Máximo Kinast, blog personal

A SEGUIR CELEBRANDO
¡¡ QUE EN PAZ NO DESCANSES !!

SE VIENE LA PRIMERA FUNA DEL AÑO
A COMENZAR EL 2006 CON MÁS FUERZA Y ESPERANZA

MIÉRCOLES 10 DE ENERO
Metro Pedro de Valdivia
(Vereda Sur)

17.00 HORAS
porque no olvidamos, no perdonamos

¡¡ NI CAGANDO NOS RECONCILIAMOS !!

¡¡ SI NO HAY JUSTICIA !!
¡¡ HAY FUNA !!

Por Luis Casado (El Clarin)

* Nota de Máximo Kinast: Cien pesos (chilenos) equivalen a unos veinte centavos del desvalorizado dólar de USA.

Fuente: www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=5257&Itemid=48

Inician ''juicio popular'' contra fallecido ex dictador Augusto Pinochet

www.elmostrador.cl

Difundido por Política Cono Sur Nº 1755

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos hizo un llamado a no olvidar y aplicar "justicia popular" tras la muerte de Pinochet, el pasado 10 de diciembre, sin que fuera condenado por los tribunales. La idea es que en un plazo de cuatro meses se constituya un tribunal con juristas nacionales e internacionales y se realice una condena por parte de la comunidad.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y organizaciones de derechos humanos, iniciaron hoy sábado un "juicio popular" en contra del fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet, a través de la campaña "Yo acuso, Chile acusa".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Patricia Silva, hizo un llamamiento a no olvidar y aplicar "justicia popular" tras la muerte de Pinochet, el pasado 10 de diciembre, sin que fuera condenado por los tribunales.

En rueda de prensa, junto al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Giorgio Boccardo, Silva explicó que esta campaña está diseñada para que en un plazo de cuatro meses se constituya un tribunal con juristas nacionales e internacionales y se realice una condena por parte de la comunidad.

Dijo que "como no existe justicia en los tribunales, el conjunto de organizaciones sociales y personalidades aquí presentes inauguran hoy esta campaña: yo acuso, Chile acusa".

"Esta condena es por la vida de nuestros familiares, por las desapariciones, por la tortura, por el exilio, pero también por los tremendos crímenes económicos que se basan y se sustentan en la imposición del modelo neoliberal", puntualizó la dirigente.

Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos.

Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese período al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio.

Por su parte, el presidente de la FECH, Giorgio Boccardo, hizo un llamamiento al sector estudiantil a reconstruir la memoria histórica del país para que sea "popular y democrático". EFE

NOTA DE MAXIMO KINAST

Pienso que el Juicio debe implicar a todos los inverecundos: Ideólogos, Inductores, Autores, Cómplices, Encubridores y Beneficiarios.

Si no hacemos una buena lista de todos los inverecundos, estaremos avanzando muy despacio.

Ofrezco mi blog http://inverecundos.blogia.com/ para publicar los nombres de todos ellos y sus delitos. Prpongo, sugiero a todos los que queremos justicia, que cada uno haga su blog con listados de inverecundos y sus delitos. Asi, cuando alguien busque su nombre en Google, encontrara todos sus delitos.

Se han difundido, de manera profusa y por Internet, y también han sido publicadas en el Diario El Clarín digital, las opiniones del abogado Roberto Ávila, miembro del Comité Central del Partido Socialista, respecto de los últimos avatares políticos relacionados al tema de la corrupción.

Esto no seria nada sorprendente; es más, las opiniones del abogado Ávila no solo constituyen el ejercicio del legítimo derecho a expresarse, sino que también son un elemento de reflexión, no solo para los integrantes del Partido Socialista, sino que --por el alto cargo de dirección política de quien las emite-- para toda la ciudadanía.

Es así entonces que, entendiendo al abogado Ávila como alto dirigente político de uno de los partidos más importantes de la Concertación, y tomando en consideración sus palabras, no cabe menos que efectuar el análisis de ellas y sorprenderse de su contenido.

Inicialmente el abogado hace fe de la afirmación del Presidente del Partido Socialista, Senador Camilo Escalona, en el sentido de que "esos aportes (fiscales) no se recibieron."

Sin embargo, a continuación, y como primer punto, el abogado desarrolla la tesis de que, de haber existido ayuda económica estatal al Partido Socialista, esta "no pudo ser sino mínima, ínfima, cuatro chauchas." (sic).

Apoya su argumentación en la crónica y permanente falta de medios que afirma que aquejo al Partido Socialista durante los años posteriores a la dictadura: "Éramos, institucionalmente, pobres de solemnidad".

Sin embargo, más grave y más compleja, es la afirmación que el abogado Ávila enuncia a continuación: Segundo. Y si fuera cierto: que?

Del texto en comento se desprende que la única interpretación posible a la pregunta formulada por el abogado Ávila "Y si fuera cierto: que?" se relaciona a que la ayuda económica estatal hubiera rebasado --en cantidad-- las escuálidas "cuatro chauchas" mencionadas...

Si esto hubiera sido así, aparentemente al abogado Ávila --y miembro del Comité Central del Partido Socialista-- no le preocupa.

