contrabando de armas y la incautación de valiosos bienes de los perseguidos de los primeros años de la dictadura militar. Piense el lector en la apropiación de recursos del MIR y del Partido Comunista, que ha sido confesada en los procesos judiciales por agentes de Pinochet.

No anular el fallo de la quinta sala que salva, por ahora, a los Pinochet, sería gravísimo pero a la luz de lo acontecido estos últimos años, aun abrigo la esperanza que se restablezca el Derecho y que la Corte Suprema sea consecuente con sus invariables resoluciones de los últimos diez años.

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MUERTE DE UN TRABAJADOR

maximokinast - 25 de octubre de 2007 - 02:40 - Chile

"...cuando alguien dispara

contra un trabajador

se está disparando contra Chile"

Por Héctor Vega*

Fuente: Fortín Mapocho

Difundido por Política Cono Sur

Cuando la Presidenta Bachelet asistió a la Capilla ardiente del cabo segundo Luis Moyano dijo tener mucha rabia por su muerte. Agregó que "cuando alguien dispara contra arabineros de Chile se está disparando contra Chile". Algo parecido se dijo con la muerte del cabo Cristián Vera, cuando los hechos del 11/09. Sin embargo, no he escuchado a ningún político decir: "que cuando alguien dispara contra un trabajador se está disparando contra Chile".

Como primera reacción, la derecha, ha propuesto mano dura, elevar las penas y en nombre de la "seguridad ciudadana" dotar de nuevos elementos a la policía.

Rodolfo Stange, ex general director de Carabineros en un lenguaje sin rodeos y que devela las verdaderas intenciones de la derecha dura, propuso restituir la detención por sospecha y lamenta que no exista la pena de muerte. Textualmente agrega que "esta sociedad no está acostumbrada a tener tanta libertad sin castigo". "Me trae al recuerdo lo que sucedió el año 80' en que en esta misma época, digamos estival, tuvimos muchos asesinatos de Carabineros por gente que no quiere tranquilidad, no quiere orden".

La clase política no ha perdido su tiempo en ver las verdaderas causas de la violencia. Nadie mencionó el sistema, ni las desigualdades, ni la falta de oportunidades que crea. Todo se mantiene incólume porque lo que falla no es el sistema sino ciudadanos de mala voluntad e incapaces de entender sus bondades. Por eso es necesario aplicar mano dura para que todos marchen según el ritmo que conviene.

En Chile el itinerario de la violencia en la época republicana es largo. En los períodos más negros de su historia, la Policía y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión a la clase trabajadora. Pero, la lucha social nunca se detuvo; por el contrario, siempre surgieron quienes reemplazaron a los caídos.

Recordemos a comienzos del siglo XX durante el gobierno de Germán Riesco, la masacre de los trabajadores portuarios de Valparaíso en 1903; luego en 1905, la llamada Semana Roja contra manifestantes en Santiago; la represión de los ferrocarrileros de Antofagasta en 1906; la carnicería de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 cuando murieron cientos de trabajadores del salitre; la matanza obrera de Puerto Natales, movimiento liderado por los trabajadores de los Frigoríficos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego [1919]. El incendio de la Federación Obrera de Magallanes, hecho ocurrido bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes [1920].

Recordemos aún, las masacres de obreros salitreros de San Gregorio [1921]; la Marusia [marzo de 1925] y La Coruña [junio de 1925]; la masacre de los campesinos y obreros forestales de Ranquil en el alto Bío-Bío [1934]; la represión desatada contra el movimiento obrero bajo el gobierno de Gabriel González Videla [1946-1952] con relegaciones y campos de concentración, siendo el más célebre el de Piragua; la matanza de Plaza Búlnes, contra un mitin convocado por la Confederación de Trabajadores de Chile, el 28 de Enero de 1946; la revuelta contra las micros donde cayeron asesinados por carabineros 30 personas durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo [1953-1959]; la masacre de pobladores de la Población José María Caro, durante el gobierno de Jorge Alessandri [1963]; la masacre de trabajadores de El Salvador, baleados por el ejército con balas de guerra que traspasaron las calaminas de la sede sindical, tras las cuales se refugiaban los trabajadores; represión y muerte de los pobladores de Pampa Irigoyen en Puerto Montt. Todo ello bajo el gobierno del demócrata cristiano, Frei Montalva [1964-1970].

Durante la dictadura fue un ejercicio sistemático, el asesinato, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, el desaparecimiento de trabajadores, opositores y militantes de izquierda, detenciones arbitrarias y selectivas, allanamientos masivos, secuestros y relegaciones…

Bajo el gobierno de Aylwin, Marco Ariel Antonioletti, militante del Mapu-Lautaro, fue buscado y baleado por la policía, en la casa de Juan Carvajal Trigo, periodista de Fortín Mapocho. Belisario Velasco -a la sazón subsecretario del Interior- ordenó su detención. La crónica de la época recuerda que Marco estaba desarmado y que era innegable que la aplastante desigualdad de fuerzas permitía detenerlo con vida. Sin embargo, Ariel fue asesinado de un balazo en la frente, probablemente un tiro de gracia. Ninguno de los policías fue herido en la acción.

Bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Claudia López cayó bajo las balas de carabineros durante una manifestación de pobladores en la población La Pincoya [1998]; en Arica corrió la misma suerte el estudiante Daniel Menco en diciembre de 1999.

Durante el gobierno de Bachelet, en la huelga de los trabajadores forestales de Arauco, el obrero Rodrigo Cisternas Fernández cayó bajo las balas de carabineros [mayo 2007]. Hechos ampliamente documentados y difundidos por la Organización Mundial Contra la Tortura [OMCT], que en declaración pública recuerda el deber de las autoridades chilenas de garantizar que toda operación policial contra manifestantes respete las normas internacionales de derechos humanos especialmente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Pero también hay hechos que repudian la conciencia republicana. La inmolación del militante del Partido Comunista, Eduardo Segundo Miño Pérez frente a La Moneda, protestando por el "maltrato y engaño a que son sometidos por la Mutual de Seguridad y sus médicos", a quien acusó de maltratar a los trabajadores enfermos, pacientes de asbestosis y engañarlos. Miño, en un mensaje póstumo, denuncia a la Industria Pizarreño, "por no haber protegido a sus trabajadores y familias del veneno del asbesto". Su protesta, fue contra "los grandes empresarios culpables del drama de la cesantía" su acto, expresa, es "una forma de protesta última y terrible, que la hago en plena condición física y mental".

Esta ya larga lista de violencia demuestra las verdaderas causas de lo que ha querido ser reducido a un problema de delincuencia. Cuando Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Ricardo Lagos negociaron con Pinochet las ciento y tantas leyes secretas destinadas a perpetuar el sistema neo-liberal impuesto por la dictadura, y la Constitución que los consagraba, estaban dando una cobertura legal a la gran humillación que durante 16 años de dictadura vivió el pueblo de Chile. Mientras esos 3 negociaban, el pueblo que había luchado en las calles, que contaba sus caídos, quedaba al margen de toda decisión. Método que con el correr de los años se transformaría en norma de gobierno: la exclusión.

Esa es la causa fundamental por la cual los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos estuvieron amarrados al sistema político, económico y social del pinochetismo y ahora con algunas variantes el de Bachelet. En ese contexto, ninguna Comisión ni actividad ciudadana –métodos privilegiados por la presidenta– podrá restablecer la dignidad de un pueblo permanentemente humillado: humillado en el transporte; en las colas de la salud; en la desigualdad ante la educación; en la vivienda; en las remuneraciones; en las posibilidades de acceso a una vida mejor; engañado en un "chorreo" que todos saben que nunca llegará; en fin, pueblo desengañado de promesas que nunca se materializaron.

No se puede enmendar rumbos sin antes desactivar las ataduras a la democracia, desterrar de la vida pública los escándalos del poder político y la prepotencia de los empresarios. Bajo el sistema actual, NO puede haber seguridad ciudadana, porque ella emana del mismo pueblo que hoy es testigo pasivo de acontecimientos sobre los cuales no tiene ningún poder de decisión.

La policía actual es un mecanismo de represión de intereses, no es un órgano de la institucionalidad republicana. Falta para ello, la sanción de un pueblo organizado en los barrios, en sus lugares de trabajo, en fin, dispuesto a tomar su destino en sus propias manos. El poder político actual carece de legitimidad real. Sus actos, sus discursos están rodeados de formalidades carentes de contenido. Las palabras, no sólo de la Presidenta, sino del conjunto de la clase política, se van con el viento que las difunde. Porque representan apenas al "Club de los 200", que manda y orienta la vida de los 15 millones de chilenos que habitan en el territorio nacional.

No olvidemos que durante 16 años, las Fuerzas Armadas, fueron la columna vertebral de la violencia en Chile. No son las declaraciones, ni las ceremonias formales las que restituirán la verdad y la justicia sobre los hechos pasados. Es una herida no cerrada y lo será mientras no exista la institucionalidad republicana que así lo garantice.

No olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas en Chile y que en virtud de ello son responsables de su uso ante la ciudadanía.

Ni las autoridades civiles ni las Fuerzas Armadas han dado un primer paso que indique al pueblo de Chile que se ha restablecido la institucionalidad republicana en Chile.

Más aún, para aquellos que aún no lo han entendido. Ese primer paso emana del poder civil, no del poder militar pues aquel recibe el mandato popular para ejercerlo. Del poder civil debe surgir la iniciativa para que exista una Constitución realmente democrática, real equilibrio de poderes, justicia creíble y no una caricatura como la actual, justicia social y fin de los privilegios.

