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Máximo Kinast Avilés

Derechos Humanos

“Estamos felices, hablamos de todo y nos superentendimos”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-252432-2014-08-07.html

EL PAIS › ESTELA DE CARLOTTO Y SUS HIJOS SE ENCONTRARON CON GUIDO, EL HIJO DE LAURA Y WALMIR OSCAR MONTOYA, ASESINADOS POR LA DICTADURA

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y sus hijos Claudia, Remo y Kibo hablaron durante más de seis horas en La Plata con Guido Montoya Carlotto. “Es muy inteligente, tiene sensibilidad social. Fue muy cálido”, reveló Claudia.


 Por Victoria Ginzberg

Llegó el día. Estela de Carlotto pudo abrazar a Guido. Pudo mirarlo a la cara y hablarle de Laura, la joven que lo parió mientras estaba secuestrada y con quien estuvo apenas cinco horas antes de que los militares los separaran. Y de Walmir Oscar Montoya, y de cómo se pudo saber qué era su padre, a partir de armar un rompecabezas de la militancia de los ‘70.


Estela, Claudia, Kibo y Remo Carlotto se encontraron ayer con Guido, sólo un día después de que el análisis genético confirmara la noticia que les volvió a cambiar la vida a todos ellos. Hablaron durante seis horas y media en las que Guido también empezó a contar qué hace y qué le pasó en todos estos años. “Chau, abu”, le dijo a Estela cuando se iba. “Y mi vieja casi se desmaya”, contó Claudia.

La familia Carlotto quiso mantener su primer encuentro con Guido en reserva. Buscaban intimidad para conocer de a poco y de golpe a este bebé/niño/joven/adulto con el que estuvieron soñando durante 36 años. Ya habían sentido el temor por el daño que podría hacerle a este nuevo vínculo el hecho de que el nombre con el que creció Guido se haya difundido por todos lados, a contramano de la política de Abuelas de Plaza de Mayo de preservar a los nietos.

Además de encontrarse con una abuela como Estela, Guido tiene tres tíos particulares que conoció ayer: Claudia es la titular de la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad (Conadi), que se ocupa de los casos de jóvenes que se presentan espontáneamente para averiguar si son hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura (aunque paradójicamente el caso de Guido se derivó a tribunales), Remo es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Kibo es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Además, Guido todavía tiene que conocer a sus trece primos, pero para empezar, prefirió ir despacio. “Estoy feliz de la vida, nos super entendimos. Vamos a ir de a poco, porque nosotros somos muchos. El se crió como hijo único en el campo y nosotros somos los Campanelli. Así que hicimos un encuentro íntimo. El es tranquilo, no ansioso como nosotros. Y es muy especial, muy inteligente”, contó por la noche a Página/12 Claudia Carlotto.

La reunión de hizo en La Plata. Empezó a las tres de la tarde y se extendió hasta las nueve y media de la noche. Hubo sánguches, mate, cerveza, picada y muchas lágrimas. “Hablamos de todo. El busca mucho el consenso, es sano, tiene sensibilidad social. Fue muy cálido, pero también estuvo muy bien plantado, sabe lo que quiere”. Claudia dijo que no encontró en Guido nada que físicamente le haga acordar a Laura, su hermana, porque “es un calco del padre”, aunque cada integrante de la familia va a intentar ver similitudes. “Yo busqué y busqué y para mí nada, pero cuando lo vea la abuela paterna se va a impresionar. En cambio me identifiqué con su humor, tiene un sentido del humor muy parecido al nuestro y eso me hizo acordar a mi hermana”, reveló Claudia.

Guido fue con su mujer y algunos amigos cercanos. Les habló de su música, de cómo decidió dedicarse a eso aunque al principio no era una opción que le encantara a las personas que lo criaron, pero que luego lo apoyaron. Les dijo que se estaba construyendo una casa y bromeó con ahora tenía una abuela que lo podía defender.