El, a continuación, hace un recuento de las propiedades, bienes raíces, empresas, medios de comunicación, locales comerciales, etc. que eran parte del patrimonio del Partido Socialista hasta el golpe de estado.

Afirma, con toda razón, que esos bienes le fueron usurpados o arrebatados --al Partido Socialista-- "a mano armada", por una dictadura ilegitima.

Y de esta afirmación concluye que, como a su juicio no se produjo la restitución completa, plena, y oportuna de los bienes anteriormente mencionados, seria licito esperar que "el estado hubiera mandado cuatro chauchas"... Tal parece que hay aquí, en esta afirmación, una incongruencia: nadie, que se sepa, ha visto jamás que el estado haya enviado cuatro chauchas a persona alguna o a partido político... Al leer esto uno tiene la impresión de que, alguien, una persona --o varias-- , al pasar frente al edificio de la Tesorería recibió --inesperada y sorpresivamente-- dinero que caía desde una de sus ventanas...

Por el contrario, lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación es que se descubrió una acción concertada de grupos organizados dentro de la estructura del estado --y vinculados a partidos políticos de la Concertación-- , que han desviado dineros fiscales para usos no contemplados ni especificados en el presupuesto. Y eso, bien lo sabe el abogado Ávila, es una acción ilícita y dolosa; no se trata de una omisión casual, inocente, e involuntaria. No es que a alguien, inadvertidamente, tal como el lo sugiere, le hubieran caído cuatro chauchas...

El abogado --y miembro del Comité Central del Partido Socialista-- afirma que de haber ocurrido lo anterior constituiría, en cierta forma, la reparación del mal causado. Es evidente que el abogado se equivoca: no puede sostenerse que la reparación del mal causado se base en tomar la justicia por propia mano (y, en este caso, propender asaltar el erario fiscal mediante operadores políticos y funcionarios públicos conectados a la orgánica partidista, para pretender resarcirse de perjuicios reales o supuestos).

De otro modo, estaríamos afirmando que los fines (reparación del mal causado) justificarían los medios (desvió de dineros fiscales para resarcir y/o indemnizar).

En su punto tercero el abogado Ávila sostiene que, dentro de un marco de disparidad de medios --en comparación con los partidos de derecha-- seria función y responsabilidad del gobierno intervenir a favor de los partidos de la Concertación para "equilibrar" la desigual contienda electoral. La intervención aludida --en aras del "desenvolvimiento de la institucionalidad democrática"-- tiene, obviamente, un fuerte componente financiero.

Nuevamente aquí se enuncia y repite, por parte de este dirigente nacional del Partido Socialista, que los fines justifican los medios...

De todo lo anterior resulta como corolario que el texto redactado por el abogado Ávila con el propósito de desvirtuar la posible existencia de una "ideología de la corrupción", se transforma, a trabes de un simple análisis lógico, como una de las piezas de cargo que corrobora la existencia --y provee la base de justificación-- de la ideología mencionada.

Falta por saber si las razones y argumentos expuestos por el abogado Ávila son compartidos --y apoyados-- por el resto de los integrantes del Comité Central del Partido Socialista. Si así fuera, la afirmación de que existiría una ideología de la corrupción pasaría de ser una simple hipótesis a ser un hecho de la causa...

Maquiavello no podría estar más de acuerdo...

Notas personales de Máximo Kinast:

* Chaucha era una moneda de veinte centavos de peso, antes de 1961, en que el billete de mil pesos (Gobierno de Jorge Alessandri, conocido cariñosamente por el pueblo como 'La Señora') se transformó en un Escudo. Posteriormente, Dictadura del Innombrable, mil escudos se transformaron en un Nuevo Peso. durante la crisis económica provocada por el neoliberalismo en los años 80. Eso significa que una chaucha es una moneda que vale 0,0000002 de un peso actual, cuyo valor es aproximadamente de 0,002 de un desvalorizado dólar USA, si no me equivoco. Por eso no creo que sólo hayan sido 'unas cuatro chauchas'.

** El Partido Socialista era una colectividad política marxista y democrática, que representaba una parte importante del pueblo de Chile en los años 70. Hoy es una maquinaria electoral neoliberal destinada a perpetuar a sus líderes en los cargos públicos para usufructuar de las arcas fiscales en beneficio de unos pocos militantes privilegiados y de los chilenos ricos, bueno, de los muy inmensamente ricos.

Comentario de Don Serafín Rodríguez enviado por Germán Westphal:

Serafín me dice que en su comentario le agradece a Ávila la idea, pues como exonerado político de la universidad en que fue recontratado después de 30 años, ha decidido arrancarse todos los meses con la "caja chica" de su unidad académica para cobrarse del daño que la misma universidad le causó al retenerle su indemnización por años de servicios desde el 73... Agrega que si lo pillan, espera que Ávila lo defienda en tribunales... En síntesis, a su modo, Serafín dice lo mismo que dice Pedro. En fin! Un abrazo, - Germán

P.S. El tema también tiene otra faceta: Definitivamente Ávila y Cía. deben estar convencidos que los chilenos somos imbéciles pues de lo contrario no tendrían la osadía de escribir nada parecido. Imagino que sus razones tendrán! No por nada están donde están!

