ABOGADOS DE DD.HH. PIDEN LA RENUNCIA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIONES
por Jacmel Cuevas P.
Profesionales del área consideraron de ''suma gravedad'' los antecedentes dados a conocer por El Mostrador.cl respecto a la eventual intervención de Arturo Herrera para exculpar a un general activo del Ejército. Querellantes demandaron que se cite a declarar a todos los involucrados y, de comprobarse la denuncia, exigieron la salida del jefe de la policía civil.
Una serie de reacciones generaron entre las personas ligadas a organizaciones pro derechos humanos los antecedentes revelados por El Mostrador.cl, respecto a una arista judicial que involucra directamente al actual director nacional de Investigaciones, Arturo Herrera.
Dicha investigación, sustanciada por la ministra Rosa María Pinto, se refiere a las posibles presiones que podría haber ejercido este funcionario, a través de su jefe de gabinete, sobre integrantes de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales (BAES) para modificar un informe policial que involucraba a un general de Ejército en servicio activo, Miguel Trincado.
Al referirse al tema, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, sostuvo "me parece una situación gravísima, pero para nosotros no constituye una sorpresa porque de alguna forma habíamos tenido antecedentes que se habían ejercido presiones para influir en el trabajo de la BAES".
La dirigenta precisó que, hasta ahora, no estaban interiorizados de los reales motivos que existían detrás de estas informaciones.
Asimismo, sostuvo que el escenario que se genera a partir de estos nuevos datos tiene dos aspectos fundamentales: uno relacionado con el aspecto judicial, mientras que el segundo es relativo a una decisión política.
En el primer aspecto, abogó porque los tribunales esclarezcan a cabalidad este tema, es decir, la existencia de presiones impropias para exculpar al general Trincado. En tanto, en la segunda arista lo que correspondería -a su juicio-, es que de comprobarse estas imputaciones la Presidenta Michelle Bachelet debería exigir la renuncia de Arturo Herrera.
"Esto de alguna manera es un reflejo de una serie de situaciones poco claras que están sucediendo en el país y que, de alguna forma, permanecen en la sombra. Además demuestra que los personajes de la dictadura y sus personeros aún cuentan con grados de protección importantes", añadió.
Solicitarán diligencias
Por su parte, uno de los querellantes en el caso "retiro de televisores" en Calama, Eduardo Contreras, anunció que presentará un escrito para solicitar que la ministro Pinto cite a declarar a todos los mencionados en el artículo que publicó este medio. Es decir, a Arturo Herrera, su jefe de Gabinete Claudio Preller, a los detectives Sandro Gaete y Abel Lizama, y al periodista Jorge Escalante.
"Esta información arroja luces sobre un tema que hace mucho tiempo se manejaba en los pasillos de tribunales. De ser efectivo sería gravísimo y el señor Herrera no debiería permanecer ni un minuto más en su cargo", enfatizó el abogado.
En esa medida, Contreras recordó que "cuando se postuló al actual director de la policía civil, en reemplazo de Nelson Mery, el mundo de los derechos humanos objetó su nominación, debido a que Herrera fue ayudante del señor Paredes, director de Investigaciones en el peor tiempo de la dictadura".
"En ese momento, pareció una designación apropiada por parte del ex Presidente Ricardo Lagos", añadió.
Inmediata renuncia
Por su parte, el otro querellante particular en el proceso, Hugo Gutiérrez, consideró que "ante esto, la única alternativa posible es que la Presidenta le pida la renuncia a Herrera, porque de no hacerlo es estar apoyando a un funcionario que intentó distorsionar el trabajo de la justicia y eso es un hecho muy grave".
"Lo dado a conocer, sin duda, cuestiona uno de los principales pilares de nuestro Poder Judicial y los organismos policiales, es decir, es un golpe a la eficacia de nuestro estado de derecho, ya que sí se actúa de esta forma no es posible tener confianza en el desarrollo de las investigaciones judiciales", recalcó.
Para Gutiérrez, "a estas alturas la Presidenta de la República ya debería estar al tanto de todo, por lo cual parece inaudito que Herrera siga en su cargo".
Secreto de sumario
Ante los insistentes requerimientos de este medio para obtener una versión del director de Investigaciones sobre los hechos, el departamento de Comunicaciones del organismo designó al prefecto inspector Rafael Castillo para que se refiriera al tema.
El jefe policial explicó que no podía desmentir ni afirmar los antecedentes publicados por estar siendo objeto de una investigación judicial y, como funcionario policial, tiene un deber de reserva respecto a los hechos que son parte de un sumario.
"Por eso yo no hablo de estos temas y no es soberbia, yo no hablo porque estaría faltando a mi deber. Esos hechos, aunque me puedan afectar o favorecer, lamentablemente no los voy a ventilar a la opinión pública. Soy muy disciplinado de mi mando y le debo respeto y lealtad al señor Herrera, como siempre lo he hecho, por eso no voy a hablar sobre un tema que lo puede desfavorecer o favorecer a él", dijo.
"En la publicación que apareció (este miércoles) yo tengo cero participación, a mí me interesa aclarar eso, que nuestro alto mando y el director sepa que yo no lo estoy atacando, ni a él ni a la institución. Ahora, respecto al señor Trincado, la ministro está en Santiago haciendo diligencias y si me meto a dar una opinión, puedo interferir en lo que ella está haciendo, por eso me guardo todo esos antecedentes"
Más allá de que usted no fue una de las fuentes consultadas, usted ¿desmiente o afirma los antecedentes que se dieron a conocer?