No habrá paz ni concordia, ni reconciliación de los espíritus sino cuando en virtud de las fortalezas y virtudes republicanas nunca más las armas se vuelvan contra los mismos que las entregaron -en un gesto cargado de simbolismos- a los cuerpos armados de la República para el resguardo y protección de la soberanía externa e interna de la Patria. No olvidemos que el control sobre las armas, hoy en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, proviene de los fundamentos mismos de la democracia que se basa en el restablecimiento de la Soberanía que en último término emana del pueblo.

* Director de Fortín Mapocho. Preside el Movimiento de Saneamiento Político y Social

23/10/07

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LA PILLARON CHANCHITO A MISIA BACHELET

maximokinast - 20 de octubre de 2007 - 05:43 - Chile

LA INFORMACIÓN ESTA

EN LOS PRINCIPALES

DIARIOS DE EUROPA

MISIA BACHELET SIGUE MINTIENDO, NIEGA LA EXISTENCIA DE PRESOS POLÍTICOS Y SE LLENA LA BOCA CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA; PERO TODO ES MENTIRA.

EN EUROPA LA PILLARON Y YA SABEN QUE ES METIROSILLA

Lea este exto difundido por Política Cono Sur:

LA LARGA MANO DE LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE LLEGA A ITALIA:

Mujeres Mapuche detenidas en Italia antes de manifestar contra Bachelet

Roma.- La policía italiana detuvo a la documentalista mapuche Jeannette Paillán minutos antes de la llegada de la Presidenta Bachelet a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Roma, a las 10 de la mañana del 16 de octubre para impedir la realización de una protesta por la libertad de los presos políticos mapuche.

Esta práctica de “limpieza preventiva”, es común en Chile donde para marchar, por ejemplo frente a La Moneda o por la Alameda, se debe pedir permiso, de acuerdo a leyes impuestas por la dictadura y aún
vigentes.

Fred Bennett, cuñado del sacerdote desaparecido Miguel Woodward fue detenido y agredido por carabineros este año en las afueras de la catedral de Santiago, el día del Tedeum de Fiestas Patrias, cuando esperaba entregar una carta a la presidenta. Sin embargo las detenciones sin mediar explicación ni diálogo no son tan comunes en Europa.

Las organizaciones mapuche del exterior, representadas por Reynaldo Mariqueo, de Enlace Mapuche Internacional (Inglaterra), Jorge Calbucura, de Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, (Suecia),
Rodolfo Vejar, de Mapundial (Holanda) Millaray Waikian, de Aukiñ Wenteche (Suiza), y Gaston Lion (Comité Belga-América India (Bélgica), denuncian en una declaración pública dada a conocer el 17
de octubre, que ello se debe a recomendaciones emanadas de la propia Embajada chilena a los servicios de seguridad italianos sobre el trato a los simpatizantes de la causa mapuche acorde a su condición de potencial peligrosidad.

Agresión a la libre expresión

La policía introdujo rápidamente en vehículos civiles a la realizadora audiovisual (ganadora del Primer Premio Festival de las Naciones de Canadá por “Wallmapu”), y a otra activista que también portaba pancartas por la libertad de los presos políticos mapuche y las condujo a recintos policiales donde fueron amedrentadas verbalmente para ser posteriormente liberadas.

La acción policial fue denunciada por las organizaciones mapuche del exterior como “una provocación y abierta agresión a la libre expresión cultural y democrática” e hicieron notar el contrasentido de la detención de una documentalista cuando la Presidenta Bachelet inaugurará en su visita un Festival de Cine Chileno e incluyó en su delegación a los cineastas Silvio Caiozzi, Boris Quercia, Luis Vera y Rodrigo Sepúlveda.

La declaración de protesta demanda además una reacción del gobierno y de los colegas de Paillán, e incluye fotos del incidente policial.

Estas organizaciones ya habían convocado a una Jornada de Solidaridad Internacional con el Pueblo Mapuche que se efectuará el próximo 26 de octubre.

La movilización solidaria contradice asimismo las declaraciones de la Presidenta Bachelet negando la existencia en el país presos políticos mapuche.

Han sido dos mujeres, la lonko Juana Calfunao y su hermana las que con una huelga de hambre de más de 63 días refutaron en la Cárcel de Temuco esas afirmaciones, logrando amplia solidaridad internacional y un pronunciamiento público del ex Juez Juan Guzmán, reconociendo su condición de presas políticas luego de visitarlas en prisión y conocer también su comunidad de origen.

Luego de las públicas declaraciones del magistrado, conocido a nivel mundial por haber investigado los crímenes de Augusto Pinochet, y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, las mujeres depusieron el 12 de octubre su huelga considerando alcanzado su objetivo.

Sin embargo, el 10 de octubre, en la cárcel de Angol (Novena Región) y en El Manzano (Concepción, Octava Región) otros seis prisioneros mapuche Patricia Troncoso, José (Juan) Millalen, Héctor Llaitul, José Huenchunao y Jaime Marileo, e Iván Llanquileo, iniciaban una huelga de hambre.

Esta vez las demandas son la desmilitarización de las zonas en conflicto por las recuperaciones de tierras usurpadas, actualmente reprimidas en forma sistemática, y la libertad de todos los presos políticos recluidos en penales de Angol, Temuco, Traiguén, Concepción (El Manzano), Santiago (Cárcel de Alta Seguridad), Victoria, Lautaro y Nueva Imperial.

Ver entrevista a Jeannette Paillan sobre cine mapuche en

www.antropologiavisual.cl/entrevista_paillan.htm

Para unirse en el exterior a la Jornada de Solidaridad Internacional con el Pueblo Mapuche, los contactos son:

Enlace Mapuche Internacional mapuche@mapuche-nation.org

Jorge Calbucura calbucura@mapuche.info

Millaray Waikian aukinwenteche@yahoo.fr

Gastón Lion gaston.lion@skynet.be

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TOMAS HIRSCH EN LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND

maximokinast - 15 de octubre de 2007 - 07:09 - Chile

The Latin American Studies Center
University of Maryland – College Park
presents

The Latin America’s New Left
What is it? Where is it heading?

A lecture by Tomas Hirsch

Ex-presidential Candidate, Chile 1999 and 2005

Tuesday, November 13, 11:00 AM – 12:15 PM

McKeldin Room # 6137

Mr. Hirsch will elaborate on the emergence and development of a strong Latin American socio-political movement that is progressively gaining massive popular adherence and the challenges that such a
movement confronts in terms of both the prevailing status quo in countries such as Bolivia, Ecuador and Venezuela, and the goals of social justice and full-fledged democratization it pursues. For his
presentation, Hirsch will draw from the recent political experience of several Latin American countries, including his own, and the innovative political role that young people and their leaders are playing in the reformulation of the ways Latin American politics done.

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RESPUESTA DEL DIRECTOR DE 'EL SIGLO' AL SINDICATO EN HUELGA

maximokinast - 12 de octubre de 2007 - 09:11 - Chile

Santiago, 11 de octubre de 2007

Señor

Alfredo Taborga,

Presidente

Tribunal Regional de Etica y Disciplina (TRED)

Consejo Metropolitano

Colegio de Periodistas

Presente

Estimado presidente:

Me dirijo a usted y por su intermedio, a los integrantes de este Tribunal para pedir la instrucción de un sumario por las razones que explico a continuación:

El suscrito, inscrito en los registros del Colegio con el rol 1.965, concurre respetuosamente ante este Tribunal con el fin de entablar una denuncia por flagrante y grave atropello al Código de Etica del Colegio de Periodistas, perpetrado en mi contra, y al medio que represento, por el Presidente de la Orden, don Luis Conejeros Saavedra.

Dicha falta fue cometida el pasado 2 de octubre, durante una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con un grupo de colaboradores del semanario El Siglo, que dicen actuar en nombre de un pretendido sindicato.

En dicha conferencia, el Presidente de la Orden hizo suyas todas y cada una de una serie de imputaciones, carentes de prueba y fundamento, que estas personas viene formulando públicamente desde hace meses, en una campaña odiosa, sostenida y estridente.

Entre ellas, que el suscrito y la empresa Siglo XXI habríamos incurrido en “prácticas de acoso laboral insólitas en el Chile de hoy”; y que “desde hace meses venimos siendo testigos de la acción de un grupo de trabajadores muy responsables, que han seguido todos los cursos legales y han acudido a una muy seria inspección del trabajo, sin estridencias. Pero la empresa se ha comportado de una forma insólita, desoyendo todo llamado a buscar acuerdos, extremando las posturas y llevando a los colegas al camino único de la huelga y la denuncia pública”.

Remató su lamentable actuación con un llamado a boicotear un medio de comunicación, que no registra precedente ni parangón en la historia del gremio:

“Es insólito y nos duele en el alma que un grupo de colegas este siendo sometido a este acoso, a ser encerrados en una oficina sin teléfono ni Internet y sin que les den trabajo, asistiendo sólo a cumplir su horario, sobre todo porque son personas con un compromiso con la información. Entonces, esperamos que también se exprese el respaldo de nuestros públicos y que aquellos que sientan un compromiso con los trabajadores dejen de comprar este periódico”.