La acción funa convocada para el día 10 de Enero, se vio obstaculizada por la presencia de grupos neonazis y la curiosa ausencia de fuerzas policiales que resguardaran el tan ponderado "orden público". Lo que supone una clara señal del CHANCHO LABBE por proteger su imagen y la de su blanca paloma el ex CNI Enrique Sandoval Arancibia (encargado de seguridad de la comuna) sindicado como el asesino del niño de 14 años Carlos Fariña Oyarse

Gracias a las acciones tomadas por nuestra comisión los esbirros no pudieron lograr su objetivo, el cual era agredirnos.

Hacemos un llamado

a todas las organizaciones políticas y sociales que simpatizan con nuestra acción y lineamientos fundamentales a repudiar la represión ejercida por el Alcalde Labbe y sus secuaces

y dar paso a la ofensiva en contra de los grupos neonazis y todos los resabios del pinochetismo.

¡¡ PORQUE  ESTAMOS MÁS VIVOS QUE NUNCA !!

¡¡ NO PASARÁN !!!

¡¡ SI NO HAY JUSTICIA !!

¡¡ HAY FUNA  !!

WWW.FUNACHILE.CL

Muerte de campesino en cuartel de Talca
Suprema absuelve a tres detectives implicados en torturas durante dictadura

por  Héctor Cruzatt

Fallo unánime del máximo tribunal favoreció a Germán Borneck Matamala, Nelson Cayupi Contreras y José Henríquez Salamanca implicados en el deceso de Bernardo Solorza González. Fallo estima que no hubo política institucional de tortura de parte de los organismos de seguridad del Estado, pese a que víctima fue reconocida como tal por el informe de la Comisión Rettig.

En la primera sentencia de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar emitida a lo largo de lo que va del año, la Corte Suprema se negó a considerar a la tortura como un crimen de lesa humanidad y absolvió a tres ex detectives implicado en la muerte de un campesino detenido entre el 18 y 21 de abril, en un cuartel policial de la ciudad de Talca.

En fallo unánime los ministros Alberto Chaigneau, Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Juan Carlos Cárcamo ratificaron la absolución dictada el 31 de mayo de 2005, en el caso del detenido Bernardo Solorza González.

La resolución favoreció a los ex detectives Germán Borneck Matamala, Nelson Cayupi Contreras y José Henríquez Salamanca, que inicialmente, el 12 de noviembre de 2004, habían sido condenados por el juez Gerardo Bernales, a penas de 541 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos.

El tribunal de alzada talquino había considerado extinguida la responsabilidad penal de los ex detectives y estimado que los funcionarios policiales actuaron de acuerdo a un orden legal, pese a que Solorza González fue considerado como una víctima de la represión por el informe de la Comisión Rettig.

La Corte Suprema ratificó este criterio y aseguró que se trata de un delito común, que no puede ser considerado como parte de una política de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Chile.

"Es menester tener en cuenta que los hechos que motivaron la formación de causa, se originan en la detención de la víctima, no cuestionada como ilegal (...) lo que tuvo lugar en el contexto de un delito común en el se atribuyó participación junto a otros sujetos, escenario en que los agentes obrando fuera de toda normay con abuso de poder le causaron lesiones, sin que se hubiere establecido algún propósito de las mismas, más allá de la agresión y el daño corporal, como tampoco, que ellas se enmarcan dentro de una política institucional o de Estado, como un procedimiento general aceptado, en el contexto de una determinada ideología o con propósitos genocidas, por lo que tales circunstancias por sí solas no son idóneas para calificar tales conductas como atentados contra los derechos humanos", dice el fallo redactado por el ministro Rodríguez Espoz.

La víctima

Bernardo Solorza González murió el 21 de abril de 1980 en un cuartel policíal de Talca e inicalmente se habló de un caso de suicidio, sin embargo la Comisión Rettig lo consideró en 1991 como una víctima de la dictadura militar.

En el Informe Rettig se señala textualmente respecto a su caso: "El 21 de abril de 1980 murió Bernardo Enrique SOLORZA GONZALEZ. Fue detenido por personal de Investigaciones en Talca, acusado de la comisión de delitos comunes. Oficialmente se informó que la víctima se suicidó ahorcándose, causa que fue consignada en el certificado de defunción. Sin embargo, antecedentes y testimonios recibidos por esta Comisión indican que la víctima falleció producto de los malos tratos y torturas que se le infligieron durante su detención. La Comisión adquirió la convicción de que Bernardo SOLORZA murió a consecuencia de torturas de parte de agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos (Fuente: www.memoriaviva.com)". Su muerte fue investigada judicialmente como homicidio hasta el 30 de abril de 1981 cuando se dictó sobreseimiento definitivo, pero el 18 de junio del mismo año la Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrir el proceso e investigar un eventual delito de lesiones por parte de los polícias del cuartel, investigación que se archivó el 27 de abril de 1981.

Una denuncia presentada el 11 de julio de 2003 por la familia de la víctima permitió que se reabriera la investigación el 4 de marzo de 2004, investigación donde el juez Gerardo Bernales dictó sentencia en noviembre de ese mismo año.