Yo no estoy negando ni aceptando nada. No opino, porque si digo eso es cierto o mentira ya estoy faltando a mis deberes.
Pero el director de comunicaciones, Jaime Méndez, dijo que había ciertos elementos interpretativos en la nota que no se ajustaban a la realidad. ¿Cuáles son esos elementos?
-La persona adecuada, la voz oficial en esto, creo que debería ser nuestro señor director o nuestro jefe de comunicaciones. Ahora, yo no puedo decir, ni opinar nada, porque hay una investigación abierta que está viendo una ministro y no puedo interferir en lo que ella está haciendo.
¿Su relación con el director se ha tensionado en los últimos meses, por ejemplo a raíz que lo excluyera en el alto mando?
-El director tiene la potestad de modificar a los mandos y eso yo acepto que sea así. Ahora, que yo hubiese tenido una intervención directa en contra del director, eso no ha ocurrido.
Para mí es muy complicado que aparezca que soy el causante de esto, porque son cosas que yo no he hecho. Soy sumamente transparente y si me hubiese equivocado, tenga la seguridad que yo presento inmediatamente mi renuncia, porque tendría que asumir algún costo, pero acá no es así, he cumplido cabalmente lo que han dicho los jueces y ministros que investigan DD.HH.
Postura institucional
Consultado el jefe de comunicaciones sobre por qué el director de Investigaciones no quiso referirse al tema, sostuvo que "existen políticas institucionales en las cuales la derivación de las entrevistas se van a los canales técnicos; en este caso, el ente técnico era el señor Castillo".
Pero el directamente afectado es el director Herrera...
-Nosotros tenemos una visión diferente a la periodística, que es la institucional, y esa es que debe ser el ente técnico el que responde dentro de su área de gestión.
Sin embargo, aquí el interés radica en que sea el director el que aclare los puntos en que aparece mencionado en la nota
-La reserva es para todos los detectives.
No obstante eso no impide que él haga sus descargos o desmienta una información tan grave como ésta. Con ello no estaría vulnerando ningún secreto de sumario.
-Insisto que el ente calificado es el señor Castillo.
Pero Castillo acaba de decir que la voz autorizada para hablar de esto es el director...
-Pero eso es en temas macro, en ese tipo de temas el director puede hablar, sobre otros temas técnicos corresponde que lo haga la correspondiente jefatura.
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COMUNICADO PÚBLICO
Ante las informaciones de prensa que dan cuenta de las presiones ejercidas sobre integrantes de la Brigada Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) de la Policía de Investigaciones de Chile, por parte del actual Director Nacional, Arturo Herrera, y que tendrían por objeto intervenir un informe pericial a efectos de descartar las responsabilidad del General de Ejército en servicio activo, Miguel Trincado, en las causas por las exhumaciones ilegales practicadas por agentes del Estado, conocida públicamente como operación “retiro de televisores”, CODEPU se hace un deber manifestar a la opinión pública lo siguiente:
1.- En el largo camino por la búsqueda de la verdad y la justicia, un elemento fundamental lo ha constituido la Policía de Investigaciones de Chile y su equipo de profesionales especializado en Derechos Humanos.
Es de público conocimiento, que la labor de la BAES en la depuración de las responsabilidades penales de agentes del estado, en las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas durante la dictadura militar, ha sido vital para que los jueces puedan finalmente esclarecer los hechos e imponer sanciones a los criminales. En reiteradas oportunidades, organismos de DDHH, organizaciones de Víctimas, y abogados y trabajadores de DDHH, hemos reconocido el criterio, sensibilidad, seriedad, profesionalismo y compromiso con la justicia de dichos funcionarios. Lo reiteramos una vez más, sin la acción investigativa emprendida por la BAES muchos casos aún seguirían en la penumbra de la impunidad absoluta.
2.- La denuncia aparecida en los medios de comunicación reviste de una extraordinaria gravedad, y requiere de una investigación a su respecto. En este sentido, exhortamos a los tribunales de justicia y a la propia Policía de Investigaciones, a hacer todo lo necesario para dilucidar las responsabilidades judiciales y administrativas involucradas, pues de ser cierta dicha denuncia, configuraría a lo menos el delito de obstrucción a la justicia, lo que se debiera traducir en la baja inmediata de las filas de la Policía de Investigaciones de Arturo Herrera.
3.- A CODEPU, le asiste la convicción, que el éxito de la BAES en estas materias se funda precisamente en la independencia pericial del investigador policial, y que las apreciaciones e informes elaborados por la Policía de Investigaciones requieren de dar garantías para que la práctica forense continúe gozando de independencia e imparcialidad. Dar garantías de acceso efectivo a la justicia, por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, requieren fortalecer los cuerpos profesionales que en su calidad de auxiliares de la justicia, resultan indispensables para la acción de la justicia.
4.- Por último, en cabal conocimiento del trabajo de la BAES, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los comisarios Sandro Gaete y Abel Lizama.
Anabel Caballero
Hiram Villagra Castro
Programa de Protección y Asistencia
CODEPU
Santiago, 14 de diciembre de 2006
P.S.: Me permito agregar mi total apoyo a la precedente declaracion de CODEPU y manifestar mi aprecio y mi solidaridad al Prefecto Inspector Rafael Castillo y a los Comisarios de la Policia de Investigaciones Sandro Gaete y Abel Lizama, como asimismo a cada uno de los integrantes de la BAES.
Pedro Alejandro Matta.
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