Comprenderán, señores del Tribunal, que acusar a un medio que se ha caracterizado por la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, de “reiteradas” e “insólitas” prácticas antisindicales, constituye una ofensa gravísima, constitutiva de delito, toda vez que buscan neutralizarlo por la vía de afectar su prestigio y credibilidad, más aún cuando las imputaciones carecen de fundamento en los hechos, y en todo caso obedecen a la subjetividad alterada de un grupo de personas que desde el día en que asumí la dirección del semanario, viene incurriendo en sistemáticas conductas de obstrucción. Peor aún, cuando el señor Conejeros llama a “quienes sientan un compromiso con los trabajadores”, a que “dejen de comprar” un periódico que sólo se mantiene con sus ventas en kioscos, lo que hace en la práctica es llamar a cerrarlo. Me pregunto por qué no ha hecho lo mismo con El Mercurio y La Tercera, cuando han despedido a promociones completas de periodistas; y por qué este mismo señor, tan severo Catón de El Siglo, no haya dicho una sola palabra ante el reciente despido, por evidentes razones políticas, del corresponsal de Televisión Nacional en la Quinta Región, Danilo Ahumada.

Con ese llamado y esas imputaciones, que lesionan mi honra, insultan una trayectoria de más de treinta años de ejercicio profesional, y agravian al medio que represento, el señor Conejeros ha vulnerado gravemente los siguientes artículos del Código de Etica del Colegio de Periodistas:

Artículo Segundo: “el periodista difundirá sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas”.

Artículo Séptimo: “el periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos”

Especialmente, el artículo decimotercero, que establece de modo taxativo: “al periodista le está especialmente vedado denigrar a otros periodistas, ya sea por la vía de la descalificación personal o por otro medio que conlleve un descrédito profesional”.

De los señores Julio Oliva y Raúl Blanchet no espero nada en cuanto a ética periodística, puesto que no son periodistas, ni son colegiados, pero me asombra el modo flagrante como el Presidente del gremio transgredió una normativa que, se supone, no puede desconocer.

Era su obligación recabar nuestra versión de los hechos: que el pretendido sindicato, el cual impugnamos, pues no tiene sustento ni en la legitimidad ni en la ley, pretende, a través del chantaje de la denuncia pública de una supuesta persecución sindical, primero, soslayar el conflicto con la dirección del medio, surgido como consecuencia del bajo rendimiento de algunos de sus integrantes, pero en lo fundamental, imponer una suerte de coadministración y codirección, si es que no terminar o neutralizar por medio del desprestigio, a un medio de comunicación cuya naturaleza y razón de ser es la defensa de los derechos de los trabajadores.

Los hechos

Hacia el mes de junio del año 2005, me llamó don Claudio Denegri Quintana, representante legal de la Empresa Siglo XXI, para ofrecerme la dirección del semanario El Siglo. Me manifestó que el ofrecimiento obedecía a mi trayectoria y experiencia en la dirección de otros medios, y que el objetivo consistía en revertir el déficit operacional que el semanario dejaba en forma mensual, escenario que de no cambiar en el mediano plazo, podría significar el cierre de la publicación. Solicito al tribunal citar a don Claudio Denegri, a objeto que ratifique o desmienta lo que estoy relatando.

Debo decir que a pesar de conocer la precaria condición económica de El Siglo, y lo que significa en términos de estigma profesional, o más bien por lo mismo, acepté con entusiasmo el desafío, dado que en el pasado trabajé en al menos cuatro medios desaparecidos por causas económicas (Fortín Mapocho, Cauce, Página Abierta y Pluma y Pincel) razón por la cual consideré motivador luchar con todo mi empeño para contribuir a que eso no sucediera con El Siglo.

Estudié la situación en todos sus aspectos, producto de lo cual es el documento Propuesta de Desarrollo para el Semanario El Siglo, que acompaño como prueba.

Solicito al Tribunal que se pronuncie sobre si se ajusta a las facultades del Director de un medio de comunicación. Como fuere, en la primera reunión con el equipo de trabajo de El Siglo, consistente en tres personas de planta, entre ellas una periodista, y cinco colaboradores a honorarios, les presenté esa propuesta como plan de trabajo.

Aparte del documento, en dicha reunión manifesté con mucha claridad, tres asuntos medulares:

-Primero, que venía a hacer un cambio, pero con las mismas personas.

-Segundo, que era imperioso mejorar el semanario es todos sus aspectos, porque de lo contrario, su situación se vería muy comprometida.

-Tercero, que para lograr ese cambio debíamos mejorar sustantivamente la productividad y el rendimiento de los periodistas, independiente de su vinculación contractual, pero que me comprometía personalmente a que cualquier excedente que lográramos sobre el punto de equilibrio, se distribuiría entre ellos.

A esta reunión, en septiembre de 2005, me acompañó Claudio Denegri.

Solicito a este Tribunal lo interrogue, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy afirmando.

Del documento en referencia, reproduzco parte del Título VI, denominado Problemas Metodológicos:

“El mejoramiento del servicio informativo de El Siglo exige un cambio en las metodologías de trabajo. Uno de los aspectos a mejorar es lo que podríamos denominar ritualización de la pauta. Es decir, los periodistas reciben uno o dos temas en la pauta del jueves, y eso es lo que se limitan a entregar el día del cierre, frecuentemente con atraso (…) Dicho de otra manera, necesitamos mejorar el contenido tanto cuantitativa como cualitativamente (…) También demandará un cambio en la carga de trabajo del equipo periodístico. En lugar de un tema o dos por semana, probablemente deberá asumir más, pero más breves, con una exigencia mejor distribuida, en función de una pauta flexible, sometida a revisión diaria”.

Traigo a colación este documento porque está en la base del conflicto con algunos de los periodistas y colaboradores de El Siglo, y establece con claridad temas recurrentes del mismo, tales como el tiempo dedicado al semanario, la disposición al trabajo y la naturaleza de la vinculación contractual con la empresa. Admito que mi llegada representó un cambio en la metodología de trabajo preexistente, pero sostengo que se trató de una exigencia legítima, y en último término, de una necesidad ineluctable.

Leeré ahora ante el tribunal la interpretación que de eso hizo Julio Oliva, en uno de los numerosos correos electrónicos difundidos por el pretendido sindicato, documento que también acompaño:

“fue puesto, sin consulta al CC ni ha toda la CP, el señor Herreros (quien hoy milita en una de esas células formadas para que se diga que algunos no militan, de esas varias que dependen del comunal Salvador Allende, y qué tú sabes que existen). Desde ese minuto se acabo el hermoso trabajo colectivo que por años pudimos hacer (…) Ese fue el aviso de que lo que se venía era un jefe sin ninguna gana de trabajar en colectivo, ese "defecto" tan apegado a nuestras vidas de comunistas. Se acabó la pauta colectiva, la portada colectiva, la discusión y el aporte del colectivo. Se nos informó que se debía funcionar como una empresa, ojalá en algunas cosas hubiese sido así, por que de gestión de empresa no hay nada de nada…”

Ese lenguaje odioso, esa beligerancia, esa insidia permanente, esa manía persecutoria, han sido la norma invariable de conducta de Oliva y el grupo que lidera, con un Director que propuso con franqueza y transparencia un cambio necesario.

Las motivaciones se desprenden fácilmente: se trataba de un grupo que funcionaba como dirección colectiva y que se había habituado por años a una práctica fundada en la ley del mínimo esfuerzo. Del mismo correo se desprende también que desde el primer día Oliva se negó a aceptar la dirección de un periodista profesional, lo que se tradujo en una conducta de obstrucción sistemática, fundado en una errónea concepción de dirección de medios. La explicación es fácil: ni Oliva ni ningún otro de los periodistas del pretendido sindicato ha trabajado nunca en otro lugar que no sea El Siglo, y por tanto desconocen el ordenamiento que regula el funcionamiento de los medios.

Oliva me ha imputado reiteradamente en sus confusas declaraciones, haber impuesto un “criterio de empresa”. Lo único que podría hacerme merecedor de tan curioso calificativo, es haber reiterado la necesidad de lograr el autofinanciamiento de la empresa, condición necesaria para garantizar su continuidad, cuestión de una lógica casi aristotélica. Por lo demás, el tema de la necesidad de mejorar El Siglo no obedece a una obsesión personal.

De hecho, fue un acuerdo adoptado por la unanimidad del directorio de Siglo XXI, y por los propietarios de la empresa. De hecho, se me eligió para llevar adelante esa tarea, precisamente lo que estamos haciendo con esfuerzo y sacrificio personal, y según creo, con transparencia y honestidad, otro sector de periodistas y trabajadores de El Siglo, sin por ello merecer calificativos de krumiros y rompehuelgas que Oliva y su grupo nos endosan

El Siglo no ha interrumpido su actividad ni en lo más negro de la noche pinochetista, y no va a lograrlo Oliva, con una huelga que no tiene sustento ni en la legitimidad ni en la ley.

La necesidad de mejorar su entrega nunca fue comprendida por los dos periodistas a honorarios que hoy aparecen dirigiendo el pretendido sindicato, y en los hechos se negaron sistemáticamente a cumplir con instrucciones muy precisas del Director.

En prueba de lo que afirmo, acompaño el texto de un memorando al equipo de trabajo, con fecha 22 de septiembre de 2006:

“Estimados colegas:

Por medio de la presente, me permito reiterar, por escrito, aquellas normas de procedimiento, expuestas verbalmente ante uds. en la reunión con la dirección, representada para los efectos por Claudio Denegri, las mismas que considero esenciales tanto para garantizar la actualidad, pertinencia y relevancia de nuestros contenidos, como para asegurar un funcionamiento eficiente del calendario de entrega y despacho.

1) Asumo que los contratos de trabajo son de jornada completa. En consecuencia, los jueves, viernes y lunes no son días libres.