Precedente en el mismo sentido

Esta es la segunda vez que la Corte Suprema falla a favor de agentes de Estado en un caso por violaciones a los derechos humanos en dictadura, anteriormente en 2005 había favorecido al general (r) Joaquín León Rivera, que en primera instancia había sido condenado a 10 años de presidio por el caso de los detenidos desaparecidos Luis Cotal Rivera y Ricardo Rioseco Montoya.

En el fallo, no obstante, se admitió "que, en circunstancias que Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez se encontraban detenidos en la bodega individualizada en el párrafo A de la motivación tercera de la sentencia en alzada, desarmados y encañonados por un grupo de conscriptos, hizo su aparición en ella don Joaquín León Rivera González, 2º Comandante del Regimiento, quien sacó su pistola y apuntó a uno de ellos, pero la bala no salió, disparando luego los conscriptos, falleciendo en el acto Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez, sin que sus cuerpos hayan sido encontrados hasta la fecha".

Y se agregaba luego: "que, los elementos de convicción analizados en el motivo segundo de la sentencia en alzada constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten a esta Corte adquirir la convicción de que Ricardo Rioseco Montoya y Luis Cotal Alvarez fueron muertos. En efecto, el testigo Duberli Héctor Rodríguez Silva (fs. 19 y 148), dueño de la bodega donde ocurriendo los hechos, asegura haber presenciado el fusilamiento de las víctimas, precisando que los cuerpos “fueron cortados por la mitad”, que le exigieron que trajera cuatro sacos, que los echaron (los cuerpos) al jeep y le señalaron que los irían a botar al río y que ellos mismos (refiriéndose a los conscriptos) limpiaron con agua el lugar para no dejar rastros".

Fuente: Difundido por Pedro Aljandro Matta 

 Por Pedro Alejandro Matta

Durante las tres últimas décadas de la historia reciente de Chile se ha buscado ocultar la existencia de un sector de la población que fue afectado directamente por el Terrorismo de Estado. La historia la escriben los vencedores reza un edicto popular; ‘vae victis’ decían los romanos y así ha sido también en nuestro país.

Las personas que padecieron la prisión, la tortura, el exilio y la violación de los derechos humanos son vistas, por el común de la gente, como personas "extrañas", una suerte de minoría social asimilable a un grupo que sufre de una enfermedad contagiosa o deformante, con la que no es conveniente relacionarse o detenerse a examinar.

Esta imagen puede resultar exagerada para algunos, pero no para quienes lo vivimos en carne propia. La primera reacción de una persona "normal" al conocer a alguien que fue torturado es de curiosidad, de una cierta morbosidad y finalmente de compasión, para posteriormente alejarse y olvidar o tratar de olvidar, pues esas cosas espantosas le ocurrieron "a otros" y de alguna manera "porque algo habrán hecho".([1])

En consecuencia, la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Terror Pinochetista, hemos preferido callar y ocultar nuestra experiencia, salvo excepciones, que al hacer relatos públicos de sus experiencias, son vistas como "gente con secuelas sicológicas" que hay que compadecer.

Es por ello que el informe sobre prisión política y tortura de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech), con 30.000 testimonios, sorprendió tan masivamente a Chile.

La amplitud del fenómeno de la tortura quedó de manifiesto, pese a las restricciones de tiempo y condiciones en que se informó y llamó a declarar a los afectados.

Los medios de expresión privados, absolutamente hegemónicos en nuestro país, han transmitido una verdad oficial sin ningún contrapeso: la versión oficial dictada por la dictadura. Pero, hay un pasado que se niega a morir y episódicamente aparece, aunque de modo fugaz, en los noticieros televisivos, como el espectro de otra época y en la memoria colectiva de los chilenos rebrota este tema recurrente: no haber resuelto como sociedad el "problema" de los DDHH ([2]).

Lo que en cualquier país medianamente civilizado un personero político de Derecha no osaría afirmar, en Chile lo sustentan sin mayor tapujo los propios personeros del Gobierno y de la Concertación. Hemos tomado algunos ejemplos que ilustran el tema de los DDHH en Chile, en particular del caso Pinochet y el tema de la tortura:

Patricio Aylwin, primer presidente de Chile de la era de la transición: "creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso. creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera" (2-9-2000 Caras).

Clara Szczaranski, ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Sobre el rol de los militares en el golpe de Estado: "las instituciones armadas de Chile son inocentes, cualquiera sea el mando que las sacó de rumbo instigado por intereses civiles, externos y ajenos a la vida militar.

Las instituciones necesitan liberarse del peso injusto que hoy las agobia" (El Mercurio 7-9-2003).

Y para atenuar la responsabilidad penal de los militares:

"Se trata de crímenes que tienen una razón histórica, política y social. Donde no existe una relación personal entre ofensor y ofendido. Además fueron realizados, no por turbas desordenadas, sino por instituciones altamente jerarquizadas y disciplinadas, lo que hace indispensable tomar en cuenta el deber de obediencia y reserva a la hora de evaluar las culpabilidades" (El Mercurio 19-7-2003).