“Felizmente Guido Montoya Carlotto ya pudo abrazar a su familia materna, que lo buscó sin pausa y de forma incansable durante 36 años. El encuentro íntimo se produjo en la ciudad de La Plata. Las Abuelas hacemos un llamado a los medios, a la sociedad en general, y a la justicia en particular, a respetar la intimidad de Guido y sus allegados, para que nuestro nieto pueda encarar el proceso de restitución de identidad con sus tiempos y acorde a sus posibilidades, como se ha hecho con todos los nietos encontrados durante estos 37 años de búsqueda”, señaló de forma oficial el organismo de derechos humanos a través de un comunicado difundido ayer, cerca de la medianoche.

“Reiteramos nuestro afán por preservar la intimidad de cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a conocer su verdad. También esperamos que la justicia se adecue a la situación y se priorice el fortalecimiento de los vínculos familiares que el terrorismo de Estado intentó destruir, postergando por el momento todo tipo de convocatoria a Guido, como se ha hecho en otros casos”, agregaron las Abuelas en un mensaje al juzgado.

La familia Carlotto todavía está molesta por la forma en que difundió la noticia, sobre todo por el hecho de que se haya dado a conocer el nombre con el que fue anotado y criado Guido. “Tuvo que salir de Olavarría escondido. Por suerte lo tomó con humor, no se deja avasallar”, afirmó Claudia.

“Es un chico excepcional. Un premio que me da la vida”, había dicho por la mañana la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Casi no dormí. Me levanté plena. Hoy es un día de gloria. Este sol me va a iluminar y la sonrisa no me la va a borrar nada. En estos días estoy exclusivamente para Guido, mi nieto, y después también, pero voy a seguir yendo a Abuelas para buscar a todos los que faltan”, afirmó Estela cuando la abordaron a la salida de su casa en La Plata. También reveló que estaba “expectante” por ver a su nieto pero que no deseaba forzar ninguna situación y que por lo tanto la reunión se produciría cuando él lo quisiera. Por suerte, quiso rápido.

El de ayer fue el primer encuentro. Fueron los primeros abrazos. Pero no serán los últimos. Todos esperan verse seguido y pronto y que Guido pueda también abrazar a su familia paterna, a su abuela Hortensia Ardura, su tío Jorge Montoya y a todos sus primos. “Va a ser muy lindo tenerlo como sobrino. Estamos encantadísimos”, terminó de contar Claudia, agotada física y emocionalmente, pero feliz.


DEFINICIONES

Rodrigo Rojas De Negri

I

Que pueden saber aquellos a quienes
nunca le quemaron vivo a un hijo?
Ellos, ellas, dicen que entienden
y definen el crimen:
ESO ES LO PEOR
QUE LE PUEDE PASAR 
A UNA MUJER.
Otros, tomando en sus manos
lo que llaman justicia
van y la transforman, transan con nuestras vidas.
Otros, mas poderosos,
protegen a los criminales,
protegen hasta sus nombres,
en el nombre de aquello
que definen
como la VERDAD
y RECONCILIACION.

II

¿Qué pueden saber aquellos a quienes
nunca se les ha torturado
despues de haberles arrancado
sus hijos?
Ellos, ellas dicen que saben,
que entienden,
y definen el crimen:
ESO ES LO PEOR
QUE LE PUEDE PASAR
A UN SER HUMANO.
y tomando en sus manos aquello que vivimos
viajan por el mundo, hacen analisis,
escriben libros y deciden
quienes merecen
ser prisioneros de conciencia, 
hasta los definen:
Violentos/ no violentos,
eso que ellos dicen que entienden, 
lo usan para aumentar 
los caudales que les permite una vida protegida.
Ellos, ellas, dicen que es
para nosotros, los que sufrimos,
y sin embargo usan nuestras vivencias
para hacerse llamar expertos,
ser consultados por gobiernos,
comunidades, grupos,
transan con nuestras vidas
segun ellos, para protegernos, 
dicen que saben pero nunca nos escuchan.
Son los mismos que nos explotan
y hacen pornografia de nuestro dolor.