No se trata de imponerles un horario ocioso en la redacción. Tampoco de impedirles que desempeñen otra actividad. El sentido de la medida apunta a) que cada periodista esté pendiente de la evolución de los hechos noticiosos de su sección asignada, b) que reportee en terreno y construya su red de fuentes y c) ordenar el flujo de entregas, de modo de evitar lo que sucede habitualmente, en el sentido de que los periodistas esperan hasta última hora para entregar todo su material, conducta que se traduce en un colapso en la mecánica de despacho, los días miércoles.

2) En directa relación con lo anterior, la pauta de cada sección debe quedar definida con el director y el editor general los días lunes. Idealmente, los editores de sección debieran interactuar a diario con el director o el editor general, en función de la evolución de la pauta sectorial. Lo que busca este criterio es garantizar actualidad y capacidad de reacción.

3) Debo insistir enfáticamente que los días de entrega de las secciones son los días martes. Los días miércoles sólo deben quedar reservados a temas cuya actualidad lo exige, estén o no dentro de las secciones, y que previamente hayan sido acordados con el director o el editor general, o bien los imponga la dinámica de los acontecimientos el mismo día miércoles. Las secciones que deben entregar el martes son: economía, internacional, cultura, batalla de ideas, verdad y justicia, hoz y martillo, laboral y movimiento social. Reitero que no se trata de un marco rígido o inmutable, sino del ordenamiento del flujo de entrega. Un eventual tema que exige cierre el miércoles, no debe inhibir la entrega del resto de la sección el martes.

4) No es mi intención imponer horarios de llegada. Pero considero indispensable iniciar las actividades los días de despacho, vale decir, martes y miércoles, a un horario razonable. La entrega oportuna de los trabajos en los días de despacho, torna innecesaria la permanencia de los periodistas. En consecuencia, las asignaciones para movilización nocturna sólo serán entregadas en casos justificados, previamente acordados con el director o el editor general.

5) La asistencia a la reunión de pauta de los jueves es obligatoria. Lo acordado en dicha pauta proporciona un marco general, pero no una especie de Constitución del 80, intangible e inmodificable. Lo que busca evitar esta medida, de modo explícito y concluyente, es la práctica de empezar a reportear el martes el tema asignado en la pauta del jueves anterior, y entregar el miércoles a última hora.

6) En líneas generales, cada periodista es responsable de una sección. Pero esto no excluye en modo alguno que no pueda asumir otros temas surgidos del intercambio en la pauta general del jueves, o cuando la dinámica de los hechos lo impone.

Estimados colegas:

Apelo a su conciencia y responsabilidad profesional para el cumplimiento de estas medidas, que en último término van en beneficio de todos. De lo contrario, me veré en la obligación de tomar medidas que están lejos de mi ánimo”.

Acompaño también las respuestas recibidas por dos de los integrantes del equipo del plantel profesional de El Siglo, que contribuyen a demostrar la naturaleza objetiva de esa fase del conflicto:

“Francisco, acuso recibo y me parecen las medidas. Ana”.

“Estimado Director:
Me parecen excelente las medidas de orden y disciplina, creo son indispensables para ser el mejor medio escrito de Chile. Es nuestra responsabilidad realizar el mejor trabajo, esmerarnos por ser los mejores, los mejores artículos, las mejores fotos, el mejor diseño, la mejor diagramación. En mi calidad de diagramador necesito tiempo para colaborar la mejor presentación para nuestros lectores. Como observación creo muy necesario correcciones más minuciosas pues se producen errores muy notorios que desprestigian nuestro medio. Sergio”.

Solicito del Tribunal un pronunciamiento sobre los siguientes puntos:

-Si es una comunicación a periodistas, sean de planta u honorarios, formulada en términos inapropiados, o que contenga agravio alguno a la dignidad profesional.

-Si establece exigencias desmedidas o abusivas, sea para los trabajadores con contrato o para colaboradores a honorarios.

-Si es legítimo adoptar medidas, que pueden ir hasta el despido, en caso de incumplimiento de una normativa tan clara, adoptada conforme a atribuciones de dirección.

Sin embargo, el sector liderado por Oliva, constituido como una fracción, continuó con su actitud de contumacia, ya a esa altura por más de un año. Antes de tomar cualquier medida, y para agotar todas las instancias de diálogo, le pedí a Claudio Denegri que me acompañara en una nueva ronda de conversaciones con algunos periodistas. Dos de ellas resultaron decisivas.

El periodista Iván Valdés manifestó que por el pago que recibía, no estaba dispuesto a hacer nada por encima de lo que estaba rindiendo, reducido a una crónica por semana.

El periodista Cristián Pavez adujo sentirse desmotivado, como consecuencia de diferencias políticas con la línea editorial, derivadas de la posición del Partido Comunista ante la segunda vuelta de la última elección presidencial, razón por la cual afirmó que tampoco estaba dispuesto a cambiar su disposición hacia el trabajo.

Esta nueva ronda de conversaciones se verificó entre los meses de octubre y noviembre de 2006, al cabo de la cual recomendé al directorio de la Empresa Siglo XXI, la separación del equipo de los dos periodistas referidos.

Solicito al Tribunal a) interrogar a Claudio Denegri, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy relatando y b) se pronuncie si esa medida se ajusta o no a las atribuciones de dirección de un medio; si se tomó sin agotar las instancias de diálogo, y si por trabajar en El Siglo los periodistas adquieren una suerte de fuero o inamovilidad, desde la cual pueden pretender coadministrar y codirigir el medio, bajo el chantaje de la denuncia pública de persecución sindical.

Las decisiones en Siglo XXI nunca se toman sin un exhaustivo análisis de los antecedentes, de forma que la notificación de que no se les renovaría el contrato a esos dos periodistas, lo mismo que a un colaborador administrativo, se produjo recién el día 9 de marzo de 2007.

Fue el intento de resistir esas notificaciones lo que llevó a un sector de trabajadores y colaboradores de El Siglo a formar un sindicato, con lo que pretendían dotarse del referido fuero, y no al revés, como plantea oblicuamente la declaración del Colegio de Periodistas:

“Los periodistas relataron que el sindicato se formó con 10 de los doce trabajadores contratados por el periódico oficial del Partido Comunista, pero que a poco andar tres de sus miembros fueron despedidos”.

Eso es simplemente mentira, proferida con el lenguaje deliberadamente ambiguo e impreciso. Quiero decirlo con claridad: la separación de esas personas obedeció en gran parte a las razones relatadas, como también a la reducción de costos; y no a una imaginaria persecución antisindical, que sólo existe en la exaltada mente de un grupo de personas que ha atropellado hasta las más elementales normas de respeto y lealtad con el medio que les ha dado oportunidad de trabajar como periodistas, no siéndolo la mayoría.

Solicito al Tribunal recabe antecedentes a la Dirección del Trabajo, tales como fecha de constitución del pretendido sindicato, listado de socios y calificación de los mismos, con el fin de verificar que los hechos ocurrieron tal como los relato, y no por consecuencia de una persecución antisindical, como mañosamente sugieren las declaraciones del pretendido sindicato.

Solicito al Tribunal que coteje las contradictorias versiones sobre los mismos hechos contenidas en las profusas declaraciones del pretendido sindicato y se pronuncie si sobre si de ellas se puede desprender mérito o valor probatorio alguno.

Los contratos a honorarios de la mayoría de los colaboradores, por tratarse de arrendamiento de servicios, facultan a la empresa a no renovarlos, sin pago de indemnización ni expresión de motivo. En contraposición a las oscuras intenciones que invariablemente nos atribuyen las declaraciones del pretendido sindicato, se les ofreció una compensación equivalente al estipendio que recibían al mes por cada año de contrato a honorarios, como lo demuestran los documentos que acompaño, consistentes en copia de las cartas de aceptación del finiquito, y por tanto de renuncia a toda acción legal, firmada por el periodista Iván Valdés y el administrativo Marcos Díaz. En sus contradictorias declaraciones, el pretendido sindicato afirma haber “contribuido a que los dos primeros compañeros despedidos negociaran y obtuvieran una mínima cobertura económica de parte de la empresa”. Otra falsedad. El sindicato no hizo ninguna gestión a favor de esas dos personas, simplemente porque no fue necesario.

Solicito al Tribunal citar a René Amigo, administrador de El Siglo, e Iván Valdés y Marcos Díaz, para que ratifiquen o desmientan lo que aquí estoy afirmando.

Distinto fue el caso de Cristián Pavez. Se le ofreció lo mismo que a esas dos personas, pero él rechazó la oferta, solicitando condiciones de finiquito equivalentes a las de un contrato laboral indefinido, que no correspondían, porque era colaborador a honorarios y no cumplía horario. Como la empresa no aceptó su contrapropuesta, él ejerció su derecho de recurrir a Tribunales.

Así de simple, así de claro. Nada oculto ni de persecución antisindical, como intentan confundir las mañosas declaraciones del pretendido sindicato.

Acompaño al Tribunal copia del contrato de honorarios del señor Pavez.

Voy a suministrar una nueva prueba que ilustra la real naturaleza del conflicto.

Se trata de una minuta elaborada por la Subdirectora en el mes de mayo pasado, que apuntaba al mismo objetivo del memorando citado anteriormente, vale decir, organizar el flujo de entregas de forma de evitar el cuello de botella que habitualmente se produce en los días de despacho. Se pidió a los periodistas que lo comentaran y agregaran observaciones y sugerencias. Reproduzco párrafos de la respuesta de Oliva:

“Buenas intenciones…pero lo veo difícil (…) PUF…todo esto conlleva mucho más trabajo, por lo que se hace urgente ver las condiciones materiales y salariales en que estamos, ya ves que estamos reventando de a poco y el ambiente sigue empeorando. La verdad es que yo creo, definitivamente, que esto sólo es posible en un espacio que recupere lo colectivo y discuta a fondo los objetivos estratégicos del semanario (incluido el económico, pues con la “gestión” actual difícilmente llegaremos a algún lado). Especialmente, me parece urgente la salida de Herreros, es una traba para muchas cosas y estamos perdiendo mucho más que lo que podríamos haber ganado”.

