FREI Y EL PIRAÑA PIÑERA DESPRECIAN LOS DERECHOS HUMANOS
De Santiago de Chile me llega esta nota para que la difunda. Queda bien claro la inmoralidad de los presidenciables momios.
Máximo Kinast
Santiago, 28 de octubre de 2009
Estimad@s amig@s, ayer firmaron este Compromiso los Candidatos Jorge Arrate por el Pacto Juntos Podemos y Marco Enríquez-Ominami, Independiente.
No asistieron, aun siendo invitados en las mismas condiciones, los candidatos de la Corcertación y de la Alianza por Chile.
Estas son nuestras demandas para el fururo Presidente de la República, demandas históricas que consideramos inclaudicables.
Favor difundir
Cordialmente
Gabriela Zúñiga F.
Prensa y Comunicaciones
AFDD
7-7645849
COMPROMISO PRESIDENCIAL CON LOS DERECHOS HUMANOS
Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar son un tema que aún transversaliza a la sociedad chilena. Nuestro país conoció de políticas de Terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos masivos de poblaciones, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos de una persona.
Durante los 17 años de la dictadura en que primaba la cultura de la muerte, los familiares nos organizamos y denunciamos en Chile y en el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometían. Se nos dijo que los nuestros no existían, se les calificó de “presuntos desaparecidos”, pero la fuerza de la verdad se fue imponiendo irrefutablemente.
Gracias a la lucha del pueblo, en 1990 logramos iniciar un proceso que aún no concluye en un sistema de democracia plena. Las demandas por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación se han mantenido vigentes.
Ad portas de un nuevo proceso electoral, donde compiten cuatro candidatos, queremos demandar de ellos un COMPROMISO consistente con los DERECHOS HUMANOS, los que se violaron en dictadura; los no resueltos y los que se han vulnerado en la actualidad. Es así como les emplazamos a incorporar en sus respectivos Programas de Gobierno medidas y políticas conducentes al respeto irrestricto de los derechos de las personas.
Por tanto queremos que se comprometa a:
1.- Anular los efectos del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978
2.- Apoyar el Proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código de Procedimiento Penal en materia de prescripción y media prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el Derecho Internacional Humanitario.
3.- Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad.
4.- Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
5.- Que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.
6.- Que en materia civil el Ejecutivo adopte las indicaciones de Naciones Unidas en relación con las indemnizaciones, donde señala: “ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”, poniendo fin al accionar del Consejo de Defensa del Estado contrario al derecho que asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados.
7.- Asegurar el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos radicadas en el antiguo sistema procesal, aumentando el número de jueces, sus funcionarios e infraestructura y asegurando la participación de los órganos auxiliares de la justicia.
8.- Terminar con la Ley del Secreto que impide el conocimiento de las identidades de agentes del Estado que actuaron como torturadores, como se desprende del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que contempla cincuenta años de reserva de sus nombres.
9.- Adoptar las medidas necesarias que permitan adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de tal manera que cuando el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio.
10.- Mantener la voluntad política y proveer los recursos necesarios para continuar con la acreditación del Servicio Médico Legal.
11.- Reforzar las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos, creando un fondo que permita mantener lo existente así como la implementación de nuevas iniciativas tendientes a su desarrollo.
12.- Integrar en todos los niveles de la educación formal la asignatura de Derechos Humanos.
13.- Comprometer recursos para que el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) tenga un estatus que le permita cumplir eficazmente con las demandas de los usuarios, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, que en la práctica no ha sido implementado en forma eficiente, tanto en el área de Salud Mental como de Salud Física.
Sin lugar a dudas, cualquier iniciativa teniente a solucionar las violaciones a los derechos humanos del pasado, se verán frustradas si no son resueltos los escollos del presente que impiden que el respeto a la persona humana y su dignidad sean los que en definitiva nos rijan, para ello imprescindible asumir un contundente compromiso de su parte, expresado en:
a.- Impulsar un efectivo cambio de la Constitución Política, acorde a la realidad actual, instalando un debate serio acerca de la necesidad de una nueva Carta Fundamental que termine con la heredada de la dictadura.
b.- Finalizar con la criminalización de las demandas indígenas, desmilitarizando las zonas ocupadas y empezar el proceso de restitución de tierras ancestrales tal y como señaló a Chile el Relator Especial de Naciones Unidas para este caso.
c.- Suspender la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Criminalización de la Movilización Social y eventualmente si esta continuare, enviar un veto supresivo de todas aquellas disposiciones que atenten contra los derechos y las libertades públicas.
d.- Terminar con la Ley Antiterrorista 18.314 dictada por Pinochet, en que la amplitud del término permite se aplicada a cualquiera por el solo hecho de ejercer acciones de protesta y movilización.
Finalmente le invitamos ha asumir un firme compromiso por parte del Estado de Chile del cual usted será el representante, a respetar los derechos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en todos aquellos que el devenir del tiempo ha institucionalizado en las sociedades democráticas.
Instamos a que en su Gobierno, sea usted el primer ciudadano dispuesto a sustentar este Compromiso, así como también los que devengan de las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito internacional, tal como dar respuesta adecuada a las recomendaciones surgidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que obliga a:
- Ratificar los Tratados Internacionales pendientes
- Abordar una Institucionalidad en Derechos Humanos
- Terminar con la jurisdicción militar en el juzgamiento a civiles
- Garantizar la administración de justicia en general
- Terminar con los abusos policiales y el uso desproporcionado de la fuerza
- Terminar con la condición de vulnerabilidad de amplios sectores de la población (mujeres, niños, minorías sexuales, privados de libertad e inmigrantes)
Concretar para tales efectos el compromiso asumido por Chile de crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron, integrando a organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado.
Igualmente deben considerarse en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas la incorporación de las Agrupaciones de Familiares y de los organismos de Derechos Humanos.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.
Fono-fax: 6960678. E-mail: afdd@tie.cl
Si las elecciones fueran este domingo el 30,3% de los ciudadanos inscritos votaría por Piñera, reflejando una caída de 7 puntos para el abanderado de la derecha, desde la última encuesta CEP. En escenarios de segunda vuelta, a Enríquez le va mejor que a Frei contra Piñera. El “díscolo” obtiene un 36,4% y el empresario un 34%. Enfrentados Frei y Piñera, la diferencia se estrecha. El candidato oficialista concita el 36,3% de la votación versus un 35,5% para el dueño de Chilevisión. El sondeo UDP incluye una muestra de 1.302 entrevistados de manera presencial de todo el país. Es lo más cercano a la encuesta CEP.