III

¿Qué saben aquellos, aquellas
a quienes nunca se les ha violado?
son los mismos a quienes les gusta
de tomar la bandera de la defensa,
y definen el crimen:
ESO ES LO PEOR
QUE LE PUEDE PASAR 
A UN SER HUMANO.
Son los mismos que dicen saber
y toman nuestra vida y la transan
son los mismos que nos catalogan:
quienes fuimos violadas o violados 
con ratones, somos creadores
de una fantasia psiquica
necesaria para subsistir.
¿Qué pueden saber ellos, ellas?
¿Acaso sintieron a ese animal
moverse con desesperacion
para salir del atrape?
Pero son ellos, ellas mismas,
quienes definen nuestras vidas,
las transan, las asaltan,
las vejan creando terminos 
politicamente correctos,
definen lo que es normal o anormal,
que es cierto o no cierto,
que es violencia o no violencia
que es verdad
que es tortura o no tortura
que es dolor o no dolor.
Pescan nuestras vidas
las revientan
en una forma dificil de reconstruir,
y nos dicen cuando pedimos justicia:
"ES HORA DE SER BONDADOSOS,
de reconciliarnos para que el pais,
se pueda reconstruir".

BASTA DE DEFINICIONES!
Es hora de que la sociedad 
entienda que mientras
no se castigue a los criminales,
no haya justicia
no se conozca la verdad
y exista el respeto
de entender el dolor
de los otros en todas sus magnitudes, 
de nada valen
las
DEFINICIONES.

1993 Veronica De Negri

El TPP amenaza la libertad de expresión

04/02/2014.

http://www.otramirada.pe/content/el-tpp-amenaza-la-libertad-de-expresi%C3%B3n

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TTP) es un tratado que vienen negociando de forma casi secreta Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile para impulsar algo más que el libre comercio. Un reciente capítulo publicado por WikiLeaks ha desatado gran controversia debido a sus efectos sobre los servicios de internet, lo cual atentaría contra la libertad de expresión.

Ahora que el Perú vive un fenómeno de concentración de la propiedad de medios, es necesario conocer con mayor detalle de qué se trata este tema.

La sección del capítulo “vigilancia y control” detalla nuevas medidas de control con implicaciones trascendentales para los derechos individuales, libertades civiles, proveedores de servicio y privacidad en el uso del Internet que se implementaría en todos los países firmantes.

Se busca endurecer las normas de uso de información estableciendo una especie de “cacería de brujas” para identificar a los usuarios que comentan alguna infracción como, por ejemplo, el almacenar temporalmente en forma electrónica un archivo en la computadora sin autorización del autor. ¡Increíble, pero cierto!

Las nuevas reglas de control del servicio de internet propuesta por el TPP también prevé incentivos para fomentar la cooperación entre los proveedores de este servicio y los titulares de derechos, así como sanciones para quienes se nieguen a cooperar. Por ejemplo, EEUU y Australia proponen que se extiendan las responsabilidades a intermediarios sobre lo que ocurra en sus redes; por otro lado, un bloque integrado Canadá, México, Vietnam, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Chile se opone a esta medida entendiendo que se debe establecer de manera clara los límites de la responsabilidad. Las obligaciones propuestas por EEUU contemplan la cancelación del servicio y el bloqueo de contenidos en la red. (Ver más aquí)

Este capítulo del TPP atentaría contra la Constitución de cada país promoviendo la criminalización en el uso de contenidos y la censura al ejercicio de la libertad de expresión. ‘‘Si esto se acepta, cualquier cosa que escribas o leas en Internet, haciendo mención a algún contenido o autor, podría ser considerado una falta que transgreda los derechos de autor. Entonces, para publicar o comentar algo tendríamos que pedirle permiso a los dueños de los derechos. Por ejemplo, si quiero comentar un punto sobre alguna obra de Julio Verne, los dueños de los derechos podrían demandarme porque no solicité autorización para hacerlo’’ señaló Ricardo Mansilla Corona, especialista en el estudio e investigación en torno a las redes sociales, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo antes descrito muestra cómo se viene negociando acciones para bloquear la libertad de expresión pero también para privatizar el conocimiento que otorga la navegación en internet. Con estas medidas el campo de interacción en el internet se dificultará quedando en manos de la voluntad del distribuidor.  Asimismo, el acceso al conocimiento (nuestra posibilidad de descargar libros y música a compartir diversos materiales en nuestros dispositivos electrónicos etc.) quedará al filo de la censura. Frente a este futuro donde nuestra libertad podrá ser limitada, ¿qué dicen nuestras autoridades? ¿Qué futuro le deparará al país cuando la concentración de medios ya viene mellando nuestra capacidad de informar y expresarnos?