Como el Tribunal podrá apreciar la odiosidad que me profesa este ciudadano raya en la obsesión. En mi opinión, esa ofuscada subjetividad es una de las causas del conflicto, y creo posible atribuirla a que se sentía heredero natural de la dirección de El Siglo.

Entre otras cosas, dice que se sentía “reventando” de trabajo.

Acompaño como prueba la colección de El Siglo desde que asumí la dirección, en septiembre de 2005, hasta la fecha. Solicito del Tribunal que mida los centímetros columna, y contabilice el número de colaboraciones y el número de temas de portada, que lleven la firma de Julio Oliva y Raúl Blanchet.

Los integrantes del Tribunal son periodistas, y por tanto están capacitados para juzgar si estaban “reventando” de trabajo, y si esa cantidad de trabajo materializado justifica su alegato de ser trabajadores de tiempo completo.

Hasta aquí los hechos.

Ahora me propongo analizar, en ese orden, el tema de los contratos, la legalidad del pretendido sindicato, y las condiciones económicas de El Siglo.

Contratos

En primer lugar, debo decir que me parece un contrasentido que personas que participan de un medio que lucha por cambiar el injusto sistema imperante, se parapeten en las disposiciones de la legislación laboral vigente, como si El Siglo fuese un medio con propósito comercial, que genera utilidades, o donde se venga a hacer carrera, o a obtener condiciones laborales de mercado.

Pero puesto que lo hicieron, es necesario precisar que los contratos de trabajo no fueron tema en esta empresa, en el entendido de que El Siglo no es un medio de mercado, sino un instrumento político al servicio del cambio social, sobre la base de una identidad política y una concepción filosófica que se presumen compartidas, hasta el conflicto planteado por un periodista separado del equipo el año 2004.

Yo no estaba en la empresa en ese momento, pero por lo que entiendo, los señores Oliva y Blanchet eligieron la modalidad de contrato a honorarios, con el fin de evitar que los descuentos legales mermaran su renta líquida.

Solicito al Tribunal que interrogue a Claudio Denegri, a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy afirmando, y en todo caso acompaño como prueba, copia legalizada de ambos contratos de honorarios.

Entonces, que ahora vengan a impetrar la condición de trabajadores a tiempo completo, más que un nuevo contrasentido, es simplemente faltar a la verdad.

Lo mismo puede decirse del resultado de una visita de la Inspección del Trabajo. Hay suficiente evidencia de que los trabajadores del pretendido sindicato no concurrían a su trabajo en forma regular, y nunca en la mañana, salvo en la ocasión en que “casualmente” se presentó una inspectora de la Dirección del Trabajo, a quien le declararon, faltando una vez más a la verdad, que cumplían horario completo, y que incluso se les hacía trabajar horas extras, sin remuneración.

De ambas situaciones, hay constancia documental, que acompaño.

En sus numerosas declaraciones Oliva afirma que la empresa pretende desconocerle su calidad de trabajador y sus años de servicio.

Falso, de falsedad absoluta. Lo desafío a que lo pruebe ante este Tribunal.

La empresa nunca ha declarado, a nadie, nada semejante, simplemente porque no lo necesita. Lo único que podría decir, y está en condiciones de probar, es que los señores Oliva y Blanchet tienen contrato a honorarios, que esa modalidad de contrato fue elegida por ellos, y que durante dos años han dado boleta de servicio, y recuperado su devolución de impuestos, lo que supone aceptación de ese régimen.

Eso lo admiten en uno de sus comunicados, aunque en su lenguaje típicamente elíptico y huidizo:

“La mayoría de nosotros no cuenta con contrato laboral. Sólo dos integrantes de nuestro sindicato tienen contrato indefinido y les imponen por el salario mínimo. Otros, aceptaron como favor a la empresa, firmar un contrato (ficticio) a honorarios hace un par de años, cuando la empresa corría el riesgo de ser multada por diversas infracciones a las leyes laborales”.

No entiendo cómo puede ser ficticio un contrato que lleva su firma.

Por lo demás, hace dos años Oliva opinaba exactamente lo contrario.

Con motivo del despido del periodista Arnaldo Pérez Guerra, en enero de 2005 envió una carta, que acompaño, a la página electrónica Liberación, la misma que hoy oficia de guaripola en la odiosa campaña contra El Siglo:

“Nosotros, como lo conversamos personalmente con el señor Pérez, asumimos un compromiso de trabajo leal con él desde el primer momento en que se acercó a solicitar la posibilidad de laborar con nosotros. El tuvo muy clara la situación económica de nuestro semanario y las fórmulas con que podíamos cumplir con el pago de sus remuneraciones. Siempre fueron considerados sus problemas personales y se le adjudicó incluso desde el primer año su derecho de tener vacaciones con el miso tiempo que los más antiguos. Cada vez que necesitó tiempo para desarrollar otras actividades no se puso ninguna dificultad para que las realizara, menos cuando por razones de salud o familiares tuvo que ausentarse temporalmente de nuestra redacción. Nunca se le pagó atrasado, nunca se le dejó de cancelar su salario y, al momento de finalizar su relación laboral, se le ofreció una forma de compensación económica que consideramos bastante justa (un mes por año, a pesar de no existir contrato alguno que lo ligara a nuestro periódico). (…) No somos nosotros los que juzgaremos el actuar actual del señor Pérez. Reiteramos que la finalización de su relación laboral con El Siglo no tiene que ver con "persecución ideológica" alguna, sino -como a él bien se explicó- con medidas de reestructuración de todo el equipo de El Siglo que están ligadas al minuto económico que pasa nuestra publicación”.

Sea cual fuere la razón, el hecho es que hoy Oliva usa los mismos argumentos de Pérez Guerra contra El Siglo. Por cierto no cuento, ni me interesa, que este personaje coloque esta defensa de El Siglo en su página.

En un conflicto de esta naturaleza, es irrelevante lo que dicen las partes.

Lo esencial es lo que puedan demostrar en tribunales.

Acompaño copia de sus boletas de servicios profesionales.

En una de sus declaraciones, que se contradice con otras, Oliva afirma que él y Blanchet fueron despedidos, y reintegrados por la Dirección del Trabajo.

Falso, de falsedad absoluta. Lo desafío a probarlo en este Tribunal.

La empresa no necesita despedirlos. Su contrato a honorarios, voluntariamente elegido, faculta a la empresa a no renovárselos, incluso sin indemnización ni expresión de motivos, a condición de que se cumplan ciertas formalidades, entre ellas, notificación escrita con treinta días de antelación.

Hasta la fecha, eso no ha ocurrido. Así de simple, así de claro.

A mayor abundamiento, nuestra parte interpuso un recurso legal impugnando la intromisión de la Inspección del Trabajo, puesto que si no hay despidos, mal puede haber competencia de esa repartición.

En otra de sus numerosas declaraciones, me acusan, como a la Subdirectora, de marginarlos, y no encargarles trabajos. Pero omiten que la unanimidad del directorio de Siglo XXI, y sus propietarios, les retiraron la confianza, precisamente por la reiteración de conductas que atropellan las más elementales normas de ética, fraternidad y convivencia.

Sin embargo, ellos siguen simulando no escuchar esos mensajes, engañando a la opinión pública y desprestigiando al único medio que se juega sin ambages ni medios tonos por la defensa de los derechos de los trabajadores, en un momento de excepcional gravitación política, amparándose en la torcida interpretación de una legislación laboral de origen ilegítimo.

La sabiduría popular ha acuñado un refrán de una justeza irrevocable: ave de mala ralea es la que emporca su propio nido.

Sindicato Ilegítimo e Ilegal

Sostengo que el pretendido sindicato de El Siglo no es legítimo ni legal.

El tema de fondo en el sindicalismo remite a determinar cuál es su esencia y para qué sirve. En la concepción que compartimos en El Siglo, es la herramienta histórica de lucha de los trabajadores para equiparar, hasta donde se puede, la relación capital-trabajo, y para restituir, o recuperar en parte, la plusvalía que genera su trabajo. Pero constituir un sindicato para impetrar beneficios de un medio cuya tarea es política, que genera un déficit en el ejercicio, conocido por sus trabajadores y colaboradores, suplido en parte por la labor de abnegados colaboradores que no cobran por su trabajo, y en parte en virtud de ímprobos esfuerzos de Siglo XXI, equivale a abusar de una herramienta legítima, concebida para otros fines. Más aún cuando la constitución de un sindicato en El Siglo se dio de manera paralela a, o más bien fue consecuencia de, los esfuerzos de la dirección para mejorar la calidad de los contenidos editoriales. Constituir un sindicato al amparo de las normas de la legislación vigente es legítimo en caso de empresas que tengan giro comercial, presenten utilidades en el ejercicio o exploten a sus trabajadores. Pero claramente no lo es en El Siglo, porque su precaria condición económica obedece a la discriminación de que es objeto de parte de las empresas del sector público y privado, precisamente por la consecuencia de su línea editorial orientada a la defensa de los derechos de los trabajadores.

La constitución de un sindicato en El Siglo es ilegítima porque atropella la ética del compromiso y el compromiso de la voluntad que se supone comparten quienes trabajan en este medio.