José Miguel Insulza, ex ministro del Interior de Ricardo Lagos. Sobre el caso Pinochet: "Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera. A mí me gustaría que si el juez Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana. El gobierno lo haría así." (2-9-2000 Qué Pasa)

José Miguel Insulza, sobre la tortura en Chile: "Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo. ¿Queremos ir a buscar a 5.000 o ó 20.000 autores? ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FFAA" (La Nación 15-2-2001)

La opinión de Patricio Aylwin es consecuente con su historia pasada cuando, desde el Senado, acusó al presidente Allende para declarar su gobierno "inconstitucional". Eso legitimó la intervención de los militares y el golpe de estado, conducidos por esa misma persona, para quién hoy día reclama que "la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera".

El argumento de Clara Szczaranski se podría usar incluso para declarar inocente a los criminales nazis de la 2ª Guerra Mundial.

Insulza evidentemente no pertenece al mundo de las personas que padecieron tortura y violaciones a los DDHH en Chile y en tal calidad puede hablar de un supuesto "todo el mundo" del cual discrimina a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado. Lamentablemente ese "sub mundo" discriminado que padeció la dictadura pinochetista es un poco más grande que el "todo el mundo" del Sr. Insulza.([3])

Ahora, si examinamos someramente como el Estado de Chile ha tratado a los autores confesos de crímenes horrendos y que están actualmente en prisión, nos encontramos con algunas sorpresas:

"Bajo una denominación genérica de "estrés post guerra", los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en "actos de servicios" que los incapacitan para desarrollar una labor normal." (La Nación 9-8-2004.) ([4])

No es necesario abundar sobre el tratamiento particular que reciben los "reos" en los recintos militares financiados por todos los chilenos, como el de Peñalolén, donde hay cabañas especialmente acondicionadas para ellos, con piezas individuales. Además, gozan de régimen de visitas libres, incluyendo la pernoctación de las esposas en el lugar y la celebración de fiestas de cumpleaños con múltiples invitados, amén de regimenes alimenticios especiales, servidos por ordenanzas.

Ahora si examinamos el presupuesto del año 2005, nos encontramos con que el monto de las pensiones de la CAPREDENA, es decir de los pensionados de las FFAA, alcanza la cifra de 1.300 millones de US$ y las pensiones de las víctimas de DDHH alcanza a 71 millones de US$, incluyendo entre ellas a las 3.000 personas muertas y desaparecidas, que jamás podrán cobrar su "pensión".

Esta diferencia de trato no impide declaraciones como las de Ricardo Lagos: "...equivalen al costo de la mitad del Programa de Alimentación Escolar o al valor de una carretera entre Santiago y Puerto Montt."

La Concertación y sus gobiernos han destacado internacionalmente la manera como han logrado avanzar en el terreno de los DDHH, enjuiciando a los militares responsables de crímenes y como han llegado hasta indemnizar a las víctimas, otorgando pensiones vitalicias de $116.000.

Durante 2005, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus observaciones finales al tercer informe que entregó Chile en relación al salario mínimo establecido en la suma de $120.000, aconsejó la adopción de medidas que aseguren que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores y sus familias lleven una vida digna.

El gobierno chileno respondió al organismo internacional: "De acuerdo a lo consultado, cabe señalar que el salario mínimo vigente es suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas"

.

No hay que olvidar que en el 40% más pobre de la población chilena (los dos primeros quintiles) existe una relación de casi cuatro personas que dependen del ingreso de cada ocupado por hogar y que ahí se concentra la mayoría de los trabajadores que reciben el salario mínimo. ([5])

Podemos concluir que en materia de reparación ésta ha sido realmente "austera y simbólica" tal como lo prometió Ricardo Lagos.

Es triste tener que reconocer que lo poco y nada que se ha avanzado en el terreno de lograr la verdad y la justicia sobre las violaciones a los DDHH en nuestro país, se ha debido siempre a presiones de los propios afectados, sean los familiares de las víctimas, los abogados especialistas en el tema DDHH, la acción excepcional de algunos jueces o a la lucha de las organizaciones de ex prisionero(a)s político(a)s.

El tema de los prisioneros políticos desaparecidos ya ha sido asumido por la sociedad chilena como personas presuntamente muertas y por tanto no habría mucho más que hacer. Pese a que hoy día la verdad judicial ya ha establecido las formas en que fueron ejecutados y los cuerpos en su mayoría lanzados al mar, los medios no hacen mayores investigaciones y una buena parte de la sociedad chilena desconoce casi completamente el tema.

Recientemente el escándalo público causado por la deficiente identificación de los restos de desaparecidos en el Patio 29 del Cementerio General, provocó por la primera vez que se interviniera el Instituto Médico Legal, entidad que ha mantenido casi íntegramente la planta de funcionarios existente durante la dictadura. Este organismo es acusado por los familiares de las víctimas de haber saboteado la correcta identificación de los restos, además de haber cubierto los crímenes de los militares bajo la forma de "suicidios" o "accidentes" para impedir la intervención de la justicia.

Los casos judiciales en los cuales se han logrado avances sustanciales, como la prisión domiciliaria para Pinochet, por el caso de secuestro y tortura de prisioneros en Villa Grimaldi, no son destacados por la prensa escrita ni televisiva. Mucho más destacada fue la noticia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs que las de su procesamiento como torturador, hecho que sienta un hito en la historia judicial chilena y latinoamericana.

Todos estos elementos han ido configurando un cuadro en el cual la voz de los ex prisionero(a)s político(a)s no tiene lugar o se le ha ido quitando validez.