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La Operación Cóndor enfrenta un juicio clave en Roma

Fuente: http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9404:la-operacion-condor-enfrenta-un-juicio-clave-en-roma&catid=26&Itemid=11

ESCRITO POR OTRAAMÉRICA

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de losimputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia. 

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares. 

El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir. 

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina. 

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada. 

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán. 

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada. 

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín. 

Artículo publicado en Otramerica.com

COMENTARIO

Máximo Kinast Avilés: Un artículo casi excelente. Para lograr la calidad de óptimo debería haber hecho mención al Dr. Martín Almada, de Paraguay, Premio Nobel Alternativo, porque es gracias a él y al audaz operativo en que se incautó -con riesgo de su vida- de más de dos toneladas de documentos sobre el Plan Cóndor, que estaban en una Comisaría paraguaya. El Dr, Almada ha dedicado su vida a difundir estos documentos y a conseguir que se enjuicie a los culpables.

Dr. Martín Almada

PARAGUAYOS VÍCTIMAS PRESENTAN QUERELLA EN ARGENTINA.

Fuente: http://recorta.com/ff83f3

http://noticias.terra.com.ar/internacionales/paraguayos-piden-a-justicia-argentina-que-investigue-represion-de-stroe,0c2473cd19560410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
 

Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezado por el especialista en derechos humanos y expreso político Martín Almada, presentó un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) ante el juez federal argentino Norberto Oyarbide, bajo la invocación del principio de Justicia Universal.

Así lo informó a Télam el propio Almada, veterano abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Stroessner -con participación de un represor argentino- y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor.

Esa investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5.000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos.

La presentación, admitida por el juez y a la cual tuvo acceso Télam, promueve una "querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989".

El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de "víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos", fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.

Consultado acerca del mecanismo y desarrollo que tendrá la causa, Almada explicó que fue un "gran paso" el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.

"El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor", resumió Almada en referencia al plan criminal acordado en la década del 70 por las dictaduras latinoamericanas.

Apuntó que este plan "fue organizado por Estados Unidos", por lo que "nosotros acusamos directamente al ex secretario de Estado, Henry Kissinger".

El Plan Cóndor "fue una bomba atómica que Washington envió a Sudamérica, ya que causó 100.000 víctimas en todo el continente", afirmó, y señaló como otras principales figuras del esquema criminal a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de Bolivia.

"En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la iglesia católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo `receta Banzer` se aplicó en todos los países del continente", detalló.

"El Plan Cóndor tuvo dos velocidades -ilustró Almada-. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años 70 había una gran movilización social y política"

El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que "todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio".

"A diferencia de lo que ocurrió en el resto del continente, en Paraguay las acciones represivas fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad oficiales, digamos, con lo cual hay documentación de la mayoría de esos casos", completó en diálogo con Télam, Maida, abogado platense de Amnistía Internacional (AI), aunque en esta oportunidad colabora en forma personal.

Al respecto, Almada, cuya esposa Celestina Pérez fue asesinada por la dictadura, concluyó comentando a esta agencia que durante los 70 días que fue torturado en forma ininterrumpida recibió tormentos de parte de varios represores de distinta nacionalidad, incluído "Héctor García Rey, un policía de la provincia de Córdoba".

