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Máximo Kinast Avilés

CARTA DEL DR. WESTPHAL AL DIRECTOR DEL MERCURIO

Señor Director:

En mi revisión diaria de la prensa digital chilena, incluido El Mercurio, me ha resultado en extremo sorprendente encontrar que la responsabilidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet aparezca absolutamente minimizada respecto al escándalo de la Planta Campiche --un escándalo sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.

Así, la mayoría de las notas periodísticas y artículos que he leido critican al Embajador de EE.UU. por "las presiones" que ejerció y a los ministros de Bachelet que estuvieron involucrados. Si tales notas y artículos hacen alguna mención de la Presidenta, es principalmente en términos de "los ministros de Bachelet", "durante el Gobierno de Bachelet", etc.

Como ciudadano chileno, esto me parece en extremo preocupante pues distorsiona gravemente la verdad y, por implicación, exime tácitamente de toda responsabilidad a la ex Presidenta, en circunstancias que es la principal responsable de todo lo ocurrido.

Primero, ningún embajador de ningún país va a pasar a llevar la autoridad de un Jefe de Estado dirigiéndose a sus ministros sin antes dirigirse al mismo. Por tanto, es altamente probable que el Embajador de EE.UU. trató el asunto de la Planta Campiche con la Presidenta Bachelet antes de conversar con sus ministros, una gestión que tampoco puede haber llevado adelante a menos que ésta se lo sugiriera. Por tanto, se sigue que la Presidenta Bachelet debe haber estado informada de absolutamente todo lo relativo a la Planta Campiche desde el mismo inicio de la serie de hechos que culminaron con la firma del Decreto Supremo que autorizó la planta de marras.

Segundo, se habla mucho de "las presiones" que habría ejercido el Embajador de EE.UU. como si fueran lo que justifica la actuación del gobierno de Bachelet. Sin embargo, hay que entender que el Embajador de EE.UU. estaba simplemente haciendo su trabajo: favorecer los intereses de una empresa de su país. Una vez que se entiende esto, queda claro que la responsabilidad no es del Embajador sino que de quienes se dejaron presionar, incluida la Presidenta Bachelet.
A esto cabe agregar que para que un embajador de cualquier país pueda presionar a un Jefe de Estado de otro país, tiene que tener los medios para poder hacerlo, como por ejemplo veladas extorsiones en el caso de los mandatarios corruptos, o algún tipo de favor o algo a cambio en el caso de los que no lo son tanto, un tema que en el caso que nos ocupa sólo está abierto a especulaciones, a menos que la actuación de Bachelet y sus ministros haya sido única y exclusivamente motivada por un servilismo complaciente y abyecto para con el Embajador de EE.UU. y los intereses que representaba.

Tercero y por último, cabe notar que ningún Presidente de a República firma un Decreto Supremo simplemente porque sus ministros se lo ponen ante la nariz, encima del escritorio, a menos que se trate de un pelele manejado por sus subordinados. Esto es especialmente cierto si tal decreto modifica substancialmente y de manera unilateral una norma co-legislada por el Ejecutivo y el Congreso e interpretada y ratificada por un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia  –un asunto en extremo serio desde el punto de vista de la institucionalidad del país. Por tanto, dados todos los antecedentes proporcionados por Wikileaks que indican que a nivel de gobierno hubo una confabulación para aprobar la Plante Campiche, la única conclusión posible es que tal confabulación involucró de una manera central y activa a la ex Presidenta Bachelet. De lo contrario, no habría firmado el Decreto Supremo que firmó.

En general, los tiempos de las gestiones y el Decreto Supremo que modificó la ley para favorecer a la Planta Campiche en contra de los mejores intereses del país, coinciden con el fin del Gobierno de Bachelet y su ulterior nombramiento --de la noche a la mañana, como por arte de magia--, como Presidenta de la ONU-Mujer, un cargo para el cual de seguro que contó con el apoyo y beneplácito de EE.UU. como una forma de devolverle la mano por los favores recibidos.

Hoy la ex Presidenta Bachelet y sus ex Ministros de Estado están fuera de toda posibilidad de que se les haga efectiva su responsabilidad por este escándalo institucional pues éste se destapó después de los seis meses de terminado su mandato, lo que les asegura a todos total impunidad. 

A la luz de lo ocurrido en el caso Campiche, Chile haría bien en extender la persecución de la responsabilidad de ex Presidentes y Ministros por lo menos por tres años.



Germán F. Westphal, Ph.D.
Universidad de Maryland
Sede Baltimore, EE.UU.
RUT: 4.645.308-5

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