Enviado por Javier Gimeno
Parece que, por fin, la SGAE está siendo investigada y sus directivos van a ser juzgados. Junto con CEDRO y otras sociedades gestoras de los derechos de autor, cuyas oscuras actividades confiamos se investiguen más pronto que tarde, constituyen un entramado-tapadera de turbios negocios con grandes beneficios a costa de autores y creadores y del derecho universal a la cultura, y por ende, al acceso al conocimiento y a la educación.
Amparados por legislaciones, Gobiernos y una política europea que antepone el concepto de industria cultural y de negocio a valores éticos y al libre acceso a la cultura, estas gestoras han mostrado su cara oculta y su falta de escrúpulos a la hora de obtener beneficio a cualquier precio: desde cobrar derechos por la representación o emisión de obras clásicas y universales libres de ellos como El Alcalde Zalamea, Fuenteovejuna, la Quinta Sinfonía, etc., contratar espías para vigilar establecimientos y celebraciones públicas de todo tipo –bares, peluquerías, festejos, bodas, etc- hasta exigir el cobro de un canon de 0,20 cts. de euro por cada préstamo bibliotecario, en un afán desmedido de pillaje recaudatorio.
¿Quiénes han demostrado ser los verdaderos piratas? Para ellos, la cultura no es sino mero negocio. Los directivos de la SGAE, de CEDRO y de la mayoría de empresas de gestión de derechos, desconocen intencionadamente los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial, su art. 27: “Toda persona tiene derecho… a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten [… y] a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Este desconocimiento intencionado de la Declaración Universal –cuyos principios ningún Gobierno ni Administración Pública o privada está, por desgracia, obligado a cumplir, como se demuestra día a día desde su promulgación en 1948- permite a las entidades gestoras ejercer los derechos recogidos en el art. 27 de la Declaración justamente en la dirección opuesta a la indicada por aquélla, vale decir, en su propio beneficio: es decir, sus actividades están decididamente encaminadas “a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”… sus propios directivos y sus círculos más próximos, incluidos legisladores, a costa, obviamente, de los propios autores y creadores y del derecho de todos a gozar de la creación aun con el beneplácito de aquéllos o de las obras de dominio público.
La actual ministra española de Cultura es socia de SGAE y su famosa Ley Sinde, contestada por amplios sectores de la cultura, una muestra de legislación en beneficio de una industria, es decir, de un negocio, no de un derecho social. ¿Desenmascarará la investigación los intereses de la propia ministra y su afán de promulgar su Ley para protegerlos? Veremos.
Si desconocen la Declaración Universal, para qué mencionar el Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Pública y otras declaraciones y manifiestos de la Unesco relacionadas con la diversidad cultural y otros aspectos del derecho a la cultura y a la educación. “La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad”, reza el preámbulo del Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Pública.
¿Acaso el afán de lucro de las sociedades gestoras facilita la existencia de ciudadanos bien informados –y añadimos: cultos- para preservar valores humanos fundamentales como la libertad, la prosperidad y el desarrollo? A juzgar por sus actitudes, su modus operandi y su filosofía, no parece que el fin último de estas empresas –es decir, de los organismos públicos que permiten su existencia- haya sido la preservación de valores humanos y éticos, el fomento y la difusión de la cultura, de las artes, de la lectura, del acceso a la educación, del conocimiento o de la investigación científica, sino, justamente, todo lo contrario.
Justo ahora que se está intentando desenmascarar la mayor factoría de fraude que en torno al supuesto derecho y propiedad existe en nuestro país, viene al pelo la muy recomendable lectura del libro crítico sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual que publicó en 2007 la autora cubana y poeta Lillian Álvarez Navarrete, “Derecho de ¿autor? El debate de hoy”, publicado por el Instituto Cubano del Libro y la Ed. de Ciencias Sociales, cuyo texto completo puede bajarse gratuitamente en Rebelión:
http://www.rebelion.org/docs/48553.pdf
O en CopySouth. Derechos de autor en el Sur Global:
http://copysouth.org/imgs/derecho_de_autor_cuba.pdf
Vivamente recomendables son asimismo los artículos que sobre estos asuntos la autora ha ido publicando frecuentemente en Rebelión desde 2005 y cuya relación indicamos al final.
El libro de Lillian Álvarez, poeta, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, miembro de la Red cubana “En defensa del conocimiento y la cultura para todos”, asesora del Centro Nacional de Derecho de Autor, profesora del Centro de Superación para la Cultura de Cuba, pone el dedo en la yaga sangrante de todo este fenómeno. Como señala Julio Fernández Bulté en el prólogo, “el Derecho es, sobre todo, un sistema de valores”, y en este sentido, la autora, “levanta con fuerza profundas reflexiones sobre el alcance moral de las normas que protegen los derechos del autor, sobre la base ética, social e histórica de esos derechos y, sobre todo, en relación con los mismos en el complejo mundo de hoy”.
En el capítulo 3, “Derecho de autor e industrias culturales”, Lillian Álvarez afirma: “El derecho de autor no puede convertirse en la rama del derecho que, a través de la aplicación de medidas tecnológicas y jurídicas cada vez más sofisticadas, realice el recaudo y la distribución de los ingresos por las diferentes formas de explotación comercial de una obra. No puede vaciarse de su contenido cultural y trascender solo su repercusión económica y su andamiaje jurídico”.
Es justamente aquello que denuncia la autora lo que hacen las sociedades gestoras: vaciando todo contenido cultural de las obras de creación para transformarlas en vulgar mercancía, recaudan y distribuyen únicamente entre sus socios –y no de modo equitativo- los ingresos procedentes de la explotación de los derechos de autor con afán y ánimo de lucro, para lo cual, las propias entidades gestores –legalmente sin ánimo de lucro- crean sus propias empresas recaudatorias.
Artículos de Lillian Álvarez en Rebelión |
Notas sobre el libro del futuro
Lillian Álvarez
07-06-2011
Un manual alternativo acerca del derecho de autor en el Sur global
Contra el “delicioso despotismo” en el campo del derecho de autor
Lillian Álvarez
18-05-2011
Diseñar el futuro
Lillian Álvarez
23-04-2011
Del espíritu de las leyes (del Derecho de autor)
Lillian Álvarez
30-03-2011
¿Una batalla entre creadores y usuarios?
Lillian Álvarez
07-02-2011
Organizado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
Ante el foro sobre utilización estratégica de la propiedad intelectual para el desarrollo y la prosperidad en los países menos adelantados
Lillian Álvarez
24-07-2009
Los diferentes modos de “observar” la realidad
Lillian Álvarez Navarrete
31-03-2009
Una interpretación desde Cuba del libro No Logo
El poder de las marcas, de Naomi Klein
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19-03-2008
El debate de hoy
Derecho de ¿autor?
Lillian Álvarez Navarrete
21-03-2007
Notas para un debate imprescindible
Copyleft, ética solidaria, socialismo
Lillian Álvarez Navarrete
16-12-2005
A propósito de la convención de la diversidad cultural
Lillian Álvarez Navarrete
19-10-2005
Propiedad intelectual y sociedad civil
Right or left?
Lillian Alvarez Navarrete
01-07-2005