Primero porque sus voces son acalladas ([6]) y no concitan el interés de la prensa, pues no son materia que "venda", es decir no son noticias faranduleras, o porque las redacciones de los diarios y canales de TV establecen una censura sistemática sobre ellos, incluyendo el canal nacional de TV, donde se supone debe regir el pluralismo noticioso.

Todo esto ha permitido avalar los intentos de impunidad negociados desde un primer tiempo por la Concertación y la Dictadura, como la mantención de la ley de amnistía de 1978. Hoy, luego del bochorno internacional sufrido por Chile al ser condenado una vez más en las más altas instancias internacionales de justicia, y ser conminado a no aplicar esa ley por no conformarse a los tratados internacionales firmados por Chile, se demuestra de modo revelador la intencionalidad política de la Concertación de mantener a los autores de violaciones a los DDHH libres e impunes.

Es por ello que nuestras primeras reivindicaciones son y serán la verdad y la justicia. No estamos llamando a un revanchismo, simplemente exigimos que la justicia chilena se haga cargo y procese y condene a los culpables. La condena de los violadores a los DDHH en Chile no es negociable para quienes sobrevivimos a ellas ni para los familiares de las víctimas y mientras sigamos con vida es una lucha que continuaremos.

No podemos permitir que el olvido cubra definitivamente la tragedia que vivió Chile durante los últimos años. Se impone un deber de memoria que la sociedad debe asumir y perpetuar y en ese sentido fechas como el 10 de Diciembre día Internacional de los DDHH y el 26 de Junio día Internacional del Prisionero Torturado deben ser conmemoradas por el país a todo nivel, comenzando desde la escuela primaria. Sólo enseñando, desde la edad escolar, los principios y contenidos de los DDHH que podremos crear conciencia ciudadana para un efectivo Nunca Más ([7]).

No esperamos mucho de la actual Concertación, ni tampoco de otro gobierno de dicha coalición. Durante 17 años luchamos contra la dictadura. Han transcurrido otros 16 años y sólo hemos recaudado promesas y elogios, pero una decisión política efectiva de los gobiernos de la nueva democracia para lograr justicia no ha habido y difícilmente existirá. Entonces, lo que no podamos lograr en Chile lo buscaremos más allá de sus fronteras, pues la justicia en el mundo existe y nuestra lucha es legítima y merecemos obtener resultados.

El derecho a reparación está establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, a saber:

18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005

Por tanto cuando nosotros exigimos estamos simplemente ejerciendo un derecho reconocido en los tratados suscritos por Chile y, en esa medida, debe ser el Estado de Chile quién, el primero, debe asumir su obligación de cumplir con los compromisos contraídos y el poder Ejecutivo ejecutar a plenitud su mandato, que por lo demás se lo entregó el pueblo a través del sufragio universal.

Nuestras reivindicaciones no son solamente de orden material o reparatorio, son esencialmente de orden civil y político y de orden moral.

Lo que las ex prisioneras y los ex prisioneros políticos de Chile reclamamos como primordial es ser reconocidos como personas que fuimos victimas de la máquina de terror instaurada por Pinochet, máquina institucional del Estado chileno con agentes estatales y con fondos estatales. Lo que corresponde en consecuencia y en estricto derecho es que se nos trate conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Somos hijos de esta tierra, fuimos encarcelados y torturados, muchos perdimos la vida, porque luchábamos contra la barbarie y por un mundo mejor.

Pero nunca perdimos ni perderemos lo más precioso de nosotros: nuestra
dignidad.

COMITE UNITARIO DE EX PRESOS POLITICOS

Santiago, 4 de Noviembre de 2006

NOTAS DEL AUTOR

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 [1] Una encuesta internacional reciente muestra que el 22% de los chilenos acepta la tortura: "casi un tercio de la población, encuestada en 25 países, justificó este abuso cometido contra detenidos indefensos. La noticia tranquilizadora es que los chilenos se cuentan entre los que más repudian la tortura, según una encuesta realizada entre 27 mil personas por la BBC, cadena estatal de televisión británica. En Chile 22 por ciento de los encuestados dijeron que los apremios se justifican bajo circunstancias extremas" (La Nación 5/11/2006.)

[2] "Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. (...) Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas". Patricio Aylwin Azocar

[3] [3] La CPPYT y las organizaciones de ex prisioneros políticos estiman en más de 100.000 el número de personas que transitaron por los más de 1.000 centros de detención y tortura establecidos a lo largo y ancho del país.

[4] Haremos notar que entre los agentes beneficiados con esta pensión de invalidez se encuentran:

"el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI,

el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente Jorge Vargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de"activos" su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, el mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso.

El capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez "post guerra". Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una "psicopatía orgánica". Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo" (La Nación 9-8-2004.)