Télam



LA EDUCACION PROHIBIDA

ARGENTINA: CADENA PERPETUA PARA MENORES

Menores encarcelados: La CIDH condenó a Argentina por violación de derechos humanos

INDYMEDIA

La Corte Interamericana condenó al Estado Argentino por la violación de Derechos Humanos de cinco adolescentes sentenciados a reclusión perpetua. Dictó su fallo en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” y estableció la incompatibilidad de las penas privativas de libertad perpetuas impuestas a niños con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reafirmó el derecho a un recurso amplio.

 

“Cabe resaltar que se trata de la primera ocasión en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional de un Estado, frente a un caso en el que la representación de las víctimas es ejercida, en forma autónoma y desde el inicio de las actuaciones, por la Defensa Pública”.

 

"El caso se refiere, esencialmente, a la imposición de penas de prisión y reclusión perpetuas en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán Cajal y Ricardo David Videla, por delitos cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad, con base en la Ley No. 22.278 relativa al Régimen Penal de Minoridad. Asimismo, los hechos también incluyeron las torturas y lesiones padecidas por algunas de las víctimas mencionadas, mientras se encontraban bajo custodia estatal y a la falta de debida diligencia en las investigaciones de esos hechos y de la muerte de Ricardo David Videla Fernández”, expresó la Defensoría General de la Nación mediante un comunicado.

 

En relación con la imposición de penas perpetuas impuestas a niños, la Corte Interamericana sostuvo que las mismas no cumplen con las obligaciones internacionales relativas a los derechos de los niños.

 

El máximo tribunal destacó que las penas de prisión y reclusión perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños, pues implican su máxima exclusión de la sociedad. También enfatizó la desproporcionalidad de la pena impuesta a las víctimas, sumado al alto impacto psicológico que ello conlleva y que constituyeron tratos crueles e inhumanos.

 

Además la CIDH consideró probado que Lucas Mendoza y Claudio David Núñez, mientras se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza, sufrieron torturas. El Tribunal resaltó las falencias en la investigación y consideró que el Estado descargó en las víctimas su propia obligación de investigar.

 

En relación con las investigaciones realizadas por las autoridades estatales a raíz del fallecimiento de Ricardo David Videla, la Corte destacó que no se indagó con la debida diligencia sobre las posibles responsabilidades del personal penitenciario por el posible incumplimiento de su deber de prevenir afectaciones al derecho a la vida.

 

Destacó que como está regulado el recurso de casación en el Código Procesal Penal de la Nación y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, no permite la revisión de cuestiones fácticas o probatorias de las sentencias condenatorias por una instancia superior.

 

En función de ello, determinó que el Estado incumplió su deber de adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Por último, en materia de reparación, la Corte Interamericana ordenó al Estado argentino brindar de manera gratuita e inmediata un adecuado tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico en favor de las víctimas; asegurar a las víctimas opciones educativas o de capacitación formal; ajustar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como también implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

 

También obligó garantizar que no se vuelva a imponer penas perpetuas privativas de la libertad a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad y que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo tales penas puedan obtener una revisión conforme los estándares enunciados.

 

En cuanto al ordenamiento jurídico interno, ordenó adecuarlo a fin de garantizar el derecho de recurrir el fallo ante una instancia judicial superior; implementar programas de capacitación y formación dirigidos al personal penitenciario federal y de la provincia de Mendoza, como así también a jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños; investigar con debida diligencia la muerte de Ricardo Videla y las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Claudio Núñez y abonar compensaciones económicas por los conceptos de daño material e inmaterial.

 

Adolescentes con prisión perpetua

 

En la Argentina, desde el año 1999, la justicia de menores ha aplicado al menos 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes. Estas penas están en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país que tiene carácter de constitucional. Argentina es el único país de Latinoamérica que aplicó este tipo de sentencias.

