COMENTARIO EN 'THE CLINIC' [Foro-Chile]
En la madrugada de hoy, un satisfecho ministro Hinzpeter informaba a los medios que Juan Manuel Aliste había sido expulsado de Argentina.
Exultante, No desperdició la ocasión para hacer notar que la “Lucha contra la delincuencia no tiene fronteras”.
Casi al mismo tiempo Aliste, en algún momento de su traslado a las mazmorras chilenas nos recordaba que: “Mientras haya injusticia social habrá insurrección”.
Frase a la que muchas personas sensatas podrían adherir, si no fuese porque su autor es responsable del asesinato de dos personas.
Comportamientos socialmente aberrantes como lo son el revestir de razones a muertes injustificables son una de las tantas tristes consecuencias de la acción política e ideológica de los gerentes durante los años de dictadura militar. (”Si ellos mataron, porqué nosotros no podemos hacer lo mismo?”)
Para muchos los veinte años de democracia que hemos vivido no son más que la prolongación maquillada de la dictadura de la que fueron parte medular los que ahora nos gobiernan.
Quienes piensan así no dejan de tener razón.
El país, con un enorme potencial de desarrollo, después de 20 años de alegrías que nunca llegaron, sigue siendo un país subdesarrollado.
Tanto la alianza de gerentes y militares que estuvieron en el poder durante 17 años como la Concertación promovieron desde el gobierno casi exclusivamente las actividades del sector primario de la economía y del comercio.
Nada cambiaron en su esencia neoliberal el conjunto de políticas económicas heredadas de la dictadura durante los cuatro períodos presidenciales de la Concertación. Las que son antes que nada una opción clara, nítida por el subdesarrollo. ¡37 años perdidos!
Porque entre otras razones la riqueza se siguió acumulando en poquísimas manos, el ejército continua siendo un partido político de ultraderecha, la irritante iniquidad que significa la existencia de instituciones como isapres y aefepes a ningún político parece interesarle, la educación municipalizada y las universidades privadas parecen haberse instalado para siempre, la absurda política de entrega de ricos yacimientos mineros a transnacionales de los que éstas obtienen ganancias fabulosas sin apenas tributar en Chile está intacta… etcétera.
Éste sistema económico, impuesto por la fuerza de las armas y seguido al pie de la letra por la Concertación, ha significado en la práctica pagar a la gran mayoría de los trabajadores sueldos miserables, lo que no se condice con las enormes ganancias de los grupos económicos y su aplastante protagonismo en la economía nacional.
Para ello, son de rigor artimañas legales y “reingienerías” tales como que cada empresa tenga muchos RUTes para atomizar a gusto a sus trabajadores, impidiéndoles así negociar de manera conjunta, lo que además tiene la “utilidad” de eludir exitosamente ingentes sumas de dinero en impuestos, como lo demostró el presidente al vender Lan.
Este manejo de la economía tiene un lamentable correlato en el campo social.
Pese a lo que digan las encuestas Casen, la realidad es que una fracción importante de la población, alrededor de un 40% de ella, vive precarizada en todos los aspectos de su vida.
Además de no disponer de medios que le garanticen un mínimo básico de subsistencia, debe convivir en ghettos con peligrosos delincuentes; sus hijos reciben una educación de tercera clase en escuelas municipalizadas o en escuelas subvencionadas —pingues negocios de oscuros personajes—; si se enferman deben acudir a centros de salud completamente colapsados a recibir un trato indigno de médicos, enfermeras y personal paramédico, y con cierta frecuencia morir al tener que esperar por largas horas ser atendidos.
En estas condiciones es imposible siquiera soñar en mejorar la situación material y social del núcleo familiar.
Para más recacha, nuestros pobres son cotidianamente estigmatizados y segregados en sus interacciones sociales: en la calle, en el trabajo, o en cualquier lugar.
Como respuesta a semejante situación de injusticia social, se incuba con fuerza creciente un sordo furor en todos los sectores menos favorecidos de nuestro país.
Furor que se traduce en cosas como la negativa a seguir ni las más mínimas normas de convivencia en los espacios públicos y en su maltrato material, de ensuciar concertadamente paredes con grafías que en apariencia no dicen nada; y sobre todo, del imparable crecimiento de las actividades delictuales que se multiplican tanto en cantidad como en sus variantes.
Es la respuesta popular al basureo cuico. Éste ha tenido por consecuencia el surgimiento entre un número significativo de nuestros pobres de una subcultura basada en antivalores, exacto espejo de la moralidad impuesta al país por los gerentes desde la dictadura militar.
Esta subcultura tiene códigos muy estrictos de reconocimiento entre pares, lo que implica la alterización del que no participa de ellos, y por consiguiente su despersonalización, lo que explica el porqué las personas sujetas a ilícitos son con frecuencia víctimas de las peores exacciones si ello se estima conveniente para el interés del delincuente o de su accionar.
Es la imagen reflejada en el espejo de la desesperación proletaria del “pragmatismo” político de la lumpen-burguesía chilena, la que hasta el día de hoy justifica los “excesos” de la dictadura.
Este profundo daño al tejido social provocado por la dictadura de los gerentes y militares persiste. Los años de Concertación no sólo no lo ha disminuido, sino que lo ha aumentado.
La ultraderecha actualmente en el poder, muy pagada de sí misma, gusta de hacer constantes gárgaras con la llamada “guerra a la delincuencia”. Con qué ropa, si sus genios económicos son los taumaturgos que la crearon en sus actuales características: multitudinaria, multiforme e implacable.
Tenemos uno de los mayores porcentajes de presos en el mundo, ¿La solución será seguir construyendo cárceles?