[5] Con $ 120.000 mensuales -algo más de US$ 200- y utilizando los precios más bajos entregados por el INE, a esa familia de cuatro miembros le alcanza para lo siguiente: Cada miembro del hogar podrá comer sólo

1 pan al día;

las personas de este hogar podrán comer arroz sólo en 6 comidas al mes;

se podrá comer tallarines 1 vez a la semana;

sólo 1 vez al mes podrán comer carne;

sólo 1 vez al mes podrán comer pollo;

 sólo 2 veces al mes podrán comer vienesas;

cada miembro del hogar podrá tomar sólo 1 vaso de leche cada 3 días;

 cada miembro del hogar podrá comer sólo 2 huevos al mes;

se utilizará el mínimo de aceite para cocinar;

sólo algunos días se le podrá echar margarina al pan;

cada miembro del hogar podrá echar sólo una cucharadita de azúcar por taza de té;

cada miembro del hogar podrá tomar 1 taza de té al día, si se comparte cada bolsita;

sólo 2 veces a la semana la familia tendrá jugo en la mesa;

 se tratará de aliñar con sal lo menos posible;

 cada miembro del hogar podrá comer fruta sólo 2 veces a la semana;

se podrá consumir 1 kilo de tomates a la semana;

 se podrá consumir 1 kilo de papas a la semana para acompañar las comidas;

se podrá utilizar 1/2 kilo de cebollas a la semana;

se podrá comer lentejas sólo 2 veces al mes.

[6] Durante el acto en Villa Grimaldi, el 14 de Octubre 2006, al cual asistió Michelle Bachelet, las organizaciones de ex prisioneros políticos presentes no fueron ni siquiera mencionadas.

[7] El exterminio del pueblo judío durante la II guerra mundial logró sensibilizar a las naciones europeas y cada año se recuerda el fin de la guerra y el cierre de los campos en ceremonias públicas y oficiales. En Chile se debe hacer lo mismo respecto del 11 de Septiembre y sus consecuencias para preservar la memoria.

Estimados amigos (as) y compañeros (as) 

La Corporación Parque por la Paz – Villa Grimaldi quiere presentarles  un proyecto de recuperación de Memoria.

Este consiste en replantar parte de la rosaleda original que se encontraba en Villa Grimaldi, como un homenaje, a las mujeres Detenidas Desaparecidas y Ejecutadas Políticas de ese centro de exterminio. 

Esta rosaleda estará compuesta de distintas variedades de rosas que serán bautizadas  con el nombre de cada una de de nuestras compañeras. Muchos de los testimonios de los(as) compañeros(as) sobrevivientes se refieren a estos rosales, cuyo aroma percibían en medio del mayor sufrimiento, como un recordatorio de la belleza de la vida.  

Queremos hacer participar  de este proyecto a todas las personas o instituciones  que así lo deseen. Proponemos, por lo tanto,  el “amadrinamiento “, que  consiste en el financiamiento total o parcial de cada rosal* con una tarjeta alusiva, que ayudará a su mantenimiento, así como la edición de un afiche.

La inauguración de esta rosaleda se realizará el 8 de marzo del 2007. En esa actividad, recordaremos a las compañeras por medio de una exposición.  Necesitamos por lo tanto todos los  testimonios y fotos, para entregar la mayor cantidad de elementos que permitan conocer la vida de estas compañeras. 

Estamos abiertos a toda sugerencia y ayuda para llevar a cabo esta tarea. Les rogamos (copiar) reenviar esta carta y dar a conocer este proyecto. 

*La suma requerida es de $11.800 (pesos chilenos) por cada rosal, esto comprende el ejemplar plantado, una placa de cerámica, la tarjeta, y el afiche.  

El dinero puede ser depositado en la cuenta : BancoEstado - Cuenta de ahorro : 34860465762 RUT.73.296.600-5.

Para aquellos que deseen depositar directamente por Internet la cuenta es la siguiente:  

BancoEstado - Cuenta corriente: Parque por la Paz - Villa Grimaldi Nº 5710774 - RUT: 73.296.600-5 

Rogamos enviar un correo avisando el depósito.  En caso de dificultades para depositar, podemos ir a buscar el aporte.  Contamos con su ayuda. 

Saludos Fraternales  Peñalolén, 22 de noviembre del 2006 

* Margarita Romero : Vicepresidenta Corporación Parque por la Paz – Villa Grimaldi -  responsable proyecto “rosas de Villa Grimaldi”

*Michèle Drouilly : Coordinadora proyecto “rosas de Villa Grimaldi”
(2) 513 18 54*

Eugenia Necochea : Encargada contable – proyecto “rosas de Villa Grimaldi” Corporación Parque por la Paz- Villa GrimaldiJosé Arrieta 8401 – Peñalolén  -  teléfono 2925229 

Sitio Web : www.villagrimaldicorp.cl    correo : rosasdevillagrimaldi@yahoo.com  

From: michele drouilly <rosasdevillagrimaldi@yahoo.com>
Date: January 23, 2007 8:01:11 AM EST
To: rosas de Villa Grimaldi <rosasdevillagrimaldi@yahoo.com>
Subject: 2da carta sobre situacion del proyecto "rosas de Villa
Grimaldi - Iera etapa"

Estimados amigos (as),


Queremos en primer lugar agradecer la cálida acogida que ha tenido nuestro proyecto, “Rosas de Villa Grimaldi – Iera etapa”

Es reconfortante saber que el recuerdo y el ejemplo de vida de nuestras compañeras siguen presentes entre nosotros.

Queremos señalar que agregamos las palabras “Iera etapa” puesto que la idea es realizar una 2da y 3ra etapa de este proyecto, de manera que todas las mujeres victimas de la represión en Chile o chilenas en el extranjero, tengan un rosal que las represente.

