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Salvador Muñoz K. – Presidente Partido de Izquierda (PAIZ)
No existe posibilidad alguna de acuerdo entre las demandas estudiantiles y la posición del gobierno. Porque no tienen un diagnóstico común ni del actual sistema ni de sus resultados. Y porque los intereses de los empresarios de la educación no son conciliables con los intereses de la comunidad universitaria.
En cualquier democracia digna de ese nombre, el único que tiene legitimidad para dirimir un problema país de esta magnitud es el pueblo soberano. Si la Alianza y la Concertación están tan seguros de lo bien que funciona este sistema y de sus buenos resultados, ¿Por qué temen someterlo al juicio de la ciudadanía?
El mayor avance del movimiento estudiantil es que tiene la película clara como nunca antes. Los estudiantes saben que el sistema de educación superior está en crisis; saben que los datos de cobertura no dan cuenta de la realidad; saben que la educación que reciben es de muy baja calidad; saben que el costo por estudiar se carga a las familias; saben que por estudiar cinco años se endeudan al menos por veinte; y saben que sus profesores no investigan (o muy poco) y que no se desarrolla conocimiento especializado. En definitiva, saben que bajo el actual sistema las universidades estatales tienen como único objetivo sobrevivir, especialmente las de regiones, y que las universidades privadas sólo persiguen acrecentar sus utilidades.
Alianza y Concertación repiten que este modelo amplió la cobertura, pasando de un 7,2% en 1981 a un 37,5% en el 2005. Sin embargo, estudios realizados por el INJUV y el MINEDUC concluyen en que de cada 100 jóvenes que entran al sistema, 40 desertan y otros 30 reciben un título que después no ejercen. ¿Qué entienden por cobertura? Lo único que ha avanzado es la masa de endeudados que posterga su ingreso al mundo del trabajo. En países con educación superior gratuita como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, la cobertura es de un 70%.
También sostienen que el mercado auto-regulado asegura la calidad, pues la competencia lleva a las Universidades a otorgar un mejor “servicio”. Pero gracias a los datos que ellos mismos validan, en los tres rankings mundiales que utiliza el CONICYT para dar las Becas Chile, (es decir los rankings que el Estado de Chile reconoce como válidos para garantizar estándares de calidad), los puestos que ocupan las Universidades chilenas son vergonzosos.
Aun cuando reciben menos recursos del Estado que las universidades privadas, las dos mejores universidades chilenas según el Ranking de Shanghái 2010 son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Ambas ocupan el puesto nº 401 en las primeras quinientas del mundo. Por su parte, “The Times World University Ranking” ubica a la Pontifica Universidad Católica como la primera universidad chilena y nº 331 en su clasificación mundial. La segunda es la Universidad de Chile con el lugar 367. Ninguna otra universidad chilena está entre las primeras quinientas. Ninguna universidad privada entra en el ranking. Ninguna.
Otro argumento que utilizan la Alianza y la Concertación para defender el actual sistema es que la educación es una inversión individual, o familiar, y debe ser pagada esencialmente por las familias. En efecto, en Chile el 79,2% de las carreras universitarias es financiado por las familias, mientras que en EEUU es sólo el 34%, en España apenas el 17% y en Francia el 8%. Es importante señalar que en otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Venezuela las universidades públicas son gratuitas. Lo mismo sucede en ocho de los 31 países de la OCDE. En Alemania, en seis Estados no se paga, mientras que en los países nórdicos la educación superior no tiene costo para sus ciudadanos. En Chile, -previo al Golpe de Estado de 1973-, el Estado financiaba el 80% de los presupuestos de las Universidades Públicas.
¿La educación es una inversión individual o es una inversión nacional? Hay quienes pensamos que la educación es un bien social que le sirve al desarrollo del país en su conjunto.
Chile destina un 2,2% de su PIB a educación superior, del cual sólo un 26% responde a dineros fiscales y el resto al aporte de las familias y otras fuentes privadas. De esos dineros fiscales, sólo el 34,6% se transfiere directamente a instituciones públicas mientras que el 65,4% restante se distribuye de forma directa o indirecta a instituciones privadas.
Si consideramos el gasto por estudiante, Chile es el país que menos invierte en Latinoamérica, menos de la mitad del gasto por estudiante que hace Bolivia, su vecino más pobre, y menos de la mitad del gasto que hacen los países de la OCDE y de la Unión Europea.
Finalmente, la comunidad universitaria ha constatado correctamente que no existe coherencia entre las necesidades estratégicas de desarrollo del país y la oferta educativa que genera el mercado. Hay sobreoferta de profesionales y hay déficit de técnicos. Salvo contadas excepciones, no hay desarrollo del conocimiento especializado y la calidad de los estudios de posgrado es deficiente.
Las universidades deben colocarse al servicio no solo de las necesidades del sector productivo, sino también, de las necesidades de cada ciudadano, de las comunidades locales, del país. Requerimos universidades pensantes del país. El país no soporta universidades transformadas en productoras de títulos profesionales inadecuados a las reales necesidades del desarrollo. El concepto de “libertad de enseñanza” sólo ha servido para disfrazar la libertad de empresa educativa.
Disentimos profundamente. Se necesita un árbitro. ¿Quién más que el Pueblo de Chile tiene la legitimidad para decidir qué educación quiere?
La educación nos compete a todos. ¿Por qué una decisión tan importante la tienen que tomar unos pocos?
El plebiscito es la única salida al actual problema. Que el pueblo decida. Vox populi vox Dei
