LA PRIVATIZACIÓN DE LA CIA
Si el pasado del espionaje en América Latina dejó un rastro de muerte y desestabilización de gobiernos democráticos, el futuro no parece ofrecer mejores perspectivas.
La CIA o la "compañía", como la llaman sus agentes pierde terreno. Al igual que las otras 15 agencias estatales estadounidenses dedicadas al espionaje y la seguridad, observa cómo el personal emigra y sus recursos son destinados, en forma creciente, a empresas particulares del rubro, las que explotan su mayor flexibilidad operativa y sacan partido de la marea antiestatista dominante.
Por flexibilidad habrá de entenderse la habilidad de los privados para eludir ciertas regulaciones que, hasta cierto punto, atan las manos de los espías fiscales. Las compañías militares privadas (CMP), que han jugado un papel decisivo en Irak brindando servicios de transporte, protección de autoridades e instalaciones, logística, alimentación y otros, ahora se proyectan en grande en un nuevo rubro: la inteligencia.
Las CMP, donde se han empleado cientos de chilenos y que constituyen el segundo contingente numérico en Irak tras las Fuerzas Armadas norteamericanas , buscan capitalizar la creciente externalización de servicios fiscales.
Una de ellas, Blackwater, que ganó notoriedad en septiembre de 2007 debido a la matanza de 17 civiles desarmados en una céntrica plaza de Bagdad, abrió por la misma fecha una nueva rama llamada Total Intelligence Solutions, la que ofrece un "estilo CIA" de operaciones.
Esto es, "vigilancia y contravigilancia, recolección desplegada de inteligencia, rápida protección de empleados u otros activos claves". Los empresarios norteamericanos del rubro están entusiasmados con la velocidad con que el Gobierno ha terciarizado sus servicios de inteligencia. En el año 2000, los contratistas privados del área de inteligencia percibían 17.500 millones de dólares, mientras el año pasado esa cifra ya alcanzaba los 42 mil millones.
Esto significa que más de dos tercios del presupuesto de inteligencia del Gobierno estadounidense 66 mil millones de dólares son pagados a manos privadas. La progresión en términos de empresas es igualmente meteórica: en 2001, la National Security Agency (NSA), encargada del espionaje satelital y electrónico, compraba servicios a 144 empresas.
En 2006 ya tenía 5.400 proveedores, que pujaban por acaparar parte de los siete mil millones de dólares gastados fuera de la agencia, que cuenta con un presupuesto total de ocho mil millones de dólares. Una de las razones para contratar a los privados es que, en teoría, éstos son más eficientes en la administración de los recursos.
Pero ello no resulta evidente en el caso de la NSA, que descarta más del 90% de la información recolectada incluso antes de ser traspasada a un formato inteligible. Al final, apenas el 5% de las toneladas de antecedentes llega a los ojos de los analistas.
Como ocurre en muchos casos, las CMP pagan mejores sueldos que la administración pública y, en consecuencia, actúan como un imán para los profesionales más calificados. Uno de los rubros con más presupuesto es el destinado a la lucha contra el terrorismo. Para este fin, Blackwater ha reclutado un importante número de oficiales del más alto nivel de la CIA.
Su brazo de espionaje Total Intelligence, por ejemplo, es dirigido por Cofer Black, quien trabajó en la CIA durante 28 años y fue coordinador de la lucha antiterrorista. Con él trabaja una red de ejecutivos que, en su mayoría, también llegaron a los más altos cargos de la "compañía".
Hasta ahora, la compañía dominante en las operaciones en América Latina es DynCorp, que actúa en Colombia y Bolivia en la denominada "guerra contra las drogas". En el caso colombiano, los contratistas privados norteamericanos se llevan la mitad de los 630 millones de dólares de la ayuda militar entregada por la vía del Plan Colombia. Más dinero viene en el camino con el Plan México, dotado con 1.500 millones de dólares para operaciones antinarcóticos.
Esta suculenta bolsa ha tentado a Blackwater a desafiar a DynCorp, que acapara más del 90% de los contratos en el hemisferio. La llegada en grande de las CMP a la región dará a Estados Unidos una cabeza de puente sin tener que comprometer tropas propias, con los problemas políticos que ello implica. De partida, el Gobierno de Washington puede obviar los engorrosos trámites parlamentarios en su propio país.
A decir de los expertos, estas compañías sólo dejan "una pequeña huella", comparado con la de las fuerzas regulares. Surge además una siniestra sinergia entre las CMP y otras grandes empresas.
En enero, un informe de Naciones Unidas sobre las actividades de mercenarios en el mundo, consignado por la publicación norteamericana "Mother Jones", puntualiza: "Se aprecia una tendencia en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, a que compañías privadas de seguridad, que brindan protección a corporaciones transnacionales extractivas, están a menudo involucradas en esfuerzos por suprimir legítimas protestas sociales de comunidades, así como organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en las regiones en que operan las corporaciones".
El informe tiene en mente, entre otros países, a Colombia, donde varias empresas están acusadas de haber encargado asesinatos de dirigentes sindicales. Si el pasado del espionaje en América Latina dejó un rastro de muerte y desestabilización de gobiernos democráticos, el futuro no parece ofrecer mejores perspectivas.