La campaña del pretendido sindicato es ilegítima, por cuanto objetivamente apunta a debilitar la eficacia de El Siglo como instrumento de defensa de los trabajadores, por la vía del descrédito, el desprestigio y la acusación sin fundamento.

La constitución del pretendido sindicato de El Siglo no sólo es ilegítima, sino también ilegal. En lo personal, estimo un contrasentido que trabajadores y colaboradores de un medio como El Siglo impetren la legislación vigente. Pero ya que lo hicieron es preciso que cumplan formalidades y requisitos claramente establecidos en la ley. Uno de ellos prescribe, de manera inequívoca, que sólo podrán constituir sindicato los trabajadores que tienen contrato de tiempo completo, de tipo indefinido o de planta. Pues bien, esa condición la cumplen sólo dos personas del pretendido sindicato: Ana Muga y Magdalena Muñoz.

En lo personal, no estoy de acuerdo con dicha ley, pero si ellos la invocaron, no les queda sino atenerse a su tenor literal.

Una segunda condición para la legalidad de un sindicato, copulativa con la anterior, es que reúna un número mínimo de ocho asociados.

En algunas de sus ambiguas declaraciones, el pretendido sindicato afirma haber sido constituido por diez socios, y que en virtud de nuestra “insólita y nunca vista” persecución contra el sindicato, habríamos despedido a tres de los socios, con el fin de impedir el quórum legal del sindicato.

Falso, de falsedad absoluta. El sindicato se constituyó el día de la notificación de despido de las tres personas mencionadas, y a consecuencia de ello.

Mal podían integrar el sindicato dos personas que firmaron finiquitos con desistimiento de acciones legales, que implican la aceptación de término de una relación en recíproco acuerdo. Mal puede integrar el sindicato la señora Eliana Gómez, quién no tiene ni tuvo vinculación contractual alguna con la empresa Siglo XXI, y que sólo se dedicó esporádicamente a la venta de suscripciones. Mal pueden integrar el sindicato personas a honorarios, que no tienen la calidad de trabajadores sujetos a subordinación laboral.

Analicemos este fundamental hecho a la luz de las confusas y zigzagueantes declaraciones del pretendido sindicato:

“Desde la constitución de nuestro sindicato, el 9 de marzo pasado, se han producido una serie de medidas de abierto rechazo y hostigamiento contra nuestra organización sindical y sus integrantes por parte de la empresa”.

No pasará por alto el Tribunal que reconocen el 9 de marzo como fecha de constitución del sindicato, el mismo día de la notificación de despidos. Sin embargo, la misma declaración se contradice apenas unas líneas más abajo: “cuando nos enteramos de que vendría una ola de despidos, nos organizamos para defender el derecho fundamental a ser desvinculados con los mínimos resguardos que establece la precaria Ley del Trabajo”.

Adviertan, señores miembros del Tribunal, el reconocimiento de que hicieron el sindicato para dotarse de fuero. Pero además, esa versión vuelve a contradecirse con la declaración de Colegio de Periodistas: “Los periodistas relataron que el sindicato se formó con diez de los doce trabajadores contratados por el periódico oficial del Partido Comunista, pero que a poco andar tres de sus miembros fueron despedidos”.

Nuevamente, ese lenguaje odioso e impreciso. ¿Y por qué la declaración del Colegio de Periodistas se cree obligada a puntualizar que El Siglo es el “periódico oficial” del Partido Comunista?, ¿qué conexión o importancia tiene ello en relación al conflicto?, ¿qué asociación subliminal pretende gatillar?, ¿por qué no se refiere a La Tercera como el periódico oficial de la UDI y a El Mercurio como el órgano oficial de los poderes fácticos?

Con todo, lo relevante es que la legalidad del pretendido sindicato no la van a establecer declaraciones más o comunicados menos, ni versiones deliberadamente ambiguas, que buscan confundir a la opinión pública.

Lo harán resoluciones de tribunales, fundadas en antecedentes que las partes deben acreditar. De hecho, están pendientes dos recursos interpuestos por nuestra parte, que buscan corregir conductas abusivas tanto de la Inspección del Trabajo como del pretendido sindicato. Mientras esos recursos no se fallen, el Presidente del Colegio de Periodistas está éticamente impedido de asumir unilateralmente una de las versiones; más aún sin cotejarla con la contraparte, y todavía más cuando sus declaraciones afectan la honra de un profesional inscrito en los registros del Colegio, y que en más de treinta años de trayectoria, no acredita una sola actuación reñida con la ética profesional.

Al tenor de los hechos descritos, no diviso cómo o de donde el señor Conejeros logra deducir “la acción de un grupo de trabajadores muy responsables, que han seguido todos los cursos legales y han acudido a una muy seria inspección del trabajo, sin estridencias”.

Lamentablemente, la tardanza de tribunales en fallar esos recursos, ha dado pábulo a una escalada de la frenética campaña de descalificaciones, imputándosenos, en palabras de la declaración del Colegio de Periodistas, “insólitos” actos de persecución sindical.

No logro entender cuáles serían esas conductas.

La primera y única mención pública al conflicto de parte de la empresa Siglo XXI, fue una declaración firmada por Claudio Denegri, publicada en la edición del viernes 5 de octubre; por mi parte, nunca lo había hecho hasta ahora.

No ha habido despidos y los sueldos han sido cancelados en su oportunidad.

El traslado a una oficina con menos infraestructura y comodidad obedece simplemente a una decisión administrativa orientada a la contención de gastos en el marco de un plan para equilibrar finanzas, y no a persecución sindical, como de manera majadera y paranoica afirma el pretendido sindicato.

Si la extorsiva escalada de su campaña de insultos y tergiversaciones no hubiera interrumpido el diálogo con la empresa, sabrían que es una medida de carácter transitorio, en tanto encontremos una sede más adecuada, pero también más económica. Lamento que no tengan las mejores condiciones para desempeñar su trabajo, pero la empresa carece de recursos para habilitarlas con mayor prontitud. De hecho, yo mismo me encuentro sin oficina, razón por la cual estoy ocupando la anterior, sólo en tanto dura el mes de garantía.

Oliva y Blanchet se quejan de haber sido marginados, y que no se les adjudican trabajos. Pero ellos conocen perfectamente lo que significa haber perdido la confianza del directorio de Siglo XXI y de sus propietarios. Podrán argüir que dicha situación no tiene nada que ver con la legislación laboral. Pero nunca hemos pretendido que las decisiones de política editorial de El Siglo se adoptan con arreglo al Código del Trabajo.

Situación Económica de El Siglo

En sus declaraciones, los miembros del sindicato se quejan de sus reducidos ingresos, los que exponen a la luz pública, presumiblemente con el propósito de demostrar la explotación de que serían objeto.

Admito que serían rentas bajas para profesionales de tiempo completo, lo que categóricamente no es el caso de los integrantes del pretendido sindicato. Pero aún si lo fuera, es lo que objetivamente El Siglo está en condiciones de ofrecer.

Los integrantes del pretendido sindicato conocen esas condiciones, y en todo momento han sido libres para buscar trabajos con sueldo de mercado, o con beneficios económicos más adecuados a sus aspiraciones. Nadie está en El Siglo por la fuerza, o contra su voluntad. Por el contrario, para otros de sus trabajadores y colaboradores, constituye un honor y un orgullo, y en todo caso, una tarea asumida en forma consciente y voluntaria.

Por lo demás, son sueldos o estipendios modestos pero dignos. Los dos periodistas que dirigen el pretendido sindicato perciben un honorario de 280 mil pesos líquidos al mes, fuera de impuestos, el que reciben sin atraso. En virtud de la devolución de impuestos, que no reintegran a la empresa, como fue su compromiso, obtienen un sueldo adicional al año. Hasta el momento de la escalada del conflicto, se les compensaban gastos de movilización y se les daba alimentación los días de despacho. Los tres funcionarios con contrato indefinido tienen sus imposiciones al día. Hasta el momento de la escalada del conflicto, los dos periodistas en comento disponían de computadores nuevos, conectados a Internet, líneas telefónicas, un archivo de publicaciones nacionales y secretaria. O sea, nada muy por debajo de condiciones que prevalecen a nivel de mercado, y que en ningún caso justifican las barbaridades que nos imputan sus plañideros comunicados.

En uno de los últimos, se quejan de falta de diálogo con la empresa. Pero omiten deliberadamente la gestión de mediación intentada por el abogado Eduardo Contreras, en el mes de julio pasado, la cual fue aceptada por el directorio de Siglo XXI, el Director y por los integrantes del pretendido sindicato. Una de las condiciones planteadas por el abogado Contreras consistía en deponer la beligerancia y cualquier actitud o conducta que pudiera entorpecer el diálogo. Pero no habían pasado dos días de nuestra aceptación, cuando presentaron un proyecto de contrato colectivo, con demandas económicas que la empresa está objetivamente imposibilitada de cumplir, cuestión que ellos conocen perfectamente

Solicito a este Tribunal que cite al abogado Eduardo Contreras a objeto de que confirme o desmienta lo que aquí estoy relatando.

Obviamente, al tiempo salió el consabido comunicado para notificar a la opinión pública de que la empresa se negaba a negociar:

“Ante la inminente medida de terminar con nuestra organización sindical mediante la reducción de trabajadores asociados a ella, adoptamos la iniciativa de presentar nuestra propuesta de negociación colectiva, para enfrentar nuestra eventual desvinculación protegidos por el fuero legal y poder alcanzar un acuerdo de despido en buenos términos para todos”.

No escapará al Tribunal el nuevo reconocimiento de que sus decisiones apuntan a dotarse de fuero; pero además lo afirman apenas unos días después de que la empresa y el Director habían aceptado de buena fe la gestión de mediación ofrecida por una parte inobjetable para todos los actores del conflicto.