 

La legislación en materia de justicia de menores, registra un atraso con respecto a la “Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño” que abarca la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

 

Otros países de América Latina cuentan con instrumentos legales que conciben la privación de la libertad como recurso excepcional y con límites para su aplicación: Brasil (3 años); Perú (3 años); Guatemala (6 años); Honduras (8 años); Nicaragua (6 años); Bolivia (5 años); República Dominicana (5 años); Venezuela (5 años); El Salvador (7 años); Costa Rica (15 años); Panamá (7 años); Chile (5 años).

 

Muchos de los jóvenes a los que se les impusieron penas de reclusión perpetua estuvieron bajo la “tutela” de la justicia de menores, en institutos donde se suponía serían "resocializados". Todos ellos padecieron la nefasta “Ley de Patronatos” y decretos de la dictadura militar. Estos 14 casos se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Santa Fe.

 

Las primeras condenas a reclusión perpetua impuesta a menores fueron en 1999 Lucas Matías Mendoza, Cesar Alberto Mendoza y Claudio David Núñez. En 1996 se sucedieron una serie de delitos en el barrio de Devoto, algunos hechos fueron robos seguidos de muerte. Al año siguiente fueron detenidos los autores de aquellos delitos - según lo informado por la policía federal - tres jóvenes que integraban la banda, mientras que el resto había muerto bajo las balas policiales.

 

En abril de 1999, en plena campaña electoral de la presidencia de la Nación, y de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el entonces candidato a gobernador Carlos Ruckaufhabía dicho: “hay que meter bala a los delincuentes”. En ese contexto, el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal, condenó a aquellos jóvenes a las penas de prisión y reclusión perpetua respectivamente. El Tribunal estaba compuesto por dos jueces especialistas en el derecho de menores y un tercero proveniente del fuero en lo penal económico. Esta fue la primera vez que un tribunal de menores, daba la pena máxima que prevé el código penal argentino por delitos que fueron cometidos cuando eran menores de edad.

 

Estos jóvenes han tenido que soportar una costumbre que se reproduce en todos los servicios penitenciarios del país, que es enviar a los internos, con largas condenas, a los peores pabellones y negándoles el beneficio de estudiar, trabajar y esparcirse. En el transcurso del cumplimiento de la pena, Lucas Matías Mendoza perdió la visión de un ojo por una catarata, producto de un golpe y como no fue correctamente tratado perdió la visión completa.

 

En 2005, Ricardo David Videla, también condenando a reclusión perpetua, apareció colgado en su celda en el penal de Mendoza. Unas horas antes a su muerte, según el Servicio Penitenciario, habían frustrado un intento de escape. En una requisa de rutina, detectaron que había limado uno de los barrotes de su celda y decidieron cambiarlo a otra. Dos horas más tarde apareció ahorcado. Tenía 20 años.

 

Ricardo Videla había sido condenado en 2002 a prisión perpetua luego de que la Cámara Penal de Menores lo encontrara culpable de varios delitos. Esa pena fue ratificada un año y medio después cuando la Sexta Cámara del Crimen lo juzgó por una fuga masiva del COSE junto con sus amigos Fabián Cedrón y Oscar Gómez. La condena fue unificada y se convirtió en el tercer menor con una perpetua en la provincia de Mendoza.

 

En el año 2012, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucionales las penas de prisión perpetua de Lucas Matías Mendoza, Cesar Alberto Mendoza y Claudio David Núñez, por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Y exigió que el Tribunal Oral de Menores N° 1 evaluara las penas. La decisión de la Cámara se fundó en el informe 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

En junio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia contra el Estado argentino por las sentencias a cadena perpetua por delitos cometidos por adolescentes cuando eran menores de edad.

 

La denuncia fue admitida en marzo de 2008, y en diciembre de 2010 la Comisión emitió un informe donde manifestaba que el Estado argentino violó derechos en perjuicio de los niños, que habían sido consagrados en la Convención Americana.