Hemos recibidos aportes venidos de diversos lugares del mundo, de amigas y amigos o de personas que no conocían a ninguna de estas mujeres, pero que se sintieron sensibilizados por lo que estamos haciendo.

Las personas por delante de los beneficios:
La vida de millones de personas está en juego

¡¡actúa y firma la petición para ayudar a proteger el acceso a medicamentos a precios asequibles!!

La empresa farmacéutica Novartis ha llevado a juicio al gobierno indio. Si la compañía gana, millones de personas de todo el planeta se quedarán sin poder comprar medicamentos a precio asequible.

La India produce medicamentos asequibles que son vitales para mucha de la gente que vive en países en desarrollo. Cerca de la mitad de los medicamentos usados habitualmente para el tratamiento del sida en países en desarrollo son producidas en la India, y esos mismos medicamentos se usan para tratar a más del 80% de los 80.000 pacientes de sida de los proyectos de Médicos Sin Fronteras.

Si Novartis tiene éxito en su desafío al gobierno indio y a su ley de patentes, más medicamentos podrán ser patentados en la India, dificultando en gran medida que los productores de genéricos puedan fabricar versiones asequibles de los mismos. Esta situación afectaría a millones de personas en todo el mundo que dependen de los medicamentos producidos en la India.

Dile a Novartis que no es un negocio interponerse entre las personas y el acceso a los medicamentos que necesitan. Firma la petición e insta a Novartis a RETIRAR EL CASO contra el gobierno indio.

FIRMA AQUI: http://www.msf.org/petition_india/spain.html

Por Máximo Kinast 

ITINERARIO DE UN VIAJE CLAUSTROFOBICO

Resulta que La Esmeralda, barco escuela de genocidas, usado como carcel y centro de torturas vuelve a la mar, en viaje de instruccion
de los cadetes, futuros torturadores de la Armada de Chile.

El itinerario con fechas de zarpe es el siguiente:

http://www.armada.cl/p4_esmeralda/stat/index.html

1 de abril de 2007 zarpa de Valparaiso hacia El Callao (Peru) donde la estaremos esperando, aunque se escondera en el muelle de la Armada peruana.

15 de abril zarpa de El Callao rumbo al islote de Hanga Roa (donde no la vera nadie).

5 de mayo zarpa de Hanga Roa rumbo a Wellington (Nueva Zelanda). Favor de avisar a los chilenos residentes en esa ciudad para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

(Se quedara un mes en altamar, navegando por el Pacifico, porque no tiene a donde ir)

6 de junio zarpa de Wellington (Nueva Zelanda) rumbo a Sidney (Australia).  Favor de avisar a los chilenos residentes para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

21 de junio zarpa de Sidney rumbo a la islita de Noumea (Francia) donde es poco posible que haya chilenos que la recibancomo merece.

4 de julio zarpa de Noumea rumbo a Apra Harbor (USA - Guam) una colonia gringa perdida en el oceano

28 de julio zarpa de Apra Harbor rumbo a Shang Hai (China).  Favor de avisar a los chilenos residentes para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

16 de Agosto zarpa de Shang Hai rumbo a Busan (Korea del Sur)  Favor de avisar a los chilenos residentes para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

26 de agosto zarpa de Busan rumbo a Tokio (Japon)  Favor de avisar a los chilenos residentes para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

8 de septiembre zarpa de Tokio rumbo a Pearl Harbor (USA)

9 de octubre zarpa de Pearl Harbor rumbo a Papeete (Francia)  Favor de avisar a los chilenos residentes para que impidan su llegada o la esperen con carteles.

1 de Noviembre zarpa de Papeete rumbo a Hanga Roa, islote chileno.

23 de noviembre zarpa de Hanga Roa a su guarida en Valparaiso, donde la estaran esperando los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados a bordo de ese Barco de la Muerte.

Un viaje clautrofobico, con grandes distancias por mar y escasos puertos. A ver si con tu ayuda podemos cerrarlos y conseguir que nadie la reciba y que adonde llegue se la espere con la denuncias por genocidas, hasta que se decidan a decir toda la verdad.

De puro miedo, la Armada no pone las fechas de arribada a los puertos, pero las sabremnos y las publicaremos oportunamente para esperarlos como se merecen. Hay que cuidarse de los cadetes chilenos. En Malta acuchillaron a un guardia de discoteca y salieron huyendo. Como son mafiosos, entre ellos encubren sus crímenes. El cadete cuchillero nunca ha sido juzgado.

Ayuda, difunde el itinerario. Por favor, informate en

http://www.chile-esmeralda.com/

y difunde este sitio porque alli se explican los crimenes de la Armada de Chile y su cobardia para confesarlos. Cualquier duda, escribeme. Estoy en el equipo que organiza el boicot al Barco de la Muerte. Si se te ocurre alguna idea, por favor, enviamela. Si tienes contactos con Amnesty, con Attac o con otras organizaciones de Derechos Humanos que puedan y quieran apoyar, enviales este email, conversa con ellos, siempre nos han apoyado.

Recibe un muy fraternal saludo

Maximo Kinast
maximokinast@gmail.com