Quiero ser muy claro: mientras los tribunales no se pronuncien sobre los recursos descritos, la empresa no va a negociar con un sindicato cuya legalidad desconoce e impugna. Y aún en un escenario de negociación, no está en condiciones de satisfacer las demandas del proyecto, por las mismas razones por las cuales la madera no puede ser al mismo tiempo hierro: el costo económico de esas demandas implica el cierre de El Siglo, lo cual contradice otra de las peregrinas declaraciones del pretendido sindicato:

“Este estado de cosas nos ha hecho organizarnos, en primer término para defender nuestros derechos de trabajadores, pero también para intentar defender la existencia de El Siglo como un espacio alternativo, necesario para la realización del proyecto político al que estamos vinculados, para acompañar las movilizaciones del pueblo y los trabajadores, para denunciar la corrupción y el maridaje entre la derecha y la Concertación, para mostrar que es posible otro Chile y otro mundo, y que este "cañón de largo alcance" no puede ni debe morir”.

Acompaño como prueba copia del mentado e ilegal proyecto de contrato colectivo y de los balances de la empresa, que acreditan la imposibilidad de acceder a demandas incompatibles con sus ingresos. Tan sólo a modo de ejemplo, para demostrar el descriterio y la irresponsabilidad de estos negociantes, que desnudan sus reales propósitos, el anexo dos del proyecto, denominado A Modo de Indemnización, pretende que se les pague un total de casi 16 millones de pesos, en forma inmediata, lo que implica privar al semanario de por lo menos dos meses de ingresos totales.

La posición del pretendido sindicato se asemeja a la del perro del hortelano.

No están de acuerdo con la línea editorial del semanario. No están de acuerdo con su Director ni con la administración. No están de acuerdo ni con el sueldo o estipendio que reciben ni con las condiciones que la empresa puede ofrecer. Pero tampoco se quieren ir. Salvo, al parecer, a cambio de indemnizaciones que, según su pliego, exceden lo que establece la ley.

Como si El Siglo fuese una empresa capitalista, que acredita utilidades o que se dedica a explotar trabajadores.

El derecho

Presento mis excusas a los miembros del Tribunal por las numerosas diligencias solicitadas en este escrito. Pero a mi juicio son indispensables tanto para establecer la verdad de los hechos, como para demostrar los agravios que de manera gratuita y alevosa me ha inferido el Presidente del Colegio de Periodistas, y al medio que represento.

Me asiste la convicción de que la falta fue cometida en grado de flagrancia, y por tanto no necesita de medio de prueba, no es pasible de interpretación, ni resulta eficaz retractación alguna, conforme se desprende de la letra y el espíritu del Código de Etica del Colegio de Periodistas.

Por estas razones, solicito a este Tribunal aplique la sanción que estime adecuada dentro de las contempladas en nuestro Código, sin perjuicio de las acciones penales que desde ya anuncio entablaré en la Justicia Ordinaria, por los delitos de injurias graves y calumnias, proferidas con publicidad.

Informo a ustedes que me propongo darle toda la publicidad que pueda a este escrito, a fin de reparar en parte la monstruosa injusticia que se ha cometido con El Siglo, así como el daño que le ha inferido a su imagen y prestigio esta campaña odiosa, histérica y mendaz, prohijada por motivos que sus autores cargan en sus conciencias, pero que en todo caso se apartan radicalmente de la limpia historia acreditada por El Siglo en sus 65 años de lucha.

Eventualmente puede resultar positivo que la opinión pública conozca las condiciones económicas y materiales con que se desenvuelve el semanario, las mismas que a otros harían claudicar. Pero, contrario al objetivo que buscan los autores de la campaña, dichas condiciones, en lugar de representar un motivo de escarnio, enaltecen a los que permanecen en la lucha para sostener la trinchera; lucha que en función del pluralismo, debería ser apoyada por el Colegio de Periodistas, y no a la inversa, como hace su actual Presidente.

Distinguidos Presidente y miembros del Tribunal:

Esta no es la primera crisis o embate que El Siglo ha experimentado en su larga y honrosa trayectoria. Las ha superado apretando los dientes y el paso, acerando la voluntad y acrecentando la determinación de superar los obstáculos para continuar con la tarea.

Los que hoy cargamos con la responsabilidad, esperamos estar a la altura de esa tradición. Podemos asegurar que al menos en lo que de nosotros depende, El Siglo no terminará, y en todo caso no por este enojoso episodio, que dentro de poco será sólo un pálido recuerdo, mal que le pese al Presidente del Colegio de Periodistas.

Pero no he concurrido a este Tribunal para que juzgue intenciones o motivaciones políticas, sino para que pedir que sancione a un miembro de la Orden, que transitoriamente desempeña la Presidencia, por una falta ética efectivamente cometida, consistente en imputaciones torpes e irresponsables, carentes de los más elementales medios de prueba, que no sólo atropellan en el fondo y en la forma claras disposiciones del Código de Etica del Colegio de Periodistas, sino que lesionan gravemente la honra de uno de sus integrantes. Aún más importante, la sanción solicitada repararía en parte la injusticia cometida contra una publicación que la merece menos que ninguna.

Los saluda atentamente.

Francisco Javier Herreros Mardones

Director semanario El Siglo

RUT: 4.778.387-9

fherreros@gmail.com

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LOS CHILENOS RESIDENTES EN AUSTRIA LE ESCRIBEN AL EMBAJADOR Y YO LES ANTICIPO LA RESPUESTA

maximokinast - 11 de octubre de 2007 - 13:05 - Chile

Señor Milenko Skoknic

Embajador de Chile en Austria

Estimado Señor Embajador:

Quienes escriben, chilenos residentes en Austria y diversos paises de Europa, nos hemos enterado, con profunda preocupación que la Lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa Calfunao quienes se encuentran detenidas en Temuco desde Noviembre del 2006 y que están en Huelga de Hambre desde el 7 de Agosto de 2007, se encuentran en delicadísimo estado de salud. Según un informe médico evacuado el 29 de septiembre por la doctora Ociele Núñez, médica privada, que examinó a las huelguistas a petición de Carolina Landero Calfunao y Carlos Acosta, hijos de las presas mapuche, dice en una de sus parte que:

“La Sra Juana (51 años) luce con gran pérdida de peso, tos persistente, hemodinámicamente estable, pero con frialdad y palidez de su piel y mucosas. Presenta un cuadro de bronquitis obstructiva, que es imprescindible revertir a la brevedad. Se la ve agobiada y con irritabilidad emocional, pero sin compromiso neurológico aún”.

El informe describe como más preocupante el estado de Luisa Calfunao (41 años): “Luce francamente comprometida de salud, muy enflaquecida, con disminución severa de su masa muscular, evidenciada por disminución del deltoides, y de ambos cuadriceps, destacando los huesos, ha bajado aproximadamente 10 Kg lo que representa una baja del 13% de su peso, con riesgo de desnutrición severa, palidez de piel muy acentuada, piel delgada, seca y fría, neurológicamente consciente, orientada, pero agotada y gran sobrecarga emocional. Temo por su vida. De permanecer en esta situación, el riesgo de su vida es inminente por posibles alteraciones cardiorrespiratorias, renales, inmunológicas, gastrointestinales. Además, la disminución de la temperatura corporal, dado por el ayuno, contribuye frecuentemente a la muerte.”

A este informe médico se suma la denuncia realizada a comienzos de septiembre por dirigentes regionales y nacionales de la Comisión Etica Contra la Tortura, quienes luego de visitar a los detenidos mapuche en las cárceles de hombres y mujeres en Temuco, denunciaron las condiciones de inseguridad y hostigamiento que se viven en ambos recintos y la agresión sufrida por Ernesto Lincopan, agredido con arma blanca por un reo. Ellos constataron que son seis los integrantes de la familia Calfunao Cadín detenidos. Sólo quedan en libertad las hijas y la madre de Juana Calfunao. “Esta situación –dice la Comisión Etica- demuestra la existencia de un cuadro de amedrentamiento y persecución contra la comunidad de esta familia y los luchadores mapuches en general, en que se utiliza todo el aparato del Estado para mantenerlos en prisión, separarlos de su entorno y negarles derechos básicos de todo ciudadano y procesado”.

Lonko Juana Calfunao y varios otros miembros de su familia fueron detenidos por defender sus tierras comunales de los latifundistas del área. Tenemos la información que Lonko Juana Calfunao y su hermana tendrán que comparecer en el Tribunal de Temuco el 22 de Octubre de este año y que corren el riesgo de recibir sentencias de entre 10 y 15 años de encarcelamiento, fundamentalmente porque existe una tendencia bastante marcada de juicios injustos en la zona, sin que ninguna autoridad competente se haga cargo o tome cartas en el asunto.

No hace muchos días la asamblea de la Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas donde se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, autonomía en sus asuntos internos. Donde se destacan las garantías a la propiedad de tierras ancestrales y a los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, así como la preservación del medio ambiente. Sabemos que los pueblos originarios que viven en territorio chileno están también desde 1993 protegidos por una ley especial para proteger sus derechos.

Por otra parte, sabemos que la ratificación del Convenio N°169 de la OIT es una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y que hasta el momento no ha sido cumplida.

Señor Embajador, nuestra preocupación por todo lo anteriormente expuesto nos hace preguntarle:

- Qué pasos da el Gobierno, para liberar a los presos mapuches y fundamentalmente a las mujeres mapuches en huelga de hambre, que se encuentran peligrosamente delicadas de salud.