 

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PUBLICADO POR ARGENPRESS INFO EN 12:13:00 


Emilio Corbière, director fundador de ARGENPRESS

ARGENPRESS CULTURAL

 

PARAGUAY: NUEVOS DOCUMENTOS PARA CONOCER LA VERDAD

COMUNICADO DE PRENSA  

NUEVO APORTE DOCUMENTAL PARA MÁS JUSTICIA  Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL STRONISMO  

Un nuevo aporte documental para conocer la Verdad , gestionar la Justicia y alcanzar  la Reparación  de las víctimas de la dictadura Stronista  fue entregado  hoy  ante la  Corte Suprema de Justicia de Paraguay.  En el transcurso de una ceremonia realizada en la sala de acuerdos, la Fundación Celestina Pérez de Almada entregó más de dos mil documentos digitalizados proveniente del Archivo de la Armada Nacional que contienen entre otros  el decreto de Stroessner aceptando la donación de las dos mil hectáreas de tierras de  Curuguaty, la  captura del líder mopoquista Agustín Goiburu y la orden de “interrogatorio político” a un soldado, entre muchos otros que revelan las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos entre  la década 1970 y 1980, durante la etapa de la “Operación Cóndor” .

El evento se cumplió en el marco de la celebración del vigésimo aniversario del descubrimiento del llamado “Archivo del Terror” precisamente  por el Dr. Martín Almada –Premio Nóbel Alternativo— quien entregó mediante acta  al Juez Dr. José Agustín Fernández  2.500 folios digitalizados e impresos  juntamente con el informe de la investigación realizada por Marta Machaín-Singer con un equipo que contó con el financiamiento de la Oficina del Alto  Comisionado de  Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Paraguay y el soporte tecnológico  del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Presidió la ceremonia el Dr. Antonio Fretes, quien estuvo acompañado de los/as  Ministros/as, igualmente, los jueces penales Dres. Gustavo Santander y Arnaldo Fleitas. También  acompañaron la Directora General de Verdad, Justicia y Reparación, Yudith Rolon Jacquet, el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora  de Derechos Humanos del Paraguay Enrique Gauto Bozzano y  la Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y DDHH, María Stella Cáceres, entre otras destacadas personalidades del movimiento de Derechos Humanos de Paraguay.

Cabe señalar que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, envío desde  Argentina, un mensaje de adhesión a la ceremonia, “ya que los documentos  estarán destinados  a la investigación científica  y jurídica  y serán  elementos de lucha contra la impunidad”.Similar adhesión envió en un comunicado la organización Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

OPORTUNIDAD  PARA REAFIRMAR COMPROMISOS.

El presidente de la Corte reafirmó el compromiso de luchar contra la impunidad, que asumió al iniciar el presente año judicial.

El Dr. Martín Almada destacó que se han cumplido cinco años de la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia sin que los represores hayan sido condenados. Solicitó la continuación del juicio  contra el fallecido dictador Alfredo Stroessner y de sus cómplices y encubridores en virtud de la nueva documentación que prueba las atrocidades de su gobierno, basado en el Derecho a la Verdad y la Justicia por la dignidad de las víctimas.

Destacó la continuación del juicio contra el recientemente fallecido  ex dictador Videla en los tribunales argentinos debido a la necesidad  que se haga Justicia con todos los componentes del sistemas del Terrorismo de Estado de las dictaduras militares de América Latina. “Hemos comprobado en este nuevo archivo  que  la tortura fue consustancial al régimen de Stroessner, fue orgánica y planificada. *Se  creyó estar por ENCIMA DE LA  JUSTICIA y  nuestra ignorancia también fue planificada. Gobernar significaba DELINQUIR y afectaba a todos los organismos del Estado”

Cerró el acto, la Asesora en DDHH del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para Paraguay, Dra. Liliana Valiña, quien destacó el valor de las piezas documentales que “son elementos para que la Justicia siga avanzando y que las víctimas también puedan tener el reposo de saber que esta página de la historia ha podido ser leída por todo el Paraguay. Para la construcción del futuro evidentemente la historia, la memoria, la verdad, el respeto por las víctimas es parte de ese compromiso”.

 

MARIA STELLA CACERES

DIRECTORA MUSEO DE LAS MEMORIAS: DICTADURA Y DDHH.

Asunción , 18 de junio de 2013.-