- Qué pasos está dando el gobierno de Chile para implementar la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro país, modificando si es necesario la vigente legislación y su práctica.

- Qué medidas esta tomando el gobierno, para terminar con el uso de la legislación anti-terrorista, que se ha utilizado en contra las comunidades Mapuche, promesa que hizo la mandataria el 12 de Mayo de 2006 cuando se reunió con los chilenos residentes en Viena y prometió textualmente "que durante su mandato no se aplicará la ley antiterrorista"

- Qué pasos ha dado el gobierno de Chile para no seguir criminalizando la lucha de las comunidades por sus derechos ancestrales.

- Qué pasos da el gobierno de Chile para sentarse a negociar con las autoridades reconocidas por el Pueblo Mapuche en un plano de igualdad y respeto.

- Cual es la política del gobierno para aprobar de una vez por todas la ratificación del convenio 169 de la OIT.

Estamos completamente seguros que en algunos o quizas todos los puntos planteados, el gobierno tiene políticas para responder a ellos, pero queremos saber con certeza, a traves suyo, por ser la representación del gobierno chileno en Austria, cual son los pasos o las medidas emprendidas para buscar una pronta solución a este conflicto

Atentamente

2da Generación Ven-Seremos Viena-Austria

Grupo de la 3ra Edad “Araucaria” Viena-Austria

ONG, “Verein Türkis” Viena-Austria

YAGE. Asociación Pro Arte, Ciencia y

Cultura Latinoamericana Salzburg-Austria

Confederación Latinoamericana en Viena Austria

Roger Aquiles Lagniel Budapest-Hungría

José Miguel Tardón Garces Viena-Austria

Muriel Garfias Viena-Austria

Maria Eleonora Hayduck Viena-Austria

Eliana Javiera Marchant Aedo Tamperer-Finlandia

Beatrix Bleier Viena-Austria

Ana Cristina Musa Mathieson Viena-Austria

Cristina Arias Díaz Viena-Austria

Natalia Morales Viena-Austria

Aide Saez Viena-Austria

Ludovica Fuentealba Viena-Austria

Gladys Enriquez Viena-Austria

Genoveva Aranda Viena-Austria

Alejandro Faus Avella Villanova i la Geltrú España

Ana María Garza Viena-Austria

Sonia Vera Bravo Viena-Austria

Victoria Sepúlveda Urrejola Viena-Austria

Mario Sepúlveda Urrejola Viena-Austria

Herbert Berger Viena-Austria

Patricio Díaz Figueroa Viena-Austria

Eric Beiza Palestro Viena-Austria

Fresia Dagach Viena-Austria

José Contreras Viena-Austria

Carlos García Herrera Sint-Niklas – Bélgica

Juan Jesús Godoy Rosa Basel-Suiza

Tereza Locher Borquez Viena-Austria

Dante Notari Santos Viena-Austria

Alicia Luna-Peña Viena-Austria

Fernando Gomez Valverde Viena-Austria

Cristian Gómez Valverde Viena-Austria

Marcela Gómez Valverde Viena-Austria

Maxim Gomez Valverde Viena-Austria

Teresa Ramirez Tichy Viena-Austria

María Ramirez Tichy Viena-Austria

Carlos Andrés Ramirez Tichy Viena-Austria

Samuel Ernesto Ramirez Tichy Viena-Austria

Jaime Hernán Carvajal Flores Viena-Austria

Petia Alexieva Viena-Austria

Josef Pernerstorfer Viena-Austria

Melanie Forst Viena-Austria

José Manuel Valdés Soto Viena-Austria

Margarita Meneses Parraguez Viena-Austria

Hugo Marchant Moya Tamperer-Finlandia

Doris Córdova Ramirez Viena-Austria

Gabriel Flores Rivera - Beto - Viena-Austria

Beto
lugar_beto@yahoo.es
Visite: www.mentaos.cl

Página de Payadores y Poetas Populares

NOTA DE MAXIMO KINAST: No soy el Embajador, paisanos, pero les puedo responder sus preguntas, total, las respuestas son conocidas en todo el mundo:

1ª PREGUNTA: PASOS DEL GOBIERNO PARA LIBERAR A LOS PRESOS MAPUCHES.

RESPUESTA: NINGUNO. El Gobierno de Chile es ágil para encarcelar mapuche, pero no hace nada para liberarlos

2ª PREGUNTA: PASOS DEL GOBIERNO PARA IMPLEMENTAR LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

RESPUESTA: NINGUNO. El Gobierno de Chile es ágil para conculcar los derechos de los pueblos indígenas, en especial los derechos del Pueblo Mapuche; pero no hace nada para implementar Derechos ni para aplicarlos ni para respetarlos.

3ª PREGUNTA: MEDIDAS QUE TOMA EL GOBIERNO PARA TERMINAR CON EL USO DE LA LEGISLACION ANTI TERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA.

RESPUESTA: NINGUNA. El Gobierno de Chile es ágil para aplicar las leyes de la Dictadura en contra del Pueblo Mapuche y de los pueblos originarios y en contra de los obreros y de los estudiantes; pero no hace ni hará nada para terminar con esa Ley Infame, porque el Gobierno de Chile defiende los postulados de la Dictadura. Las promesas de la Bachelet son promesas de políticos, o sea mentiras para conseguir votos y no para ser cumplidas.

4ª PREGUNTA: PASOS QUE DA EL GOBIERNO PARA NO CRIMINALIZAR LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE POR SUS DERECHOS.
RESPUESTA: NINGUNO. El Gobierno de Chile es ágil para criminalizar al Pueblo Mapuche; pero nunca apoyará ni reconocerá sus legítimas reivindicaciones, porque el Gobierno de Chile apoya a los terratenientes, a las forestales y a los contaminadores de los lagos porque son ricos y Chile es una plutocracia.

5ª PREGUNTA: PASOS DEL GOBIERNO DE CHILE PARA SENTASE A NEGOCIAR CON LAS LEGITIMAS AUTORIDADES DEL PUEBLO MAPUCHE.
RESPUESTA: NINGUNA. El Gobierno de Chile es ágil para negociar con 'autoridades' fantasmas, elegidas por el propio Gobierno, que no representan al Pueblo Mapuche; pero es incapaz de reconocer a las verdaderas autoridades mapuches y mucho menos es capaz de negociar con ellas.

6ª PREGUNTA: LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA APROBAR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT.
RESPUESTA: NINGUNA. El Gobierno de Chile es ágil para reprimir las demandas de los trabajadores y para aprobar leyes en contra del pueblo; pero es incapaz de aprobar y ratificar los convenios de la OIT.

Y si Misia Bachelet o su Embajador les responden algo distinto, será mentira, PURA Y SIMPLE MENTIRA, porque ella es una mentirosa. Lo demostró en la ONU y en Viena con la promesa que les hizo a los chilenos residentes allí.

2 comentarios

SI VAS PARA CHILE...

maximokinast - 09 de octubre de 2007 - 05:51 - Chile

Por Germán Westphal

O si vives en Chile, es mejor que no parezcas "sospechos@" de nada... Si eres mujer, viste recatadamente pues podrías ser sospechosa de prostitución, según el parecer de cualquier policía...

También pueden revisar tus ropas, equipaje y vehículo sin orden judicial alguna y, si por algún motivo te tienen entre cejas y no encuentran nada, no hay nada que les impida "plantar" cualquier evidencia en tu contra...

Por ningún motivo uses peluca o te tiñas el pelo de manera que no sea absolutamente consistente con la foto de tus documentos de identidad pues te podrías pasar fácilmente hasta 12 horas detenid@...

Tu libertad depende de lo que la policía pueda pensar de tí sobre la base de la "evidencia" que se le ocurra y cuando logres aclarar todo te habrás pasado varias horas sin libertad, sin derecho a ningún reclamo.

Cámara vota hoy proyecto que restituye controles de identidad

Policías podrán detener a personas sospechosas sin necesidad de orden judicial. Texto será votado en sesión de Sala este martes a las 11 horas.

El proyecto del Gobierno, identificado con el boletín Nº 4321, será votado en tercer trámite constitucional, después que el Senado le introdujera cambios en el segundo trámite.

El texto está ubicado en primer lugar de la Tabla y forma parte de la agenda legislativa de seguridad ciudadana.

Atribuciones:

De acuerdo a la iniciativa legal, los policías podrán hacer controles de identidad, revisar las órdenes de detención pendientes de la persona controlada y, si del registro de sus ropas, equipaje o vehículo, aparecen indicios de haber cometido un delito, podrán proceder a su detención, sin necesidad de orden judicial.

En materia de flagrancia, el texto amplía de 6 a 12 horas el plazo para verificar la identidad del controlado que no coopera.

El proyecto introduce mejoras al sistema de enjuiciamiento criminal para permitir reprimir en forma más enérgica los actos delictivos.

En otra materia, el texto agrega la violación de menores entre los delitos graves que justifican la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal.

Asimismo, establece como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, el haber sido condenado anteriormente por delitos de la misma especie o por aquellos que tengan señalada en la ley igual o mayor pena.

Detalle del articulado

El artículo relativo al control de identidad señala textualmente: "Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos".

Más adelante añade: "Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente".

NOTA DE MÁXIMO KINAST: Me asusta la idea de ir a Chile. Estoy seguro de que me detendrán con cualquier excusa. Y las pasaré canutas. Mi delito es pensar que Carabineros de Chile es una organización mafiosa que encubre a genocidas y degolladores. Además, Martín Almada ha dicho que Chile es un país fuera de la Ley. Y ahora los legisladores se inventan leyes para acabar con la poca libertad que iba quedando...

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